Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 1 de abril de 2026
Concede en parte la tutela
El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a la libertad, y al principio de celeridad; toda vez que, accedió a un procedimiento abreviado; en ese entendido, el 16 de agosto de 2023, solicitó señalamiento de audiencia de suspensión condicional del “proceso”; empero, de la revisión de datos del proceso; da cuenta que, hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar dicha solicitud no fue providenciada por la Jueza demandada. Ante ello, la Jueza demandada y la Secretaria codemandada, señalaron que al no tener certeza que todas las partes hayan sido notificadas con la sentencia a objeto de señalar audiencia se solicitó el informe respectivo, el cual luego se dispuso fuese puesto a conocimiento de las partes procesales. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 05/23 de 30 de agosto de 2023, cursante de fs. 17 a 21, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de Yapacaní del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a la Jueza demandada, conforme a los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo que, en el plazo de veinticuatro horas de notificada con el presente fallo constitucional, dicha autoridad emita el pronunciamiento que corresponda a la solicitud realizada por el accionante, salvo que la situación del impetrante de tutela ya hubiese sido modificada por una resolución posterior; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada, en cuanto a la Secretaria codemandada al no evidenciarse el incumplimiento a una orden expresa de la autoridad judicial.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0502/2026-S2 Sucre, 1 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 58719-2023-118-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 05/23 de 30 de agosto de 2023, cursante de fs. 17 a 21, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Reinaldo Vallejos Godoy y Silvia Carla Cladera Tisillo en representación sin mandato de Juan Carlos Becerra Castro contra Ysabel Sarita Maza Moruno, Jueza; y, Verónica Arias Rivero, Secretaria, ambas del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Yapacaní del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 29 de agosto de 2023, cursante a fs. 1 y 3 a 4 vta., el accionante, a través de sus representantes sin mandato, manifestó lo siguiente:
Por Auto Interlocutorio de 22 de noviembre de 2021, se dispuso su detención preventiva en la Carceleta de Buena Vista del departamento de Santa Cruz; sin embargo, a raíz de un descongestionamiento accedió a un procedimiento abreviado a fin de beneficiarse con la suspensión condicional de la pena; empero, luego de un año y medio aún se encontraba con la detención señalada. En ese contexto, el 16 de agosto de 2023, presento solicitud de señalamiento de audiencia de suspensión condicional del “proceso”; empero, hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar dicho memorial no fue providenciado por Ysabel Sarita Maza Moruno, Jueza de Instrucción Penal Primero de Yapacaní del departamento de Santa Cruz -ahora demandada-.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad, al debido proceso, a ser oída, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; y, del principio de celeridad; citando al efecto los arts. 22, 23, 115, 120 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, en un plazo de 24 horas se señala día y hora de audiencia y se restituyan sus derechos.
Celebrada la audiencia virtual el 30 de agosto de 2023, según consta en acta cursante de fs. 14 a 16, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado y representante sin mandato, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad; y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que: A través de video y registro fotográfico de 28 de agosto de 2023, se tiene que la Jueza demandada aún no habría providenciado el memorial de solicitud de “suspensión condicional del proceso”.
Ysabel Sarita Maza Moruno, Jueza; y, Verónica Arias Rivero, Secretaria, ambas del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, por informe escrito cursante a fs. 12 y vta., solicitaron se deniegue la tutela impetrada, manifestando que: a) Es evidente que el accionante a través de memorial de 16 de agosto de 2023 solicitó la suspensión condicional de la pena; sin embargo, la primera de ellas fue designada a cargo del citado Juzgado, el 21 de julio de ese año; y, fue notificada el 26 del mismo mes y año; b) El “31 de julio de 2023” el impetrante de tutela presentó un memorial; ante lo cual, señaló audiencia de suspensión condicional de la pena, ordenando que se notifique a todas las partes del proceso penal con la sentencia, a efecto de saber si alguna hizo o no uso del recurso de apelación y si tienen conocimiento de la misma; c) El informe de la “señora Secretaria”, indicó que no se tiene certeza que todas las partes hubiesen sido notificadas con la sentencia, señalando que el art. 163.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece que, las sentencias deben ser notificadas de forma personal, ordenando el traslado con dicho informe a fin de señalar audiencia dentro del margen de disponibilidad del Juzgado; y, d) El peticionante de tutela pretende hacer confundir al Juez de garantías al no manifestar que la audiencia que solicitó es de suspensión condicional de la pena; y, no así de suspensión condicional del proceso, como se indica con esta acción de defensa.
El Juez de Sentencia Penal Primero de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 05/23 de 30 de agosto de 2023, cursante de fs. 17 a 21, concedió en parte la tutela solicitada, sólo en cuanto a la Secretaria codemandada, llamándole severamente la atención; y, denegó la tutela impetrada respecto a la Jueza demandada; con base en los siguientes fundamentos: 1) De la revisión del cuaderno procesal, pruebas y las placas fotográficas, se demuestra que el memorial no habría salido de despacho y que no hubo respuesta a la solicitud de cesación de la detención preventiva por tres días dentro de los parámetros, establecidos por el art. 239 del CPP modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 -Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres-; y, la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019 -Ley de Modificación a la Ley 1173-; y, del informe presentado por la Jueza demandada, se tiene que, habría señalado audiencia; y además, se le comunicó a la Secretaria codemandada el 4 de agosto de 2023; 2) El tiempo de la detención preventiva no es acorde a los actos investigativos ya que guarda estrecha relación con el derecho a la libertad y los principios de celeridad; 3) Como se puede verificar de las fotografías presentadas, demostrando que el 29 de igual mes y año, el memorial presentado por el accionante no habría salido de despacho según el libro diario; 4) De la revisión de antecedentes, se tiene que no existe “ninguna” vulneración identificada, en específico en cuanto “…a su solicitud de que la autoridad accionada al no haberse vulnerado con relación al ritual de los actos procesales” (sic); y, 5) De los fundamentos esgrimidos corresponde conceder la tutela “solo” en lo que respecta al cumplimiento del Art. 233.3 del CPP modificado por la Ley 1173, por estar vinculado con el derecho a la libertad y de pronto despacho y denegar en virtud a la solicitud de pronunciamiento de la autoridad judicial demandada.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta una fotografía del libro diario del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, en el cual se tiene que ingresó un memorial presentado por Juan Carlos Becerra Castro -ahora accionante- el 16 de agosto de 2023; sin embargo, no existe constancia que hubiera salido de despacho (fs. 2).
El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a la libertad, y al principio de celeridad; toda vez que, accedió a un procedimiento abreviado; en ese entendido, el 16 de agosto de 2023, solicitó señalamiento de audiencia de suspensión condicional del “proceso”; empero, de la revisión de datos del proceso; da cuenta que, hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar dicha solicitud no fue providenciada por la Jueza demandada. Ante ello, la Jueza demandada y la Secretaria codemandada, señalaron que al no tener certeza que todas las partes hayan sido notificadas con la sentencia a objeto de señalar audiencia se solicitó el informe respectivo, el cual luego se dispuso fuese puesto a conocimiento de las partes procesales. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0096/2025-S2 de 10 de marzo, señaló que: “El art. 115.II de la CPE establece que: ‘El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’; en consecuencia, consagra el principio de celeridad como un componente esencial del debido proceso, lo cual exige que toda causa -sea esta judicial o administrativa- se tramite sin demoras innecesarias; es decir, de manera oportuna. Por su parte, los arts. 178.I y 180.I de la Norma Suprema, instituyen de manera explícita la aplicación del citado principio en la potestad de impartir justicia. Con referencia a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…’” (las negrillas nos corresponden).
La SCP de Avocación 0003/2026 de 25 de febrero, establece que las dilaciones indebidas pueden manifestarse en dos modalidades, a saber: i) Por acción, regulada en el Fundamento Jurídico II.3.1 del referido fallo constitucional, que establece la interposición del recurso de reposición en supuestos en los cuales la dilación es atribuida a verbigracia un señalamiento de audiencia lejano; y, ii) Por omisión, regulada en el Fundamento Jurídico II.3.2 de la citada Sentencia Constitucional Plurinacional de Avocación, que ocurre ante la inacción de las autoridades accionadas, por ejemplo cuando estas no señalan audiencia o no remiten el legajo de una apelación de resolución de medidas cautelares.
Ahora bien, el propósito de la SCP de Avocación 0003/2026, es la de acreditar que la autoridad judicial en el marco de su competencia tuvo la posibilidad y oportunidad de tomar las medidas adecuadas para corregir actos u omisiones que demoran la tramitación de solicitudes de las cuales depende la libertad de procesados penales entonces y de lo expuesto se tiene que ninguno de los referidos supuestos de dicha avocación son aplicables a casos en los que existe reiteración de suspensiones de audiencias en la medida en la que en estos casos el recurso idóneo como es poner en conocimiento del juez competente la demora se denota manifiestamente improcedente en cuyo caso la tutela de la acción de libertad debe ser inmediata por haberse acreditado la inidoneidad de los recursos ordinarios.
Asimismo, se aclara que dicho entendimiento por decisión de la mayoría de Sala Plena del órgano de control de constitucionalidad será aplicable a futuros casos en la medida en la que se entendió que las avocaciones no tendrán efecto retroactivo entendimiento con el cual el suscrito magistrado relator no se encuentra de acuerdo en la medida en la que jurisprudencia contradictoria no genera derecho alguno pero que respeta la decisión.
De los documentos adjuntos en el expediente se tiene que, Juan Carlos Becerra Castro -hoy accionante-, alega que presentó una solicitud de señalamiento de audiencia de “suspensión condicional del proceso”, derivada de un procedimiento abreviado; la cual, según el libro diario del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, ingresó a despacho, el 16 de agosto de 2023; sin embargo, no se tiene constancia de su salida con el correspondiente proveído (Conclusión II.1).
En ese contexto, corresponde señalar que conforme al desarrollo del Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, toda autoridad judicial que conozca solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad tiene el deber de tramitarlas con la mayor celeridad posible, siendo lesiva al citado derecho toda demora o dilación indebida en su consideración; bajo dicho entendimiento jurisprudencial, se advierte que la solicitud presentada por el impetrante de tutela se encontraba directamente vinculada con su derecho a la libertad; toda vez que, la misma tenía por objeto la consideración de la suspensión condicional de la pena dentro de un proceso penal en el cual el peticionante de tutela continuaba privado de libertad hasta la presentación de esta acción tutelar. Asimismo, se constata que la autoridad judicial demandada tenía pleno conocimiento de la existencia de dicha solicitud, puesto que informó que fue designada Jueza de Instrucción Penal de Yapacani del departamento de Santa Cruz, el 21 de julio de 2023; y, en atención al memorial de 31 de igual mes y año, conoció la solicitud de la suspensión condicional del proceso, ordenando a la Secretaria codemandada, informe si todas las partes tenían el conocimiento de la sentencia; por lo cual, esta última habría informado que no se tenía certeza, ante ello, se puso a conocimiento de las partes dicho informe, sin que exista pronunciamiento del accionante.
El memorial objeto de esta acción tutelar, que reiteraba la solicitud en cuestión ingresó al despacho judicial, extremo corroborado por el registro inserto en el libro diario del Juzgado; consiguientemente, no resulta evidente que la falta de pronunciamiento obedeciera al desconocimiento de la petición o la imposibilidad material de conocerla; en ese sentido, el hecho de que el memorial hubiera permanecido sin providencia ni trámite alguno desde el 16 de agosto de 2023 hasta la interposición de la presente acción tutelar, evidencia que conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional, existió una dilación indebida, incompatible con los principios de celeridad y pronto despacho, previstos en los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la CPE.
En cuanto a la Secretaria codemandada, la misma cumple funciones de apoyo jurisdiccional y gestión administrativa del despacho, habiendo acreditado que el informe y actuaciones los realizó en atención a órdenes judiciales; entonces, la responsabilidad sobre la dirección efectiva del proceso y la emisión oportuna de resoluciones recae sobre la autoridad judicial demandada, quien en este caso no puede eximirse de responsabilidad alegando omisiones atribuibles al apoyo jurisdiccional. En ese entendido, se concluye que la Jueza demandada incurrió en una dilación indebida en la tramitación de una solicitud vinculada al derecho a la libertad del impetrante de tutela, lesionando los derechos invocados, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela impetrada, conforme a los fundamentos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 05/23 de 30 de agosto de 2023, cursante de fs. 17 a 21, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de Yapacaní del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a la Jueza demandada, conforme a los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo que, en el plazo de veinticuatro horas de notificada con el presente fallo constitucional, dicha autoridad emita el pronunciamiento que corresponda a la solicitud realizada por el accionante, salvo que la situación del impetrante de tutela ya hubiese sido modificada por una resolución posterior; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada, en cuanto a la Secretaria codemandada al no evidenciarse el incumplimiento a una orden expresa de la autoridad judicial. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0502_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): b80ccc285d7d0329f908e20f50550e38be6f038741f31cedefd17ee7c2ab95e3
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →