B.IA.LEGAL

SCP 0503/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 6 de junio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
6 de junio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
52539-2023-106-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; alegando que, dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de robo agravado, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Tapacari del departamento de Cochabamba, declinó competencia en razón de territorio, ordenando la remisión del cuaderno procesal al Juzgado de Instrucción Penal de Viacha del departamento de La Paz; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar: i) El Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, omitió enviar su proceso ante el citado Juzgado y/o al Juez de turno de El Alto, por la vacación judicial; y, ii) El Fiscal Departamental de La Paz, no asignó un Fiscal de Materia para el municipio de Viacha, a objeto de asumir la dirección funcional del mismo; ocasionando ambas autoridades su estado de indefensión, al no existir juez natural ni fiscal asignado al cual acudir. Por lo que, solicitó se conceda la tutela, consecuentemente, se ordene a las autoridades demandadas: a) La remisión de los antecedentes de su cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado de Instrucción Penal de Viacha y/o al Juzgado de Turno de El Alto, ambos del departamento de La Paz; y, b) El sorteo en el día de un Fiscal asignado para el municipio de Viacha. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 06/2022, de 9 de diciembre de 2022, cursante de fs. 31 a 33 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz y, en consecuencia, 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto a Eddy Arequipa Cubillas, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, únicamente por la demora en la remisión del caso ante el Juzgado de Instrucción Primero de El Alto, que se hallaba de turno durante el receso de fin de año; sin disponer la remisión, por haber sido ya materializada. 2° Exhortar al Presidente del Tribunal departamental de Justicia de La Paz, para que en sucesivo tome previsiones para la remisión inmediata de los expedientes relativos a los procesos con detenidos recibidos en el último día hábil antes de la vacación judicial, garantizando que el encausado cuente con autoridad judicial competente. 3° DENEGAR la tutela solicitada con relación al Fiscal Departamental de La Paz, demandado; y, por la denuncia de la demora en la remisión a Juzgado de Instrucción de Viacha, por existir cosa juzgada constitucional, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La cosa juzgada constitucional
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0503/2025-S3 Sucre, 6 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52539-2023-106-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 06/2022 de 8 de diciembre, cursante de fs. 31 a 33, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rolando Mita Jiménez contra Eddy Arequipa Cubillas, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 8 de diciembre de 2022, cursante de fs. 10 a 13 vta., el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de robo agravado, radicado ante el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Tapacari del departamento de Cochabamba, por Auto Interlocutorio de 28 de octubre de 2022, la Jueza de la causa, declinó competencia en razón de territorio, al Juzgado de Instrucción Penal de Viacha del departamento de La Paz, disponiendo que previo los trámites de rigor, se remitan los actuados ante el mencionado despacho; sin embargo, al presente, no se cumplió con la remisión dispuesta, ni se sorteó la causa a un “Fiscal Asignado”. Por tal motivo, el 5 de diciembre del indicado año, mediante memorial presentado ante el Fiscal Departamental de La Paz -codemandado-, impetró sortee un Fiscal de Materia para el municipio de Viacha; empero, hasta la fecha, no designó alguno para dicho asiento fiscal; y peor aún, el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento -demandado-, tampoco remitió su legajo procesal al “Juzgado de Instrucción Penal de Viacha” y/o lo sorteó a otro Juzgado de Instrucción Penal de turno de El Alto, y si bien según informes vertidos por la Jueza de origen, así como por el Fiscal de Materia asignado al caso de la localidad de Tapacari, en la audiencia de otra acción de libertad que formuló, el 7 de diciembre de 2022, manifestaron que el 1 de diciembre y 26 de noviembre de igual año, habrían remitido tanto el cuaderno de control jurisdiccional, como el de investigaciones a la Fiscalía Departamental de Cochabamba, dichos extremos no eran evidentes; por cuanto, reitera, hasta la interposición de la presente acción tutelar, no cuenta con un Juez natural, menos un director de la investigación, ocasionando las autoridades demandadas su estado de indefensión, al no tener control jurisdiccional o fiscal asignado al cual acudir.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, citando al efecto los arts. 109, 110, 115, 116, 120 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) La remisión de los antecedentes de su cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado de Instrucción Penal de Viacha y/o al Juzgado de Turno de El Alto, ambos del departamento de La Paz; y, b) El sorteo en el día de un Fiscal asignado para el municipio de Viacha.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública de 9 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 28 a 30, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante en audiencia ratificó el contenido de su memorial de acción tutelar y ampliándolo señaló que: 1) Mediante Auto Interlocutorio de 28 de octubre de 2022, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Tapacari del departamento de Cochabamba, declinó competencia en razón de territorio, ordenando la remisión de antecedentes al Juzgado de Instrucción Penal de Viacha del departamento de La Paz; sin embargo, hasta la fecha no se cumplió con la remisión del cuaderno procesal ni el de investigaciones por parte del Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, tampoco del Fiscal Departamental demandado, quien asimismo omitió designar un Fiscal de Materia en Viacha, para que se hiciera cargo de la presente causa; por lo cual, al no existir un juez natural ni fiscal asignado, presentó acción de libertad contra la Jueza de control jurisdiccional y el Fiscal de Materia de Tapacari, quienes señalaron que el 26 de noviembre de 2022, se hizo llegar el cuaderno de investigaciones al Fiscal Departamental de Cochabamba y el 1 de diciembre del citado año, el legajo correspondiente al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; 2) A la fecha “9” -siendo lo correcto 8- de diciembre de 2022, no cuenta con un juez de control jurisdiccional, tampoco Fiscal asignado que realice las diligencias correspondientes, motivo por el cual, interpuso esta acción de defensa, al existir dilación indebida por más de tres días para remitir su legajo procesal, siendo aplicable la acción de libertad de pronto despacho desarrollada en la SCP 0036/2018-S2 de 6 de marzo; y, 3) Si bien las autoridades demandadas remitieron informe, señalando por una parte que su proceso ya contaba con un Fiscal asignado; por otra, que se cumplió con la remisión extrañada; sin embargo, debe establecerse la responsabilidad por la demora incurrida tanto el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, como por el Fiscal Departamental codemandado, a objeto de que el primero, remita actuados del cuaderno procesal en el día al Juzgado de Instrucción Penal de Viacha, y si se hallase haciendo uso de la vacación judicial, sea al Juzgado de turno de El Alto; y, el segundo, proceda al sorteo de un Fiscal asignado a la precitada localidad.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Iván Ramiro Campero Villalba, Decano en Ejercicio de la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de informe escrito presentado el 9 de diciembre de 2022, cursante a fs. 23 y vta., señaló lo siguiente: i) El expediente del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito de robo agravado, fue remitido a su similar de La Paz, por declinatoria de competencia, el 5 de diciembre de 2022, el último día de labores judiciales; por ello, emitió providencia disponiendo el envío al Juzgado de Instrucción Penal Primero de Viacha; sin embargo, debido a la distancia existente entre la ciudad de La Paz y el mencionado municipio, no alcanzaron a remitirlo; ii) Al tratarse de un caso con detenido y con la finalidad de no vulnerar derechos de las partes, por decreto de 6 del citado mes y año, en cumplimiento de la Circular 19/2022-SP-TDJLP de 29 noviembre, que establece el receso judicial del 6 al 30 de diciembre de igual año, determinó remitir la causa al Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de El Alto, al encontrarse el “Juzgado de Instrucción Penal de Viacha”, gozando de la vacación judicial anual; por consiguiente, a la fecha el expediente se encuentra en el referido Juzgado; iii) No incurrió en dilación alguna conforme se tiene de la nota de atención de remisión del proceso de 1 de diciembre de 2022, del decreto de 5 del señalado mes y año; por el cual, dando cumplimiento al Auto Interlocutorio de 28 de octubre de 2022, ordenó la remisión al Juzgado de Instrucción Penal Primero de Viacha del departamento de La Paz, mediante Plataforma de Atención al Público e Informaciones; y, iv) Corresponde emitir resolución, considerando que la providencia de remisión del expediente al municipio de Viacha, fue emitida el último día de la vacación judicial; asimismo, debe considerarse la distancia que existe entre dicha localidad y la ciudad de La Paz. William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz, representado por Gustavo Conde Solares, Fiscal de Materia, en audiencia informó lo siguiente: a) Mediante proveído de 6 de diciembre de 2022, la autoridad fiscal que representa, designó como director funcional de la investigación a Rubén Velázquez Monzón, Fiscal de Materia; y, b) Conforme lo establecido por la SC 1232/2013-L de 10 de octubre, es obligación del peticionante de tutela, acudir y apersonarse ante las oficinas de la autoridad ante quien formuló su solicitud para verificar si su memorial recibió la respuesta correspondiente; de acuerdo a las capturas de pantalla realizadas al Sistema Informático JL2 del Ministerio Público, el presente caso, ya fue asignado al mencionado Fiscal de Materia; por consiguiente, no se incurrió en ninguna dilación del proceso; por lo que, pidió se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 06/2022 de “8” siendo lo correcto el 9 de diciembre, cursante de fs. 31 a 33, denegó la tutela solicitada, bajo los fundamentos siguientes: 1) El proceso penal seguido contra el peticionante de tutela fue remitido ante Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con Nota de atención de 1 de diciembre de 2022; instancia que mediante proveído de 5 del referido mes y año, ordenó su envío al Juzgado de Instrucción Penal de Viacha, mediante Plataforma de Atención al Público e Informaciones; sin embargo, considerando que el distrito judicial de La Paz, estaba ingresando en vacación de fin de año, dispuesta por Circular 19/2022-SP-TDJLP, y que el nombrado Juzgado, se encontraba gozando de la misma, mediante proveído de 6 de diciembre del indicado año, la mencionada Presidencia, dispuso la remisión del proceso al Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de El Alto, por tratarse de un proceso con detenido, contando con sello de recepción de dicho Juzgado; aspecto que denota que el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no incurrió en dilación procesal alguna; y, 2) Con relación al Fiscal Departamental codemandado, conforme la prueba presentada por el asistente fiscal en audiencia, se llega a establecer que, dicha autoridad fiscal, en respuesta a la solicitud del ahora accionante del 5 de diciembre de 2022, denunciando retardación de justicia, dicho memorial, mereció la providencia de 6 de igual mes y año, señalando estese a la reasignación del caso signado con el Código Único de Denuncia (CUD) 3071021922013, seguido por el Ministerio Público de oficio contra Rolando Mita Jiménez, por la presunta comisión del delito de robo agravado al Fiscal de Materia Rubén Velásquez Monzón adscrito a las provincias Ingavi y Pacajes del departamento de La Paz, con asiento Fiscal en Viacha; por consiguiente, tomando en cuenta esos antecedentes, tampoco se establece que la mencionada autoridad fiscal, haya incurrido en retardación de justicia o en mora procesal; por consiguiente, no corresponde dar curso a la acción de libertad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión del delito de robo agravado, por Auto Interlocutorio de 28 de octubre de 2022, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Tapacari del departamento de Cochabamba, declaró probada la excepción de incompetencia formulada por el representante del Ministerio Público, así como por el denunciante Marcos Mendoza Ramírez; consiguientemente, declinó competencia en razón de territorio, debiendo por Secretaría remitirse el legajo procesal ante el Juez de Instrucción Penal de turno de Viacha-El Alto del departamento de La Paz (fs. 1 a 4). II.2. Cursa Nota de 1 de diciembre de 2022, mediante la cual, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Tapacari del departamento de Cochabamba, remitió ante el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -codemandado-, el expediente original por declinatoria de competencia en razón de territorio (fs. 20). II.3. Mediante decreto de 5 del indicado mes y año, Eddy Arequipa Cubillas, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -demandado-, ordenó la remisión del expediente al Juzgado de Instrucción Penal Primero de Viacha del mismo departamento, mediante Plataforma de Atención al Público e Informaciones de dicho municipio, disponiendo sea a la brevedad posible (fs. 21). II.4. Consta Nota presentada el 5 de diciembre de 2022, ante el Fiscal Departamental de La Paz; por la cual, el impetrante de tutela denunció retardación de justicia, solicitando que en el plazo de veinticuatro horas se sortee un fiscal con asiento en el municipio de Viacha; mereciendo el decreto de 6 de igual mes y año; por el cual, dicha autoridad fiscal, dispuso estése a la reasignación del caso, seguido por el Ministerio público de oficio contra el nombrado, por la presunta comisión del delito de robo agravado, a Rubén Velásquez Monzón, Fiscal de Materia adscrito a la provincia Ingavi y Pacajes del departamento de La Paz, con asiento fiscal en Viacha (fs. 7 a 9; y, 24). II.5. Por decreto de 6 de diciembre de 2022, Yván Ramiro Campero Villalba, Decano en Ejercicio de la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en cumplimiento a la Circular 19/2022-SP-TDJLP de 29 de noviembre, que dispone el receso judicial de fin de año, y considerando que el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Viacha del citado departamento, se encontraba gozando de su vacación judicial anual colectiva, ordenó la remisión del proceso penal seguido contra el impetrante de tutela, al Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de El Alto de dicho departamento, al tratarse de un caso con detenido y sea en el día; despacho, en el que, según cargo de recepción, fue presentado el 8 de diciembre del citado año (fs. 22). II.6. De la revisión del Sistema de Gestión Procesal de este Tribunal, se advierte que cursa la SCP 0476/2025-S3 de 2 de mayo pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rolando Mita Jiménez contra Kely Tania Alcazar Alcocer, Jueza Público Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Tapacari del departamento de Cochabamba; y, Roberto Calli Roque, Fiscal de Materia, mediante la cual, se dispuso: REVOCAR en parte la Resolución 33/2022 de 7 de diciembre, cursante de fs. 23 a 25 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz y en consecuencia: CONCEDER la tutela impetrada, con relación a las autoridades demandadas, conforme a los fundamentos jurídicos establecidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y dispuso que a) Kely Tania Alcazar Alcocer, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Tapacari del departamento de Cochabamba, una vez notificada con el presente fallo constitucional, en el plazo de veinticuatro horas, verifique el destino actual del cuaderno procesal y realice las diligencias necesaria para que se efectivice la remisión de la causa seguida contra el accionante al Juzgado de Instrucción Penal de turno de Viacha, para que en esta instancia se asuma competencia, valore la situación jurídica del accionante y se resuelva lo que en derecho corresponda, salvo si ese acto procesal ya se hubiera realizado; y, b) Roberto Calli Roque, Fiscal de Materia de la localidad de Tapacari del departamento de Cochabamba, una vez notificado con esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el plazo de veinticuatro horas, remita el cuaderno de investigaciones o, en su defecto, adopte las acciones necesarias para asegurar su efectiva recepción en la Fiscalía de Viacha, salvo que ese acto procesal ya se habría realizado en el transcurso del tiempo; y, DENEGAR la tutela con relación a la denuncia de no designación de fiscal de materia, por no haberse demandado al Fiscal Departamental de La Paz situación que imposibilita un análisis de fondo de la problemática planteada, conforme los fundamentos jurídicos de este fallo constitucional. II.7. El 8 de diciembre de 2022, el accionante, planteó la presente acción de libertad contra el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y el Fiscal Departamental del mismo departamento, cuestionando la falta de remisión de su proceso al Juzgado de Instrucción Penal de Viacha y/o al Juzgado de turno de El Alto; y, la falta de sorteo de un Fiscal de Materia para el distrito fiscal del señalado municipio (fs. 10 a 13 vta.). II.8. Cursa Reporte del Sistema de Seguimiento de casos del Ministerio Público de 9 de diciembre de 2022; a través del cual, se evidencia el registro del caso con CUD 307102192200313, en fecha 11 de octubre de 2022, asignado a Rubén Velásquez Monzón, Fiscal de Materia, adscrito a la Fiscalía de Viacha (fs. 26 y 27).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; alegando que, dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de robo agravado, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Tapacari del departamento de Cochabamba, declinó competencia en razón de territorio, ordenando la remisión del cuaderno procesal al Juzgado de Instrucción Penal de Viacha del departamento de La Paz; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar: i) El Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, omitió enviar su proceso ante el citado Juzgado y/o al Juez de turno de El Alto, por la vacación judicial; y, ii) El Fiscal Departamental de La Paz, no asignó un Fiscal de Materia para el municipio de Viacha, a objeto de asumir la dirección funcional del mismo; ocasionando ambas autoridades su estado de indefensión, al no existir juez natural ni fiscal asignado al cual acudir. Por lo que, solicitó se conceda la tutela, consecuentemente, se ordene a las autoridades demandadas: a) La remisión de los antecedentes de su cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado de Instrucción Penal de Viacha y/o al Juzgado de Turno de El Alto, ambos del departamento de La Paz; y, b) El sorteo en el día de un Fiscal asignado para el municipio de Viacha. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La cosa juzgada constitucional

La cosa juzgada constitucional implica que una acción tutelar interpuesta con identidad de sujeto, objeto y causa ya resuelta anteriormente en el fondo por la jurisdicción constitucional, ya no puede ser revisada en otra acción de defensa. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha establecido los requisitos que deben concurrir en la cosa juzgada; así, la SC 0115/2003-R de 28 de enero, señala:

…respecto de la interposición anterior de un recurso constitucional con identidad de sujeto, objeto y causa, debe existir necesariamente la concurrencia de las tres identidades indicadas; es decir: a) de sujetos: que sean las mismas personas que presentan el recurso y lo dirigen contra la misma autoridad o personas particulares contra las que recurrieron antes; b) de causa: que el motivo (acto o resolución), que da origen al amparo, sea el mismo en ambos casos; y c) de objeto: que el propósito del recurso, sea el mismo tanto en el primer como en el segundo amparo. Sin embargo, en lo referente a la identidad de sujetos, posteriormente la jurisprudencia constitucional admitió la cosa juzgada cuando dicha identidad es solo parcial, así en la SC 0259/2006-R de 22 de marzo, señala: …es también posible declarar la improcedencia del amparo por la causal anotada en los casos en que exista identidad parcial de sujetos, esto es que el sujeto activo o pasivo sean diferentes, pero que el motivo y el propósito del recurso sea el mismo respecto a una problemática anteriormente planteada y sobre la cual la justicia constitucional ya emitió pronunciamiento en el fondo, puesto que conforme a lo sostenido en la sentencia constitucional en último término citada, la disposición responde al fin de optimizar la operatividad de los administradores de justicia y a evitar la duplicidad de fallos en causas ya resueltas (el resaltado es añadido).

En lo que se refiere a la identidad de causa, la SC 0678/2011-R de 16 de mayo, define: “…causa: El motivo, hechos fácticos que sirven de fundamento para la demanda así como su calificación jurídica (derechos o garantías invocados como lesionados), sean los mismos en ambos casos”. Entendimiento extraído de la SCP 0013/2019-S2 de 11 de marzo

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La Constitución Política del Estado, reconoce la inviolabilidad del derecho a la libertad dentro del catálogo de los derechos civiles y políticos; lo que trae como corolario, la obligación para el Estado de protegerlo por su vital importancia en el desarrollo de la personalidad; y al ser un valor inspirador del orden social y jurídico sirve de sustento a la construcción y vigencia del modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional. Una de las dimensiones en las que se manifiesta este derecho, es la libertad física, reconocido en el art. 23 de CPE, que establece:

I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales (…) III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley (…)

De estas disposiciones se puede extraer, que el sistema jurídico y político boliviano, instituyó la reserva legal como garantía de este derecho; es decir, que de acuerdo a la voluntad del constituyente, es el legislador quien se halla facultado para limitar el ejercicio del mismo; de igual modo, otorgó a la persona garantías jurisdiccionales para el resguardo de dicho derecho, entre las que se halla la acción de libertad, configurada como un mecanismo de defensa para lograr su protección, en caso de ser restringido u amenazado de restricción; así lo establece el art. 125 de la CPE:

Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Ahora bien, a partir de la clasificación del entonces hábeas corpus -ahora acción de libertad-, desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre y la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se hizo alusión al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden). Bajo ese razonamiento, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. La sistematización precedentemente desglosada ha sido desarrollada por la SCP 0032/2019-S2 de 25 de marzo.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia dilación indebida, aduciendo que, en mérito a la declinatoria de competencia, en razón de territorio, por parte de la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Tapacari del departamento de Cochabamba, dicha autoridad dispuso el envío de su cuaderno procesal al Juzgado de Viacha; sin embargo, pese a haber interpuesto con anterioridad otra acción de libertad, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar: 1) El Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, omitió remitir su causa ante dicho Juzgado y/o sortearlo al Juez Instrucción Penal de turno de El Alto, por la vacación judicial; y, 2) El Fiscal Departamental de La Paz, no asignó un Fiscal de Materia para el municipio de Viacha, a objeto de asumir la dirección funcional del mismo; ocasionando ambas autoridades su estado de indefensión, al no existir juez natural ni fiscal asignado al cual acudir. Con relación al Presidente del Tribunal departamental de Justicia de La Paz Antes de ingresar al examen de fondo, amerita referirse a un anterior acción de libertad presentada por Rolando Mita Jiménez, hoy accionante, puesto que revisado el sistema de gestión procesal de este Tribunal se evidencia que el accionante interpuso una acción tutelar contra Kely Tania Alcazar Alcocer, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Instrucción Penal Primera de Tapacari del departamento de Cochabamba; y, Roberto Calli Roque, Fiscal de Materia, en la que por SCP 0476/2025-S3 de 2 de mayo, se otorgó la tutela impetrada por la dilación incurrida (Conclusión II.3). A objeto de establecer si existe identidad de esta acción de tutela con la que fue resuelta mediante la SCP 0476/2025-S3, amerita efectuar el contraste de ambas acciones de tutela para verificar la identidad de sujeto, objeto y causa, en el marco del entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente acción de tutela. En ese cometido, se tiene que en cuanto a la identidad subjetiva, tanto en la presente acción de tutela como en la anterior acción de libertad el accionante es Rolando Mita Jiménez; es decir existe identidad a subjetiva activa plena; en cuanto a la identidad subjetiva pasiva, ciertamente los demandados son diferentes, ya que en la primera acción de libertad la acción fue interpuesta contra Kely Tania Alcazar Alcocer, Jueza Público Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Tapacari del departamento de Cochabamba; y, Roberto Calli Roque, Fiscal de Materia; y, en la presente acción de libertad los demandados son Eddy Arequipa Cubillas, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental del mismo departamento; es decir, existe identidad subjetiva parcial. En cuanto a la identidad del motivo, que se refiere a hechos fácticos que sirven de fundamento para la demanda así como su calificación jurídica (derechos o garantías invocados como lesionados); ciertamente, en ambos casos, se alega que no dio cumplimiento a la remisión de antecedentes ante el Juez de Viacha del departamento de La Paz, conforme lo dispuso el Auto Interlocutorio de 28 de octubre del 2022, mediante el cual la Jueza del Juzgado del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal de Tapacarí del departamento de Cochabamba, declinó competencia en razón de territorio ante el mencionado juzgado; lo que provoca lesión a los derechos a la libertad y al debido proceso, a partir de lo cual es posible concluir también en la existencia de la identidad de la causa. Sin embargo, en lo que atañe a la identidad de objeto, que se refiere a que el propósito sea el mismo; tanto en la primera como en la segunda acción de tutela, la identidad también es parcial, puesto que si bien en ambos casos en definitiva se pretende que los antecedentes del caso sea remitido ante el Juez de Instrucción de Viacha, que es la autoridad a cuyo favor se declinó competencia por razón de territorio; empero, en la presente acción de libertad, existe un matiz que no se consideró en el primera acción de libertad, que es el referido a la alternativa de remitir los antecedentes ante el juez de turno de El Alto. En definitiva, existe identidad subjetiva parcial, puesto que los demandados no son los mismos; empero, ello no impide reconocer la cosa juzgada constitucional sobre lo ya resuelto por el Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme establece la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional plurinacional; asimismo existe identidad de causa y también identidad de objeto con relación a la pretensión de que se cumpla la remisión de los antecedentes ante el Juez de Instrucción de Viacha; respecto de lo cual evidentemente existe cosa juzgada constitucional que no puede ser revisada nuevamente, dado que ya existe un pronunciamiento de fondo; empero, en lo que atañe al matiz introducido de que alternativamente el caso sea remitido ante el juez de turno de El Alto, en razón a que el Juzgado de Viacha se hallaba gozando de su vacación judicial, se entiende entre tanto dure la misma, no existe pronunciamiento en la SCP 0476/2025-S3, puesto que ese aspecto no fue planteado por el accionante en la primera acción de libertad resuelto por el citado fallo constitucional; por lo cual ese es el único aspecto que será revisado en este caso con relación a la autoridad judicial demandada. Finalmente, si bien es cierto que, a la fecha de consideración de la presente acción de tutela, ya se materializó la remisión del expediente ante el Juez de Instrucción primero de El Alto, con lo cual habría desaparecido el motivo de esta acción de tutela, no es menos evidente que en el marco de la acción de libertad innovativa, sistematizada en al SCP 0048/2018-S2 de 12 de marzo, corresponde examinar la denuncia a objeto de verificar la responsabilidad de la autoridad demandada y evitar futuras vulneraciones. Consecuentemente ingresando al examen de fondo respecto al único aspecto sobre el que no existe pronunciamiento de fondo en la SCP 0467/2025-S3; es decir, la remisión del caso ante el Juez de Instrucción Penal de turno de El Alto, se tiene que de la revisión de antecedentes y conforme a los datos consignados en Conclusiones II.1 y 2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se evidencia que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito de robo agravado, mediante Auto Interlocutorio de 28 de octubre de 2022, la Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Tapacari del departamento de Cochabamba, declaró probada la excepción de incompetencia en razón de territorio, disponiendo la remisión del legajo procesal al Juzgado de Instrucción Penal de turno de Viacha-El Alto del departamento de La Paz. Ahora bien, en lo que atañe a este caso, se evidencia que de acuerdo a la Nota de 1 de diciembre del 2022, el presidente del Tribunal departamental de Cochabamba, habría remitido el expediente ante el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sin que conste la fecha en la que se materializó la remisión, ya que no consta la fecha en la que el referido expediente fue recibido en dicho Tribunal; sino únicamente se advierte el decreto del 5 del citado mes y año, emitido por Eddy Arequipa Cubillas, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia, que dispuso la remisión al Juzgado de Instrucción Penal Primero de Viacha (Conclusión II.3); luego, de acuerdo a lo manifestado por el representante de la autoridad judicial demandada -Iván Ramiro Campero Villalba, Decano en Ejercicio de la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz-, en su informe de descargo, el día indicado no se pudo materializar la remisión provisional en razón a que era el último día de labores judiciales antes del receso de fin de año y en consideración a que el Juzgado de Instrucción de Viacha, ingresaba en vacación judicial, ante lo cual dispuso la remisión de la causa al Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de El Alto, se entiende por el hecho de que quedó de turno durante la vacación judicial, lo cual se acredita mediante el decreto de 6 de diciembre del 2022, emitido en ese sentido por la autoridad judicial demandada (Conclusión II.5). En ese contexto, en cuanto al plazo de remisión del legajo procesal por declinatoria de competencia motivo de la dilación denunciada, si bien el art. 314 del Código de Procedimiento Penal (CPP), no establece el tiempo para el envío el expediente ante el juez competente; en el marco de la acción de libertad o de pronto despacho, glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es deber de la autoridad a cargo de su tramitación, actuar con la debida diligencia, en su tramitación hasta la radicatoria del cuaderno procesal ante la instancia judicial competente; por cuanto, es labor de aquella, despachar con la mayor celeridad y dentro de los plazos procesales las solicitudes de personas privadas de libertad, considerando que se encuentra su derecho a la libertad física, y de actuar contrariamente implicaría la conculcación del mencionado derecho. Ahora bien, toda vez que el receso judicial de fin de año, fue dispuesto por Circular 19/2022 SP-TDJLP de 29 de noviembre, conforme se da cuenta en el decreto de 6 de diciembre del indicado año, obviamente era de conocimiento del Presidente del Tribunal Departamental de La Paz, así como el hecho que el Juzgado de Vicha ingresaría en dicho receso; y, por otra parte, tomando en cuenta que el 5 de diciembre del 2022, era el último día laboral antes del receso, no resulta razonable que la autoridad judicial demandada no hubiera previsto esa contingencia y en atención que el proceso era con detenido, no hubiera previsto ya el mismo 5 de diciembre del indicado año, su remisión al Juzgado de Instrucción Primero de El Alto, que se entiende quedó de turno; esa falta de previsión ha provocado una dilación indebida puesto que por esa causa, finalmente se ha materializado la remisión recién a horas 16:00 del 8 del indicado mes y año tal, como se evidencia por el sello de recepción del indicado juzgado (Conclusión II.5); es decir, después de haber sido citado con la presente acción de tutela; desconociendo los derechos fundamentales del accionado al privarle de autoridad competente a la cual acudir a ejercer sus derechos, ya que el encausado, más aun estando privado en libertad, debe contar con autoridad competente a la cual acudir en todo momento. Consiguientemente, corresponde conceder la tutela solicitada por la demora en la remisión del caso ante el juez de turno de El Alto, entre tanto transcurra el receso de fin de año en el que ingresó el Juzgado de Instrucción de Viacha, sin disponer la remisión que ya ha sido materializada Con relación al Fiscal departamental de La Paz

En cuanto a la asignación de Fiscal al presente caso, se tiene que de acuerdo a los establecido en la Conclusión II.3 de la SCP 0476/2025 de 2 de mayo, Por nota de atención de 26 de noviembre de 2022, a la cual se adjunta fotocopia simple de la guía de courrier 243368, de la misma fecha, la Fiscal Departamental de Cochabamba, remitió ante el Fiscal Departamental de La Paz, el cuaderno de investigación por declinatoria en razón de territorio, dentro del proceso penal seguido contra el accionante (fs. 17). En consecuencia, mediante decreto de 28 de similar mes y año, el Fiscal Departamental de La Paz, dispuso la remisión del cuaderno de investigaciones del caso a conocimiento del Responsable de Plataforma de la Fiscalía de Viacha, con el fin que proceda al sorteo y la asignación de Fiscal respectiva, debiendo reasignar el caso a nombre del nuevo fiscal asignado. Por otra parte, mediante Nota presentada el 5 de diciembre de 2022, ante el Fiscal Departamental de La Paz, el impetrante de tutela, denunció retardación de justicia, solicitando el sorteo de un Fiscal asignado con asiento en el municipio de Viacha, mereciendo el decreto de 6 de igual mes y año; por el cual, la autoridad fiscal demandada, dispuso estese a la reasignación del caso, seguido por el Ministerio público de oficio contra el nombrado, por la presunta comisión del delito de robo agravado, a Rubén Velásquez Monzón, Fiscal de Materia adscrito a la provincia Ingavi y Pacajes del departamento de La Paz, con asiento fiscal en Viacha (Conclusión II.5); designación que según reporte 307102192200313 de 9 de diciembre de 2022, del Sistema de Seguimiento de casos del Ministerio Público, resulta ser evidente (Conclusión II.7). Extremos de los cuales, no se advierte la alegada dilación en la designación de Fiscal de Materia para el asiento fiscal de Viacha denunciado por el impetrante de tutela; por cuanto, conforme lo precisado líneas arriba, la reasignación del proceso penal seguido contra el impetrante de tutela, fue dispuesta el 28 de noviembre del 2022, y para la fecha en la que el accionante pidió asignación de fiscal-6 de diciembre del 2022- ya se había asignado el caso al Fiscal de materia Rubén Velásquez, corroborado por el reporte de seguimiento de casos del Ministerio Público, de 9 de igual mes y año, consignado el nombre de dicho funcionario fiscal como Fiscal asignado; ameritando, por ende, la denegatoria del presente aspecto denunciado. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada actuó de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 06/2022, de 9 de diciembre de 2022, cursante de fs. 31 a 33 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz y, en consecuencia, 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto a Eddy Arequipa Cubillas, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, únicamente por la demora en la remisión del caso ante el Juzgado de Instrucción Primero de El Alto, que se hallaba de turno durante el receso de fin de año; sin disponer la remisión, por haber sido ya materializada. 2° Exhortar al Presidente del Tribunal departamental de Justicia de La Paz, para que en sucesivo tome previsiones para la remisión inmediata de los expedientes relativos a los procesos con detenidos recibidos en el último día hábil antes de la vacación judicial, garantizando que el encausado cuente con autoridad judicial competente. 3° DENEGAR la tutela solicitada con relación al Fiscal Departamental de La Paz, demandado; y, por la denuncia de la demora en la remisión a Juzgado de Instrucción de Viacha, por existir cosa juzgada constitucional, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El art. 8.II de la CPE, dispone: “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad…”.

2 El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 3El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.

Más sobre Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0503_2025-S3.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): e8368509dc9261b03a29d0894d52c7655df38f9f2745d987dfc41c52c7c714d6

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