B.IA.LEGAL

SCP 0510/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 6 de junio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
6 de junio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
52530-2023-106-AL
Departamento
Beni
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante considera lesionado su derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso y a la libertad; alegando que, cumple la extrema medida de la detención preventiva; y, en audiencia de cesación de la detención preventiva de 26 de septiembre de 2022, presentó documentación destinada a ser valorada objetivamente por el Juez cautelar; a este efecto adjuntó: certificado de registro domiciliario, contrato de trabajo a futuro, certificado de antecedentes penales, informe psicológico; y, certificado de permanencia y conducta, mismo que fue negada bajo los arts. 234.7 y 235.2. del CPP. Posterior a ello, por Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2022, el Juez de la de causa resolvió negar su petición, motivo por el que planteó apelación incidental; audiencia que se realizó el 5 de diciembre del mismo año; donde el Vocal -ahora demandado-, mediante Auto de Vista 314/2022, confirmó el fallo impugnado de cesación de la detención preventiva. Corresponde ahora en revisión, analizar si sus argumentos son evidentes con el fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2022 de 13 de diciembre, cursante de fs. 35 a 36 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Beni; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0510/2025-S3 Sucre, 6 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 52530-2023-106-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución 05/2022 de 13 de diciembre, cursante a fs. 35 a 36 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Josué Cáceres Monzón contra Haider Echalar Justiniano, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 12 de diciembre de 2022, cursante a fs. 1 y 3 a 5 vta., el accionante, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Se encuentra sometido a un proceso penal, por la presunta comisión del delito de violación, en el cual le impusieron casi todos los riesgos procesales, cumpliendo la extrema medida de la detención preventiva; y, en audiencia de cesación de la detención preventiva de 26 de septiembre de 2022, presentó documentación destinada a ser valorada objetivamente por el juez cautelar. A ese efecto adjuntó: certificado de registro domiciliario, contrato de trabajo a futuro, certificado de antecedentes penales, informe psicológico; y, certificado de permanencia y conducta, mismo que fue negada bajo los arts. 234.7 y 235.2. del Código de Procedimiento Penal (CPP). Posterior a ello, nuevamente en audiencia de cesación de la extrema medida de 8 de noviembre del mismo año, resolvió negar su petición, motivo por el que planteó apelación incidental; audiencia que se realizó, el 5 de diciembre del referido año; a tal efecto, el Vocal -ahora demandado- por Auto de Vista 314/2022 de igual data, confirmó el Auto Interlocutorio impugnado, sin haber valorado las pruebas.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la seguridad jurídica, al debido proceso y a la libertad; citando al efecto los arts. 115, 117 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela disponiendo: su cesación de la detención preventiva; y, ordene al Vocal de la Sala Penal, imponga medidas cautelares de carácter personal para asegurar su presencia dentro el proceso.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 13 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 32 a 34, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogada, en audiencia ratificó los argumentos expuestos en su demanda tutelar; y ampliándolos señaló que: a) En audiencia de cesación de la detención preventiva de 26 de septiembre de 2022, exhibió certificado de registro domiciliario, demostró la lejanía de su persona con la supuesta víctima; b) Presentó certificado de trabajo a futuro de la actividad laboral de una empresa; c) A través del certificado de antecedentes penales, no registra antecedente alguno; d) Adjuntó informe psicológico elaborado por un profesional, mencionó los arts. 7 y 17 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), indicó que los encargados de dar informes psicológicos, son los profesionales del régimen penitenciario, peritos en esta área; y, encargados de brindar informes a los privados de libertad. Asimismo, permite evaluar al privado de libertad y determinar que no es un riesgo para la víctima, ni para la sociedad; e) Presentó certificado de permanencia y conducta emitido por el director del Centro Penitenciario de Mocoví de Beni, donde demostró que, no tuvo altercado o pelea dentro el centro penitenciario de varones; f) Con el fin de desvirtuar el riesgo procesal de obstaculización, referente al 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), nuevamente refirió el informe psicológico, indicando que se adjuntó para demostrar que, no es un riesgo para la víctima, ni para la sociedad; g) Mencionó el art. 115 de la CPE, refiriéndose que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de su derecho e intereses legítimos; y, que goza de una garantía constitucional, como la presunción de inocencia, el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; y, h) Se interpuso la acción tutelar contra el Vocal hoy demandado, quien confirmó íntegramente la resolución de cesación de la detención preventiva dictada por Auto de Vista 314/2022, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Beni.

I.2.2. Informe del demandado

Haider Echalar Justiniano, Vocal de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, no presentó informe escrito alguno, tampoco asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 17. 1.2.3. Intervención del Ministerio Público Marcelo Flores, Fiscal de Materia en audiencia de garantías señaló que: 1) El Estado constitucional con el transcurso del tiempo logró afirmar un sistema de régimen garantista, que no es sinónimo de favorabilidad a la impunidad. Se acostumbró a escuchar la vulneración de derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia y la defensa, cuando no se menciona de qué forma se agravian o causan la vulneración de esos derechos y garantías constitucionales. La jurisprudencia en relación a la acción de libertad, en sus seis modalidades: reparadora, preventiva, correctiva, traslativa o de pronto despacho, instructiva e innovativa; no se tiene una fundamentación y argumentación sobre qué tipo de acción recaería; 2) Se entiende que, la vulneración de un derecho constitucional sobre una errónea valoración de las pruebas vinculadas al debido proceso, puede ser tutelado a través de una acción de amparo constitucional, con la finalidad de garantizar el acceso al reclamo de un derecho vulnerado; 3) Dentro de las acciones de libertad, consideró que la lesión al debido proceso, se enmarca a la acción de libertad reparadora; y, tiene dos condiciones, al efecto señaló la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, la causalidad directa o indirecta entre el acto lesivo y la libertad; asimismo, la subsidiariedad excepcional, no tiene una relación sobre estos requisitos, ni demostró la causalidad directa o indirecta respecto al acto lesivo de libertad; 4) La presunción de inocencia, es un derecho constitucional que no se desconoce y que en todo el proceso, no se negó ningún acceso ante el Órgano Judicial y Ministerio Público, para el ejercicio de sus derechos constitucionales; 5) Señaló que la seguridad jurídica ya no es un derecho, es un principio que no está tutelado por las acciones constitucionales, refirió la SCP 2324/2010-R de 19 de noviembre, concordante con la SCP 0096/2010-R de 4 de 6) Históricamente existió grupos vulnerables entre los cuales están: indígenas, mujeres y niños como en el presente caso, una acusación por el supuesto delito mayo; además, indico que el acceso a la justicia no se le fue negado; de violación; asimismo, indicó que se tiene programado otra audiencia de cesación 7) Sobre la nueva valoración de la prueba por parte del Tribunal de Sentencia de la detención preventiva y nuevamente se volverá a debatir el referido tema; Penal Segundo de la Capital del departamento de Beni, es cuestión de procedimiento, las erróneas valoraciones e interpretaciones, tendrían que estar conectado con la vulneración del derecho a su locomoción del accionante de tutela; 8) El Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2022 y el Auto de Vista 314/2022 de 5 de diciembre, están debidamente fundamentados y motivados de acuerdo al bloque de constitucionalidad y el enfoque que establece la norma protectora de los niños a partir de la modificación de la Ley de Protección a las Victimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente, imponiéndose medidas más severas con relación a la cesación de detención preventiva, cuando recaen los delitos en mujeres y menores de edad; y, 9) Solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.4. Intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia

Liza María Aldurralde, representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, refirió que, se tiene que velar el interés superior del niño, niña y adolescente, haciendo alusión a los arts. 188 del Código Niño, Niña y Adolescente (CNNA) y 60 de la CPE. Asimismo, se adhirió a lo manifestado por el Ministerio Público, solicitando se deniegue la tutela demandada.

I.2.5. Resolución

La Jueza de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Beni, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 05/2022 de 13 de diciembre, cursante de fs. 35 a 36 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) No se tiene identificado la corriente de la vulneración de derechos y los fundamentos de sus recursos en la presente acción de libertad, en cuanto al debido proceso y a la seguridad jurídica; y, que hubiera manifestado que se ordene al ad quem, una disposición de medidas de carácter personal; ii) Se tiene el Auto de Vista 245/2022 de 5 de octubre, emitido en el recurso de apelación incidental con el tenor falta de valoración íntegra de la documental, traída a la solicitud de audiencia de cesación de la detención preventiva; y, que el ad quem, hubiese declarado procedente, disponiendo la nulidad íntegra del Auto Interlocutorio emitido el 26 de septiembre de 2022, dictado por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Beni, otorgó un plazo de tres días para que emita nueva resolución con fundamentación y motivación de todos los elementos de prueba, identificando cada una de las pruebas para llegar a una resolución de rechazo; iii) El 7 de noviembre de 2022, se realizó otra audiencia de cesación de la detención preventiva, pronunciándose el Auto Interlocutorio del recurso de apelación por falta de fundamentación y motivación; iv) Se llevó a efecto, la audiencia de apelación, se emitió el Auto de Vista 314/2022 de 5 de diciembre, en el considerando dos, manifiesta y concluye, la ratificación del Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2022, estableció que es correcto la valoración de las pruebas, inclusive se extendió el Juez ad quem, en manifestar que el informe pericial a efectos de tener una mayor precisión a los hechos delictivos en menores, debió tener una descripción analítica, definitiva en cuanto a la personalidad patológica; y, que simplemente hizo una valoración de puntuación, indicando nulo; empero, bajo que indicador, no estableció sobre que, síndrome se tiene que identificar cada uno de los puntos peritados, a efectos de determinar la precisión, si es viable o no el peligro procesal para la víctima; v) El Vocal demandado, inclusive dentro del recurso de apelación ingresó a la revisión de dicha motivación al Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2022, estableció que el informe pericial, adolecía de una descripción puntual, analítica y descriptiva que debió contener; y, que no se hubiera desarrollado la parte de la personalidad patológica; motivo por el que, confirmó íntegramente la resolución de rechazo en cuanto a la audiencia y al Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2022, por no contener la fundamentación establecida en el art. 213 del CPP; vi) Por principio de legalidad del referido artículo, el dictamen debió ser fundamentado y contener de manera clara y precisa la relación de las operaciones practicadas, las observaciones de las partes o de sus consultores técnicos y las conclusiones que se formulasen respecto a cada tema pericial; vii) El art. 213 del CPP, refiere al dictamen que debe contener requisitos de manera clara y precisa en la relación detallada de las operaciones practicadas, el cual aludió el informe pericial; viii) Refirió al informe psicológico de 7 de septiembre de 2022, los instrumentos que se realizaron, los resultados por áreas y las conclusiones son de 1 de septiembre del citado año; y, la audiencia fue solicitado para el 26 de septiembre del mismo año y luego se desarrolló otra audiencia para el 8 de noviembre del señalado año; el Vocal demandado sí hizo la valoración en su tiempo; sin embargo, por la data del informe, la prueba cumple un objetivo y el referido informe psicológico en el fondo mismo, no fue declarado ilegal, menos su improcedencia, si no que dentro las consideraciones de sus abogados, faltó un poco de fundamentación; y, ix) Las partes pueden presentar su cesación a la detención preventiva, considerando las observaciones realizadas al efecto y las previsiones contenidas al art. 239.1 del CPP, aclarando que no se adjuntó dentro de los antecedentes, el Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2022; empero, se revisó la audiencia correspondiente.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa fotocopia legalizada del acta de audiencia de apelación incidental de régimen de medidas cautelares de 5 de diciembre de 2022 (fs. 25 a 28). II.2. Mediante Auto de Vista 314/2022 de la misma fecha, el Vocal demandado, confirmó íntegramente el Auto Interlocutorio de cesación a la detención preventiva de 8 de noviembre de 2022 (fs. 29 a 31 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante considera lesionado su derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso y a la libertad; alegando que, cumple la extrema medida de la detención preventiva; y, en audiencia de cesación de la detención preventiva de 26 de septiembre de 2022, presentó documentación destinada a ser valorada objetivamente por el Juez cautelar; a este efecto adjuntó: certificado de registro domiciliario, contrato de trabajo a futuro, certificado de antecedentes penales, informe psicológico; y, certificado de permanencia y conducta, mismo que fue negada bajo los arts. 234.7 y 235.2. del CPP. Posterior a ello, por Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2022, el Juez de la de causa resolvió negar su petición, motivo por el que planteó apelación incidental; audiencia que se realizó el 5 de diciembre del mismo año; donde el Vocal -ahora demandado-, mediante Auto de Vista 314/2022, confirmó el fallo impugnado de cesación de la detención preventiva. Corresponde ahora en revisión, analizar si sus argumentos son evidentes con el fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

La SCP 0125/2024-S1 de 16 de mayo señalo que: El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la (…)

III.1.1. La exigencia de fundamentación y motivación de las Las resoluciones de los tribunales de apelación y la resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal

(…)

Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia. Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que: …la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva. Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria. En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora (Las negrillas nos corresponden).

III.2. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional

Al respecto, la SCP 0125/2024-S1 de 16 de mayo, sostuvo que; El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0025/2018-S2 de 28 de febrero, 0238/2018-S2 de 11 de junio, 0297/2018-S2 de 25 de junio, a partir de una sistematización de la jurisprudencia constitucional, desarrolló el siguiente razonamiento: El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedentes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, sostiene que también era posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento.

En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: a) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento.

Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia: …se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente. En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor, el garantizar un real acceso a la justicia constitucional. A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: 1) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; 2) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: 2.i) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2.ii) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 2.iii) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; 3) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, 4) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales. (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la seguridad jurídica, al debido proceso y a libertad; toda vez que, cumple la extrema medida de la detención preventiva; y, en audiencia de cesación de la detención preventiva de 26 de septiembre de 2022, presentó documentación destinada a ser valorada objetivamente por el Juez cautelar, a este efecto adjuntó: certificado de registro domiciliario, contrato de trabajo a futuro, certificado de antecedentes penales, informe psicológico; y, certificado de permanencia y conducta, mismo que fue negada bajo los arts. 234.7 y 235.2 del CPP. Posterior a ello, por Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2022, resolvió negar su petición, motivo por el que planteó apelación incidental, audiencia que se realizó el 5 de diciembre del mismo año, donde el Vocal -ahora demandado-, mediante Auto de Vista 314/2022, confirmó el fallo impugnado de cesación de detención preventiva. De la revisión de los antecedentes plasmados en conclusiones, el acta de audiencia de apelación incidental de régimen de medidas cautelares de 5 de diciembre de 2022 (Conclusión II.1); y, el Auto de Vista 314/2022, el Vocal demandado, confirmó íntegramente el Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2022 (Conclusión II.2). De acuerdo al entendimiento expresado en la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el Tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP; El Vocal ahora demandado, ha momento de emitir el Auto de Vista 314/2022, realizó una revisión integral del fallo del Juez que impuso la medida cautelar, valorando las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonablemente la existencia de riesgos procesales, confirmando íntegramente el Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2022, debidamente motivada y fundamentada, manteniendo la detención preventiva del accionante.

En ese contexto, conforme al Fundamento Jurídico III.2, del presente fallo constitucional, debe tenerse en cuenta que la valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; los antecedentes arrimados al expediente, permiten colegir que el Vocal demandado, en audiencia de apelación, basado en la verdad material y a objeto de considerar el riesgo previsto en el art. 234.7 del CPP, observó el informe psicológico, por no contar con la fundamentación establecida en el art. 213 de CPP, que refiere que el dictamen será fundamentado y contendrá de manera clara y precisa la relación detallada de las operaciones practicadas y sus resultados, las observaciones de las partes o de sus consultores técnicos y las conclusiones que se formulen respecto a cada tema pericial; asimismo, una relación clara y precisa de las operaciones periciales practicadas en sus resultados, las observaciones de las partes a efecto de que los mismos tengan conocimiento de poder ampliarlo o conservar alguna situación jurídica para tener un equilibrio en cuanto a algún punto que sea objetiva o subjetivo y pedir las especificaciones que sean demandado concluyó que , tampoco se tiene la descripción analítica, descriptiva en cuanto a la personalidad patológica, simplemente hace correspondientes; situación que no se ha cumplido. El Vocal una valoración de puntuación, no indica sobre que síndrome clínico debe identificarse cada uno de los puntos peritados a efectos de poder determinar con precisión si es o no viable el peligro procesal para la víctima, parámetros que no se cumplieron con el dictamen pericial; en ese contexto, se colige que la mencionada autoridad aplicó el principio de objetividad en cuanto a la valoración de todos los elementos de prueba pregonados en los arts. 3 y 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), concordante con el arts. 124 y 173 del CPP; por lo que, no se advierte actuación indebida por parte de la autoridad demandada y por ende, no se evidencia vulneración a derecho alguno del peticionante de tutela, correspondiendo, denegar la tutela incoada. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 05/2022 de 13 de diciembre, cursante de fs. 35 a 36 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Beni; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0510_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 49a4b1b43dba8a529e4d6346492cc33be69fa3da7b0b2e1911a9b28c205ce7a4

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