Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 22 de junio de 2023
Concede la tutela
El solicitante de tutela denunció la lesión del debido proceso en su elemento defensa, vinculado con el derecho al acceso a la justicia y el principio de celeridad; en razón a que, dentro del proceso penal seguido en su contra, la autoridad demandada no permitió su salida del Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba, a la audiencia pública de consideración de cesación a su detención preventiva, quien alegó falta de notificación con dicho acto procesal; a pesar de, habérsele mostrado los respectivos actuados; a tal efecto, retrasando ello, el acceso a dicha audiencia donde debía considerarse su libertad. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 17 de marzo de 2022, cursante de fs. 46 a 48, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, exhortando a la autoridad penitenciaria demandada, no incurrir en lo posterior en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales conforme el caso concreto analizado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0527/2023-S4 Sucre, 22 de junio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 46551-2022-94-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 17 de marzo de 2022, cursante de fs. 46 a 48, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lilian Nogales Rocha en representación sin mandato de Jubani Víctor Villca Llavera contra Julio Erick Méndez Herbas, Gobernador del Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 16 de marzo de 2022, cursante de fs. 10 a 12 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, en el Juzgado de Sentencia Penal Segundo del departamento de Cochabamba, por la supuesta comisión del delito de Abuso Sexual, incurso en el art. 312 del Código Penal (CP); el 10 de marzo de 2022, se procedió a notificar mediante el buzón del Sistema de Ciudadanía Digital, conforme el art. 161 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019– a la autoridad demandada con el señalamiento de la audiencia de cesación a la detención preventiva dispuesta a su favor, mediante proveído de la misma fecha y que debía llevarse a cabo el 15 de igual mes y año; sin embargo, dicha autoridad penitenciaria no permitió su salida alegando desconocimiento del mismo; a pesar de, haberle mostrado los actuados judiciales respectivos; a tal efecto, no pudo celebrarse dicha audiencia, siendo reprogramada consecuentemente para el día 21 del mismo mes y año; ocasionando ello, el retraso de cuatro días para acceder a tal acto procesal vinculado con el derecho a la libertad.
El solicitante de tutela denunció la lesión del debido proceso en su elemento defensa, vinculado con el derecho al acceso a la justicia y el principio de celeridad; citando al efecto, los arts. 8, 22, 23, 73, 115, 180 y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene que el Gobernador del Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba, “…NO VUELVA A INCUMPLIR ORDENES JUDICIALES…” (sic); por ende, no incurra nuevamente en dilación indebida en la tramitación de audiencias de cesación a la detención preventiva.
Celebrada la audiencia virtual el 17 de marzo de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 45 y vta., en presencia de la accionante en representación sin mandato de Jubani Víctor Villca Llavera y la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:
La impetrante de tutela Lilian Nogales Rocha en representación sin mandato de Jubani Víctor Villca Llavera, en audiencia ratificó los argumentos de su demanda de acción de libertad; y ampliándola, manifestó ser evidente que la notificación con la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva al Gobernador demandado fue realizada correctamente.
Julio Erick Méndez Herbas, Gobernador del Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba, si bien acudió o accedió a la audiencia virtual de consideración de la acción tutelar, no presento informe escrito alguno, ni hizo uso de la palabra; empero, por nota de 17 de marzo de 2022, cursante a fs. 42; refirió que, una vez revisado el sistema de enlace de ciudadanía digital del citado Centro Penitenciario, no encontró la merituada notificación con la audiencia aludida por el demandante de tutela.
La Jueza de Sentencia Penal Cuarta del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, por Resolución de 17 de marzo de 2022, cursante de fs. 46 a 48, denegó la tutela impetrada, en base al siguiente fundamento: “…los alegatos planteados en la presente acción, considera este tribunal deberían ser dilucidados dentro del proceso penal respectivo por existir una autoridad competente que puede restablecer el o los derecho conculcado, como mecanismo eficaz e idóneo, no pudiendo activarse la vía ordinaria y constitucional de forma simultánea, por lo que sin ingresar en el fondo correspondería rechazar la tutela impetrada y esta parte solicitar el restablecimiento de sus derechos, en la vía ordinaria…” (sic).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Acta de Registro de Audiencia Pública Para la Consideración de la Situación Jurídica de 30 de octubre de 2020; el cual, registró el Auto Interlocutorio de similar fecha, que dispuso la detención preventiva del accionante en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba (fs. 24 a 30). II.2. Cursa Acta de Audiencia de Cesación a la Detención Preventiva Virtual de 15 de marzo de 2022 donde se tiene registrado como motivo de suspensión la ausencia del impetrante de tutela (fs. 22 y 23). II.3. Mediante memorial presentado el 9 de igual mes y año, el impetrante de tutela solicitó se señale nueva audiencia de cesación a la detención preventiva, que fue respondido favorablemente por proveído de 10 del mismo mes y año, fijando el 15 del mes y año indicado, para el verificativo de dicho acto procesal (fs. 32 a 33). II.4. A través de Notificación por Ciudadanía Digital de “10 de marzo 2022, 12:18 PM”, se hizo conocer a la autoridad penitenciaria demandada según Reporte General de Notificaciones, sobre la existencia de la precitada audiencia de cesación a la detención preventiva (fs. 40 y vta.).
El solicitante de tutela denunció la lesión del debido proceso en su elemento defensa, vinculado con el derecho al acceso a la justicia y el principio de celeridad; en razón a que, dentro del proceso penal seguido en su contra, la autoridad demandada no permitió su salida del Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba, a la audiencia pública de consideración de cesación a su detención preventiva, quien alegó falta de notificación con dicho acto procesal; a pesar de, habérsele mostrado los respectivos actuados; a tal efecto, retrasando ello, el acceso a dicha audiencia donde debía considerarse su libertad. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SCP 0696/2019-S4 de 28 de agosto, señaló que: “‘El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertadʼ”.
En ese entendido la SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3., estableció que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
Consiguientemente, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante dilaciones indebidas que van en menoscabo de la persona privada de libertad, es por ello que la importancia de esta acción tutelar, radica en la búsqueda de la efectividad del principio de celeridad, el cual se encuentra previsto en los arts. 178.I y 180.I de la CPE, en concordancia con los arts. 8.1 de la CADH; y, 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas; un actuar contrario a este principio, supone vulneración al derecho a la libertad, establecido en el art. 23.I de la CPE (las negrillas son nuestras).
Dentro de la clasificación doctrinal de la acción de libertad, respecto a la finalidad que esta persigue, la traslativa o de pronto despacho, se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante dilaciones indebidas que van en menoscabo de la persona privada de libertad; es por ello que, la importancia de esta acción tutelar, radica en la búsqueda de la efectividad del principio de celeridad, el cual se encuentra consagrado en los arts. 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); por tanto, un actuar contrario a este principio, supone vulneración al derecho a la libertad, previsto en el art. 23.I de la Norma Suprema. En ese marco, con relación a la celeridad en las solicitudes de personas privadas de libertad y su protección mediante la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0427/2020-S4 de 9 de septiembre; señaló que: “Al respecto, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, determinó lo siguiente: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’. (…) Si bien dicha postura jurisprudencial fue específicamente elaborada para casos de personas con detención preventiva, su finalidad fue la de asegurar la resolución de las solicitudes de los privados de libertad dentro de los plazos establecidos en la ley y, de no existir estos, dentro de plazos razonables, lo que posibilita que la misma sea aplicable a cualquier circunstancia en la que esté en discusión el derecho a la libertad personal o de locomoción. Por su parte, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, desarrollando doctrina que reconoce a la acción traslativa o de pronto despacho instituyó que se constituye en el mecanismo: ‘…a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. En este desarrollo, se advierte que imprimir un trámite rápido y efectivo en los casos en los que se encuentra en discusión la restricción del derecho a la libertad de una persona (personal y de locomoción), constituye una labor primordial a efectos de garantizar su respeto y ejercicio dentro del marco de la Norma Fundamental y de las leyes aplicables a la materia, que debe ser observada (…) caso contrario, la parte perjudicada tiene el mecanismo de la acción de libertad para lograr que su situación jurídica sea resuelta sin dilaciones”.
El accionante denunció la lesión del debido proceso en su elemento defensa, vinculado con el derecho al acceso a la justicia y el principio de celeridad; en razón a que, dentro del proceso penal seguido en su contra, la autoridad demandada no permitió su salida del Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba, a la audiencia pública de consideración de cesación a su detención preventiva; quien alegó falta de notificación con dicho acto procesal, a pesar de habérsele mostrado los respectivos actuados; a tal efecto, retrasando ello el acceso a dicha audiencia donde debía considerarse su libertad. La problemática especificada en el apartado anterior, tiene como base los hechos fácticos referidos en el memorial la acción de amparo constitucional, manifestando que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra del accionante, en el Juzgado de Sentencia Penal Segundo del departamento de Cochabamba, por la supuesta comisión del delito incurso en el art. 312 del CP, el 10 de marzo de 2022, se procedió a notificar mediante el buzón del Sistema de Ciudadanía Digital –conforme el art. 161 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres– a la autoridad demandada con el señalamiento de la audiencia de cesación a la detención preventiva dispuesta a su favor mediante proveído de la misma fecha y que debía llevarse a cabo el 15 de igual mes y año; sin embargo, dicha autoridad penitenciaria no permitió su salida alegando desconocimiento del mismo, a pesar de haberle mostrado los actuados judiciales respectivos; a tal efecto, por ende, no pudo celebrarse dicha audiencia, siendo reprogramada consecuentemente para el día 21 del mismo mes y año, ocasionando ello el retraso de cuatro días para acceder a tal acto procesal vinculado con el derecho a la libertad. Conforme lo anterior, la jurisprudencia desarrollada en los Fundamentos Jurídicos que anteceden de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, determina que el mecanismo idóneo para la denuncia de vulneración del derecho fundamental a la libertad, cuando éste hubiera sido lesionado como consecuencia de una tramitación procesal dilatoria injustificada, es la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que tiene como propósito evitar lesiones o agravios causados por acciones u omisiones indebidas que tienen vinculación con el precitado derecho; en tal situación, el agraviado puede acudir directamente a la jurisdicción constitucional interponiendo la acción de libertad; para que, la vía constitucional resuelva conforme a la normativa y jurisprudencia vigentes; asimismo, se advierte que imprimir un trámite rápido y efectivo en los casos en los que se encuentra en discusión la restricción del derecho a la libertad de una persona (personal y de locomoción), constituye una labor primordial a efectos de garantizar su respeto y ejercicio dentro del marco de la Norma Fundamental y de las leyes aplicables a la materia, que debe ser obligatoriamente observada. En ese orden, de la revisión de los fundamentos y de los antecedentes procesales adjuntos al expediente, consta Acta de Registro de Audiencia Pública Para la Consideración de la Situación Jurídica de 30 de octubre de 2020, el cual registró el Auto Interlocutorio de similar fecha, que dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba (Conclusión II.1); asimismo, el Acta de Audiencia de Cesación a la Detención Preventiva Virtual de 15 de marzo de 2022, tiene registrado como motivo de suspensión la ausencia del solicitante de tutela (Conclusión II.2); posteriormente, mediante memorial presentado el 9 de igual mes y año, el accionante solicitó se señale nueva audiencia de cesación a la detención preventiva, que fue respondido favorablemente por proveído de 10 del mismo mes y año, fijando el 15 del mes y año indicado, para el verificativo de dicho acto procesal (Conclusión II.3); seguidamente, a través de Notificación por Ciudadanía Digital de “10 de marzo 2022, 12:18 PM”, se hizo conocer a la autoridad penitenciaria demandada según Reporte General de Notificaciones, sobre la existencia de la precitada audiencia de cesación a la detención preventiva (Conclusión II.4). De lo expresado y verificado anteriormente, resulta evidente viabilizar o activar la acción de libertad de pronto despacho o traslativa; puesto que, en el proceso penal analizado, por memorial presentado el 9 de marzo de 2022, el impetrante de tutela solicitó se señale nueva audiencia de cesación a la detención preventiva, que fue respondido favorablemente por el Juez de la causa mediante proveído de 10 del mismo mes y año, fijando el mismo para el 15 del mes y año indicado; seguidamente se verifica, que a través de Notificación por Ciudadanía Digital de “10 de marzo 2022, 12:18 PM”, se hizo conocer a la autoridad penitenciaria demandada –según Reporte General de Notificaciones de fs. 40 vta., sobre la existencia de la precitada audiencia de cesación a la detención preventiva, a las 14:00 del último día citado en el Juzgado de Sentencia Penal Segundo del departamento de Cochabamba, quien además debía prestar toda colaboración para el operativo de traslado del imputado al despacho judicial donde debía celebrarse tal audiencia y así cumplir su labor u obligación con prestancia y celeridad. En el contexto anterior y por lo fundamentado, se evidencia y constata que la autoridad penitenciaria demandada, si bien expresó su desconocimiento de la existencia de audiencia de cesación a la detención preventiva a favor del accionante; sin embargo, se evidencia que el mismo sí fue comunicado con el acto procesal antes mencionado; en el cual, estaba comprometido el derecho constitucional de la libertad, constituyendo ello, dilación indebida que vulnera del mismo modo el principio de celeridad, basada en la necesidad de prontitud en la aplicación y tramitación de las órdenes o disposiciones jurisdiccionales, solicitudes e impugnaciones procesales; por tanto, corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, evaluó de forma incorrecta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 17 de marzo de 2022, cursante de fs. 46 a 48, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, exhortando a la autoridad penitenciaria demandada, no incurrir en lo posterior en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales conforme el caso concreto analizado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0527_2023-S4.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): dcbd312b2cbab74357fa7da8edb9b08431ccb4a618a48d2cb44d1ee84cd75d69
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