Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de marzo de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y a la dignidad; toda vez que, habiendo presentado solicitud de cesación a la detención preventiva, el Juez demandado fijó audiencia fuera del plazo de cuarenta y ocho horas previsto por el art. 239.1 del CPP. Ante ello, la autoridad demandada señaló que fijó la audiencia dentro del plazo previsto por ley. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2023 de 6 de septiembre, cursante de fs. 116 a 119 vta., pronunciada por el Juzgado de Sentencia Penal Público de la Niñez y Adolescencia Primero de Llallagua del departamento de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0489/2026-S2 Sucre, 25 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 58396-2023-117-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 03/2023 de 6 de septiembre, cursante de fs. 116 a 119 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Nilve Acero Suárez contra Erik Rolando Copa Calcina, Juez de Instrucción Penal Primero de Llallagua del departamento de Potosí.
Por memorial presentado el 6 de septiembre de 2023, cursante de fs. 1 a 3, el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, el 30 de “octubre” -siendo lo correcto y en adelante julio- de 2023, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, en la cual se le impuso la detención preventiva. El 4 de septiembre de 2023, solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva; sin embargo, Erik Rolando Copa Calcina, Juez de Instrucción Penal Primero de Llallagua del departamento de Potosí -ahora demandado-, no señaló la audiencia en el plazo previsto por ley.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y a la dignidad; citando al efecto los arts. 22, 23.III y V, 178 y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
No preciso un petitorio en concreto.
Celebrada la audiencia pública el 6 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 115 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su acción de libertad y, ampliando en audiencia, señaló que: a) En el marco del art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el 4 de septiembre de 2023 presentó memorial solicitando audiencia de cesación a la detención preventiva; y, b) El juez demandado debía fijar la audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho horas; sin embargo, fijó audiencia para el 7 del mismo mes y año, es decir, fuera del plazo que establece la norma. En fase de preguntas, en lo pertinente, indicó que: 1) El plazo de cuarenta y ocho horas empieza a computarse desde que se presenta el memorial en ventanilla; y, 2) Si bien es cierto que podían ponerlo en conocimiento del Juez demandado al día siguiente y demás circunstancias, aquello constituye responsabilidad de quien se encuentre a cargo del despacho.
Erik Rolando Copa Calcina, Juez de Instrucción Penal Primero de Llallagua del departamento de Potosí, por de informe escrito cursante de fs. 109 a 110, solicitó se deniegue la tutela, argumentando que: i) La acción tutelar presentada no expone con precisión los hechos, dejándolo en absoluta incertidumbre e imposibilita presentar un informe con precisión; además, el principio de informalismo no implica un informalismo extremo; ii) El 30 de julio de 2023, llevó a cabo audiencia de consideración de imputación formal y aplicación de medidas cautelares contra el accionante, a quien se le impuso la medida extrema de detención preventiva, tomando en cuenta la modificación inserta por la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente al art. 233 del CPP; iii) El impetrante de tutela planteó recurso de apelación incidental, el mismo fue remitido a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, sin embargo, no se devolvió el testimonio de apelación; y, iv) El accionante presentó su memorial el 4 de septiembre de igual año, ingresando a su despacho el 5 del mismo mes y año a horas 16:36, y mereció decreto de misma fecha a horas 16:43, conforme el art. 132.I del CPP; es decir, dentro de las veinticuatro horas para emitir decretos y señalando audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas computables desde conoció la solicitud.
El Juez de Sentencia Penal Público de la Niñez y Adolescencia Primero de Llallagua del departamento de Potosí, por Resolución 03/2023 de 6 de septiembre, cursante de fs. 116 a 119 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) El Juez demandado atendió la solicitud del accionante dentro del plazo de veinticuatro horas que establece el art. 132.1 del CPP y señaló audiencia en el plazo de cuarenta y ocho horas; debido a que el impetrante de tutela presentó su memorial el 4 de septiembre de 2023, al día siguiente decretó fecha y hora de audiencia en el plazo de cuarenta y ocho horas; y, b) El Juez demandado actuó con la celeridad prevista en la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, modificada por la Ley de Modificación a la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres. El accionante, a través de su abogado, solicitó se aclare desde que momento empieza a correr el plazo para que el Juez emita respuesta. En atención a lo solicitado, el Juez de garantías señaló que la SCP 0158/2022-S1 de 29 de abril, como caso análogo, se establece que el plazo de las autoridades comienza a correr desde su conocimiento efectivo de la solicitud.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 4 de septiembre de 2023 a horas 11:53, Nilve Acero Suárez -ahora accionante-, solicitó a Erik Rolando Copa Calcina, Juez de Instrucción Penal Primero de Llallagua del departamento de Potosí -demandado-, cesación a la detención preventiva y señalamiento de día y hora de audiencia para su consideración (fs. 94). En respuesta, mediante decreto de 5 de igual mes y año, el Juez demandado refirió que: “…se señala Audiencia de Consideración de Solicitud de Cesación a la Detención Preventiva, sea par fecha Jueves 07 de septiembre de 2023 a horas 08:45 am…” (sic [fs. 95]); asimismo, constan orden de traslado del imputado para la audiencia de referencia, como formularios que refieren la notificaciones al Ministerio Público, la víctima de la causa y el accionante, con el señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva (fs. 96 a 98). II.2. Cursa Hoja de Ruta del “Tribunal Departamental de Justicia de Llallagua”
(sic), mediante el cual, el 4 de septiembre de 2023 se remiten al Juzgado de Instrucción Penal Primero de Llallagua del departamento de Potosí tres memoriales (fs. 102).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y a la dignidad; toda vez que, habiendo presentado solicitud de cesación a la detención preventiva, el Juez demandado fijó audiencia fuera del plazo de cuarenta y ocho horas previsto por el art. 239.1 del CPP. Ante ello, la autoridad demandada señaló que fijó la audiencia dentro del plazo previsto por ley. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Con referencia a la acción de libertad, en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…”(el resaltado es propio).
De los antecedentes cursantes en el expediente, se advierte que el accionante sostiene que el Juez demandado incurrió en dilaciones y omisiones para la sustanciación de la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva; respecto a ello, de la revisión de obrados se constata la existencia de los siguientes actuados: Memorial presentado el 4 de septiembre de 2023, a horas 11:53, por el accionante ante el Juez demandado, mediante el cual solicitó cesación a la detención preventiva y el señalamiento de día y hora de audiencia para su consideración, mismo que mereció el decreto de 5 del mismo mes y año, por el cual, el Juez demandado señaló audiencia para el 7 de igual mes y año a horas 8:45; además, constan requerimiento al Director del Centro Penitenciario de “San Miguel de Uncía”, a efectos de disponer el traslado del peticionante de tutela a la audiencia, y las notificaciones respectivas a las partes procesales con el señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva (Conclusión II.1).
Ahora bien, en los términos desarrollados por la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando una solicitud vinculada al derecho a la libertad no es atendida con la mayor celeridad posible o dentro de un plazo razonable, la vulneración se configura en la sola demora, en tanto esta genera o prolonga una restricción indebida de dicho derecho. Corresponde señalar que, de acuerdo con la prueba presentada por el Juez demandado, este procedió de forma célere al haber decretado dentro de las veinticuatro horas de presentada la solicitud, conforme dispone el art. 132.1 del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite; debido a que el accionante presentó su solicitud en ventanilla del “Tribunal Departamental de Justicia de Llallagua” el 4 de septiembre de 2023, el corredor, mediante Hoja de Ruta 10304988, remitió al Juzgado de Instrucción Penal Primero de Llallagua del departamento de Potosí la solicitud del impetrante de tutela el mismo día (Conclusión II.2); y, el Juez demandado, al día siguiente, dictó el decreto de 5 de igual mes y año, indicando que: “…se señala Audiencia de Consideración de Solicitud de Cesación a la Detención Preventiva, sea par fecha Jueves 07 de septiembre de 2023 a horas 08:45 am…” (sic). Ahora, respecto al plazo para el señalamiento de audiencia, debe considerarse que, ante la entrada en vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, modificada por la Ley de Modificación a la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, se introdujeron importantes modificaciones al Código de Procedimiento Penal de 25 de marzo de 1999; entre ellas, la regulación de las causales por las que puede invocarse el instituto de la cesación, así como el procedimiento para su tramitación, estableciéndose un plazo de cuarenta y ocho horas para que el juez o tribunal señale audiencia para su resolución -en los casos previstos en los numerales 1, 2, 5 y 6-. Dicho término legal fue observado por el Juez demandado, debido a que la audiencia fue señalada dentro de ese plazo. Además, en el mismo decreto se dispuso oficiar al Director del Centro Penitenciario de “San Miguel de Uncía” para el traslado del accionante a la audiencia, así como notificar al imputado, a la víctima y al Fiscal de Materia asignado al caso; advirtiéndose, de la revisión de la prueba adjunta por el Juez demandado, que todos los actos procesales fueron debidamente materializados; es decir, que no solo señaló la audiencia dentro del plazo previsto por la norma, sino que además se instruyeron las actuaciones necesarias para efectivizar la audiencia fijada.
De este modo, se constata que la autoridad demandada actuó con la debida diligencia y en observancia del principio de celeridad, cumpliendo con los plazos procesales previstos por el Código de Procedimiento Penal. Por último, cabe aclarar que el abogado del accionante indicó en audiencia que el plazo de cuarenta y ocho horas debe ser computado desde que el memorial fue presentado en plataforma o ventanilla, y no desde que ingresa al despacho del Juez; sobre este punto, corresponde precisar que no resulta lógico que la autoridad jurisdiccional fije audiencia cuando aún no tiene conocimiento de la solicitud; en ese entendido, el cómputo del plazo de cuarenta y ocho horas debe efectuarse desde el momento en que el Juez decreta la solicitud de cesación a la detención preventiva y dispone el señalamiento de día y hora de audiencia para su consideración, configurándose una actuación dilatoria, en estos supuestos, cuando la autoridad jurisdiccional dispone el señalamiento de audiencia fuera de dicho plazo. En consecuencia, al no advertirse vulneración alguna a los derechos denunciados por el impetrante de tutela y al no existir dilación alguna en la atención de la petición realizada, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2023 de 6 de septiembre, cursante de fs. 116 a 119 vta., pronunciada por el Juzgado de Sentencia Penal Público de la Niñez y Adolescencia Primero de Llallagua del departamento de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0489_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): 77fa3688c164088255f2ae3e3c1b90a4735f85d43913e01776610eeab4a098d7
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