Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 1 de abril de 2026
Deniega la tutela
La accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la dignidad y a la libertad; puesto que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Publico, al haber sido rechazada su solicitud de cesación de la detención preventiva, interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo, “…hasta la presente fecha…” (sic) la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba no le notificó con el señalamiento de audiencia para resolver dicha impugnación, pese a que la ley establece que las solicitudes en caso de detenidos preventivos, deben ser atendidas con prontitud y diligencia, y esta retardación injustificada es considerada como un acto dilatorio que prolonga indebidamente su privación de libertad. Ante ello, la Secretaria demandada informo que, cumplió con el señalamiento de la audiencia extrañada, mediante decreto de 25 de septiembre de 2023, fijándose para el 12 de octubre de ese año, el cual ya fue notificado a las partes procesales, por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 4 de octubre de 2023, cursante de fs. 62 a 68 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0513/2026-S2 Sucre, 1 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 59157-2023-119-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 4 de octubre de 2023, cursante de fs. 62 a 68 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marcelo Sandoval Ayala en representación sin mandato de Filemón Rojas Santos contra Elizabeth Alejandra Bernal Colque, Secretaria de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 3 de octubre de 2023, cursante a fs. 1 y 3 a 6, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, se encuentra cumpliendo detención preventiva en el “…penal de San Pedro de Arani…” (sic) del departamento de Cochabamba. Al respecto, solicitó la cesación de dicha medida, cuya audiencia se realizó el 19 de septiembre de 2023, siendo rechazada por la Jueza de la causa, por lo que interpuso recurso de apelación incidental, el cual fue remitido el 25 de igual mes y año a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; sin embargo, “…hasta la presente fecha…” (sic) -se asume de interposición de la presente acción tutelar- no fue notificado con el señalamiento de audiencia para resolver dicha impugnación, pese a que la ley establece que las solicitudes en caso de detenidos preventivos, deben ser atendidas con prontitud y diligencia, y que esta retardación injustificada constituyó un acto dilatorio que prolonga indebidamente su privación de libertad.
Denunció la lesión de sus derechos a la dignidad y a la libertad, citando al efecto los arts. 22, 23, 73.I y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo se señale “…un día y hora próximo para que se resuelva la apelación incidental planteada...” (sic), y se lo notifique con dicho señalamiento en el plazo de veinticuatro horas.
Celebrada la audiencia virtual el 4 de octubre de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 61 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, por intermedio de su abogado, ratificó íntegramente el contenido de su memorial de acción de libertad y, ampliando sus fundamentos en audiencia, manifestó que: a) Las audiencias de medidas cautelares tienen carácter sumarísimo; asimismo, conforme al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el Tribunal de alzada debía resolver el recurso de apelación dentro del plazo de tres días; b) El “juzgado de Sentencia” remitió el legajo de apelación el 25 de septiembre de 2023 y, hasta antes de la interposición de la presente acción tutelar, no tuvo conocimiento de señalamiento alguno para la consideración de dicho recurso, motivo por el cual promovió esta acción de libertad; c) Respecto a la legitimación pasiva, sostuvo que los funcionarios judiciales pueden ser accionados cuando incurren en incumplimiento o desconocimiento de sus funciones legales; en ese sentido, el art. 94.I.14 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) establece que la Secretaria tiene el deber de controlar el vencimiento de los plazos procesales, bajo responsabilidad; d) Del informe presentado por la Secretaria demandada se advirtió que recién el día de la audiencia de acción de libertad -4 de octubre de 2023- se notificó con el señalamiento correspondiente, habiendo transcurrido más de una semana desde la remisión de antecedentes; y, e) Por ello, solicitó se conceda la tutela bajo la modalidad innovativa “…que también fue modulada por el Tribunal Constitucional a través de la S.C. 98/20198-S3…” (sic), la cual establece que la acción de libertad innovativa tiene por finalidad evitar la reiteración de actos que vulneren derechos fundamentales como la libertad. En ese marco, pidió que se llame la atención a la funcionaria demandada para evitar la repetición de actuaciones similares.
Elizabeth Alejandra Bernal Colque, Secretaria de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito cursante de fs. 50 a 50 vta., señaló que: 1) Si bien los antecedentes del caso fueron remitidos a dicha Sala el 25 de septiembre de 2023, no es evidente que no se hubiera efectuado señalamiento de audiencia, toda vez que la misma fue fijada mediante decreto de esa misma fecha para el 12 de octubre de 2023, a horas 14:30, dentro del trámite de consideración del recurso de apelación de medidas cautelares, habiéndose dispuesto además la notificación a todos los sujetos procesales; 2) No obstante, si hasta la presentación de la acción de libertad no se había materializado la notificación correspondiente, ello obedeció -según el informe emitido por la Oficial de Diligencias- a la excesiva carga procesal existente en la Sala Penal Cuarta, que se encontraba ejecutando un plan de descongestionamiento dispuesto por el Tribunal Supremo de Justicia, con numerosas causas en trámite y apoyo de personal proyectista. Por tal motivo, la Oficial de Diligencias debía atender múltiples actuaciones, incluso fuera del horario laboral, llegando a efectuar diligencias a horas 20:00 y 21:00; 3) La fecha de audiencia fue fijada considerando la saturación de la agenda, en la que se celebraban entre diez y veinte audiencias diarias, muchas de ellas relacionadas con personas privadas de libertad. Asimismo, el Tribunal de alzada, en observancia de los principios de celeridad e inmediatez, priorizaba las causas de personas privadas de libertad, incluso mediante la habilitación de horas extraordinarias. Por ello, si bien el art. 251 del CPP prevé un plazo de tres días, el art. 130 del mismo cuerpo legal permite la suspensión de plazos por causas de fuerza mayor; y, 4) En mérito a lo expuesto, solicitó se deniegue la tutela impetrada.
Samuel Pérez Villanueva, en representación del Ministerio Público, manifestó en audiencia que el proceso penal seguido contra el accionante ya contaba con sentencia condenatoria emitida en primera instancia y que la privación de libertad del imputado había sido dispuesta por autoridad jurisdiccional competente. En consecuencia, no existía una prolongación indebida de la detención preventiva, máxime cuando los antecedentes fueron remitidos al Tribunal de alzada el 25 de septiembre de 2023 y la audiencia de consideración del recurso de apelación fue señalada para el 12 de octubre del mismo año. Asimismo, sostuvo que no existió omisión en el señalamiento de audiencia ni vulneración alguna al derecho a la libertad del impetrante de tutela.
El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución de 4 de octubre de 2023, cursante de fs. 62 a 68 vta., concedió la tutela solicitada y dispuso: i) Exhortar a la Secretaria demandada a dar estricto cumplimiento a los plazos previstos en las disposiciones legales relativas al señalamiento de audiencias para la consideración de recursos de apelación de medidas cautelares, a fin de evitar futuras vulneraciones de derechos y garantías constitucionales, así como al cumplimiento de las obligaciones administrativas y jurisdiccionales inherentes a los funcionarios de apoyo judicial; y, ii) Reprogramar la audiencia de consideración del recurso de apelación dentro de los plazos establecidos por la normativa procesal penal, con base en los siguientes fundamentos: a) El accionante solicitó la cesación de su detención preventiva, pretensión que fue rechazada, en audiencia celebrada el 19 de septiembre del citado año, motivo por el cual interpuso recurso de apelación conforme al art. 251 del CPP, remitiéndose los antecedentes a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba el 25 del referido mes y año, a horas 17:50; b) Mediante decreto de esa misma fecha, la Secretaria demandada señaló audiencia virtual para el 12 de octubre ese año a horas 15:00 y dispuso la notificación a las partes; sin embargo, dichas diligencias fueron practicadas recién el 4 de igual mes y año, a horas 8:04, mediante medios electrónicos, concretamente a través de WhatsApp; c) Si bien el señalamiento de audiencia fue realizado oportunamente, no ocurrió lo mismo con la notificación correspondiente, la cual fue efectivizada de manera tardía. La demora fue atribuida a la elevada carga laboral de la Oficial de Diligencias; sin embargo, la Secretaria demandada tenía el deber de supervisar y controlar el cumplimiento de las funciones asignadas al personal de apoyo judicial; d) Dicha obligación no fue observada adecuadamente, evidenciándose una falta de control y supervisión sobre las labores de la Oficial de Diligencias, situación que derivó en la lesión del derecho al debido proceso en su elemento de celeridad, vinculado al derecho a la libertad del impetrante de tutela; e) Aunque la notificación con el señalamiento de audiencia finalmente fue practicada, ello ocurrió con posterioridad a la interposición de la acción de libertad. Por tal motivo, correspondía conceder la tutela bajo la modalidad innovativa, con la finalidad de evitar la reiteración de este tipo de conductas y advertir a la funcionaria demandada sobre el cumplimiento de sus obligaciones; y, f) La audiencia de consideración del recurso de apelación incidental fue fijada para el 12 de octubre de 2023, excediendo el plazo de tres días previsto por la normativa procesal penal y, en virtud de lo “…ampliado por el accionante en la presente acción de libertad solicitando que se ordene (…) que se reprograme la audiencia dentro de los plazos establecidos…” (sic). En consecuencia, se ordenó la reprogramación de dicha audiencia dentro del plazo establecido por el art. 251 del CPP, en observancia del principio de celeridad.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por providencia de 25 de septiembre de 2023, Elizabeth Alejandra Bernal Colque, Secretaria de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandada-, señaló audiencia virtual -de consideración de recurso de apelación de medida cautelar- para el 12 de octubre de dicho año a horas 15:00, determinación con la que fue notificado Filemón Rojas Santos -hoy accionante- el 4 de ese mes y año, a horas 8:04 (fs. 58 a 59).
La accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la dignidad y a la libertad; puesto que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Publico, al haber sido rechazada su solicitud de cesación de la detención preventiva, interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo, “…hasta la presente fecha…” (sic) la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba no le notificó con el señalamiento de audiencia para resolver dicha impugnación, pese a que la ley establece que las solicitudes en caso de detenidos preventivos, deben ser atendidas con prontitud y diligencia, y esta retardación injustificada es considerada como un acto dilatorio que prolonga indebidamente su privación de libertad. Ante ello, la Secretaria demandada informo que, cumplió con el señalamiento de la audiencia extrañada, mediante decreto de 25 de septiembre de 2023, fijándose para el 12 de octubre de ese año, el cual ya fue notificado a las partes procesales, por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la CPE consagran los principios de debido proceso, seguridad jurídica, celeridad y tutela judicial efectiva, imponiendo a las autoridades judiciales el deber de garantizar una administración de justicia pronta, oportuna y sin dilaciones indebidas. En materia penal, dicho deber adquiere mayor relevancia cuando el imputado se encuentra privado de libertad, pues las autoridades judiciales tienen la obligación de ejercer control jurisdiccional permanente sobre la legalidad y vigencia de la detención preventiva, así como de tramitar con la debida diligencia todas las actuaciones relacionadas con la situación jurídica del procesado. Con base en ello, la SCP 0561/2024-S2 de 5 de septiembre estableció que: “…dentro de un enfoque de aplicación genérica tanto la autoridad judicial que conoce determinada causa penal como el juez de ejecución penal, tienen la atribución y deber de constituirse en garantes del respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales y/o convencionales de las y los privadas/os de libertad, en el marco de cuya labor de ejercicio del control jurisdiccional, queda afianzado que cualquier situación o circunstancia que pudiese considerarse atentatoria a los mismos, debe ineludiblemente ser puesta a conocimiento de una de dichas autoridades judiciales -según sea pertinente-”. En ese sentido, el deber de los jueces de instrucción penal de realizar el control jurisdiccional -conforme a la Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)- no solo se realizará sobre el Ministerio Público y la Policía (art. 279 del CPP), sino frente a terceros, como testigos, peritos, etc., y respecto a su propio personal, como sucede con secretarios-abogados, notificadores y auxiliares. Por ello, el art. 135 del CPP estipula que: “El incumplimiento de los plazos establecidos en este Código dará lugar a la responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario negligente”, concordante con el art. 187.2 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que prevé como falta grave cuando: “No promueva la acción disciplinaria contra su personal auxiliar, estando en conocimiento de alguna falta grave”, lo que denota el poder de control y el deber de resguardo de derechos y garantías que tienen las autoridades judiciales sobre su personal, constituyendo un mecanismo idóneo frente a las actuaciones de dicho personal auxiliar. El reconocimiento de las autoridades judiciales como recurso idóneo frente al personal auxiliar en la jurisprudencia boliviana se produce incluso desde la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, salvo que se presenten sub-reglas, como sucede con casos en los que se afecta el derecho a la vida, los derechos de menores, etc.
De antecedentes se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión del delito de abuso sexual, en audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva celebrada el 19 de septiembre de 2023, el Juez de la causa pronunció Auto Interlocutorio rechazando su petición; a cuyo efecto, el prenombrado interpuso recurso de apelación incidental; sin embargo, “hasta la presente fecha” la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba no le notificó con el señalamiento de audiencia para resolver dicha impugnación.
Ahora bien, conforme al desarrollo jurisprudencial expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el entendido de que, el accionante, no señaló, ni demostró que hubiese efectuado reclamo ante los Vocales de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a efectos de hacer conocer la presunta omisión, ya que las referidas autoridades tienen competencia y atribuciones para resguardar los derechos de la parte impetrante de tutela; de igual modo, controlar y hacer cumplir las funciones de su personal subalterno, sobre todo cuando pueda existir lesión al derecho a la libertad física, con la importancia y la prontitud adecuadas por ley, para el resguardo de dicho derecho. En ese sentido, es ineludible que se agoten los mecanismos procesales ordinarios; toda vez que, estos permiten la atención pronta y especifica de eventuales reclamos ante presuntas vulneraciones o transgresiones a derechos, convirtiéndose así en medios eficaces, que permitan canalizar de manera oportuna las observaciones advertidas debiéndose en caso de desatención interponer la acción de libertad contra la autoridad jurisdiccional. Al respecto, el impetrante de tutela contaba con la oportunidad de efectuar y viabilizar la omisión de la Secretaria demandada, ante los Vocales de la referida Sala Penal, máxime cuando el nombrado tenía conocimiento en la demora de su señalamiento de audiencia de recurso de apelación o con respecto a su notificación con la misma; por ende, conforme al Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, tenía la posibilidad de hacer conocer a los referidos Vocales las circunstancias que estarían afectando sus derechos. En ese entendido, este Tribunal se encuentra imposibilitado de examinar y analizar la presente acción tutelar, tomando en cuenta que, el impetrante de tutela, cuenta con las vías adecuadas para hacer conocer a los Vocales de la indicada Sala Penal, las situaciones que estarían generando vulneraciones a su persona y por ende a su situación jurídica, por ello, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 4 de octubre de 2023, cursante de fs. 62 a 68 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0513_2026-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3bf694e0a31bf9a604e578d51b5fd4d24f3d7e8c2929e90531ca682b5b3241a8
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