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SCP 0494/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de abril de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
20 de abril de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
59130-2023-119-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 30/2023 de 11 de octubre, cursante de fs. 101 a 103 vta., pronunciada por el Juzgado de Sentencia Penal Primero de Camiri del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR en todo la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, manteniendo la validez de los actos posteriores a la concesión de la tutela efectuada a través de la Resolución 30/2023 de 11 de octubre.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0494/2026-S3 Sucre, 20 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 59130-2023-119-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 30/2023 de 11 de octubre, cursante de fs. 101 a 103 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Martin Arana Olguín, Teófilo Kapa Pachacuti, Jhonny Choque Chiri y Franz Quinteros Mamani contra María Eugenia Chungara Viracochea, Fiscal de Materia, Juan Carlos Padilla Aguilar, Comandante de la Octava División del Ejército Boliviano y Luis Fernando Berrios Aguirre, Comandante del Regimiento de Infantería (RI)-7 General Marzana del Municipio de Cabezas del Departamento de Santa Cruz.

I. OBJETO PROCESAL

Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la defensa, toda vez que: a) Dentro del proceso penal en contra de autores desconocidos, por la presunta comisión del delito de homicidio en grado de tentativa, la Fiscal de Materia -ahora demandada-, emitió requerimiento ordenando su permanencia obligatoria en instalaciones militares por el tiempo que dure el proceso, bajo conminatoria de procesar al jefe militar por encubrimiento y complicidad en caso de incumplimiento, careciendo de una fundamentación clara sobre los alcances de la restricción; b) En cumplimiento de esta disposición, el Comandante de la Octava División del Ejército -codemandado- mediante radiograma instruyó al Comando del RI-7 ejecutar la medida; y, c) En consecuencia, el 3 de octubre, el Comandante del RI-7 notificó a Martin Arana Olguín y Teófilo Kapa Pachacuti, ordenándoles su permanencia en el regimiento y la prohibición de abandonar el municipio de Cabezas hasta el esclarecimiento de los hechos. María Eugenia Chungara Viracochea, Fiscal de Materia, por informe escrito presentado el 11 de octubre, cursante de fs. 92 a 96 vta. y en audiencia de garantías, manifestó que el 29 de septiembre de 2023 emitió requerimiento dirigido al Comandante de la Octava División del Ejército y al Comandante del RI-7 General Marzana, donde solicitó que el personal que cumplió funciones el 27 del mismo mes y año, en el puesto de control aduanero de Abapó, permanezcan en instalaciones militares con la finalidad de recabar sus testimonios y establecer la verdad histórica de los hechos ocurridos en el lugar, señalando que no vulneró ningún derecho ni garantía constitucional, y solicitó considerar el principio de subsidiariedad excepcional; ya que, ante cualquier lesión correspondía acudir ante el juez de control jurisdiccional y no así activar directamente la presente acción tutelar, por lo que solicitó se deniegue la tutela. Luis Fernando Berrios Aguirre, Comandante del RI-7 General Marzana, solicitó denegar la tutela argumentando que la permanencia del personal aduanero en el recinto militar obedeció al estricto cumplimiento de un requerimiento fiscal que disponía su inamovilidad, bajo advertencia de procesamiento por encubrimiento y complicidad; asimismo, sostuvo que no existió privación de libertad ni detención arbitraria; toda vez que, se les asignaron áreas de descanso para precautelar su seguridad y los funcionarios estaban facultados para retirarse a sus domicilios cuando lo requirieran, adecuando sus actos a los pilares de jerarquía y disciplina previstos en el art. 245 de la Constitución Política del Estado (CPE). La Jueza de Sentencia Penal Primero de Camiri del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 30/2023, concedió en parte la tutela impetrada, dejando sin efecto la orden fiscal de permanencia de los accionantes, anulando las notas de servicio y disponiendo su libertad irrestricta; asimismo, denegó la acción respecto al debido proceso, pronto despacho y los extremos contra la fiscal. El tribunal concluyó que altos mandos militares ejecutaron una detención ilegal mediante una interpretación arbitraria del requerimiento fiscal, omitiendo deliberadamente solicitar una aclaración jurídica a pesar de contar con asesores en su unidad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, conforme al Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 008/2026 de 11 de marzo, en el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional estableció el uso obligatorio del Formato Corto de Resolución de Sentencias Constitucionales, aprobado en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, para todas las causas comprendidas en el referido Plan.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana

Con relación a las denuncias de supuestas ilegalidades cometidas por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana, la SC 0054/2010-R de 27 de abril estableció que: …ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales (…)

III.2. Análisis del caso concreto

De la revisión de los antecedentes del presente fallo constitucional, se establece que, dentro del proceso penal con CUD 707302292300184, seguido contra presuntos autores por tentativa de homicidio, el 29 de septiembre de 2023 la Fiscal de Materia -ahora demandada- emitió requerimientos dirigidos a la Octava División del Ejército y al RI-7 General Marzana, ordenando de forma arbitraria, la permanencia obligatoria de los accionantes en recintos militares, bajo conminatoria de iniciar proceso penal por encubrimiento y complicidad previsto y sancionado en los arts. 23 y 171 del CP. (fs. 51 a 52 y 53 a 54). En cumplimiento de esta orden, el Comandante de la Octava División envió un radiograma al RI-7, por lo que la autoridad de dicha institución el 3 de octubre del mismo año, expidió notas de servicio que derivó en la notificación a los peticionantes de tutela; en ella, se les impuso la permanencia obligatoria en el regimiento y la prohibición de abandonar el municipio de Cabezas hasta el esclarecimiento de los hechos, bajo advertencia de sanciones disciplinarias (fs. 6, 7 y 8). Ahora bien, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que desarrolla la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad sobre las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que podrían incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implica vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el juez de instrucción penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; considerando que, el juez de instrucción penal es la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, siendo llamada por ley para atender cualquier denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales durante esa etapa.

En el marco del contexto jurisprudencial analizado, se advierte que el proceso penal se encuentra bajo el control jurisdiccional del Juzgado Público Mixto en lo Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero del Municipio de Cabezas de la Provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz; en consecuencia, ante cualquier presunta irregularidad u omisión de la Fiscal de Materia y de los funcionarios militares que ejecutaron la orden, los accionantes debieron acudir ante dicha autoridad judicial para denunciar las vulneraciones reclamadas antes de activar la justicia constitucional, al no haber procedido de esa manera, se concluye que no se ha cumplido con la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; razón por la cual, corresponde denegar la tutela solicitada. Respecto a la presunta vulneración del derecho a la vida y a la salud invocada por peticionante de tutela -Teófilo Kapa Pachacuti-, se observa una enunciación genérica, sin el aporte de material probatorio que respalde tal afirmación que acredite una amenaza real o un daño inminente, al tratarse de una mera alegación carente de sustento fáctico, no se acredita fehacientemente el riesgo o la lesión a los derechos invocados.

III.2.1. Respecto al dimensionamiento de los efectos

Finalmente, es preciso señalar que debido a las particularidades de la situación fáctica expuesta y ante la concesión de la tutela efectuada, resulta necesario el dimensionamiento de la determinación asumida en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, correspondiendo aplicar la facultad previsora de este Tribunal Constitucional Plurinacional de acuerdo a la SCP 0015/2018-S2 de 28 de febrero, en situaciones excepcionales en las que si bien se revoca la tutela concedida, resulta necesario dimensionar los efectos de la concesión inicial. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, respecto a los funcionarios militares codemandados, y denegar con relación a la Fiscal de Materia demandada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 30/2023 de 11 de octubre, cursante de fs. 101 a 103 vta., pronunciada por el Juzgado de Sentencia Penal Primero de Camiri del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR en todo la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, manteniendo la validez de los actos posteriores a la concesión de la tutela efectuada a través de la Resolución 30/2023 de 11 de octubre. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0494_2026-S3.pdf · páginas 1 a 5.

Huella digital del PDF (SHA-256): a561cd6f94f3ecaff1939399cd22e6e72e0ffc12a36d4915618cef78aaea7347

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