B.IA.LEGAL

SCP 0496/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 6 de junio de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
6 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
45869-2022-92-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; señalando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico en su contra, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica; el 5 de febrero de 2022, en audiencia de medidas cautelares se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Quillacollo de Cochabamba; decisión que fue impugnada; empero, hasta la fecha de presentación de esta acción de libertad el legajo procesal no fue remitido al Tribunal de alzada, desconociendo que su envío debe ser realizado en el plazo de veinticuatro horas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 004/2022 de 14 de febrero, cursante de fs. 90 a 92, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, ordenando a la autoridad demandada que en el día remita los antecedentes necesarios ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, para que resuelva la apelación del impetrante de tutela contra el Auto Interlocutorio de 5 de febrero de 2022, que dispuso su detención preventiva; salvo que, por el transcurso del tiempo ya hubiera sido cumplida; sin costas ni costos; y, 2° Llamar la atención a Danny Roberto Knaudt Vilaseca, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del citado departamento, exhortándole a que en próximas oportunidades observe los plazos legales en el envío del legajo procesal para la tramitación de recurso de apelación que tienen que ver con medidas cautelares que limiten el derecho de libertad física; bajo alternativa de remitirse antecedentes al Consejo de la Magistratura.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0496/2023-S2 Sucre, 6 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 45869-2022-92-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 004/2022 de 14 de febrero, cursante de fs. 90 a 92, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Samuel Alex Orihuela Sanabria en representación sin mandato de José Nelson Gallinate Torrico contra Danny Roberto Knaudt Vilaseca, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 14 de febrero de 2022, cursante de fs. 3 a 5, el accionante a través de su representante, expuso que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, en audiencia de medidas cautelares de 5 de febrero de 2022, se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Quillacollo de Cochabamba; decisión que impugnó; empero, pese a que transcurrieron siete días no se remitió su apelación al Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento, para su resolución por la Sala Penal de turno, desconociendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional y el mandato establecido en el art 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el cual señala que la apelación debe ser remitida en el plazo de veinticuatro horas; dilación injustificada; toda vez que, no se requirió al Juez demandado emitir un ampuloso y fundamentado fallo.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

No identificó la lesión de ningún derecho ni citó norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que el Juez demandado remita inmediatamente el recurso de apelación ante el Tribunal de alzada.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 15 de febrero de 2022, según consta en acta cursante a fs. 89 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante, ratificó los términos de la acción de libertad y ampliándolos manifestó que, este mecanismo de defensa fue planteado a objeto de que el Juez demandado remita la apelación que interpuso contra el Auto Interlocutorio de 5 de febrero de 2022, que determinó su detención preventiva; toda vez que, pese a que transcurrieron más de diez días de que formuló ese recurso, el legajo procesal no fue remitido; lo que, constituyó una lesión al derecho a la libertad.

I.2.2. Informe del demandado

Danny Roberto Knaudt Vilaseca, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 14 de febrero de 2022, cursante de fs. 87 a 88 vta., manifestó que: a) Ni bien fue notificado con la acción de libertad solicitó a la Secretaria de su Juzgado emita un informe; funcionaria que le hizo saber que el 11 del señalado mes y año, la parte interesada proveyó los gastos para la apelación; y que el acta de la audiencia de medidas cautelares se encontraba labrada desde el 7 de ese mes y año; b) El 14 de febrero de 2022, en coordinación con el peticionante de tutela remitió los antecedentes de dicho recurso para su tratamiento por la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, c) Se aguardó hasta el 11 de igual mes y año, para remitir obrados al Tribunal de alzada, tomando en cuenta que el expediente consta de seis cuerpos.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 004/2022 de 14 de febrero, cursante de fs. 90 a 92, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Claramente la autoridad demandada no remitió dentro de plazo los actos procesales del expediente a objeto de que se resuelva la apelación formulada; 2) El impetrante de tutela no adoptó en el trámite del referido recurso una actitud diligente; debido a que, no proveyó los recaudos oportunamente; 3) La remisión de antecedentes al superior en grado fue realizada el 14 de igual mes y año; y, 4) Pese a que el Juez demandado pudo remitir en el plazo de veinticuatro horas las piezas pertinentes en cumplimiento a la jurisprudencia constitucional, de todas formas el Tribunal de alzada hubiera observado se adjunte toda la documentación; por lo que, el tiempo de retraso en el envió de la apelación hubiera sido el mismo; consiguientemente, no se advirtió vulneración a ningún derecho o garantía constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio de 5 de febrero de 2022, Danny Roberto Knaudt Vilaseca, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba -demandado-, dispuso la detención preventiva de José Nelson Gallinate Torrico -accionante-, en el Centro Penitenciario Quillacollo de ese departamento, por el termino de seis meses; decisión que fue impugnada determinándose la remisión de antecedentes conforme prevé el art. 251 del CPP, instando a otorgar los recaudos de ley (fs. 46 a 63). II.2. A través de nota de 14 de febrero de 2022, la autoridad demandada remitió la apelación formulada a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 86). II.3. Consta informe de la mencionada fecha, elaborado por la Secretaria del supra citado Juzgado, haciendo conocer que el acta de audiencia -donde se determinó la medida cautelar de detención preventiva- se encuentra labrada desde el 7 de igual mes y año; empero, la remisión recién fue realizada el 14 de febrero de 2022; debido a que, el peticionante de tutela proveyó los gastos para las copias el 11 del mismo mes y año (fs. 85).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; señalando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico en su contra, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica; el 5 de febrero de 2022, en audiencia de medidas cautelares se dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Quillacollo de Cochabamba; decisión que fue impugnada; empero, hasta la fecha de presentación de esta acción de libertad el legajo procesal no fue remitido al Tribunal de alzada, desconociendo que su envío debe ser realizado en el plazo de veinticuatro horas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares

Sobre el particular, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, señaló que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. (…) Por previsión del art. 8.II de la CPE, el Estado se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo el cual resulta ser el vivir bien. En este sentido, el constituyente ha previsto no sólo los valores generales entre los cuales figura como se mencionó la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se fundamenta la jurisdicción ordinaria entre los cuales se encuentra la celeridad, así se tiene previsto en el art. 180.I de la CPE; es por ello que precisamente la potestad de impartir justicia según el art. 178.I de la CPE, emana del pueblo boliviano y se sustenta en la seguridad jurídica, en la celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes. Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. (...) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras).

En ese mismo orden de razonamiento, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, expresó sobre la temática que: “…una vez presentada la impugnación de manera escrita, el juez debe emitir la providencia respectiva, en el plazo establecido en el art. 132 inc. 1) del CPP; es decir, veinticuatro horas, disponiendo la remisión del recurso y de los antecedentes ante el Tribunal de apelación; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas establecidas en el art. 251 del CPP. En ese entendido, y reconstruyendo el art. 251 del citado Código, a la luz de las consideraciones efectuadas anteriormente, se tiene que una vez notificada la resolución emergente de una medida cautelar, las partes tienen un plazo de setenta y dos horas para promover su apelación incidental, periodo que debe ser computado desde el momento mismo de la notificación con la decisión; por otro lado, planteada la impugnación, la autoridad judicial, como garante de la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, en aras de una pronta administración de justicia y del principio de celeridad, debe dictar la providencia de remisión del recurso de apelación y los antecedentes, en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 132 inc. 1) del CPP; momento a partir del cual se computan, a su vez, las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del referido Código. Por lo expuesto, es evidente que el cómputo de los plazos en la impugnación y la remisión de obrados ante el tribunal de alzada, no está librado a la libre voluntad y entendimiento arbitrario de quienes son llamados a impartir justicia, por cuanto dicho cómputo ya fue establecido por el legislador de manera clara y expresa, por lo que, únicamente deben ser observadas tales previsiones legales; consiguientemente, obrar de un modo diferente o contrario a las normas procesales glosadas precedentemente y al entendimiento anterior, tiene como consecuencia la vulneración del debido proceso, los derechos a la defensa y acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y, si la impugnación tiene por finalidad debatir la libertad del encausado, también se vulnera el derecho a la libertad del justiciable” (el resaltado nos pertenece).

III.2. Análisis del caso concreto

A la vista de los antecedentes del proceso, se puede advertir que José Nelson Gallinate Torrico -accionante- se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario Quillacollo de Cochabamba, desde el 5 de febrero de 2022, y que en esa misma fecha, interpuso recurso de apelación a objeto de que dicha medida sea revocada por el Tribunal de alzada (Conclusión II.1); pese a que el plazo para el envió de los antecedentes es de veinticuatro horas, conforme el art. 251 del CPP, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba -demandado-, hasta la fecha de presentación de esta acción de libertad, no remitió los actuados correspondientes de la causa. Bajo el antecedente descrito, la problemática planteada en este mecanismo constitucional se circunscribe a examinar si la dilación en la remisión de obrados al Tribunal de alzada por parte de la autoridad demandada restringió los derechos y garantías constitucionales del accionante; y, si existen causas eximentes de responsabilidad de dicha autoridad judicial debido a la falta de provisión de gastos para la obtención de fotocopias por el apelante. En ese orden, con relación a la oportunidad en la remisión de los documentos necesarios para el conocimiento del Tribunal de alzada ante una medida cautelar de detención preventiva, el Código de Procedimiento Penal y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional son uniformes en señalar que, el envió de la documentación al superior en grado debe ser realizado en el plazo de veinticuatro horas; término que no fue cumplido en el presente caso, conforme lo manifestó el Juez demandado en su informe, al alegar que aguardó hasta el 11 de febrero de 2022, que el peticionante de tutela provea los gastos de las fotocopias para su posterior envío; es decir, que desde el 5 hasta el 14 de ese mes y año -momento en el que se remitió los antecedentes-, transcurrieron más de veinticuatro horas; lo que, constituye una lesión a los derechos al debido proceso, a la defensa, al acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, y a la libertad del justiciable; toda vez que, dicha apelación es imprescindible para definir la restricción de este último derecho del impetrante de tutela; lo que, conlleva a que deba concederse la tutela reclamada. Ahora bien, respecto a la eximente alegada por la autoridad demandada; en sentido de que, debido a la ampulosa documentación que requería enviarse era necesario que el solicitante de tutela corra con el gasto que representaba el pago de las fotocopias, se debe precisar que la jurisprudencia de este Tribunal, en la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, al referirse a la provisión de gastos que debe realizar la parte apelante estableció que: “No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia” (el resaltado es propio); entonces, tomando en cuenta aquel precedente, el Juez demandado no podía de forma alguna excusar la remisión de los antecedentes de apelación en la falta de la provisión de recursos económicos para la obtención de las fotocopias del proceso. Bajo ese mismo orden de razonamiento, este Tribunal considera importante resaltar que corresponde al Juez que conoce la causa:

“i) Remitir al Tribunal ad quem, en el término de veinticuatro horas, conforme previene el art. 251 del CPP, las actuaciones pertinentes a efectos que se resuelva el recurso de apelación que corresponda. En caso que no haberse proporcionado los recaudos necesarios, mínimamente deberán ser remitidos al Tribunal de apelación: a) Copia del acta de audiencia de medidas cautelares, b) Copia del Auto que disponga las medidas cautelares; y, c) Copia del mandamiento de detención preventiva del o los imputados, a efectos de dar continuidad inmediata al trámite de apelación…” (SCP 0381/2013 de 25 de marzo); obligación que no fue cumplida por la autoridad demandada; toda vez que, como se manifestó ut supra, se aguardó más de diez días la provisión de los recursos económicos, repercutiendo ello en la celeridad que debe observarse en la tramitación de las apelaciones relacionadas a medidas cautelares que restringen la libertad de locomoción. Otro hecho importante para la resolución de la problemática, esta relacionado a la nota de 14 de febrero de 2022, descrita en la Conclusión II.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la misma que no acredita la fecha de recepción de los antecedentes de la apelación por la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; aspecto que impele a conceder la tutela de la acción de libertad en la modalidad de pronto despacho, considerando que si bien la autoridad demandada alega que envió dicha documentación el 14 de febrero de 2022, ese hecho no fue acreditado por las literales adjuntas debido a la falta de legibilidad de las mismas. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela solicitada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 004/2022 de 14 de febrero, cursante de fs. 90 a 92, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, ordenando a la autoridad demandada que en el día remita los antecedentes necesarios ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, para que resuelva la apelación del impetrante de tutela contra el Auto Interlocutorio de 5 de febrero de 2022, que dispuso su detención preventiva; salvo que, por el transcurso del tiempo ya hubiera sido cumplida; sin costas ni costos; y, 2° Llamar la atención a Danny Roberto Knaudt Vilaseca, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del citado departamento, exhortándole a que en próximas oportunidades observe los plazos legales en el envío del legajo procesal para la tramitación de recurso de apelación que tienen que ver con medidas cautelares que limiten el derecho de libertad física; bajo alternativa de remitirse antecedentes al Consejo de la Magistratura. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0496_2023-S2.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): d7edf3bd4612cb7a3722f88b2549f2f125447b84b2a70ff7c33ab99a77dd4d54

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →