Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 22 de junio de 2023
Concede la tutela
El accionante, denunció como lesionados su derecho a la dignidad, a la libertad, a una respuesta pronta y al debido proceso; toda vez que, encontrándose con detención preventiva, presentó incidente de cesación a la misma, adjuntando documentación idónea para desvirtuar los riesgos procesales; empero, inclusive hasta la fecha del señalamiento de la audiencia de la presente acción tutelar, no se le notificó con providencia, respecto del señalamiento de la audiencia incoada; incumpliendo de esta manera, lo reglado por el art. 239 del CPP en relación al plazo de señalamiento de audiencia; denuncia además, el incumplimiento del art. 56.3 del adjetivo penal modificado por la Ley 1173, que establece como atribución del Secretario de Juzgado, la emisión de providencias de mero trámite; en este caso, del señalamiento de la audiencia de cesación impetrada. En consecuencia; corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2022 de 18 de febrero, cursante a fs. 35 a 37, emitida por la Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia,
1° CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo se proceda al señalamiento de la audiencia impetrada en el plazo de veinticuatro horas, siempre y cuando por el transcurso del tiempo ésta no se hubiera ya efectivizado, sin responsabilidad; y,
2° EXHORTAR al Juez Instrucción Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz y al Secretario hoy demandado; para que en futuros procesos, bajo su conocimiento y cumplimiento que involucren trámites vinculados con el derecho a la libertad, en resguardo de los principios de celeridad, eficiencia y eficacia y guiando su actuación con la debida diligencia, adopten medidas conducentes a objeto de cumplir con los plazos y mandatos establecidos por Ley.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0518/2023-S4 Sucre, 22 de junio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 46396-2022-93-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 02/2022 de 18 de febrero, cursante de fs. 35 a 37, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rosario Natali Fernández Barrios en representación sin mandato de Elvis Jhasmani Huayta Flores contra Richard Sumi Poma, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 17 de febrero de 2022, cursante de fs. 1; y, 23 a 29, el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Encontrándose con detención preventiva, en el penal de San Pedro de La Paz, reclusión que debía ser por el lapso de tres meses; a cuya consecuencia, el 14 de febrero de 2022 presentó solicitud de cesación a su detención preventiva, adjuntando prueba idónea para desvirtuar los riesgos procesales; todo al amparo del art. 239.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); empero, hasta el 16 del mismo mes y año, lo pedido no mereció providencia respecto del señalamiento de la audiencia.
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció como lesionados su derecho a la dignidad, a la libertad, a una respuesta pronta; y, al debido proceso, citando al efecto los arts. 22, 23, 24 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se “restablezca las formalidades de ley”; por ende, se ordene a la autoridad demandada señalar día y hora de audiencia de cesación de medidas cautelares; del mismo modo, y de evidenciar negligencia, omisión, retardación de justicia o incumplimiento de deberes de parte de dicha autoridad, se disponga la remisión de antecedentes ante el Consejo de la Magistratura para fines de proceso disciplinario.
Celebrada la audiencia virtual el 18 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 33 a 34 vta.; presentes, la parte solicitante de tutela, a través de su representante sin mandato; y, el funcionario de apoyo jurisdiccional demandado, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su representante sin mandato, en audiencia, ratificó el contenido de su demanda de acción tutelar.
Richard Sumi Poma, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del Departamento de La Paz, en audiencia manifestó que: a) Asumió la suplencia legal en el Juzgado de Instrucción Penal Tercero de El alto del departamento de La Paz, el 3 de febrero de 2022, en ese marco el 14 del mismo mes y año, el señor Elvis Jhasmani Huayta Flores presentó memorial, en el cual solicitó cesación a su detención preventiva; misma que fue providenciada debidamente y señaló audiencia para el 16 del mismo mes y año, pese a la abundante carga laboral que posee, respetando los plazos procesales al efecto; b) “Su despacho” es el Juzgado de Instrucción Penal Segundo, en donde tampoco se tiene Juez titular; del mismo modo, el juzgado en el cual asume suplencia no cuenta con auxiliar; motivo por el cual, no pudo notificarse de forma oportuna a los sujetos procesales; por ello, tuvo que reprogramarse la audiencia para el 18 de febrero de 2022 a horas 11:00 am, habiéndose generado las notificaciones que se encuentran en la Oficina Gestora de Procesos; y, c) Una vez instalada la audiencia y al no evidenciar la presencia de las partes, el Juez que conoció la causa, suspendió la audiencia sin señalamiento ulterior; en consecuencia, se debe considerar que él –en su condición de funcionario de apoyo jurisdiccional– solamente emite decretos de mero trámite; motivo por el cual, no ingresa al campo de emisión de otro tipo de decisiones; siendo descuido de la parte ahora impetrante de tutela, el no realizar el seguimiento del señalamiento de audiencias; ya que, las mismas estaban en el libro diario del Juzgado; por lo que, pidió se rechace la acción de libertad interpuesta. A la consulta efectuada por el Juez de garantías, en relación a quién sería la autoridad jurisdiccional responsable del despacho judicial; en el que, se hubieran suscitado estas vulneraciones; señaló que, sería en el despacho del Juez René Eduardo Foronda Escobar.
El Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 02/2022 de 18 de febrero, cursante de fs. 35 a 37, concedió la tutela solicitada; disponiendo que, la autoridad jurisdiccional del Juzgado de Instrucción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, señale audiencia de cesación a la detención preventiva en el plazo de veinticuatro horas, habiéndose determinado responsabilidad del señor Juez de ese despacho y no así del Secretario del mismo, liberando de cualquier responsabilidad a Richard Sumi Poma –demandado–; con los siguientes fundamentos: 1) Supuestamente el Secretario –hoy demandado– hubiese incumplido sus funciones; en ese marco, corresponde analizar la legitimación pasiva que éste posee; pues, ésta emerge del incumplimiento e inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al servidor público de parte de la autoridad jurisdiccional; por ende, éste adquiere legitimación pasiva, cuando el mismo no da cumplimiento a sus funciones; 2) En el presente caso no se ha tomado en cuenta al Juez de la causa; pues, es justamente esta autoridad quien en el marco de sus específicas funciones “no ha previsto la existencia de la Acción de Libertad de Pronto Despacho” (sic); con ello se infiere que, es el Juez de la causa quien debió haber señalado día y hora de audiencia que le fuera solicitada, inclusive en audiencia; y, 3) En el presente caso, se señala que el Secretario demandado, se encuentra cumpliendo funciones de apoyo en suplencia legal en otro juzgado; motivo por el cual, se debe tomar en cuenta las funciones específicas que este posee; pues, la autoridad llamada por ley para el señalamiento de audiencias es el Juez, de acuerdo a las funciones que se hallan descritas y previstas en el art. 239 de la Ley 1173 –Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, de 3 de mayo de 2019– y el art. 343 del CPP, que señala las obligaciones, a las cuales se hallan constreñidas las autoridades jurisdiccionales; en consecuencia, esos extremos no se ajustan al presente caso; toda vez que, dentro de las funciones del abogado, no están las de programar señalamientos, de conformidad con el art. 94 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) –Ley 025 de 24 de junio de 2010–; por lo que, se excluye a este servidor público de cualquier tipo de responsabilidad.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva, presentado en fecha 14 de febrero de 2022, mismo que adjunta prueba para fundar su pretensión de cesación en el marco del art. 239.1 del CPP. (fs. 2 a 22).
El accionante, denunció como lesionados su derecho a la dignidad, a la libertad, a una respuesta pronta y al debido proceso; toda vez que, encontrándose con detención preventiva, presentó incidente de cesación a la misma, adjuntando documentación idónea para desvirtuar los riesgos procesales; empero, inclusive hasta la fecha del señalamiento de la audiencia de la presente acción tutelar, no se le notificó con providencia, respecto del señalamiento de la audiencia incoada; incumpliendo de esta manera, lo reglado por el art. 239 del CPP en relación al plazo de señalamiento de audiencia; denuncia además, el incumplimiento del art. 56.3 del adjetivo penal modificado por la Ley 1173, que establece como atribución del Secretario de Juzgado, la emisión de providencias de mero trámite; en este caso, del señalamiento de la audiencia de cesación impetrada. En consecuencia; corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Con relación a la acción de libertad de pronto despacho, la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, señaló que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesarias o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad, reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar:‘…La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…′ (art. 180.I); por ende, todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que solo generan perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas′”.
Con relación a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, estableció lo siguiente: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca a una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad.
Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del calor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos'.
Además enfatizó que. '…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)”' (las negrillas nos pertenecen).
Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada en líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).
Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
Con base al entendimiento glosado en la jurisprudencia citada precedentemente, es posible concluir que esta acción tutelar se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que vulneran los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad; en ese contexto, la acción de libertad de pronto despacho persigue la efectividad de los principios constitucionales previstos en los arts. 178.I y 180.I de la CPE; en consonancia, con el 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.
Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019–
Al respecto la SCP 0383/2018-S4 de 2 de agosto, reiterando el razonamiento de la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, señaló que: “‘La solicitud de cesación de detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, está regida por el principio de celeridad procesal.
(…)
De acuerdo al sistema procesal penal vigente, plasmado en la Ley 1970 o Código de Procedimiento Penal, el art. 239, establece los casos en que procede la cesación de la detención preventiva, empero, el presente análisis no se aboca a los casos particulares, a ninguno de los incisos del art. 239 del CPP, ni a los aspectos positivos o negativos, legales o doctrinales, o a su interpretación o efectos, sino sólo y exclusivamente a aspectos generales como es la celeridad en su trámite una vez efectuada la solicitud.
En ese sentido, es preciso puntualizar que la detención preventiva, no tiene por finalidad la condena prematura, por cuanto la presunción de inocencia, sólo es desvirtuada ante un fallo condenatorio con calidad de cosa juzgada, por ello su imposición como medida precautoria está sujeta a reglas, como también su cesación, lo cual implica el trámite a seguir; y si bien no existe una norma procesal legal que expresamente disponga un plazo máximo en el cual debe realizarse la audiencia de consideración, corresponde aplicar los valores y principios constitucionales, previstos en el ya citado art. 8.II de la CPE, referido al valor libertad complementado por el art. 180.I de la misma norma constitucional, que establece que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio procesal de celeridad entre otros; motivo por el cual toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible, y dentro de los plazos legales si están fijados, y en un plazo razonable, si no está establecido por ley. De no ser así, tal actuación procesal provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido y en consecuencia repercute o afecta a su libertad que de hecho ya está disminuida por la sola privación de libertad en que se encuentra, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición, sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente a fin de que obtenga una respuesta positiva o negativa.
Por otra parte, la SCP 0247/2012 de 29 de mayo, establece que: ‘Si bien esta Sentencia Constitucional desarrolló las sub reglas referentes a que debe considerarse un acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva; pero, razonando que no existe dilación indebida cuando se suspende la audiencia de medidas cautelares por falta de notificación, debiendo fijarse nueva fecha; sin embargo, este razonamiento debe precisarse, en el sentido de que la autoridad judicial en el trámite de la cesación de la detención preventiva, no debe prolongar de forma indefinida la suspensión de audiencias de medidas cautelares, con el simple justificativo de proceder de esa forma, por una falta de notificación a las partes procesales o por una carencia de medios técnicos que pueden ser suplidos por otros.
Con mayor razón, cuando la normativa procesal penal, establece en el art. 160 del Código de Procedimiento Penal (CPP), la obligatoriedad de la notificación de las resoluciones al día siguiente de ser dictadas…ʼ”(Las negrillas nos corresponden).
En ese contexto jurisprudencial, se concluye que es deber de la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación a la detención preventiva de un privado de libertad, tramitar la misma con la mayor celeridad dentro de los plazos fijados por ley; en cuyo caso debe considerarse que el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019–, modificada a su vez por el art. 2.III de la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, de modificación de la ley 1173, modifican el texto del art. 239 de la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, del Código de Procedimiento Penal, cuyo texto modificado señala:
“Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales:
1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;
2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, , narcotráfico o sustancias controladas. 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas.
Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.
En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos”.
Del texto del referido artículo se advierte que inicialmente señala los casos en los que es posible la cesación de medidas cautelares de carácter personal, refiriendo luego el trámite a seguir, estableciendo los plazos previstos por la referida norma procesal al efecto, que prevé que el Juez o Tribunal ordinario que tenga conocimiento de una solicitud de cesación a la detención preventiva, en los casos de los numerales 3 y 4 deberá resolver máximo en el plazo de cinco días, y en el resto de los casos deberá fijar audiencia y resolver dentro del plazo de cuarenta y ocho horas; de lo que se concluye que un actuar contrario, constituiría dilación indebida.
Jurisprudencia reiterada
Con relación a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional, la SCP 0464/2018-S4 de 27 de agosto, citando a su vez a la SCP 1437/2015 de 23 de diciembre, estableció que: “La jurisprudencia constitucional estableció que los funcionarios de apoyo judicial carecían de legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa; toda vez, que no ejercían jurisdicción y que actuaban en cumplimiento de las instrucciones de la autoridad jurisdiccional quien tiene la potestad para determinar su responsabilidad y adoptar las medidas disciplinarias correspondientes; sin embargo, la SCP 0427/2015 de 29 de abril, cambió de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa, al señalar: ‘…la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional‛.
Es así que a partir del entendimiento jurisprudencial citado, el personal de apoyo judicial tiene legitimación pasiva para ser demandado en las acciones de defensa cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas″.
Conforme a la jurisprudencia constitucional precedente, los servidores de apoyo judicial, son susceptibles de responsabilidad cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en la vulneración de derechos fundamentales.
En ese entendido, según determina el art. 83 de la LOJ, “Son servidoras o servidores de apoyo judicial:
1) La conciliadora o el conciliador; 2) La secretaria o el secretario; 3) La o el auxiliar; y 4) La o el oficial de diligencias” Por otro lado, el art. 56 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, sostiene que: “La jueza, el juez o tribunal será asistido con la debida diligencia en el cumplimiento de sus actos jurisdiccionales por una secretaria o secretario, a quien le corresponderá como funciones propias, las siguientes:
(…)
3) Emitir las providencias de mero trámite que no sean pronunciadas en audiencia.
(…) 9) Cumplir con todas las tareas que la jueza, el juez o tribunal ordene en procura de mejorar la gestión del despacho judicial”.
De los antecedentes y conclusiones que cursan en la presente acción de libertad; se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, en contra del ahora accionante, mediante Resolución 107/2022 emitida por la Juez de Instrucción Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz, se dispuso en su contra detención preventiva por el lapso de tres meses, a cumplirse en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz; en ese contexto procesal, el 14 de febrero de 2022, solicitó la cesación de la misma al amparo del art. 239.1 y 2 del CPP (Conclusión II.1); solicitud que, no hubiera sido considerada por el funcionario de apoyo jurisdiccional demandado, al momento de cumplir las funciones inherentes a éste en el despacho judicial, aspecto que evidenciaría la existencia de actos dilatorios. En ese contexto, en el Fundamento Jurídico III. 2 del presente fallo constitucional; se estableció que, la autoridad que conozca de una solicitud de consideración de cesación a la detención preventiva, deberá tramitarla con la mayor celeridad posible, evitando incurrir en dilaciones indebidas que repercutan negativamente en el derecho a la libertad de los solicitantes, teniendo cuarenta y ocho horas, para la fijación de la audiencia para su consideración. Bajo ese entendimiento conforme a la problemática traída en revisión, del análisis y compulsa efectuada a la documental aparejada a esta acción tutelar; se tiene que, evidentemente se presentó solicitud de cesación a la detención preventiva en fecha 14 de febrero de 2022; y, en obrados no cursa documental alguna que acredite que dicha pretensión hubiera sido atendida oportunamente por el funcionario demandado; pues, éste no presentó informe de descargo adjuntando documentación al respecto. En consecuencia, tomando en cuenta lo previsto en el art. 239 del adjetivo penal el señalamiento de la audiencia de consideración de la cesación a la detención preventiva incoada por el ahora impetrante de tutela, debió desarrollarse en el plazo de cuarenta y ocho horas; sin embargo, se hace evidente que, a la interposición de la presente demanda de acción tutelar e inclusive al desarrollo de la audiencia de acción de libertad, la inexistencia de documental que acredite el señalamiento o emisión de providencia, respecto de la audiencia impetrada; advirtiéndose una dilación de cuatro días; lo que hace evidente, el incumplimiento al plazo previsto en la norma procesal antes citada; así como, al entendimiento jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. En contraste a lo señalado por la Jueza de garantías a momento de realizar la compulsa de antecedentes de la acción tutelar, que colige que el Secretario de Juzgado no tiene la facultad del señalamiento de audiencias, siendo esta atribución privativa del Juez de la causa; en contrario sensu, debe tomarse en cuenta que, habida cuenta que “acto dilatorio” en la presente acción, no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de apoyo jurisdiccional, como la elaboración del cuadernillo de apelación, o la emisión de providencias de mero trámite que propicien el incumplimiento de plazos, tratándose en especial de temas en los que está comprometida la libertad personal; que es responsabilidad del personal de apoyo jurisdiccional; en general, repercuten negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los sujetos procesales; si bien es cierto que, las responsabilidades de dirección del despacho recaen en el Juez de la causa, se debe tomar en cuenta lo esbozado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional; de ahí que, las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad; ya que, cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor; más aún, si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente acción constitucional.
Y si bien es evidente que, los funcionarios de apoyo jurisdiccional no ejercen jurisdicción; sin embargo, a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de éstos, como es el caso del art 56 del CPP, modificado por la Ley 1173; en cuyo texto dispone que, “el juez o tribunal será asistido con la debida diligencia en el cumplimiento de sus actos jurisdiccionales por una secretaria o secretario, a quien le corresponderá…” entre otras, las siguientes funciones: emitir las providencias de mero trámite que no sean pronunciadas en audiencia, y cumplir con todas las tareas que la jueza, el juez o tribunal ordene con la finalidad de mejorar la gestión del despacho judicial; en consecuencia, son pasibles de responsabilidad administrativa, civil o penal; por lo tanto, pueden ser demandados por sus actos y omisiones relacionados a dichos deberes, cuando lesionen derechos fundamentales. Sin perjuicio de lo señalado, éste Tribunal Constitucional Plurinacional no puede pasar por alto el incumplimiento acaecido por la autoridad jurisdiccional; siendo el mismo, el responsable de ejercer el control respecto del personal de apoyo jurisdiccional, que si bien no fue demandado en la presente causa, resulta con legitimación en relación a los hechos suscitados; por lo que, dicho este entendimiento, no vulnera el derecho a la defensa que éste tiene, por el contrario, resulta necesario establecer responsabilidad del mismo, a los efectos de generar cambio de actitud respecto de los deberes funcionales que a esta autoridad le asiste; por ende, ante el incumplimiento de deberes por parte de los funcionarios de apoyo jurisdiccional, se debe considerar y compulsar también que la autoridad jurisdiccional, como encargado de la dirección del despacho judicial, tiene la obligación de dirigir y supervisar el proceso y el juzgado; caso contrario, se dejaría al desamparo el mismo y técnicamente sin control alguno al personal de apoyo jurisdiccional; por lo que, corresponderá establecer responsabilidad también en relación a éste; es decir, corresponde conceder la tutela en relación al juez; así como con su personal de apoyo jurisdiccional, de conformidad al Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, sin responsabilidad. Consiguientemente, resultan ser evidentes los reclamos efectuados por el accionante; dado que, las dilaciones ocasionadas en la emisión de la providencia del señalamiento de audiencia, afectaron directamente a su derecho a la libertad, provocando una paralización indebida e injustificada en la tramitación de la misma; por su parte, la falta de supervisión de la autoridad jurisdiccional, –que si bien no es demandada en la presente acción tutelar–, respecto al cumplimiento de los plazos, también implica una responsabilidad compartida de la autoridad jurisdiccional, con el personal de apoyo bajo su dependencia. Por lo que, corresponde otorgar la tutela solicitada, en aplicación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; que busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas y se encuentra de por medio el derecho a la libertad y locomoción de las personas. Finalmente corresponde aclarar que la concesión de tutela únicamente se encuentra dentro del ámbito de protección de una justicia pronta y oportuna a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, sin que exista pronunciamiento alguno respecto del fondo de la situación jurídica del accionante respecto de su libertad; decisión que, corresponde ser asumida a la autoridad ordinaria que conoce de la causa, siempre en atención a los datos procesales cursantes en el expediente y que permitan emitir una decisión acorde de la normativa legal y protección a la sociedad. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2022 de 18 de febrero, cursante a fs. 35 a 37, emitida por la Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia,
1° CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo se proceda al señalamiento de la audiencia impetrada en el plazo de veinticuatro horas, siempre y cuando por el transcurso del tiempo ésta no se hubiera ya efectivizado, sin responsabilidad; y,
2° EXHORTAR al Juez Instrucción Penal Tercero de El Alto del departamento de La Paz y al Secretario hoy demandado; para que en futuros procesos, bajo su conocimiento y cumplimiento que involucren trámites vinculados con el derecho a la libertad, en resguardo de los principios de celeridad, eficiencia y eficacia y guiando su actuación con la debida diligencia, adopten medidas conducentes a objeto de cumplir con los plazos y mandatos establecidos por Ley. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0518_2023-S4.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): ea3b509115449e6696c47eb0a3d7ac0687013f0a0d8bf6595965b97eddafc389
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