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SCP 0500/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 1 de abril de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
1 de abril de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
58674-2023-118-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de la garantía del debido proceso y de sus derechos a la libertad, y a una justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; toda vez que, habiendo sido interpuesto el recurso de apelación incidental contra la determinación que dispuso su detención preventiva, y encontrándose pendiente únicamente su remisión ante el Tribunal de alzada para su conocimiento y resolución, el Secretario demandado no efectuó dicha actuación procesal desde el 23 de agosto hasta el 27 de septiembre de 2023, justificando la demora a una supuesta recarga procesal; por tal negligencia, transcurrieron más de tres semanas sin que se materialice el envío del recurso, lo cual impidió el acceso a una tutela judicial efectiva y a una resolución oportuna respecto de su situación jurídica. Ante ello, el Secretario demandado no presentó informe alguno ni ingresó a la audiencia de garantías para rebatir los argumentos del accionante. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 26/2023 de 14 de septiembre, cursante de fs. 20 vta. a 22 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el deber de control jurisdiccional y celeridad en causas con personas privadas de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0500/2026-S2 Sucre, 1 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 58674-2023-118-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 26/2023 de 14 de septiembre, cursante de fs. 20 vta. a 22 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José César Cardona Lizondo y Lucy Ventura Rocha en representación sin mandato de Ramiro Barriga Moscoso contra Wilson Terceros Sullca, Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de septiembre de 2023, cursante de fs. 15 a 17 vta., el accionante, a través de sus representantes sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal iniciado en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de avasallamiento, en audiencia de medidas cautelares de 23 de agosto de 2023, la autoridad jurisdiccional del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz, dispuso su detención preventiva en el Centro de Readaptación Productiva de Montero (CERPROM) del departamento de Santa Cruz; por lo que interpuso recurso de apelación contra dicha determinación. En tal sentido, el 4 de septiembre del citado año, su abogado se apersonó ante el Juzgado a fin de solicitar la remisión de la apelación, así como ante el Tribunal de alzada, además de una copia del acta de la referida audiencia; sin embargo, Wilson Terceros Sullca, Secretario del referido Juzgado -ahora demandado-, le manifestó que: “…tenía bastante recarga procesal que por esta razón no podría realizar el ACTA DE AUDIENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES sino hasta la otra semana” (sic); dicha situación de incumplimiento en la remisión de antecedentes se repitió en oportunidades posteriores, habiendo transcurrido más de tres semanas desde la celebración de la citada audiencia hasta la presentación de la presente acción tutelar.

I.1.2. Garantía y derechos supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de la garantía del debido proceso y de sus derechos a la libertad, y a una justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; citando al efecto los arts. 22, 23, 115, 120 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Se elabore el acta de audiencia de medidas cautelares de 23 de agosto de 2023; y, b) Se remita el recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada dentro del plazo establecido por ley.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 14 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 19 a 20, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de sus abogados, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y, ampliando en audiencia, señaló que: 1) Acudieron en reiteradas oportunidades al despacho judicial a fin de solicitar la remisión de la apelación; sin embargo, únicamente obtuvieron respuestas evasivas y nuevas observaciones; y, 2) Denunció que el Secretario demandado incumplió su obligación de elaborar el acta y remitir la apelación ante la sala de turno, conforme a las funciones establecidas en el art. 56 del Código de Procedimiento Penal (CPP) lo que vulneró sus derechos al debido proceso, a la defensa y al acceso a una justicia pronta y oportuna, máxime considerando que se encontraba privado de libertad.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Wilson Terceros Sullca, Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ascensión de Guarayos del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías pese a su citación cursante a fs. 12.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 26/2023 de 14 de septiembre, cursante de fs. 20 vta. a 22 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Secretario demandado proceda a la remisión inmediata de la apelación incidental; con base en los siguientes fundamentos: i) La acción de libertad, en su vertiente traslativa y de pronto despacho, se sustenta en la presunta vulneración del principio de celeridad, debido a la demora en la remisión del recurso de apelación interpuesto contra la resolución emitida en audiencia de medidas cautelares de 23 de agosto de 2023, conforme al art. 251 del CPP, en el cual se dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela; en ese marco, la jurisprudencia constitucional establece que la acción de libertad traslativa y de pronto despacho constituye un mecanismo idóneo y efectivo para tutelar los derechos de las personas privadas de libertad cuando existen dilaciones indebidas en trámites judiciales o administrativos vinculados con la definición de su situación jurídica; y, ii) Se evidenció que el funcionario judicial demandado no remitió oportunamente el recurso de apelación incidental, incumpliendo su deber de coadyuvar al adecuado funcionamiento del despacho judicial, situación que derivó en la vulneración de los derechos invocados y la interposición de la acción tutelar. En la vía de complementación y enmienda, el peticionante de tutela señaló que no sería la primera vez que el Secretario demandado incurría en ese tipo de actuaciones; asimismo, solicitó una reparación administrativa y el pago de honorarios profesionales. Al respecto, el Juez de garantías señaló que la resolución fue emitida sin costas, daños ni perjuicios, por considerarse excusable la actuación denunciada, precisando que el accionante tenía expedita la vía administrativa y disciplinaria correspondiente ante los órganos competentes; finalmente, señaló que la tutela fue concedida únicamente respecto a la acción de libertad en su vertiente traslativa y de pronto despacho, manteniéndose firme la Resolución dictada.

II. CONCLUSIÓN

No cursa en el expediente antecedentes del caso, por lo que se procederá a resolver con base en lo expuesto por los sujetos procesales y que no fue controvertido.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de la garantía del debido proceso y de sus derechos a la libertad, y a una justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; toda vez que, habiendo sido interpuesto el recurso de apelación incidental contra la determinación que dispuso su detención preventiva, y encontrándose pendiente únicamente su remisión ante el Tribunal de alzada para su conocimiento y resolución, el Secretario demandado no efectuó dicha actuación procesal desde el 23 de agosto hasta el 27 de septiembre de 2023, justificando la demora a una supuesta recarga procesal; por tal negligencia, transcurrieron más de tres semanas sin que se materialice el envío del recurso, lo cual impidió el acceso a una tutela judicial efectiva y a una resolución oportuna respecto de su situación jurídica. Ante ello, el Secretario demandado no presentó informe alguno ni ingresó a la audiencia de garantías para rebatir los argumentos del accionante. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre el deber de control jurisdiccional y celeridad en causas con personas privadas de libertad

Los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la CPE, consagran los principios del debido proceso, seguridad jurídica, celeridad y tutela judicial efectiva, imponiendo a las autoridades jurisdiccionales el deber de garantizar una administración de justicia pronta, oportuna y sin dilaciones indebidas. En materia penal, dicho deber adquiere mayor relevancia cuando el imputado se encuentra privado de libertad, pues las autoridades judiciales tienen la obligación de ejercer control jurisdiccional permanente sobre la legalidad y vigencia de la detención preventiva, así como de tramitar con la debida diligencia todas las actuaciones relacionadas con la situación jurídica del procesado. Con base en ello, la SCP 0561/2024-S2 de 5 de septiembre estableció que: “…dentro de un enfoque de aplicación genérica tanto la autoridad judicial que conoce determinada causa penal como el juez de ejecución penal, tienen la atribución y deber de constituirse en garantes del respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales y/o convencionales de las y los privadas/os de libertad, en el marco de cuya labor de ejercicio del control jurisdiccional, queda afianzado que cualquier situación o circunstancia que pudiese considerarse atentatoria a los mismos, debe ineludiblemente ser puesta a conocimiento de una de dichas autoridades judiciales -según sea pertinente-…” (las negrillas nos corresponden). En este sentido, inicialmente el deber de los jueces de instrucción en lo penal de ejercer el control jurisdiccional -conforme a los lineamientos de la Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Caso Almonacid Arellano y otras vs. Chile de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)- no se limita a las actuaciones del Ministerio Público y a la Policía Boliviana (art. 279 del CPP), sino que se extiende a terceros como testigos y peritos, e incluye a su propio personal auxiliar como sucede con los secretarios-abogados, notificadores y auxiliares. En esa línea, el art. 135 del CPP, establece que el: “El incumplimiento de los plazos establecidos en este Código dará lugar a la responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario negligente”, lo que concuerda con el art. 187.2 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) que tipifica como falta: “No promueva la acción disciplinaria contra su personal auxiliar, estando en conocimiento de alguna falta grave”, lo anterior denota el poder de control y el deber de resguardo de derechos y garantías que ejercen las autoridades judiciales sobre su personal, constituyendo estas la vía o recurso idóneo para reclamar las actuaciones de los funcionaros auxiliares. De hecho, el reconocimiento de la autoridad judicial como recurso idóneo frente a las faltas del personal auxiliar en la jurisprudencia boliviana se produce incluso desde la SC 0181/2005-R de 3 de marzo; salvo que concurran sub-reglas de excepción, como aquellas relativas a la afectación del derecho a la vida, derecho de menores de edad o situaciones de vulnerabilidad análogas.

III.2. Análisis del caso concreto

De la compulsa del expediente remitido en revisión, el accionante, a través de sus representantes sin mandato, denuncia que el Secretario ahora demandado incurrió en una dilación indebida al no haber remitido el recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada desde el 23 de agosto hasta el 27 de septiembre de 2023, habiendo transcurrido más de tres semanas; dicha demora, atribuida a una supuesta recarga procesal, ha impedido el acceso a una justicia pronta y oportuna. Ahora bien, corresponde señalar que, conforme a lo previsto por el art. 56 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, el secretario del juzgado ejerce funciones de apoyo jurisdiccional circunscritas a labores administrativas y de trámite procesal; no obstante, corresponde al Juez o Tribunal de Sentencia, en su condición de director del proceso, ejercer la dirección, control y supervisión de los actos procesales desarrollados dentro del proceso penal; en consecuencia, toda inobservancia o retraso injustificado en la tramitación de las actuaciones procesales debe ser puesto en conocimiento de la autoridad encargada del control jurisdiccional, a fin de garantizar el respeto, protección y tutela efectiva de los derechos y garantías constitucionales de las personas privadas de libertad.

Bajo ese entendimiento, si bien en el caso concreto se denunció la omisión del Secretario demandado por la supuesta falta de remisión del recurso de apelación incidental ante el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, corresponde precisar que dicha atribución compete al Juez de la causa, en su condición de autoridad encargada del control jurisdiccional y responsable de suscribir la respectiva nota de cortesía; en consecuencia, el impetrante de tutela debió acudir previamente ante dicha autoridad, a efectos de reclamar la presunta dilación denunciada; por tanto, corresponde denegar la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 26/2023 de 14 de septiembre, cursante de fs. 20 vta. a 22 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0500_2026-S2.pdf · páginas 1 a 6.

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