B.IA.LEGAL

SCP 0488/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 6 de junio de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
6 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
46128-2022-93-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El demandante de tutela mediante su representante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; alegando que en la causa penal instaurada en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; el 16 de noviembre de 2021, presentó ante la Jueza ahora demandada, requerimiento conclusivo de suspensión condicional del proceso sin recibir atención por parte de la misma; habiendo requerido el 30 de diciembre del año indicado, señalamiento de día y hora de audiencia a objeto de su consideración, pedido que reiteró el 18 y 27 de enero de 2022, sin merecer la emisión de providencia alguna, produciéndose retardación de justicia. Agrega que el 9 de febrero del año precitado, impetró salida médica al encontrarse delicado de salud, sin contar tampoco con una respuesta pronta sobre el particular por parte de la autoridad judicial demandada. No existiendo tampoco diligenciamiento de notificaciones oportunas por parte del personal subalterno de su despacho. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 13/2022 de 23 de febrero, cursante de fs. 20 a 23 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER parcialmente la tutela impetrada por el accionante, únicamente respecto a la vulneración del principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad, así como del derecho a la salud relacionado con la acción de libertad correctiva, en el marco de lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela en cuando a la supuesta transgresión del debido proceso. 3° Disponer que la Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, en caso de no haber providenciado los memoriales de solicitud de señalamiento de día y hora de audiencia para considerar la suspensión condicional del proceso y el de salida judicial por carácter de urgencia médica, obre conforme a procedimiento según los plazos determinados en la norma; debiendo por su parte, el Secretario en funciones de dicho Juzgado, diligenciar oportunamente las notificaciones inherentes a los decretos expedidos relativos a las peticiones señaladas. 4° Llamar la atención a la Jueza demandada, por la retardación de justicia en la que incurrió, no pudiendo este Tribunal conforme a lo anotado en el presente fallo constitucional, convalidar conductas reñidas contra el orden público constitucional que transgredieron derechos fundamentales o garantías constitucionales.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. En cuanto a la acción de libertad correctiva
  2. III.2. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho:
  3. III.3. Respecto a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional, en las acciones de libertad
  4. III.4. Principio de presunción de veracidad de los hechos y de los actos denunciados por la parte accionante
  5. III.5. La acción de libertad innovativa
  6. III.6. Análisis en el caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0488/2023-S2 Sucre, 6 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 46128-2022-93-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 13/2022 de 23 de febrero, cursante de fs. 20 a 23 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Claudia Dolly Najera Díaz, abogada del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) en representación sin mandato de Dante Rafael Valverde Helguero contra Gladys Bacarreza Morales, Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera; y, Ariel Guillermo Cuevas Massi, Secretario del Juzgado de Sentencia Penal Segundo -en suplencia legal del referido Juzgado-, ambos de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de febrero de 2022, cursante de fs. 7 a 9 vta., el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se emitió acusación fiscal el 3 de marzo de 2021, que fue presentada ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de La Paz, por vencimiento de la etapa preparatoria. Se encuentra con detención preventiva desde el 15 de junio de 2020; es decir, por un año, ocho meses y siete días, presentó varios memoriales para que se resolviera su situación jurídica sustentada en el principio de presunción de inocencia, constando la existencia de un memorial de desistimiento adjuntado por la víctima en su favor, solicitud de salida alternativa de suspensión condicional del proceso admitido por el Ministerio Público y a la fecha pendiente de audiencia; y, requerimiento de audiencia de conciliación al que dio curso la Fiscalía. En ese marco, destaca que el 16 de noviembre de 2021, presentó ante el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, requerimiento conclusivo de suspensión condicional del proceso que a la fecha no mereció atención por parte de la autoridad judicial; habiendo solicitado de su parte el 30 de diciembre del año indicado, fijarse día y hora de audiencia a objeto de su consideración; pedido reiterado el 18 y 27 de enero de 2022, sin merecer la emisión de providencia alguna, ocasionando con ello retardación de justicia. Finalmente, el 9 de febrero del año precitado, solicitó salida médica al encontrarse delicado de salud, sin contar tampoco con una respuesta pronta sobre el particular por parte de la autoridad judicial demandada. Destacó que de la revisión del cuaderno de control jurisdiccional, los escritos habrían sido providenciados de forma pronta y oportuna, lo que faltaría a la verdad, por cuanto de “…los reiterados seguimientos que se han realizado el personal de despacho señalaba que el cuaderno se encontraba en despacho y que a la fecha no se tenía respuesta de los memoriales, es decir, la Sra. Juez emite providencias en otros plazos haciendo figurar que da respuesta a (sus) memoriales, pero que el personal de su despacho no gestionaría o no cumpliría con lo dispuesto por la autoridad responsabilizando únicamente al personal de su despacho, excusándose porque no tendría personal asignado a su despacho (sic). Advirtió a su vez que el Secretario del precitado Juzgado, tampoco estaría cumpliendo sus funciones al no remitir a la Gestora, las diligencias de notificación a objeto que se realizara la audiencia requerida, y asimismo se oficie su salida médica. Resultando viable; en consecuencia, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, restringiéndose sus derechos por procesamiento indebido y afectación de su derecho a la libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso, citando al efecto los arts. 22, 23.I, 109, 115, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar que la Jueza ahora demandada fije día y hora de audiencia a efectos de resolver su situación jurídica; autorizando asimismo, su salida médica conforme requirió.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 23 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 18 a 19 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogada, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; destacando que se encontraría cumpliendo detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de la Paz, desde el 15 de junio de 2020, en virtud a un proceso por la supuesta comisión de un hecho de violencia familiar o doméstica en el que la víctima presentó desistimiento; en cuyo mérito, el Fiscal de Materia desarrolló audiencia de conciliación en la que se expidió requerimiento conclusivo de suspensión condicional de la causa, que fue remitido al Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, a objeto de su consideración en audiencia y pueda obtener su libertad en virtud a las condiciones establecidas en el requerimiento señalado. Agregó por otra parte, que se encontraría un año, ocho meses y siete días privado de libertad sin poder acceder a ninguna salida judicial médica a efectos de realizar valoraciones en su salud. Al respecto, cursó varios memoriales, tanto en relación al requerimiento conclusivo (el 18 y 27 de enero de 2022), como a las salidas judiciales indicadas (9 de febrero de igual año), sin que la Jueza ahora demandada y menos su personal de apoyo, hubieran actuado con la celeridad del caso, impidiendo el acceso a una justicia pronta y oportuna referente a su situación jurídica y a su salud. Precisó que todas las veces que su defensa concurrió al Juzgado presidido por la autoridad judicial demandada, el cuaderno procesal se encontraba en despacho, impidiendo revisar el ingreso del escrito para verificar “…si ha habido o no señalamiento de audiencia o que se haya decretado de manera pronta y oportuna la salida (…) hacia el médico…” (sic); sorprendiendo en el caso, que la Jueza demandada indique que decretó oportunamente los memoriales cuando fue imposibilitado de efectuar la comprobación respectiva en el cuaderno procesal precitado, tampoco pudo acceder a registrarse en el libro de litigantes y tampoco “…el personal puede acceder o facilitar un sello en relación al seguimiento que se realiza toda vez de que no hay autorización para esta autoridad según el personal…” (sic); cambiándose de forma constante el personal, “…secretarios auxiliares que van renunciando aspecto que nos dejan en indefensión al efecto de poderse señalar una audiencia de notificarse, de realizarse las diligencias que correspondan en relación a las funciones…” (sic). En virtud a ello, sería innegable que la Jueza demandada hubiera actuado fuera de lo establecido en el procedimiento penal y en la Norma Suprema, responsabilizando por sus omisiones a su personal subalterno, indicando que “…está fungiendo como secretaria, como juez y como auxiliar…” (sic), atribuyendo sus faltas al Secretario en suplencia o el asignado al despacho judicial. Sobre el particular, destaca que la autoridad judicial demandada presenta los decretos que habrían sido emitidos en forma oportuna, pero “…que el secretario sería quien no habría diligenciado las notificaciones o los actuados procesales a efectos de que la Gestora pueda notificar a tiempo oportuno con señalamiento de audiencia que nunca se ha notificado o con el oficio de salida y conducción (…) hacia el Hospital de Clínicas y hacia los laboratorios que señala el informe del área médica…” (sic); obviando que se encontraría delicado de salud, teniendo un trauma en la oreja izquierda por un accidente que le provocó la pérdida de audición, contando también con una lesión del lado derecho que al no tener una atención oportuna podría provocar el mismo efecto. Conforme a lo expuesto, requirió otorgarle la tutela para que “…primero pueda tener una audiencia en la que se resuelva su situación jurídica, y también pueda lograr la salida médica que se necesita al centro hospitalario…” (sic). En respuesta a la pregunta del Juez de garantías, su abogada respondió en sentido que los memoriales presentados fueron ya decretados por la autoridad judicial demandada, pero no conforme a normativa dentro de las veinticuatro horas respectivas; constando el señalamiento de una audiencia para el 28 de “enero” de 2022, a horas 8:30, con la que no fue notificado; existiendo también un proveído de 11 de ese mes y año, autorizando la salida judicial que no fue puesto en su conocimiento.

I.2.2. Informe de los demandados

Ariel Guillermo Cuevas Massi, Secretario del Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del mismo asiento judicial, remitió informe escrito de 23 de febrero de 2022, cursante a fs. 17 y vta., mediante el que solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: a) Asumió suplencia legal en el Juzgado precitado, desde el 27 de enero de igual año, no teniendo responsabilidad alguna respecto a los actos desarrollados por anteriores secretarios que hubieran cumplido funciones en el mismo; b) Fue Secretario titular del Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento antes señalado, renunciando a su cargo cuya aceptación se produjo por la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 22 de febrero del referido año, careciendo, por ende, de legitimación pasiva en la acción de defensa presentada; c) La acción de libertad se halla dirigida contra el Secretario del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del mencionado departamento, no así contra el del Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la indicada Capital y departamento; reiterando que por ello, no cuenta con legitimación pasiva; y, d) La solicitud de salida médica es de exclusiva responsabilidad a efectos de la autorización de la Jueza demandada. Gladys Bacarreza Morales, Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital y departamento precitados, no compareció a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, tampoco presentó informe escrito alguno, pese a su legal citación cursante a fs. 14.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 13/2022 de 23 de febrero, cursante de fs. 20 a 23 vta., denegó la tutela solicitada. Sin embargo, al estar el actuado denunciado de ilegal relacionado a un pedido de salida alternativa como es la suspensión condicional del proceso que estaría pendiente desde el 16 de noviembre de 2021, se conminó y exhortó a la autoridad hoy demandada o al Juez en suplencia legal del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Primero de la prenombrada Capital y departamento, dar estricto cumplimiento al art. 328 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que prevé la aplicación y trámite de cualquier salida alternativa entre las que se encuentra la suspensión condicional del proceso, que debe resolverse en audiencia y dentro de los plazos regulados en el procedimiento, incluso bajo responsabilidad; siendo esta exhortación extensible a los funcionarios de apoyo jurisdiccional que se encuentren cumpliendo funciones en dicho Juzgado. Asimismo, refirió que las solicitudes de salidas médicas cuando estén debidamente justificadas y detalladas deben ser atendidas de forma rápida, oportuna y garantizarse la remisión de oficios con las medidas de seguridad respectivas. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) En relación a la denuncia de procesamiento indebido, no se cumplirían los presupuestos para que las supuestas lesiones al debido proceso sean cuestionadas mediante la acción de libertad, por cuanto si bien se tendrían escritos que no habrían sido atendidos de forma diligente por la autoridad judicial demandada, la privación de libertad del impetrante de tutela no emergió de la demora indicada, sino de la detención preventiva que cumpliría en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz; encontrándose las salidas alternativas reguladas en el art. 328 del CPP, determinándose los plazos, responsabilidad judicial y fiscal en su resolución; 2) En cuanto a la salida médica, se adjuntó un memorial de 9 de febrero de 2022, que no hubiera merecido pronunciamiento oportuno de la Jueza demandada, aquello no se hallaría vinculado al derecho a la libertad; 3) Relativo al derecho a la salud mencionado, se exige que el mismo esté relacionado “…con el peligro de muerte o riesgo de vida…” (sic); lo que no se cumpliría en el caso, porque no obstante que el demandante de tutela tendría afecciones en su salud, acompañándose un informe del Área Médica en el que fue diagnosticado con infección en el oído izquierdo, teniendo antecedentes de trauma de oído y oreja izquierda, siendo portador de material osteosíntesis; lo que determinaría su salida médica judicial conforme a normativa y a la jurisprudencia constitucional, estando los derechos a la vida y a la salud de todos los detenidos preventivos reconocidos constitucionalmente y por las leyes correspondientes; no se presentó en el caso de examen el nexo precitado, de peligro de muerte o riesgo de vida; 4) No obstante que el Secretario demandado alegó falta de legitimación pasiva al no estar ejerciendo ya funciones en el cargo por el que fue demandado; en el marco del Memorándum 311/2022/P-TDJ de 26 de enero, se advertiría que dicho funcionario se encontraba supliendo en el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital y departamento nombrados, desde el 26 de enero de 2022; y, 5) Respecto a las solicitudes que no habrían sido diligenciadas oportunamente cursadas el 30 de diciembre de 2021, 18 de enero y 9 de febrero, ambos de 2022; no constaría vínculo del derecho a la vida y a la libertad, que “…establezca una vulneración de estos derechos antes invocados y de ser evidente el no cumplimiento de funciones adecuadas, ello generaría responsabilidades correspondientes…” (sic); y, en relación al pedido de salida médica, aquello debería ser ordenado por la autoridad judicial “…y la misma parte accionante reconoce que se habría atendido esta solicitud” (sic).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido a instancias del Ministerio Público contra Dante Rafael Valverde Helguero -hoy accionante-, por la supuesta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; el 30 de diciembre de 2021, el precitado solicitó al Juez de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, que habiendo arribado a una conciliación con la denunciante, existiendo requerimiento conclusivo del Fiscal de Materia, se fije día y hora de audiencia de consideración de la suspensión condicional del proceso (fs. 6). II.2. El 18 de enero de 2022, el impetrante de tutela se apersonó ante la Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, reiterando su pedido de señalamiento de día y hora de audiencia de consideración de suspensión condicional del proceso (fs. 5). Asimismo, el 27 de igual mes y año, reiteró por segunda vez el pedido de determinación de día y hora de audiencia a los efectos indicados, anunciando la interposición de la acción de libertad contra la autoridad judicial demandada (fs. 4). II.3. Conforme al informe del Área Médica del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, suscrito por el Médico Elmer Acho Nina, de 2 de febrero de 2022, se estableció un diagnóstico en relación al demandante de tutela de infección de oído izquierdo, antecedentes de trauma de oído y oreja izquierda y portador de material de osteosíntesis. Disponiendo en conclusiones: “…se sugiere SALIDA MÉDICA JUDICIAL AL SERVICIO DE LABORATORIO DE TOMOGRAFÍA PARA RECOJO DE LA MISMA Y POSTERIORMENTE AL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS, para el día que (la) autoridad lo disponga desde horas 08:00 am hasta la conclusión de su valoración médica, además, se solicita cuente con custodios para el traslado, valoración conclusión y retorno al recinto penitenciario ya que no se cuenta con la especialidad mencionada y solo se da atención básica de primer nivel. Amparado en el artículo 92 de la Ley 2298…” (sic [fs. 3]). II.4. Por memorial presentado el 9 de febrero de 2022, ante la Jueza -hoy demandada-, el accionante expuso que a esa fecha venía recurriendo por el señalamiento de día y hora de audiencia para poder determinar su libertad, encontrándose además delicado de salud; por lo que, requería salida médica con carácter de urgencia al Servicio de Laboratorio de Tomografía y en forma posterior, al Hospital de Clínicas a la especialidad de otorrinolaringología, para el 14 del mes y año precitados, desde las 7:30, hasta la conclusión de los estudios, con escolta policial bajo responsabilidad del Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz. Al efecto, adjuntó el Informe del Área Médica detallado en la Conclusión precedente (fs. 2). II.5. Consta Memorándum 311/2022/P-TDJ de 26 de enero; por el que, el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en previsión de lo establecido en el art. 93 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), estableció la suplencia legal de Ariel Guillermo Cuevas Massi, en el cargo de Secretario del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, ante la renuncia de quien se encontraba cumpliendo dichas funciones (fs. 16).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El demandante de tutela mediante su representante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; alegando que en la causa penal instaurada en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; el 16 de noviembre de 2021, presentó ante la Jueza ahora demandada, requerimiento conclusivo de suspensión condicional del proceso sin recibir atención por parte de la misma; habiendo requerido el 30 de diciembre del año indicado, señalamiento de día y hora de audiencia a objeto de su consideración, pedido que reiteró el 18 y 27 de enero de 2022, sin merecer la emisión de providencia alguna, produciéndose retardación de justicia. Agrega que el 9 de febrero del año precitado, impetró salida médica al encontrarse delicado de salud, sin contar tampoco con una respuesta pronta sobre el particular por parte de la autoridad judicial demandada. No existiendo tampoco diligenciamiento de notificaciones oportunas por parte del personal subalterno de su despacho. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. En cuanto a la acción de libertad correctiva

En referencia al intitulado, la SCP 1005/2012 de 5 de septiembre, citando a su vez fallos constitucionales anteriores, señaló: “…según la doctrina, incluyendo a la propia jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, se ha establecido una clasificación de hábeas corpus; así, la SC 1818/2011-R de 7 de noviembre, señala que: 'el ámbito de protección del hábeas corpus, ahora acción de libertad, alcanza a los supuestos en que: - El acto ilegal provoca la restricción del derecho a la libertad física (hábeas corpus reparador). - El acto ilegal amenaza o perturba al derecho a la libertad física personal (hábeas corpus restringido y preventivo). -Se agravan las condiciones de la libertad (hábeas corpus correctivo). - Existe amenaza al derecho a la vida vinculada al derecho a la libertad (hábeas corpus instructivo). - Existe una dilación indebida para resolver la situación jurídica de una persona respecto a su derecho a la libertad física o personal (hábeas corpus traslativo o de pronto despacho)'. De esta forma, se debe señalar que el hábeas corpus correctivo, es aquel cuya finalidad es impedir que las condiciones de detención, se agraven o emplacen su condición, sea por tortura, vejámenes; tratos degradantes; de esta forma, la SC 0170/2010-R de 17 de mayo, señaló: 'El hábeas corpus correctivo, no tiene como principal objetivo la búsqueda de la libertad del procesado, sino, como su nombre indica, corrige las agravantes ilegales de las condiciones de reclusión de los que se encuentren restringidos de su libertad…'. De igual forma, al respecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre que: 'El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos…'” (las negrillas y el subrayado son nuestros).

III.2. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho:

Procede respecto a solicitudes vinculadas al derecho a la libertad y/o a la vida y salud; y, su relación con el principio de celeridad Dentro de la tipología de la acción de libertad, se identifica la traslativa o de pronto despacho, desarrollada por la jurisprudencia constitucional emitida por el antes denominado Tribunal Constitucional, como el medio procesal idóneo para las partes tendente a lograr la aceleración de los trámites judiciales o administrativos en caso de constatar la existencia de dilaciones indebidas en restricción del principio de celeridad; y en consecuencia, del derecho a la libertad cuando se advierta retardación en la solución de la situación jurídica de la persona privada de este derecho; todo ello en consideración de la obligación que constriñe a las autoridades sean éstas judiciales o administrativas, de aplicar y concretizar los valores y principios constitucionales insertos en la Norma Suprema. En ese marco, la presente garantía constitucional, se viabiliza a fin de precautelar los derechos que tutela, para así evitar y reparar conductas que incurren en demora en desmedro de las personas cuya libertad está privada, las que a su vez lesionan el principio de celeridad; cuestiones que deben ser consideradas por toda autoridad que conozca pedidos vinculados a la libertad física y de locomoción, otorgándoles la debida celeridad e impulso para su efectivización; tomando en cuenta que el art. 178.I de la Ley Fundamental, prevé: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”.

A su vez, el art. 180.I del texto constitucional, establece que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez”; determinando el art. 115.II de la CPE, por su parte, la obligación del Estado de garantizar: “…el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas nos pertenecen). De las normas constitucionales glosadas, se establece claramente que los administradores de justicia y otros en el ámbito de sus funciones, están obligados a evitar retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales e innecesarias, en desmedro del derecho a la libertad física y de locomoción, en aquéllos casos en los que estén vinculados al mismo, más aun considerando que por lógica, las personas que intervienen en un proceso, esperan la pronta definición de su situación jurídica -sea en caso de la imposición de medidas cautelares, apelaciones, efectivización de la libertad, peticiones de cesación a la detención preventiva, o cualquier pedido relacionado con la libertad-. En ese sentido, lo dispuesto en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero. Siendo exigible igualmente, en aplicación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que los administradores de justicia y otros en el ámbito de sus funciones, eviten retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales e innecesarias, de pedidos vinculados a los derechos a la vida y a la salud; estando dichos derechos también bajo el alcance de la presente acción de defensa, conforme se advirtió en el Fundamento Jurídico anterior, incluso independientemente de una vinculación con la libertad; resultando con mayor obligación, por ende, la resolución pronta y oportuna de solicitudes de los privados de libertad, sobre el particular.

III.3. Respecto a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional, en las acciones de libertad

En ese orden, se tiene que la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, partiendo de la naturaleza jurídica de la acción de libertad, así como de los principios que la rigen, precisó que: “…se debe tener claramente establecido que la legitimación pasiva recae sobre toda persona cuya acción u omisión se constituya en causal para la vulneración o amenaza en la integridad y eficacia de los derechos tutelados por la presente acción de defensa; más aún, si el texto constitucional deja abierta la posibilidad de dirigir la demanda inclusive contra personas particulares; por consiguiente, en virtud al principio de generalidad, la presente acción de defensa no reconocen fueros, privilegios ni inmunidades, por lo que es plenamente viable dirigir contra toda persona, indistintamente si es particular o servidor público, sea este jurisdiccional o de apoyo judicial, e incluso de orden administrativo, cual podrían ser funcionarios policiales o del régimen penitenciario, solo a manera de ejemplo. En consecuencia con lo manifestado líneas arriba, es posible afirmar que, las vulneraciones y las amenazas de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción, no necesariamente deben ser originadas como consecuencia del ejercicio de actos puramente jurisdiccionales, sino que, las acciones y omisiones de carácter administrativo, también tienen o pueden tener la misma cualidad para lesionar tales derechos. En este sentido, de acuerdo a la Ley del Órgano Judicial, los servidores de apoyo judicial son: la conciliadora o el conciliador, la secretaria o el secretario, la o el auxiliar, y, la o el oficial de diligencias, cuyas funciones y, particularmente sus obligaciones se encuentran disciplinadas en los arts. 83 al 106 de la LOJ. Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional. (…) En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen). Conforme a lo expuesto supra, resulta claro que a partir del cambio de línea jurisprudencial asumido en la SCP 0427/2015-S2, los funcionarios de apoyo jurisdiccional tienen legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de libertad, a fin de establecer su responsabilidad si correspondiere; tomando en cuenta que el acto ilegal denunciado puede no ser necesariamente resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino de omisiones de carácter administrativo emergentes del desarrollo de las labores de dichos funcionarios, que repercutan en la lesión de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los justiciables; debiendo considerarse sin embargo, que lo afirmado no deslinda de responsabilidad a la autoridad judicial titular del juzgado respectivo, quien está obligada a impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y efectuar el seguimiento respectivo de las causas de su despacho; de no obrar en dicho sentido, asume también responsabilidad de las vulneraciones cometidas en desmedro de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes; teniendo cada autoridad o servidor público, el deber de desempeñar sus funciones y labores en el marco de lo regulado para el ejercicio de las mismas. En ese orden, la SCP 0080/2019-S2 de 5 de abril, precisó y sintetizó que del entendimiento descrito en el fallo constitucional precedente: “…se deduce que el personal de apoyo jurisdiccional tiene legitimación pasiva para ser demandado en la acciones de libertad, habida cuenta que no todas las lesiones al derecho a la libertad son resultado de actos puramente jurisdiccionales, sino también pueden ser consecuencia de omisiones administrativas que emergen del desarrolló de las labores de los funcionarios subalternos, lo cual no deslinda de responsabilidad al titular del juzgado, quien está obligado de vigilar y hacer seguimiento de las instrucciones emitidas” (las negrillas y el subrayado fueron añadidos).

III.4. Principio de presunción de veracidad de los hechos y de los actos denunciados por la parte accionante

Al respecto, la SC 0181/2010-R de 24 de mayo, señaló que: “…conforme lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional, en los supuestos en los que la autoridad demandada no desvirtúa ni niega los extremos denunciados en el hábeas corpus, ya sea por no asistir a la audiencia, ni prestar su informe de ley, o cuando asiste a la audiencia y/o presta el informe y confirma los actos ilegales demandados (SSCC 1164/2003-R, 0630/2004-R), el recurso, ahora acción de libertad, debe ser concedido”.

Por su parte, la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió que: “…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley. En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto, ha señalado que: ‘Los hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación... ”’ (énfasis añadido).

En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, desarrolló el siguiente entendimiento: “…en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía constitucional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos.

En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ‘Los hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso' y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: ‘…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso’; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R” (las negrillas son nuestras).

III.5. La acción de libertad innovativa

En lo inherente a la acción de libertad innovativa y su ámbito de protección, la jurisdicción constitucional se ha pronunciado, entre otras, en la SCP 0448/2018-S2 de 27 de agosto, fallo constitucional que haciendo alusión a su vez, a la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, indicó en lo pertinente que: “…entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias. (…) Sobre el razonamiento antecedido y haciendo referencia a la antes citada SCP 2491/2012, la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre refirió que: ‘Dicho entendimiento se justifica plenamente si se considera que la justicia constitucional tiene como una de sus funciones el precautelar el respeto y vigencia de los derechos y las garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado y en las diferentes normas en materia de derechos humanos que conforman el bloque de constitucionalidad, y, por ende debe imprimir todos los mecanismos necesarios que permitan el ejercicio real y efectivo de los mismos. En ese contexto, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente el de reparar o disponer el cese del hecho conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden constitucional y, por consiguiente, son susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, así, el acto lesivo haya desaparecido’. (…) De lo que se colige que el mecanismo idóneo para la reclamación de derechos fundamentales, aun cuando estos hayan cesado, es la acción de libertad innovativa, que tiene como propósito evitar lesiones sucesivas causadas por acciones u omisiones similares, ya sea de parte de agentes públicos como de personas particulares” (las negrillas y el subrayado son nuestros). De la jurisprudencia glosada precedentemente, se extrae que la acción de libertad innovativa, es el mecanismo idóneo para reparar la ilegalidad restrictiva del derecho a la libertad; no obstante, de haber cesado la misma, aquello con el fin de determinar la responsabilidad del caso.

III.6. Análisis en el caso concreto

Lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos precedentes, son aplicables a la problemática de exégesis, en la que el accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; conforme a los hechos fácticos precisados en el apartado correspondiente, ceñidos en lo esencial a que dentro del proceso penal instaurado en su contra, por la supuesta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; el 16 de noviembre de 2021, presentó ante la Jueza ahora demandada, requerimiento conclusivo de suspensión condicional del proceso sin recibir atención por parte de dicha autoridad judicial; impetrando el 30 de diciembre del año indicado, se fije de día y hora de audiencia a efectos de su consideración; solicitud que reiteró el 18 y 27 de enero de 2022, sin obtener providencia alguna, con la consiguiente retardación de justicia. Añade que el 9 de febrero del año precitado, pidió de igual forma salida médica al encontrarse delicado de salud, sin contar tampoco con una respuesta pronta por parte de la autoridad judicial demandada. Destaca no ser comprobable que la Jueza demandada hubiera respondido sus pedidos de forma oportuna, haciendo figurar la mencionada decretos emitidos en otros plazos como expedidos supuestamente en fechas anteriores. No constando tampoco, diligenciamiento de notificaciones oportunas por parte del personal subalterno de su despacho. En ese orden de ideas, en el presente asunto se tiene que en la causa penal seguida por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; el 30 de diciembre de 2021, el mencionado requirió a la Jueza demandada fijar día y hora de audiencia de consideración de la suspensión condicional del proceso, habiendo arribado a una conciliación con la demandante (Conclusión II.1); de igual manera, en forma posterior cursó los memoriales de 18 y 27 de enero de 2022, reiterando dicho pedido (Conclusión II.2). De otro lado, se tiene que mediante memorial presentado el 9 de febrero de 2022, el accionante pidió a la autoridad judicial demandada, salida médica con carácter de urgencia al Hospital de Clínicas a la especialidad de otorrinolaringología, para el 14 del mes y año precitados, desde las 7:30 hasta la conclusión de los estudios, con escolta policial bajo responsabilidad del Director del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz (Conclusión II.4); adjuntando al efecto, el Informe del Área Médica de 2 de ese mes y año, con los alcances allí detallados (Conclusión II.3). Al respecto, destaca en relación a las solicitudes referentes al señalamiento de día y hora de audiencia para considerar la suspensión condicional del proceso, que el art. 328 del CPP, prevé: “(TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE SALIDAS ALTERNATIVAS). I. La solicitud de criterio de oportunidad reglada, deberá efectuarse acompañando todos los elementos de prueba pertinentes y resolverse sin más trámite, dentro del plazo de cinco (5) días siguientes de la solicitud, sin necesidad de audiencia. II. La aplicación de la suspensión condicional del proceso, el procedimiento abreviado o la conciliación, deberán resolverse en audiencia a llevarse a cabo dentro del plazo de diez (10) días siguientes de solicitadas. Cuando el imputado guarde detención preventiva, la audiencia deberá llevarse a cabo dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo habilitarse horas y días inhábiles. La audiencia no podrá ser suspendida si la víctima o querellante no asistiere, siempre que haya sido notificada, en tal caso la resolución asumida deberá ser notificada a la víctima o querellante. (…) IV. La solicitud de aplicación de salidas alternativas en juicio, será resuelta en audiencia sin dilación y bajo responsabilidad” (negrillas añadidas). En ese sentido, es innegable que ante el pedido efectuado por el solicitante de tutela el 16 de noviembre de 2021, la Jueza demandada debió aplicar la norma procedimental penal precitada, fijando audiencia a realizarse dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, habilitando incluso días y horas inhábiles, encontrándose el impetrante de tutela cumpliendo detención preventiva, empero; sin considerar aquello cursan pedidos de 30 de diciembre de 2021; 18 y 27 de enero de 2022, buscando materializar lo indicado; respecto a los que si bien en audiencia tutelar, la abogada del peticionante de tutela refirió ya existir una providencia dictada de “28 de enero” sobre el particular, la misma no desvirtúa la comisión del acto ilegal en el que incurrió la Jueza demandada, de quien se evidencia un actuar negligente y con evidente demora, en desmedro del principio de celeridad vinculado con el derecho a la libertad del accionante (Fundamento Jurídico III.2), por cuanto si bien inicialmente la privación de libertad del demandante de tutela respondió a la decisión de su detención preventiva; el pedido de la suspensión condicional del proceso, tiene directa vinculación con la modificación de su situación jurídica. Correspondiendo precisar de otra parte, que no obstante que el Secretario del Juzgado de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la misma Capital y departamento, invocó carencia de legitimación pasiva, que consta en el Memorándum 311/2022/P-TDJ de 26 de enero, a través del cual el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, estableció la suplencia legal que debía desempeñar en el cargo de Secretario del precitado Juzgado, ante la renuncia de quien se encontraba en dichas funciones (Conclusión II.5), y si bien en su informe refiere que habría presentado renuncia que fue aceptada el 22 de febrero de 2022, no presenta documentación alguna para acreditar que en el tiempo que cumplió esa suplencia legal, hubiera efectuado el diligenciamiento de las notificaciones observadas como omitidas en la demanda tutelar; contando, en consecuencia, con legitimación pasiva a los efectos de la responsabilidad personal pertinente (Fundamento Jurídico III.3);

primando además el principio de presunción de veracidad cuyos alcances fueron descritos en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional. Ahora bien, en cuanto al pedido de salida judicial por urgencia médica que se habría cursado el 9 de febrero de 2022, el art. 92 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-, regula: “Cuando se constate que el estado de salud del interno requiere de tratamiento especializado o no exista la infraestructura, equipos y personal necesarios, el médico recomendará en el día al Juez de Ejecución Penal, la necesidad de su traslado, sin perjuicio de que lo solicite el interno, su representante o un familiar” (negrillas adicionadas); siendo evidente también que en cuanto a lo expuesto, la Jueza demandada no actuó con la diligencia necesaria, estando el pedido vinculado con el derecho a la salud del impetrante de tutela, resultando aplicable su protección conforme a lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2; correspondiendo que las autoridades judiciales actúen con la premura exigible a efectos de su consideración. Así, sobre este aspecto procede la tutela por la vía de la acción de libertad correctiva teniendo la misma la finalidad de impedir que las condiciones de detención se agraven o emplacen, no teniendo como principal objetivo la búsqueda de la libertad del procesado sino corregir las agravantes ilegales de las características de reclusión de quienes se hallan privados de libertad; como en el caso, en el que no obstante que en la audiencia tutelar la abogada del demandante de tutela afirmó también que se habría emitido un decreto que supuestamente autorizó la salida judicial, no constando el mismo en antecedentes y no habiendo presentado ninguno de los demandados documentación que acredite la observancia de lo señalado; siendo viable la aplicación del principio de presunción de veracidad (Fundamento Jurídico III.4), teniendo en este punto el Secretario demandado legitimación pasiva, en el marco de lo expuesto en el párrafo anterior (Fundamento Jurídico III.3). En ese orden, corresponde revocar la decisión inicialmente asumida por el Juez de garantías, quien denegó la tutela requerida por el peticionante de tutela sin considerar todo lo expuesto; obviando además que, en virtud a los alcances de la acción de libertad innovativa (Fundamento Jurídico III.5), en las acciones de libertad no puede eludirse la consideración de fondo del asunto en cuestión, por cuanto ante los derechos que tutela esta acción de defensa, la jurisdicción constitucional debe emitir un pronunciamiento en el fondo, aunque deba abstenerse de impartir orden alguna por las razones anotadas; respondiendo ello al hecho que no puede permitirse o confirmarse, acciones o conductas, reñidas contra el orden público constitucional, que ciertamente transgredieron derechos fundamentales o garantías constitucionales; no pudiendo quedarse este Tribunal al margen de una resolución concreta, siendo la finalidad máxima la tutela de derechos fundamentales y evitar que a posterioridad se incurran en los mismos actos ilegales que produjeron dicha restricción. Por lo que, aun habiéndose indicado que los memoriales cuya omisión en haber sido decretados fue denunciada en la acción de defensa, ya habrían merecido pronunciamiento; aquello no resulta óbice para conceder la tutela, más aún si no se tiene constancia en el expediente de estos, ni de su respectivo diligenciamiento. Finalmente, corresponde precisar que la tutela otorgada es parcial, solo respecto a la vulneración del principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad del accionante, como también del derecho a la salud relacionado con la vida del precitado. No así en cuanto a la transgresión del debido proceso, sobre el que el peticionante de tutela no precisó la forma en la que hubiera sido vulnerado, haciendo una referencia solo de paso sobre el mismo; obviando además que para su procedencia, resulta exigible una conexitud con la restricción del derecho a la libertad por operar como causa directa de aquella, y un absoluto estado de indefensión que no se advierte en el caso de examen. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela, actuó parcialmente de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 13/2022 de 23 de febrero, cursante de fs. 20 a 23 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER parcialmente la tutela impetrada por el accionante, únicamente respecto a la vulneración del principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad, así como del derecho a la salud relacionado con la acción de libertad correctiva, en el marco de lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela en cuando a la supuesta transgresión del debido proceso. 3° Disponer que la Jueza de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, en caso de no haber providenciado los memoriales de solicitud de señalamiento de día y hora de audiencia para considerar la suspensión condicional del proceso y el de salida judicial por carácter de urgencia médica, obre conforme a procedimiento según los plazos determinados en la norma; debiendo por su parte, el Secretario en funciones de dicho Juzgado, diligenciar oportunamente las notificaciones inherentes a los decretos expedidos relativos a las peticiones señaladas. 4° Llamar la atención a la Jueza demandada, por la retardación de justicia en la que incurrió, no pudiendo este Tribunal conforme a lo anotado en el presente fallo constitucional, convalidar conductas reñidas contra el orden público constitucional que transgredieron derechos fundamentales o garantías constitucionales. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0488_2023-S2.pdf · páginas 1 a 19.

Huella digital del PDF (SHA-256): c321af49df16d22db7779ea8f1b8e690ace8da3bba0a13ba386d213543a04789

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