Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 6 de junio de 2025
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 26/22 de 16 de diciembre de 2022, cursante de fs. 33 a 35, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, bajo los mismos términos expuestos por la Sala Constitucional precitada. 2º Llamar la atención a Esther Estrella Montaño Ocampo, Jueza de Instrucción Penal Décima Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, por la dilación incurrida, para que actúe en lo posterior con la debida diligencia, más aun en casos de privados de libertad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0514/2025-S3 Sucre, 6 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 52562-2023-106-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 26/22 de 16 de diciembre de 2022, cursante de fs. 33 a 35, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Andrés Ritter Zamora en representación sin mandato de Daniel Vahid Nouri Dorado contra Esther Estrella Montaño Ocampo, Jueza de Instrucción Penal Décimo Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 13 de diciembre de 2022, cursante de fs. 21 a 26, el accionante a través de su representante, expresó que:
Encontrándose detenido preventivamente, el 22 de noviembre de 2022 se efectúo una audiencia de cesación de la detención preventiva, rechazada mediante Auto Interlocutorio 487/2022 de igual data, misma que apeló la víctima; empero, a pesar de que reclamó la remisión en dos oportunidades, no fue remitida al superior en grado, transcurriendo más de veinte días de dilación -se entiende hasta la presentación de la acción de defensa que se analiza-; sin embargo, solicitó nuevamente la cesación de la detención preventiva y el 13 de diciembre del mismo año, se instaló audiencia pero no pudo ser escuchado debido a que dicho acto fue suspendido por la autoridad jurisdiccional, a solicitud de la parte civil, por estar pendiente el recurso de apelación antes referido, a pesar de ser en el efecto no suspensivo y ser por otros riesgos procesales; siendo injustificable y existiendo jurisprudencia constitucional que va en contra de este proceder, como las SSCC “1084/2010-R de 27 de agosto” (sic.) y “1921/2011 de 28 de noviembre” (sic.), y “SCP 0631/2014 de 25 de marzo” (sic), habiendo una demora injustificada en una petición de esta naturaleza.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad, a la vida, al debido proceso vinculado al principio de celeridad, a la defensa y a una justicia pronta y a ser oído por autoridad jurisdiccional competente, citando al efecto los arts. 15, 22, 23, 115, 120 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH).
Solicitó se conceda la tutela impetrada y se disponga que la autoridad jurisdiccional demandada; señale e instale audiencia de cesación a la detención preventiva en cumplimiento al art. 239.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), sea sin responsabilidad por ser excusable a la autoridad demandada.
Celebrada la audiencia pública virtual el 14 de diciembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 31 a 32 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en su acción de libertad y ampliándolos manifestó que: a) El 13 de diciembre del 2022, la autoridad jurisdiccional suspendió la audiencia de cesación a la detención preventiva, basándose en la apelación pendiente de la parte civil, contra el Auto Interlocutorio de 22 de noviembre del mismo año, que fue apelada en la referida audiencia según el art. 251 del CPP, misma que no fue gestionada por la parte recurrente; b) Mediante memorial se solicitó que se cubrirían los gastos de la impugnación, proveyendo copias, pero sin resultado alguno; y, c) La determinación de suspender la audiencia de cesación mencionada, sin justificación alguna, va en contra de la ampulosa jurisprudencia constitucional que moduló este aspecto y al no haber presentado informe, la Jueza demandada, se presume la veracidad de los hechos expuestos en la acción tutelar, debiendo señalar y efectuar la audiencia de cesación a la detención preventiva en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, conforme lo establece el art. 239 del CPP, para que el privado de libertad sea escuchado.
Esther Estrella Montaño Ocampo, Jueza de Instrucción Penal Décimo Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentó informe, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 30; sin embargo, remitió el expediente principal a la Sala Constitucional.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 26/22 de 16 de diciembre de 2022, cursante de fs. 33 a 35, concedió la tutela impetrada, disponiendo que la autoridad demandada de forma inmediata atienda la solicitud del accionante, con base en los siguientes fundamentos: 1) La acción de libertad esta instituido en la Carta Magna, siendo activado por quien considere estar indebidamente procesado, perseguido o detenido, misma que fue modulada, protegiendo también derechos de la salud y la vida y la acción traslativa o de pronto despacho que tutela el “…derecho al debido proceso, vinculado al principio de celeridad pero siempre vinculado a la libertad de locomoción…” (sic) persona privada de libertad, activando esta acción para una atención inmediata; 2) La SCP 0756/2021-S2 de 8 de noviembre, en su Fundamento Jurídico III.1, expone la tramitación de la cesación a la detención preventiva cuando hay una apelación incidental, no puede estar condicionada a una apelación pendiente de resolución, si hay un privado de libertad en virtud al principio de favorabilidad ante resoluciones diferentes se aplica la más favorable; así también, la SCP 0764/2022-S1 de 8 de agosto, estableció el efecto no suspensivo de la apelación incidental cuando existe un recurso de apelación incidental contra el auto interlocutorio que resolvió medidas cautelares personales; y, 3) Según acta de 13 de diciembre de 2022, se suspendió la audiencia por estar pendiente un recurso de apelación, que por negligencia del secretario no se remitió, pese a la orden de la Jueza demandada, siendo dicha apelación incidental en el efecto no suspensivo.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia de cesación a la detención preventiva, de 22 de noviembre de 2022, en la que, por Auto Interlocutorio de la misma fecha, se resolvió rechazar la cesación a la detención preventiva solicitada por Daniel Vahid Nouri Dorado -ahora accionante-, mismo que fue impugnado por la parte civil conforme al art. 251 del CPP (fs. 2 a 10).
El impetrante de tutela a través de su representante, alegó la vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad, a la vida, al debido proceso vinculado al principio de celeridad, a la defensa, a una justicia pronta y a ser oído por autoridad jurisdiccional competente; toda vez que, la audiencia de cesación a la detención preventiva, fue suspendida por la Jueza demandada por existir una apelación pendiente de la parte civil contra el Auto Interlocutorio de 22 de noviembre de 2022, acto lesivo a sus derechos y la jurisprudencia constitucional, siendo que la impugnación es en el efecto no suspensivo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
A través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, el Tribunal Constitucional estableció que la finalidad del hábeas corpus -ahora acción de libertad-traslativo o de pronto despacho, es “…acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras). En ese mismo sentido, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, sostuvo que: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).
Sobre esta temática, la SCP 0838/2014 de 30 de abril, refirió lo siguiente: “En virtud a lo expuesto, corresponde señalar que las solicitudes de modificación de medidas cautelares, cuando se funde en nuevos elementos o argumentos tendientes a demostrar que ya no se presentan los motivos que determinaron la aplicación de esas medidas, deben ser tramitadas por los jueces y tribunales, con independencia de la existencia de una apelación en trámite (…).
Cabe aclarar que dicha conclusión bajo ninguna circunstancia implica generar disfunciones procesales ni dualidad de resoluciones en la misma vía ordinaria, por cuanto, se reitera, la nueva solicitud de modificación de medidas cautelares tiene un sustento diferente a la resolución que se encuentra impugnada y, por lo mismo, no existiría la posibilidad de que se emitieran dos resoluciones contradictorias; pues, se repite, el fundamento de ambas resoluciones sería distinto. Así las cosas, encontrándose formulada -por parte de la víctima-, apelación incidental contra el auto de aplicación de medidas cautelares (como sucedió en el presente caso) y paralelamente el imputado -hoy accionante- pidió cesación de la detención preventiva; en el marco del principio de favorabilidad, corresponde atender la cesación a la detención preventiva con la mayor celeridad; pues en el supuesto caso de que el juez cautelar determine revocar las medidas cautelares y disponer la aplicación de medidas sustitutivas, no significa que la víctima o querellante y el propio Ministerio Público a partir de un eventual resultado del recurso de apelación interpuestos por estos últimos (a la medida cautelar) puedan solicitar la modificación de la medida sustitutiva e incluso pueden apelar la propia resolución que otorgó dicho beneficio al imputado; pero de ninguna manera puede ser justificativo que la solicitud de cesación a la detención preventiva sea suspendida y condicionada al resultado del recurso de apelación interpuesto por la víctima; el resultado de ambas resoluciones sería distinto, pero inclusive -como se dijo- existe la posibilidad de que el querellante o el fiscal puedan solicitar la modificación de las medidas sustitutivas en su caso” (las negrillas son añadidas).
El accionante alegó la vulneración de sus derechos a la libertad, a la dignidad, a la vida, al debido proceso vinculado al principio de celeridad, a la defensa, a una justicia pronta y a ser oído por autoridad jurisdiccional competente; toda vez que, la audiencia de cesación a la detención preventiva, fue suspendida por la Jueza demandada por existir una apelación pendiente de la parte civil contra el Auto Interlocutorio de 22 de noviembre de 2022, acto lesivo a sus derechos y la jurisprudencia constitucional, siendo que la impugnación es en el efecto no suspensivo. De lo expuesto y de la revisión de antecedentes que motivaron la interposición de esta acción de defensa, se establece que la parte civil interpuso apelación contra el Auto Interlocutorio de 22 de noviembre de 2022 (Conclusión II.1), la que no fue gestionada por la parte apelante y no fue remitida al superior en grado; empero, ante la nueva solicitud de cesación a la detención preventiva del accionante, la autoridad demandada suspendió el acto procesal por encontrarse pendiente la resolución de apelación interpuesta por la parte civil. En este contexto, resulta evidente que la demandada, incurrió en una dilación indebida, ante la negativa de llevar adelante la audiencia de cesación a la detención preventiva, bajo el fundamento de que estaría pendiente el pronunciamiento de la apelación; sin considerar que, ambas resoluciones son de carácter distinto, situación que constituye un hecho arbitrario y amerita la concesión de la tutela conforme el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, más aún si se toma en cuenta que fue la víctima quien interpuso en audiencia la apelación incidental y no así el denunciado -ahora accionante-, quien esta privado de libertad y no puede estar condicionada a que se resuelva una apelación incidental, que además tiene un efecto “no suspensivo”, ello en virtud al principio de favorabilidad y tomando en cuenta que un recurso de apelación pendiente sobre medidas cautelares, no causan estado y pueden ser interpuestas, modificadas e incluso cesar antes de la ejecutoria de la sentencia; por lo que, en mérito a las características de dichas medidas, su finalidad, objetivo y los criterios para su interpretación, no resulta razonable restringir las solicitudes de modificación de medidas cautelares cuando se funden en nuevos elementos o argumentos tendientes a demostrar que ya no se presentan los motivos que determinaron la aplicación de esas medidas. Por ello, tales solicitudes deben ser tramitadas por los jueces y tribunales, con independencia de la existencia de una apelación en trámite y cuando se resuelva la apelación, si el resultado fuere desfavorable, la normativa faculta a la parte perjudicada usar los medios legales para impugnarla. A lo entendido cabe añadir que es evidente que la nueva petición de cesación se funda en la pretensión del hoy accionante de obtener su libertad o beneficiarse con la imposición de una medida cautelar menos gravosa a partir de la finalidad (que él persigue) de desvirtuar la concurrencia de los peligros de obstaculización y riesgos procesales que motivan su detención preventiva. Mientras que, la apelación pendiente de pronunciamiento, versa sobre otros fundamentos fácticos y jurídicos que tienden a sostener una finalidad diferente, considerando que la apelación fue realizada por la parte acusadora (víctima) quien busca en contrasentido consolidar presupuestos para mantener la medida; por lo que, en el caso de análisis no se advierte que concurran dos peticiones con idéntica finalidad en la nueva solicitud de cesación a la detención preventiva y el recurso de apelación pendiente de pronunciamiento.
En ese sentido, correspondía que la Jueza demandada desarrolle con normalidad la audiencia que ya había sido instalada; sin embargo, al no llevar a cabo la misma bajo los argumentos desarrollados precedentemente, inobservaron el principio de celeridad y la diligencia debida en un trámite relacionado a la libertad personal del accionante, aspecto que determina se conceda la tutela impetrada, siendo la acción de libertad de pronto despacho la vía idónea para el presente caso, conforme se establece en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Finalmente, en lo concerniente a la violación al derecho a la vida y a la dignidad del accionante; sobre el particular, cuando se denuncia una presunta transgresión o amenaza a los citados derechos, no debe limitarse a una simple enunciación, por cuanto; este Tribunal analiza si realmente se está ante una lesión o peligro directo, lo cual, en el caso concreto no se acreditó de ninguna forma cómo se hubieran transgredido dichos derechos, así se tiene del análisis efectuado de los antecedentes y de lo manifestado tanto en audiencia de garantías de esta acción de defensa como en el escrito de la demanda; por lo que, al respecto no corresponde otorgar la tutela. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 26/22 de 16 de diciembre de 2022, cursante de fs. 33 a 35, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, bajo los mismos términos expuestos por la Sala Constitucional precitada. 2º Llamar la atención a Esther Estrella Montaño Ocampo, Jueza de Instrucción Penal Décima Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, por la dilación incurrida, para que actúe en lo posterior con la debida diligencia, más aun en casos de privados de libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0514_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3113fc83677998895e0fc8a1e7b7c06c8da67fc085bdbceda0522a0a8b88aea7
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