B.IA.LEGAL

SCP 0529/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 22 de junio de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
22 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
46557-2022-94-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El impetrante de tutela, alegó como lesionado el debido proceso y sus derechos a la libertad y acceso a la justicia y el principio seguridad jurídica; toda vez que, los ahora demandados, no fijaron audiencia de cesación a la detención preventiva, dentro de los plazos de Ley, generando dilación indebida y agravando su situación jurídica. En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve; CONFIRMAR EN PARTE la Resolución 08/2022 de 22 de marzo, cursante de fs. 28 a 30, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada en la modalidad de acción de libertad innovativa, exhortando a los demandados a no incurrir en lo posterior, en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales, menos aún en la atención de los trámites y solicitudes vinculados con el derecho a la libertad; y, 2º DENEGAR la tutela impetrada, respecto a la solicitud de remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Celeridad y audiencia para considerar la solicitud de cesación a la detención preventiva. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. Sobre la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional.
  4. III.4. La acción de libertad innovativa
  5. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0529/2023-S4 Sucre, 22 de junio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 46557-2022-94-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 08/2022 de 22 de marzo, cursante de fs. 28 a 30; pronunciada, dentro de la acción de libertad interpuesta por Raúl Edzon Quispe Mamani contra René Eduardo Foronda Escobar, Juez; y Jharmila Yara Zotez Lara, Secretaria; ambos, del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de marzo de 2022, cursante de fs. 12 a 13, el accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, a instancia del Ministerio Público por la presunta comisión del delito de abuso sexual, por Resolución 311/2021 emitida por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, se encuentra guardando detención preventiva desde el 17 de noviembre de 2021. Agregó que mediante memorial de 17 de marzo de 2022, solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva, amparado en lo previsto por el 239 incs. 1) y 2) del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019–; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, la autoridad y la funcionaria jurisdiccional demandadas, no señalaron el verificativo oral solicitado.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante, denunció la lesión al debido proceso, de su derecho a la libertad y al acceso a la justicia; y el principio seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 22, 23.I y III, 24, 115, 116, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.I y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó que se le conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene que, se señale audiencia de cesación a la detención preventiva y se remitan antecedentes ante el Consejo de la Magistratura, para que se aperture un proceso disciplinario a los demandados, ante el retardo de justicia.

I.2. Audiencia y resolución del Tribunal de Garantías

Celebrada la audiencia virtual el 22 de marzo de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 25 a 27; presentes el accionante, y ausentes la autoridad y funcionaria jurisdiccional demandadas, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, en audiencia ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad y funcionaria judicial demandadas

René Eduardo Foronda Escobar, Juez del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, por informe de 22 de marzo de 2022 cursante a fs. 23; manifestó que, el accionante presentó memorial a la Oficina Gestora de Procesos el 17 del mismo mes y año, solicitando cesación a su detención preventiva; habiendo sido, remitido a su Despacho Judicial el 18 de igual mes y año; por lo que, señaló audiencia para el 24 del citado mes año, a las 12:00. Jharmila Yara Zotez Lara, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del Departamento de La Paz, mediante informe de 22 de marzo de 2022 cursante a fs. 21, informó que el ahora impetrante de tutela, presentó memorial el 17 de igual mes y año, habiendo sido remitido a dicho Juzgado por la Oficina de la Gestora al día siguiente fijándose audiencia de cesación a la detención preventiva, para el 24 de igual mes y año.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal primero de El Alto del departamento de La Paz, por Resolución 08/2022 de 22 de marzo, cursante de fs. 28 a 30, concedió la tutela solicitada en contra de René Eduardo Foronda Escobar y Jharmila Yara Zotez Lara, Juez y Secretaria; ambos, del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, quienes deben efectivizar la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva del impetrante de tutela, fijada para el 24 de marzo de 2022 a las 12:00; actuado que, por ningún motivo podrán negarse a instalar o suspender; y dispuso la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura, bajo los siguientes fundamentos: a) El accionante presentó memorial el 17 de marzo de 2022, habiendo merecido providencia el 18 de igual mes y año, por parte de la autoridad jurisdiccional ahora demandada, señalando audiencia para el 24 de marzo de igual año a las 12:00; y, b) La autoridad demandada no aplicó lo que dispone el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), habiendo convocado a la audiencia con mucha demora; puesto que, debió fijar fecha para el acto procesal entre el 21 y 22 de igual mes y año; y, c) En aplicación de lo previsto por el art. 56 de la Ley 1173, entre otras, de las funciones de la Secretaria del Juzgado o Tribunales; se tiene que, debe emitir providencias de mero trámite; en ese contexto, siendo que el control de los plazos procesales está a cargo de la Secretaria, corresponde conceder tutela también respecto a ella.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio 311/2021 de 17 noviembre, el Juez del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, dispuso que la presente causa se tramite con la detención preventiva de Raúl Edzon Quispe Mamani –ahora accionante– en el Centro penitenciario de San Pedro de La Paz, por el lapso de seis meses (fs. 4 a 7); confirmada por la Sala Penal Cuarta mediante Resolución 696/2021 de 8 de diciembre (fs. 8 a 9). II.2. A través de memorial de 17 de marzo de 2022, el ahora impetrante de tutela solicitó ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del departamento de La Paz, la cesación a la detención preventiva (fs. 10). II.3. Por providencia de 18 de marzo de 2022 el Juez del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, señaló audiencia para considerar la cesación a la detención preventiva del accionante, el 24 de marzo de 2022 a las 12:00 (fs. 22 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela, alegó como lesionado el debido proceso y sus derechos a la libertad y acceso a la justicia y el principio seguridad jurídica; toda vez que, los ahora demandados, no fijaron audiencia de cesación a la detención preventiva, dentro de los plazos de Ley, generando dilación indebida y agravando su situación jurídica. En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Al respecto, la SCP 0885/2022-S4 de 22 de julio, señaló que: “‘El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertadʹ. En ese entendido la SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, estableció que: ʽ…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad ʹ. Consiguientemente, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante dilaciones indebidas que van en menoscabo de la persona privada de libertad, es por ello que la importancia de esta acción tutelar, radica en la búsqueda de la efectividad del principio de celeridad, el cual se encuentra previsto en los arts. 178.I y 180.I de la CPE, en concordancia con el 8.1 de la CADH; y, 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas; un actuar contrario a este principio, supone vulneración al derecho a la libertad, establecido en el art. 23.I de la Norma Suprema” (las negrillas pertenecen al texto original).

III.2. Celeridad y audiencia para considerar la solicitud de cesación a la detención preventiva. Jurisprudencia reiterada

Al respecto, la SCP 0266/2019-S4 de 16 de mayo, efectuando un análisis sobre la celeridad que debe regir la tramitación concerniente a la audiencia referida al exordio, y en alusión a la jurisprudencia previa desarrollada sobre la misma, sostuvo que: “La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, indica que: ‘La solicitud de cesación de detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, está regida por el principio de celeridad procesal.

(…) De acuerdo al sistema procesal penal vigente, plasmado en la Ley 1970 o Código de Procedimiento Penal, el art. 239, establece los casos en que procede la cesación de la detención preventiva, empero, el presente análisis no se aboca a los casos particulares, a ninguno de los incisos del art. 239 del CPP, ni a los aspectos positivos o negativos, legales o doctrinales, o a su interpretación o efectos, sino sólo y exclusivamente a aspectos generales como es la celeridad en su trámite una vez efectuada la solicitud. En ese sentido, es preciso puntualizar que la detención preventiva, no tiene por finalidad la condena prematura, por cuanto la presunción de inocencia, sólo es desvirtuada ante un fallo condenatorio con calidad de cosa juzgada, por ello su imposición como medida precautoria está sujeta a reglas, como también su cesación, lo cual implica el trámite a seguir; y si bien no existe una norma procesal legal que expresamente disponga un plazo máximo en el cual debe realizarse la audiencia de consideración, corresponde aplicar los valores y principios constitucionales, previstos en el ya citado art. 8.II de la CPE, referido al valor libertad complementado por el art. 180.I de la misma norma constitucional, que establece que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio procesal de celeridad entre otros; motivo por el cual toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible, y dentro de los plazos legales si están fijados, y en un plazo razonable, si no está establecido por ley. De no ser así, tal actuación procesal provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido y en consecuencia repercute o afecta a su libertad que de hecho ya está disminuida por la sola privación de libertad en que se encuentra, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición, sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente a fin de que obtenga una respuesta positiva o negativa’. Además, cabe resaltar que el art. 239 del CPP, (…) establece los plazos procesales para la consideración de la audiencia de cesación a la detención preventiva… (…) …debe tenerse presente que la celeridad en la atención de este tipo de solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad personal de los procesados, ha motivado la modificación de la indicada norma por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, que reduce el plazo de cinco días arriba citado a cuarenta y ocho (48) horas; modificación que si bien aún no se encuentra vigente dada la vacatio legis establecida en la Disposición Final Primera de la citada Ley, resulta pertinente a los fines de establecer que la voluntad del legislador se ha abocado a reducir aún más los plazos para la consideración de solicitudes de modificación de medidas cautelares para maximizar el principio de celeridad con relación a la situación jurídica de los procesados privados de libertadʹ Complementando el análisis del espíritu de la Ley 1173, conviene hacer hincapié en el objeto de la misma, que es procurar la pronta y oportuna resolución de los conflictos penales, adoptando al efecto, medidas indispensables para profundizar la oralidad, fortalecer la lucha contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, evitar el retardo procesal y el abuso de la detención preventiva y posibilitar la efectiva tutela judicial de las víctimas. En el entendido de que, en la fecha que se suscitaron los hechos de esta acción de defensa, ya se encontraba en plena vigencia la precitada Ley, es menester resaltar que ésta, no solo acortó los plazos de señalamiento de audiencia del art. 239 del adjetivo penal, en el caso concreto, de cinco a dos días (48 horas), sino que también ha previsto cambios en la sustanciación de las audiencias –incluida la de cesación a la detención preventiva–, y en las notificaciones en general; por lo que, siempre en observancia del principio de celeridad, y la necesaria interpretación sistemática y exegética de la norma, para la tramitación de este tipo de actos procesales, necesariamente se debe acatar los siguientes artículos del adjetivo penal: Artículo 113. (AUDIENCIAS).

I. Las audiencias se realizarán bajo los principios de oralidad, inmediación, continuidad y contradicción. Excepcionalmente, podrá darse lectura de elementos de convicción en la parte pertinente, vinculados al acto procesal. En ningún caso se alterará el procedimiento establecido en este Código, autorizando o permitiendo la sustanciación de procedimientos escritos, cuanto esté prevista la realización de audiencias orales. En el juicio y en las demás audiencias orales, se utilizará como idioma el castellano, alternativamente, mediante resolución fundamentada, la jueza, el juez o tribunal podrá ordenar la utilización del idioma originario del lugar donde se celebra el juicio. Si alguna de las partes, los jueces o los declarantes no comprenden con facilidad el idioma o la lengua utilizada, la jueza, el juez o tribunal nombrará un intérprete común. Cuando alguna de las partes requiera de un intérprete en audiencia, comunicará esta circunstancia con la debida antelación a la autoridad jurisdiccional, debiendo ofrecerlo o solicitar la designación de uno de oficio. II. Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de las partes, salvo las excepciones establecidas en este Código. Si el imputado, de manera injustificada, no comparece a una audiencia en la cual sea imprescindible su presencia, o se retira de ella, la jueza o el juez librará mandamiento de aprehensión, únicamente a efectos de su comparecencia. Si el defensor, de manera injustificada, no comparece a la audiencia o se retira de ella, se considerará abandono malicioso y se designará un defensor estatal o de oficio. La jueza, el juez o tribunal sancionará al defensor conforme prevé el Artículo 105 del presente Código. Sin perjuicio, se remitirán antecedentes al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, para fines de registro. Si el querellante, de manera injustificada, no comparece a la audiencia solicitada por él o se retira de ella sin autorización, se tendrá por abandonado su planteamiento. La incomparecencia del fiscal será inmediatamente puesta en conocimiento del Fiscal Departamental para la asignación de otro, bajo responsabilidad del inasistente. En ningún caso la inasistencia del fiscal podrá ser suplida o convalidada con la presentación del cuaderno de investigación. La jueza, el juez o tribunal en ningún caso podrá suspender las audiencias por las circunstancias señaladas en el presente Parágrafo, bajo su responsabilidad, debiendo hacer uso de su poder ordenador y disciplinario y disponer todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de las partes. Excepcionalmente, ante la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la necesidad del abogado estatal o de oficio de preparar la defensa, la jueza, el juez o tribunal señalará audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo habilitarse incluso horas inhábiles. La o el abogado ni la o el fiscal podrán alegar como causal de inasistencia por fuerza mayor o caso fortuito, la notificación para asistir a un otro acto procesal recibida con posterioridad” (las negrillas son nuestras).

III.3. Sobre la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional.

Jurisprudencia reiterada Con relación a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional, la SCP 0464/2018-S4 de 27 de agosto, citando a su vez a la SCP 1437/2015 de 23 de diciembre, estableció que: “`La jurisprudencia constitucional 6 estableció que los funcionarios de apoyo judicial carecían de legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa; toda vez, que no ejercían jurisdicción y que actuaban en cumplimiento de las instrucciones de la autoridad jurisdiccional quien tiene la potestad para determinar su responsabilidad y adoptar las medidas disciplinarias correspondientes; sin embargo, la SCP 0427/2015 de 29 de abril, cambió de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa, al señalar: «…la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional‛. Es así que a partir del entendimiento jurisprudencial citado, el personal de apoyo judicial tiene legitimación pasiva para ser demandado en las acciones de defensa cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas» ″´(las negrillas son nuestras). Por otra parte en su art. 56.I numerales 1 al 9, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019–, los Secretarios juegan un papel importante en cuanto a la asistencia de la jueza, el juez o tribunal, respecto al cumplimiento de sus actos jurisdiccionales por una secretaria o secretario, a quien le corresponderá como funciones propias las siguientes: “1. Controlar, a través del sistema informático de gestión de causas, el cumplimiento de los plazos procesales, debiendo informar oportunamente a la jueza, juez o tribunal antes de su vencimiento; a tal efecto, deberá proyectar la conminatoria de control jurisdiccional al Ministerio Público, bajo responsabilidad. 2. Asistir a la jueza, juez o tribunal en audiencia para garantizar su desarrollo conforme establece la normativa vigente; 3. Emitir las providencias de mero trámite que no sean pronunciadas en audiencia; 4. Custodiar los elementos de prueba para la realización de la audiencia, garantizando el orden de la codificación y su inalterabilidad, quedando en resguardo de los objetos y documentos, bajo su exclusiva responsabilidad; 5. Elaborar y mantener un inventario actualizado de los procesos; 6. Coordinar funciones con la Oficina Gestora de Procesos conforme a reglamentos operativos, circulares y protocolos, de conformidad a sus respectivas competencias; 7. Informar a las partes con la debida diligencia y buen trato; 8. Dirigir al personal auxiliar; y,

9. Cumplir con todas las tareas que la jueza, el juez o tribunal ordene en procura de mejorar la gestión del despacho judicial” Y conforme a la jurisprudencia constitucional precedente, los servidores de apoyo judicial, son susceptibles de responsabilidad cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en la vulneración de derechos fundamentales.

III.4. La acción de libertad innovativa

La SCP 1089/2019-S4 de 26 de diciembre, sustentada en la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, señaló: “La doctrina constitucional ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad, así, entre ellos se tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido.

En ese contexto argumentativo, la acción de libertad –innovativa permite al agraviado o víctima de la vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, ´la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada‛.

Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción.

En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional…” (las negrillas son añadidas).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante, alegó como lesionado el debido proceso y sus derechos a la libertad y acceso a la justicia y el principio seguridad jurídica; toda vez que, la autoridad ahora demandada, no fijó audiencia de cesación a la detención preventiva dentro de los plazos de Ley, generando dilación indebida y agravando su situación jurídica. Una vez identificada la problemática planteada, corresponde a continuación ingresar analizar los antecedentes adjuntos al expediente; es así que, en el presente caso, se advierte que, como consecuencia del proceso penal seguido contra el accionante, a instancia del Ministerio Público por la presunta comisión del delito de abuso sexual, se encuentra detenido preventivamente desde el 17 de noviembre de 2021, en el Centro penitenciario de San Pedro de La Paz, por el lapso de seis meses, dispuesto por Resolución 311/2021, emitida por el Juez del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz. Ante lo cual, a través de memorial de 17 de marzo de 2022, el impetrante de tutela solicitó ante el Juez de la causa, cesación a la detención preventiva, mereciendo la providencia de 18 de marzo de 2022; en la que, dicha autoridad fijó audiencia para el 24 de marzo de 2022 a las 12:00, generando una dilación indebida; por cuanto que, no cumplió con lo dispuesto por la norma procesal penal, de fijar audiencia dentro de los plazos establecidos por Ley, agravando su situación jurídica.

De acuerdo a los entendimientos contenidos en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; se evidencia que, toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible, y dentro de los plazos legales si están fijados, y en un plazo razonable; cabe resaltar que, el art. 239 del CPP, establece los plazos procesales para la consideración de la audiencia de cesación a la detención preventiva, no siendo viable su demora.

III.4.1. En cuanto a la actuación del Juez demandado

La acción de libertad de pronto despacho, tiene como objeto asegurar que cualquier solicitud vinculada con el derecho a la libertad, sea atendida sin dilaciones indebidas que vayan en menoscabo de la persona privada de libertad; puesto que, se busca la efectivización del principio de celeridad; en virtud a lo cual, es labor de las autoridades a cargo de la tramitación de los procesos no sólo observar los plazos procesales sino cumplir de manera responsable con la potestad de impartir justicia con la debida diligencia, tramitando las causas con la mayor rapidez posible y dentro de los plazos legales, considerando que se encuentra en juego el derecho a la libertad física de las personas; dado que, de no hacerlo se provoca una restricción indebida del citado derecho. En virtud a lo expuesto; se concluye que, en efecto correspondía a la autoridad jurisdiccional a cargo del proceso, señalar audiencia para la consideración de la solicitud presentada por el accionante, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, debiendo habilitarse incluso horas inhábiles y resolver la misma inexcusablemente dentro de los términos establecidos por el art. 239 del CPP; por ende, todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados. Por lo tanto, el Juez ahora demandado, al no señalar la audiencia para considerar y resolver la cesación requerida por los accionantes dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas computables a partir de su planteamiento, ocasionó una dilación indebida en la resolución de su situación jurídica; aspecto por el cual, corresponde conceder la tutela impetrada en la modalidad de pronto despacho, al no haberse atendido la solicitud del impetrante de tutela, dentro de los plazos razonables.

III.4.2. En cuanto a la actuación de la Secretaria demandada

En lo que respecta a la codemandada Jharmila Yara Zotez Lara, quien cumple las funciones de Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, como se ha establecido en la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.3; las Secretarias, juegan un papel importante al brindar asistencia de la Jueza, el Juez o Tribunal, siendo una sus funciones, la de emitir las providencia de mero trámite que no sean pronunciadas en audiencia, y también controlar a través del sistema informático de gestión de causas el cumplimiento de los plazos procesales; por lo que, advertida de que el Juez de la causa no había señalado la audiencia de la cesación a la detención preventiva; y en virtud de que, como servidora de apoyo judicial es susceptible de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, incurrió en la vulneración de los derechos denunciados; por lo que, corresponde conceder la tutela contra esta funcionaria jurisdiccional. Aclarando que, la concesión de tutela tanto para la autoridad jurisdiccional como para la funcionaria de apoyo demandados, es solo respecto al pronto despacho vinculado con la celeridad, respecto a los plazos procesales únicamente, previstos en el CPP; dado que, respecto a la decisión de fondo corresponderá a la autoridad ordinaria resolver conforme a los antecedentes del caso, evitando cualquier tipo de revictimización a la víctima del proceso penal, quien pertenece a un grupo vulnerable. Considerando que, por providencia de 18 de marzo de 2022, el Juez del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del departamento de La Paz, ya señaló audiencia para considerar la cesación a la detención preventiva del accionante, para el 24 del indicado mes y año a las 12:00, corresponde conceder la tutela impetrada, en la modalidad innovativa, exhortando a la parte demandada a asegurar la celebración del verificativo oral sin suspensiones, en la que se dispondrá lo que en derecho corresponda conforme a los datos del proceso; dado que, la presente concesión alcanza únicamente al principio de celeridad; denegando la acción en cuanto a la solicitud de remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura; considerando que, la autoridad jurisdiccional ahora demandada, ya atendió a lo solicitado.

En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela solicitada, analizó de forma parcialmente correcta los antecedentes del proceso y las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve; CONFIRMAR EN PARTE la Resolución 08/2022 de 22 de marzo, cursante de fs. 28 a 30, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada en la modalidad de acción de libertad innovativa, exhortando a los demandados a no incurrir en lo posterior, en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales, menos aún en la atención de los trámites y solicitudes vinculados con el derecho a la libertad; y, 2º DENEGAR la tutela impetrada, respecto a la solicitud de remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0529_2023-S4.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 3b38c4d19b6b5d1d746c4f51cc305f12bae6391c82a569d1dcb4fa618479a804

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