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SCP 0525/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 3 de junio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
3 de junio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
55373-2023-111-AL
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna; y, de los principios de seguridad jurídica, celeridad e impugnación; puesto que, dentro del proceso penal en el que fue condenado a diez años de presidio, presentó un incidente de libertad condicional, mismo que no fue resuelto hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, sin señalarse audiencia, pese a hacer conocer al demandado el cumplimiento de requisitos. Ante ello, la autoridad demandada alega que, hay circunstancias que dificultaron el procesamiento de la petición, puesto que asumió conocimiento del caso por la refuncionalización del Juzgado, el Secretario no ingresó a despacho el expediente, el Tribunal a su cargo tropieza con el constante cambio de personal en los diferentes gobiernos autónomos municipales que ocasionan la suspensión de audiencias de juicio oral por lapsos prolongados y la existencia de alta carga procesal en ese asiento judicial; sin embargo, estará a lo que se disponga. En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 15/2023 de 27 de mayo, cursante de fs. 24 a 26, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada por pronto despacho respecto a los derechos a una justicia pronta y oportuna y debido proceso vinculado al principio de celeridad, con los mismos alcances dispositivos asumidos por el Juez de garantías; 2° DENEGAR la tutela respecto a los principios de seguridad jurídica e impugnación; y, 3° Exhortar a Jesús Marcelo Barrios Arancibia, Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca, a observar en adelante su competencia territorial, conforme el razonamiento de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio rector de celeridad en la potestad de impartir justicia
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0525/2025-S2 Sucre, 3 de junio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 55373-2023-111-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 15/2023 de 27 de mayo, cursante de fs. 24 a 26, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Hernán Marcelo Torrez Mogro en representación sin mandato de Juanito Rengifo Carmona contra Osvaldo Gustavo Corcus Romero, Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social, Ejecución Penal y Juez Técnico Primero de Camargo del departamento de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 26 de mayo de 2023, cursante a fs. 1 y 9 a 11, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la comisión del delito de violación en grado de tentativa, fue condenado a una pena privativa de libertad de diez años a cumplir en la Carceleta de Camargo del departamento de Chuquisaca, bajo el control jurisdiccional de Oswaldo Gustavo Corcus Romero, Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social, Ejecución Penal y Juez Técnico Primero del citado municipio -demandado-. El 31 de enero de 2023 presentó incidente de libertad condicional, mereciendo la emisión del proveído de 7 de febrero de igual año, por el cual el mencionado Juez concede diez días a la Dirección de Régimen Penitenciario y “el Alcalde” para que remitan los documentos requeridos, orden que fue cumplida el 14 de abril del señalado año.

Por memorial de 18 de abril de 2023, solicitó el señalamiento de audiencia de libertad condicional, comunicando que los requisitos fueron cumplidos y adjuntando el contrato de arrendamiento del inmueble donde pretende vivir; petición que, hasta la fecha -se entiende de interposición de la presente acción tutelar-, no fue atendida, generándose inseguridad jurídica y una prolongación indebida de su sanción penal.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a una justicia pronta y oportuna; y, los principios de seguridad jurídica, celeridad e impugnación; citando al efecto los arts. 22, 23.I, 115, 116.II, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7.1, 2 y 3, 8.2 inc. h), 19, 25.1 y 2 inc. b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga que el Juez demandado señale, a la brevedad posible, día y hora de audiencia para considerar el incidente de libertad condicional, conforme al art. 174 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS).

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 27 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 22 a 23, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad presentada.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Osvaldo Gustavo Corcus Romero, Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social, Ejecución Penal y Juez Técnico Primero de Camargo del departamento de Chuquisaca, por informe escrito cursante a fs. 21 y vta., manifestó lo siguiente: a) El accionante se encuentra cumpliendo condena de diez años de privación de libertad desde el 20 de junio de 2017, de los cuales cumplió cinco años once meses y siete días en privación de libertad; en ese entendido, para hacerse acreedor del beneficio de libertad condicional, el mismo debe cumplir lo previsto en el art. 174.1 de la LEPS modificado por la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente -Ley 1443 de 4 de julio de 2022-; siendo esto así, en el presente caso, las dos terceras partes de diez años son seis años, seis meses y seis días; cumpliendo dicho cómputo podrá acogerse al beneficio; b) El Secretario del Juzgado no ingresó el expediente a despacho en su oportunidad, quien deberá ser el que “…explique y justifique las razones…” (sic); c) Lo que generó una especie de confusión es la falta de notificación a la víctima con el proveído emitido oportunamente por la autoridad judicial que le antecedió en el cargo; por tal razón, se dispuso la notificación al responsable de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Incahuasi del departamento de Chuquisaca, conminándola a que informe sobre el domicilio de la víctima para su notificación con el incidente presentado, sin que se haya dado cumplimiento; y, d) El constante cambio de funcionarios en los diferentes gobiernos autónomos municipales ocasionan la suspensión de audiencias de juicio oral por lapsos prolongados, por lo que, dada la alta carga procesal en ese asiento judicial, se ve en la necesidad de celebrar audiencias hasta horas de la noche o en días sábados, y señalar audiencias hasta el mes de julio del presente año, por ello “…Si bien este no es un justificativo, impetro a su Rectitud que no es negligencia propiamente dicha la razón por la que retardó el petitorio del recurrente; será el Señor Secretario de este Despacho quien deberá informar de las razones por las que no ingreso el cuaderno en su fecha…” (sic); sin embargo, “…mi autoridad operará con la celeridad correspondiente; en tal virtud estaré a lo que su Probidad disponga…” (sic).

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, por Resolución 15/2023 de 27 de mayo, cursante de fs. 24 a 26, concedió la tutela solicitada, ordenando al Juez demandado señale audiencia dentro del plazo de dos días hábiles para considerar el incidente de libertad condicional presentado por el accionante; con base en los siguientes fundamentos: 1) A través de la acción de libertad de pronto despacho, se busca acelerar los trámites y eso es lo que precisa y reclama el impetrante de tutela, puesto que acreditó la presentación del incidente de libertad condicional hace un tiempo razonable, concretamente el 31 de enero de 2023, de conocimiento de la autoridad demandada y siendo sometido al procedimiento previsto por el art. 174 de la LEPS; 2) El 18 de abril de igual año, el peticionante de tutela presentó solicitud de audiencia de libertad condicional, expresando que los requisitos de informe del cómputo de pena, certificación de conducta y certificado de vocación de trabajo se encuentran adjuntos en el cuaderno de control jurisdiccional y esta petición recién fue atendida el 26 de mayo de 2023 -un mes y ocho días de haberse presentado-, sin señalar audiencia y solo como emergencia de la acción de libertad presentada; 3) Las circunstancias anotadas por el Juez demandado, respecto a que el Secretario no ingresó a despacho el memorial de referencia, no pueden justificar su actuación, puesto que, como titular del mismo, tenía conocimiento de todos los trámites que ordenó; 4) El hecho de no contar con personal, que constantemente está siendo cambiado, con limitaciones operativas o demasiada carga procesal, debido a la refuncionalización del Tribunal de Sentencia Penal de Camargo del departamento de Chuquisaca, no es justificativo valedero para el retraso, puesto que es obligación de la autoridad demandada imprimir el trámite a todas las peticiones que estén relacionadas con la libertad, sea que el incidente se declare fundado o rechazado cuando no cumpla con los requisitos exigidos por ley, incluso rechazado o infundado cuando sea manifiestamente improcedente, conforme dispone el último párrafo del art. 175 de la LEPS; y, 5) Por más de un mes, la situación jurídica del accionante permaneció en suspenso, lo cual constituye una dilación indebida o apresamiento ilegal por no observar la celeridad impuesta y recomendada por la jurisprudencia constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 1 de febrero de 2023, dirigido al “SEÑOR JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL DE CAMARGO” (sic), Juanito Rengifo Carmona -hoy accionante-, planteó incidente de libertad condicional (fs. 17 a 18 vta.). II.2. Mediante informe -sin fecha-, Álvaro Javier André Solíz, Secretario del Juzgado de Partido de Trabajo, Seguridad Social, Ejecución Penal y Juez Técnico Primero de Camargo del departamento de Chuquisaca, refirió lo siguiente: “PASE A DESPACHO: Ingresa la presente causa en fecha 07 de febrero de 2023 a horas 09:30 a.m.” (sic); emitiéndose el proveído de 7 de febrero de igual año, por el cual Osvaldo Gustavo Corcus Romero, Juez del referido Juzgado -demandado- dispuso que el “Alcaide” de la Carceleta del citado municipio remita los informes requeridos por el art. 174 de la LEPS (fs. 19 y vta.). II.3. Por Oficio CITE OF. JS1° 63/2023 de 28 de febrero, la autoridad demandada solicitó al Director Departamental de Régimen Penitenciario de Chuquisaca informe respecto al impetrante de tutela, con cargo de recepción de 27 de marzo de igual año (fs. 6). II.4. Mediante memorial de 18 de abril de 2023, dirigido al “SEÑOR JUEZ DE EJECUCION PENAL DE CAMARGO” (sic), el accionante solicitó señalamiento de audiencia de libertad condicional, expresando que todos los requisitos se encuentran adjuntos en el cuaderno de control jurisdiccional (fs. 8 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna; y, de los principios de seguridad jurídica, celeridad e impugnación; puesto que, dentro del proceso penal en el que fue condenado a diez años de presidio, presentó un incidente de libertad condicional, mismo que no fue resuelto hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar, sin señalarse audiencia, pese a hacer conocer al demandado el cumplimiento de requisitos. Ante ello, la autoridad demandada alega que, hay circunstancias que dificultaron el procesamiento de la petición, puesto que asumió conocimiento del caso por la refuncionalización del Juzgado, el Secretario no ingresó a despacho el expediente, el Tribunal a su cargo tropieza con el constante cambio de personal en los diferentes gobiernos autónomos municipales que ocasionan la suspensión de audiencias de juicio oral por lapsos prolongados y la existencia de alta carga procesal en ese asiento judicial; sin embargo, estará a lo que se disponga. En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio rector de celeridad en la potestad de impartir justicia

Respecto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, como una de las modalidades de esta acción de defensa, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud” (el resaltado nos corresponde). Entendimiento que tiene relación con la celeridad, uno de los principios rectores de la potestad de impartir justicia del Órgano Judicial, previsto en el art. 178 de la CPE, que, conforme al entendimiento de la SCP 0023/2013 de 4 de enero, “…persigue como principal objetivo que el proceso se concrete a las etapas esenciales y que cada una de ellas se cumpla dentro de los plazos dispuestos por la norma legal, razonamiento del cual puede inferirse que a partir de la observancia de este principio, no es posible concebir la adición de términos de manera unilateral a una determinada etapa del proceso, situación que podrá darse; sin embargo, en los casos en los que estos plazos surjan como resultado de prórrogas o ampliaciones legalmente establecidas; por lo que, este principio lleva implícita la obligación de llevar adelante los actos procesales de la manera más sencilla posible a efectos de evitar dilaciones innecesarias; es decir, la administración de justicia debe ser rápida y oportuna en la tramitación de las causas puestas en su conocimiento; una actuación contraria, conlleva no sólo la vulneración de derechos y garantías, sino también el fomento del crecimiento de uno de los mayores problemas de la administración de justicia cual es la retardación” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, presenta acción de libertad por dilación indebida en el procedimiento correspondiente a su solicitud de libertad condicional dentro el proceso penal, en el cual, fue condenado a diez años de presidio. En ese entendido, de los antecedentes adjuntos a la presente causa, se evidencia que, por memorial presentado el 1 de febrero de 2023, planteó incidente de libertad condicional (Conclusión II.1), ingresado a despacho el 7 de febrero de 2023 y providenciado por la autoridad demandada en la misma fecha (Conclusión II.2), requiriendo informe para el cumplimiento de lo establecido en el art. 174 de la LEPS; orden que fue ejecutada mediante Oficio CITE OF JS1° 63/2023 de 28 de febrero dirigido al Director Departamental de Régimen Penitenciario de Chuquisaca, con nota de recepción de 27 de marzo de 2023 (Conclusión II.3). Posteriormente, mediante memorial de 18 de abril de 2023 (Conclusión II.4), el accionante solicitó señalamiento de audiencia de libertad condicional, expresando que todos los requisitos se encontraban adjuntos en el cuaderno de control jurisdiccional. De los antecedentes detallados, se establece que el accionante presentó el incidente de libertad condicional el 1 de febrero de 2023 ante el Juez demandado. Solicitud que fue providenciada el 7 de febrero de 2023; es decir, el mismo día que ingresó a despacho, para que se emita el informe en el término de diez días previsto en el art. 174 de la LEPS, respecto a los requisitos de procedencia del mencionado beneficio; el mismo fue comunicado al Director Departamental de Régimen Penitenciario de Chuquisaca, mediante Oficio CITE OF JS1° 63/2023, recibido el 27 de marzo; sin embargo, al vencimiento del señalado plazo, la autoridad demandada no emitió providencia o pronunciamiento alguno respecto al cumplimiento del requerimiento de informe, menos del beneficio solicitado por el impetrante de tutela. Tampoco emitió ningún pronunciamiento con relación al memorial de 18 de abril de 2023 presentado por el accionante, en el que solicita señalamiento de audiencia de libertad condicional y anuncia que todos los requisitos se encontraban adjuntos. Esta omisión fue prolongada, puesto que, a la presentación de la acción de libertad -26 de mayo de 2023-, no hubo pronunciamiento alguno, sea en sentido positivo o negativo al incidente planteado, tal cual reconoce la autoridad judicial demandada al señalar en su informe: “…Si bien este no es un justificativo, impetro a su Rectitud que no es negligencia propiamente dicha la razón por la que retardo el petitorio del recurrente; será el Señor Secretario de este Despacho quien deberá informar de las razones por las que no ingresó el cuaderno en su fecha (…) …sin embargo mi autoridad operará con la celeridad correspondiente; en tal virtud estaré a lo que su Probidad disponga…” (sic). Por consiguiente, las justificaciones referidas a la recarga procesal, al constante cambio de funcionarios del GAM de Incahuasi del departamento de Chuquisaca y la falta de notificación de la víctima, expresadas en su informe, no merecen consideración alguna puesto que, no adjuntan respaldo probatorio alguno, limitándose a su enunciación. Además, la omisión en la que incurrió la autoridad demandada en la consideración y resolución del incidente de libertad condicional planteado por el impetrante de tutela, quien se encuentra cumpliendo pena privativa de libertad, no fueron de días, sino de meses, inobservando el principio de celeridad, demorando indebidamente la tramitación y resolución del señalado incidente, cuando se encontraba impelido a cumplir los actos procesales con celeridad, debido a la situación jurídica del peticionante de tutela; por lo que, la inobservancia del citado principio en el trámite del señalado incidente da mérito para conceder la tutela en la modalidad de pronto despacho, aclarándose que la tutela referida alcanza solo a que se resuelva la solicitud del accionante debiendo el demandado hacerlo conforme corresponda en derecho. Ahora bien, el impetrante de tutela incluye entre los derechos vulnerados los principios de seguridad jurídica e impugnación. Sobre el particular, es necesario tomar en cuenta que los principios, por sí mismos, no son susceptibles de tutela por la acción de libertad, salvo que se encuentren vinculados a un derecho fundamental o garantía constitucional. En ese entendido, al no precisarse de qué manera los mencionados principios se encuentran vinculados con los derechos lesionados, no corresponde emitir un pronunciamiento al respecto. En cuanto a la competencia territorial en las acciones de libertad, debe recordarse que, conforme al principio de inmediación previsto en el art. 126.I de la CPE, el juez debe mantener contacto directo con las partes y con la prueba. En consecuencia, la regla general determina que el juez competente es aquel del lugar donde se produjo la detención del accionante. Este criterio se encuentra en concordancia con lo establecido en la Ley de Creación de Salas Constitucionales -Ley 1104 de 27 de septiembre de 2018-, que dispone que, cuando en el lugar de la detención no exista autoridad judicial, será competente el juez o tribunal del lugar más cercano o aquel que cuente con mejores condiciones de acceso o transporte. En el presente caso, se advierte que, tanto el proceso penal como el accionante, quien cumple condena privativa de libertad, se encuentran en Camargo, mientras que el Juez de garantías tiene su asiento en la ciudad de Sucre, capital del departamento de Chuquisaca. Sin embargo, de acuerdo a la doctrina establecida por la SC 1262/2004-R de 10 de agosto, la anulación de obrados solo procede cuando el acto observado posee relevancia constitucional; es decir, cuando la infracción procesal hubiese podido alterar el resultado de la decisión impugnada; lo que no ocurre en el presente caso, en el que, conforme lo determinó el Juez de garantías, la concesión de tutela es solo por pronto despacho. En virtud de ello, no corresponde disponer la anulación de obrados, sino advertir al Juez de garantías que, en lo sucesivo, observe estrictamente su competencia territorial al conocer acciones de libertad. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 15/2023 de 27 de mayo, cursante de fs. 24 a 26, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada por pronto despacho respecto a los derechos a una justicia pronta y oportuna y debido proceso vinculado al principio de celeridad, con los mismos alcances dispositivos asumidos por el Juez de garantías; 2° DENEGAR la tutela respecto a los principios de seguridad jurídica e impugnación; y, 3° Exhortar a Jesús Marcelo Barrios Arancibia, Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Chuquisaca, a observar en adelante su competencia territorial, conforme el razonamiento de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0525_2025-S2.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6c385002f97eaf9588604930c01110e021e662217beb50bba16d44913af21228

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