Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 6 de junio de 2025
Concede la tutela
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y del principio de celeridad; puesto que, ante la formulación oral del recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio que revocó las sanciones alternativas dictadas a su favor, las autoridades demandadas no señalaron fecha y hora de audiencia de consideración de dicho recurso, dentro del plazo legal, y a pesar de sus reiteradas solicitudes de despacho, permitieron que transcurran más de catorce días de dilación indebida; por lo que solicita se conceda la tutela, disponiendo que las autoridades demandadas señalen audiencia del recurso de apelación incidental, cumpliendo con el principio de celeridad y el debido proceso. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 07/2022 de 14 de diciembre, cursante de fs. 45 vta. a 48 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Tarija, y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, en su modalidad traslativa y de pronto despacho, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer que Jorge Ahmed Julio Ale, Claudia Gamarra Hoyos y Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocales de la Sala Penal Primera y Segunda respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, o en su caso la autoridad judicial ante el cual se encuentre el cuaderno procesal de recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante, una vez notificados con este fallo constitucional, señalen de forma inmediata fecha y hora de audiencia de consideración del recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio 497/2022 de 17 de noviembre, en observancia al principio de celeridad, salvo que el estado procesal del trámite ya hubiera cambiado por el transcurso del tiempo. 3° Exhortar a las autoridades demandadas -cada una dentro de su competencia- a tramitar con la máxima celeridad posible, las solicitudes que se encuentran vinculadas al derecho a la libertad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0499/2025-S3 Sucre, 6 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52529-2023-106-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 07/2022 de 14 de diciembre, cursante de fs. 45 a 48, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marcos Chiri Vedia contra Jorge Ahmed Julio Ale, Claudia Gamarra Hoyos y Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocales de la Sala Penal Primera y Segunda respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.
Por memorial presentado el 13 de diciembre de 2022, cursante de fs. 21 a 25 vta., el accionante expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la Jueza de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Tarija, mediante Auto Interlocutorio 497/2022 de 17 de noviembre, revocó el beneficio de sanciones alternativas, disponiendo la ejecución de su sentencia con pena privativa de libertad. Frente a esa determinación, formuló recurso de apelación incidental dentro del plazo establecido, el cual fue remitido a la Sala Penal de turno; sin embargo, hasta la fecha de presentación de esta acción de defensa, no se señaló audiencia para su consideración. En virtud a ello, el 23 de noviembre y 2 de diciembre, ambos de 2022, presentó memoriales ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Tarija, solicitando a las autoridades demandadas un pronunciamiento oportuno respecto a su recurso, en aplicación del principio de celeridad; empero, no obtuvo respuesta alguna. En consecuencia, el 7 de diciembre del mismo año, presentó un tercer memorial ante la Sala Penal de turno, el cual fue remitido a la Sala Penal Segunda del referido Tribunal, en la cual se le informó que los memoriales presentados anteriormente ante la Sala Penal Primera de la Capital del mismo departamento, para la atención de la causa, no cursan en obrados; desconociéndose además la Resolución que presuntamente habría sido emitida por la Sala Penal de origen. En ese contexto, se advierte que, desde la presentación de su memorial hasta el momento de interposición de la acción de libertad, transcurrieron más de catorce días sin que se emitiera respuesta alguna.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y del principio de celeridad procesal, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que las autoridades demandadas señalen audiencia del recurso de apelación incidental, cumpliendo con el principio de celeridad y el debido proceso.
Celebrada la audiencia virtual de 14 de diciembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 43 a 44 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante en audiencia señaló que: a) Si bien la vocal demandada, indicó que debía estarse al decreto de 18 de noviembre de 2022, disponiendo la espera del previo sorteo de otras causas en curso, en su informe, omitió enfatizar que la Circular “Acuerdo de Sala Plena” 01/2017, establece que las personas privadas de libertad deben recibir una respuesta pronta y oportuna; por lo que, dicha atención no puede quedar supeditada al orden de sorteo de causas, máxime considerando que se encuentra con detención preventiva; b) Interpuso esta acción de libertad en su modalidad traslativa y de pronto despacho, con el objeto de que la autoridad demandada señale audiencia para la consideración del recurso de apelación incidental, el cual fue interpuesto oralmente en la audiencia de consideración de sanciones alternativas. Dado que permanece privado de libertad, el referido recurso fue remitido a los vocales de turno; y, c) Solicitó que se conceda la tutela y se deje sin efecto el decreto de 8 de diciembre de 2022, disponiendo que la autoridad demandada que se encuentra en suplencia legal de la Sala Penal Primera del Tribunal departamental de Justicia de Tarija, señale audiencia de consideración del recurso de apelación incidental.
Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, a través del informe presentado el 14 de diciembre de 2022, cursante de fs. 39 a 41, señaló que: 1) El proceso penal se encuentra radicado en la Sala Penal Primera del Tribunal departamental de Justicia de Tarija desde el 18 de noviembre de 2022, y al tratarse de un recurso de apelación incidental, mereció el decreto de 21 de igual mes y año, en el cual se dispuso: “A considerarse previo sorteo de acuerdo con estricto orden cronológico y prelación correspondiente” (sic). Si bien la Sala Penal de origen dispuso la espera de turno, el proceso fue remitido a la Sala que preside su autoridad, el 5 de diciembre de 2022, siendo resuelto el 6 del mismo mes y año, mediante providencia en la que se indicó que debía estarse a lo resuelto por la Sala Penal Primera del referido departamento, conforme al decreto de 21 de noviembre de 2022; 2) Asimismo, las acefalías existentes de Vocales en ambas Salas Penales, y considerando que su Sala permaneció acéfala desde diciembre de 2021 hasta inicios de septiembre de 2022, se generó una sobrecarga procesal extrema, encontrándose numerosos procesos penales con apelaciones incidentales de personas detenidas preventivamente, los cuales aguardan su turno para resolución, de acuerdo con el orden de prelación y prioridad procesal; 3) En atención a la vacación judicial, la Sala Penal Primera del Tribunal departamental de Justicia de Tarija, remitió a su Sala, diez apelaciones de medidas cautelares, además de otras causas enviadas por Juzgados de provincia y de la capital, incluso con fechas de audiencia programadas desde inicios de noviembre, lo que excede la capacidad de atención de dicha Sala; y, 4) En respuesta al memorial presentado por el accionante, emitió el decreto de 8 de diciembre de 2022, manifestando no haber incurrido en dilación alguna, por cuanto su actuación se ajustó a la normativa aplicable. En dicho decreto se puso en conocimiento del accionante que la Sala se encuentra desarrollando las audiencias de apelaciones de medidas cautelares con detenidos preventivos, las cuales son resueltas conforme al orden de prelación desde el año 2019, considerando además que solo cuenta con una Vocal en funciones. Jorge Ahmed Julio Ale y Claudia Gamarra Hoyos, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, no presentaron informe escrito, tampoco asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 29 vta.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante, Resolución 07/2022 de 14 de diciembre, cursante de fs. 45 a 48, denegó la tutela solicitada. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) El proceso penal seguido contra el accionante, concluyó con Sentencia condenatoria ejecutoriada y, al margen de la sanción impuesta y de haberse aprobado el hecho ilícito, se dispuso la aplicación de las sanciones alternativas. No obstante, ante su incumplimiento y conforme a lo establecido por ley, se revocaron oportunamente dichas medidas, decisión que fue apelada por el accionante. El recurso fue remitido a la Sala Penal correspondiente, y posteriormente a la Sala Penal de turno, la cual, si bien no resolvió el recurso de apelación, aclaró que este se encuentra para el turno correspondiente. Asimismo, la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en su informe señaló que se encuentra acéfala; razón por la cual, desde el planteamiento de la acción no existió desidia por parte de las autoridades demandadas, quienes de manera oportuna emitieron las providencias correspondientes ante los memoriales presentados, informando al accionante que la resolución sería dictada una vez cumplido el turno respectivo, en atención a la recarga procesal existente; y, ii) En el presente caso, no corresponde la aplicación de las tipologías amparadas en el art. 125 de la CPE, puesto que el accionante, no se encuentra privado de libertad de manera indebida e ilegal, al existir una Sentencia condenatoria ejecutoriada en su contra. Su situación obedece al incumplimiento de las sanciones alternativas impuestas, las cuales fueron revocadas.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio 497/2022 de 17 de noviembre, la Jueza de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Tarija, revocó el beneficio de sanciones alternativas otorgados a Marcos Chiri Vedia -ahora accionante-, disponiendo la ejecución de la Sentencia condenatoria 03/2020 de 29 de marzo, referida al cumplimiento de la pena privativa de libertad en el penal de Morros Blancos, por la pena de tres años. Frente a esa determinación, en la misma audiencia, la defensa técnica del ahora accionante, formuló su recurso de apelación incidental, ante el cual, la Jueza mencionada, dispuso que por secretaría de su despacho se imprima el trámite de rigor (fs. 4 y 5 vta.). II.2. Consta oficio de remisión del cuaderno de control jurisdiccional, emitido por la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Tarija, con Cite 2/2010-2022 de 18 de noviembre de 2022, mediante el cual se remitió dicho cuaderno a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Tarija, a efectos de que resuelva el recurso de apelación interpuesto (fs. 11.). En consecuencia, el Secretario de la Sala Penal Primera del mismo departamento, mediante decreto de 21 de noviembre de igual año, señaló que se considerará previo sorteo de acuerdo con estricto orden de ingreso cronológico y prelación correspondiente (fs. 12).
II.3. Mediante nota de Cite: 982/2022 de 5 de diciembre, el Secretario de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija remitió el legajo correspondiente al recurso de apelación incidental a la Sala Penal Segunda del mismo Tribunal, en cumplimiento a lo establecido en la Circular 01/2022 de 18 de octubre, que ordena la remisión de los expedientes con personas detenidas, a los Juzgados y Salas que se permanecen de turno durante la vacación judicial entre el 6 y el 31 de diciembre de 2022. La referida nota contiene un cargo de recepción de 5 de diciembre de 2022 a horas 16:00 (fs. 15 y vta.) II.4. Cursan memoriales presentados el 23 de noviembre y 2 de diciembre, ambos de 2022, a través de los cuales el impetrante de tutela solicitó a los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Tarija, el señalamiento de audiencia para la resolución del recurso de apelación incidental, en atención a que se encuentra privado de libertad; y, en consecuencia, reiteró dicha solicitud, requiriendo además se le brinde respuesta al escrito presentado el 23 de noviembre de 2022, a efectos de que se señale audiencia para la resolución del referido recurso, en observancia del principio de celeridad, respectivamente (fs. 17 y 18 vta.). II.5. Mediante memorial presentado el 7 de diciembre de 2022, por el accionante ante los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, solicitó, por tercera vez, el señalamiento de audiencia de consideración del recurso de apelación incidental, indicando que desde la presentación de su memorial transcurrieron más de siete días y que se encuentra privado de libertad. Dicho memorial mereció el decreto de 8 de diciembre de 2022, a través del cual, se dispuso que se esté a lo resuelto por la Sala Penal Primera del Tribunal departamental de justicia de Tarija mediante decreto de 21 de noviembre de 2022, considerando que el recurso de apelación incidental fue radicado en dicha Sala el 18 de noviembre de 2022 y que su conocimiento quedó sujeto al turno correspondiente. Asimismo, se señaló que, debido a la vacación judicial, la Sala Penal Segunda del Tribunal departamental del mismo departamento se encontraba sobrecargada con la atención de apelaciones relativas a medidas cautelares de personas con detención preventiva, razón por la cual el impetrante de tutela debía sujetarse a la determinación adoptada por la Sala Penal Primera del Tribunal departamental de justicia de Tarija. Finalmente, se dejó constancia de que los memoriales presentados por el accionante ante la Sala Penal Primera el 23 de noviembre de 2022 no cursaban en obrados, motivo por el cual se desconoce la resolución que dicha Sala hubiera emitido sobre los mismos (fs. 19 y 20). II.6. Cursan fotocopias simples de una parte del libro del señalamiento de audiencias de la Sala Penal Segunda del Tribunal departamental de Justicia de Tarija, en el cual, se registraron cuatro audiencias por día y según el informe de la Vocal de dicha Sala, de acuerdo al orden de prelación desde la gestión 2019 -martes 6, miércoles 7, jueves 8, viernes 9, lunes 12, martes 13 y miércoles 14- (fs. 35 a 38).
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y del principio de celeridad; puesto que, ante la formulación oral del recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio que revocó las sanciones alternativas dictadas a su favor, las autoridades demandadas no señalaron fecha y hora de audiencia de consideración de dicho recurso, dentro del plazo legal, y a pesar de sus reiteradas solicitudes de despacho, permitieron que transcurran más de catorce días de dilación indebida; por lo que solicita se conceda la tutela, disponiendo que las autoridades demandadas señalen audiencia del recurso de apelación incidental, cumpliendo con el principio de celeridad y el debido proceso. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre se pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción de libertad-reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida. Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.
En el presente caso corresponde determinar si la omisión atribuida a las autoridades demandadas, consistente en no haber señalado audiencia de consideración del recurso de apelación incidental interpuesto por Marcos Chiri Vedia contra el Auto Interlocutorio que revocó el beneficio de sanción alternativa, y permitir que transcurran más de catorce días sin pronunciamiento pese a las reiteradas solicitudes de despacho, constituye una vulneración de los derechos fundamentales del accionante a la libertad, debido proceso y al principio de celeridad. De la revisión de antecedentes que cursan en obrados se tiene que mediante Auto Interlocutorio 497/2022, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Tarija, resolvió revocar el beneficio de sanciones alternativas otorgadas a Marcos Chiri Vedia, disponiendo la ejecución de la Sentencia condenatoria 03/2020 con el cumplimiento de pena privativa de libertad de tres años en el penal de Morros Blancos. En la misma audiencia, la defensa del ahora accionante interpuso recurso de apelación incidental, cuyo trámite fue ordenado por la Jueza mencionada (Conclusión II.1.).
Posteriormente, mediante Oficio de Cite 2/2010-2022 de 18 de noviembre, la Jueza de la causa, remitió el cuaderno procesal a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, a efectos que se resuelva el recurso de apelación incidental. Mereciendo el decreto de 21 de noviembre de 2022, a través del cual, se dispuso que el recurso sería considerado previo sorteo, conforme al orden cronológico de ingreso y prelación (Conclusión II.2.). Por Nota de Cite 982/2022 de 5 de diciembre, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, remitió el legajo del recurso de apelación incidental, a la Sala Penal Segunda del Tribunal departamental del mismo departamento, en cumplimiento de la Circular 01/2022, debido a la vacación judicial (6 al 31 de diciembre de 2022). El expediente fue recibido el mismo día a horas 16:00 (Conclusión II.3.). Ante ello, el accionante presentó dos memoriales, el 23 de noviembre y 2 de diciembre de 2022, ante la Sala Penal Primera del Tribunal departamental de Justicia de Tarija, solicitando el señalamiento de audiencia para la consideración de su recurso de apelación incidental, invocando el principio de celeridad por encontrarse privado de libertad (Conclusión II.4.). En consecuencia, el 7 de diciembre de 2022, el accionante reiteró su petición ante la Sala Penal Segunda del Tribunal departamental de Justicia de Tarija, alegando la existencia de más de siete días de demora. Ante ello, mediante decreto de 8 de diciembre de 2022, se dispuso que se esté a lo resuelto por la Sala Penal Primera del Tribunal departamental de Justicia del mencionado departamento -decreto de 21 de noviembre-, argumentando que el recurso fue radicado en esa Sala y que, por la sobrecarga de trabajo durante la vacación judicial, la Sala Segunda atendía prioritariamente apelaciones de medidas cautelares. Además, se dejó constancia de que los memoriales presentados por el accionante ante la Sala Penal Primera no cursaban en obrados, desconociéndose la resolución que ésta hubiera emitido sobre ellos (Conclusiones II.5.). Bajo las circunstancias descritas, corresponde precisar que el análisis de fondo de la problemática planteada se realizará de manera individualizada respecto de las autoridades demandadas, en razón de que las Salas Penales Primera y Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija actuaron en momentos distintos y en ejercicio de sus respectivas competencias y turnos judiciales; por lo que, resulta necesario examinar separadamente la conducta atribuida a cada una, para determinar si existió o no vulneración de los derechos fundamentales invocados por el accionante.
a) Conducta procesal de los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal departamental de Justicia de Tarija
Ahora bien, con relación a Jorge Ahmed Julio Ale y Claudia Gamarra Hoyos, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -autoridades demandadas-, se evidencia que el 18 de noviembre de 2022, la Jueza de causa remitió a dicha Sala, el cuaderno procesal con el recurso de apelación incidental interpuesto por la defensa del accionante de forma oral en la misma audiencia; sin embargo, por decreto de 21 de igual mes y año, se dispuso que el recurso sería considerado “previo sorteo, de acuerdo con el estricto orden cronológico y prelación correspondiente”. En consecuencia, el 23 de noviembre y el 2 de diciembre del citado año, el accionante presentó memoriales dirigidos a esa Sala, solicitando el señalamiento de audiencia, sin obtener respuesta alguna. Posteriormente, el 5 de diciembre de 2022, la mencionada Sala Penal remitió el expediente a la Sala Penal Segunda del Tribunal departamental de Justicia de Tarija, para su atención durante la vacación judicial.
No obstante, se advierte que desde la radicación del recurso de apelación incidental, el 18 de noviembre de 2022 hasta el 5 de diciembre de igual año, fecha en la que el Secretario de la Sala Penal Primera del Tribunal departamental de Justicia de Tarija, remitió el expediente a la Sala Penal Segunda del Tribunal departamental del mismo departamento, en virtud de la Circular 01/2022 de 18 de octubre -que ordena la remisión de los expedientes con personas detenidas, a los Juzgados y Salas que permanecen de turno durante la vacación judicial entre el 6 y el 31 de diciembre de 2022-, transcurrieron diecisiete días calendario sin que se hubiere emitido ninguna providencia orientada a impulsar la resolución del recurso o, en su caso, disponer su tratamiento prioritario, pese a que el propio accionante se encontraba privado de libertad, e incluso había solicitado mediante memoriales de 23 de noviembre y 2 de diciembre de 2022 el señalamiento de audiencia con invocación del principio de celeridad.
Dicha inactividad procesal, carente de justificación razonable, constituye un incumplimiento del deber de celeridad y prioridad que deben observar las autoridades judiciales cuando se trata de recursos que inciden directamente en la situación jurídica de personas detenidas, pues conforme al precedente constitucional expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la omisión de resolver con prontitud una solicitud relativa a la libertad física configura una restricción indebida del derecho a la libertad; por lo que, desde una perspectiva constitucional, el lapso de diecisiete días sin actuación efectiva representa una dilación indebida atribuible a la Sala Penal Primera del Tribunal departamental de Justicia de Tarija.
Si bien la remisión posterior del expediente a la Sala Penal Segunda del Tribunal departamental de Justicia de Tarija, obedece a la disposición contenida en la Circular 01/2022, dicha medida no exonera a los Vocales de su obligación de adoptar medidas oportunas para evitar perjuicios derivados de la vacación judicial, pues según la carga procesal o el receso judicial no constituyen causales justificativas suficientes para demorar la tramitación de recursos que comprometen la libertad personal, debiendo las autoridades disponer la atención preferente de tales causas o gestionar mecanismos de sustitución que garanticen la continuidad procesal, basándose en el procedimiento establecido en el art. 406 del CPP modificado por el art. 16 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; y la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, referido al trámite del recurso de apelación incidental; vale decir, que las autoridades demandadas al no señalar audiencia de consideración del recurso de apelación incidental presentado por el accionante, en el plazo de veinticuatro horas, incurrieron en una dilación indebida e injustificada.
Finalmente, conforme a lo expuesto, se concluye que los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal departamental de Justicia de Tarija -demandados-, en el presente caso, incurrieron en una dilación indebida de diecisiete días, comprendida entre el 18 de noviembre y el 5 de diciembre de 2022, cuyo expediente estuvo en su despacho, al no haber atendido con la debida celeridad el recurso de apelación incidental, pese a encontrarse el accionante privado de libertad, configurándose una vulneración a los derechos a la libertad física, al debido proceso y al principio de celeridad, correspondiendo por ello conceder la tutela solicitada, en aplicación a la jurisprudencia constitucional contenida en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, que obliga que toda solicitud en el que se encuentre vinculado el derecho a la libertad, debe ser atendida con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos establecidos por ley.
b) En cuanto a la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal departamental de Justicia de Tarija Por otro lado, dentro de la actuación procesal de Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija -autoridad codemandada-, se tiene que recibió el cuaderno procesal el 5 de diciembre de 2022 a horas 16:00. Posteriormente, el accionante presentó un memorial el 7 de diciembre de 2022, reiterando su solicitud de señalamiento de audiencia para la consideración del recurso de apelación incidental. Dicha petición mereció el decreto de 8 de diciembre de 2022, por el cual la Vocal demandada dispuso que “se esté a lo resuelto por la Sala Penal Primera”, señalando además que, debido a la vacación judicial, la Sala que preside, se encontraba sobrecargada con la atención de apelaciones de medidas cautelares de personas con detención preventiva, motivo por el cual el impetrante de tutela debía sujetarse a la determinación adoptada por la Sala Penal Primera del Tribunal departamental de justicia del mismo departamento.
De la revisión de antecedentes que cursan en obrados se evidencia que desde la recepción del expediente (5 de diciembre de 2022) hasta la emisión del decreto (8 de diciembre 2022) transcurrieron tres días, dentro de los cuales la Vocal demandada, emitió una respuesta formal; empero, el contenido de su providencia denota una falta de impulso procesal efectivo, pues, en lugar de adoptar medidas para la pronta resolución del recurso, se limitó a remitir la responsabilidad de tramitación a la Sala Penal Primera del Tribunal departamental de Justicia de Tarija, pese a que por disposición administrativa (Circular 01/2022) la Sala Penal Segunda se encontraba de turno durante la vacación judicial y, por ende, era competente para resolver los recursos relativos a personas privadas de libertad.
Los argumentos de sobrecarga procesal y acefalía que señala en su informe la autoridad demandada, no se constituyen en una causa legítima para justificar una demora en la atención de un caso que involucra la libertad personal, ya que la jurisprudencia constitucional ha establecido que la carga laboral no exime el cumplimiento del principio de celeridad, así las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entendieron que excepcionalmente es posible flexibilizar los plazos cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
En el caso, obviando actuar con celeridad en la tramitación de causas vinculadas con la libertad, la Vocal codemandada, no señaló fecha y hora para la audiencia respectiva, considerando además con prioridad el tiempo que ya transcurrió desde la interposición del recurso de apelación incidental. Asimismo, con relación a la acefalía señalada, no ha quedado claro a este Tribunal si en el momento que se remitieron las causas con detenido, se mantenía aún la acefalía alegada, de ser así este aspecto tampoco fue dado a conocer al accionante.
En consecuencia, si bien la demora atribuible a la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal departamental de Tarija, fue menor que la de los vocales de la Sala de origen, su omisión de resolver o programar audiencia pese a ser autoridad de turno constituye una falla de impulso procesal, que contribuyó a prolongar la indefinición de la situación jurídica del accionante; puesto que, desde el 5 de diciembre de 2022 hasta la interposición de la presente acción de defensa -13 de diciembre de 2022- no se señaló audiencia de consideración de apelación de incidental, permitiendo que transcurran ocho días dilación injustificada e indebida, correspondiendo por ello, conceder la tutela solicitada en aplicación a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional.
En ese contexto, se concluye que los vocales demandados en la presente acción tutelar, incurrieron en dilaciones indebidas e injustificadas, omitiendo adoptar una medida efectiva para resolver el recurso pese a su competencia de turno, prolongado la indefinición procesal del accionante; por lo que, en aplicación a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ambas actuaciones resultan contrarias al principio de celeridad que deben regirse los procesos vinculados a la libertad personal. Por tanto, la demora acumulada y no justificada de las autoridades demandadas configuran un acto lesivo a los derechos alegados por el accionante, correspondiendo conceder la tutela solicitada.
Adicionalmente, corresponde enfatizar que el presente caso se enmarca en un proceso penal seguido por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, situación que impone a las autoridades judiciales el deber reforzado de actuar con mayor diligencia y sensibilidad, en cumplimiento de los principios establecidos en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley N° 348 de 9 de marzo de 2013-. Dicha norma, en sus arts. 4 inc. 4) y 13, establece de manera expresa el principio de trato digno y atención diferenciada, así como la obligación de todos los servidores públicos de intervenir en causas vinculadas a violencia de género con prontitud, eficacia y sin dilaciones indebidas, asegurando una respuesta institucional oportuna que evite la revictimización y garantice la protección integral de los derechos de las partes involucradas.
En esa sentido, la conducta omisiva y la falta de celeridad procesal atribuida a los Vocales demandados resulta contraria a los citados principios, pues el retardo injustificado en la tramitación del recurso de apelación incidental no solo afectó el derecho a la libertad del accionante, sino que además interfirió en la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales de la víctima de violencia, al demorar obstaculizar la materialización del acceso a la justicia y la protección judicial efectiva que garantiza la Ley 348.
En consecuencia, la inactividad procesal observada en el presente caso evidencia una doble vulneración: por un lado, al derecho a la libertad y al debido proceso, y al principio de celeridad; y, por otro, al principio de atención diligente y trato digno que debe regir toda actuación judicial en materia de violencia de género, conforme al mandato constitucional de erradicar la violencia contra las mujeres y garantizarles una vida libre de todo tipo de agresión.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 07/2022 de 14 de diciembre, cursante de fs. 45 vta. a 48 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Tarija, y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, en su modalidad traslativa y de pronto despacho, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer que Jorge Ahmed Julio Ale, Claudia Gamarra Hoyos y Gemma Marcela Baldiviezo Tavera, Vocales de la Sala Penal Primera y Segunda respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, o en su caso la autoridad judicial ante el cual se encuentre el cuaderno procesal de recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante, una vez notificados con este fallo constitucional, señalen de forma inmediata fecha y hora de audiencia de consideración del recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio 497/2022 de 17 de noviembre, en observancia al principio de celeridad, salvo que el estado procesal del trámite ya hubiera cambiado por el transcurso del tiempo. 3° Exhortar a las autoridades demandadas -cada una dentro de su competencia- a tramitar con la máxima celeridad posible, las solicitudes que se encuentran vinculadas al derecho a la libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 2El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.
3 La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.
4 La SCP 1907/2012, en el F.J III.4 señaló: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0499_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 04d9b955c8f6a1f30df825559d75b5087b191a038c30063c64bedf383d1ffcc0
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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