Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 20 de abril de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 30/2023 de 1 de noviembre, cursante de fs. 29 a 30, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, conforme lo dispuesto por el Tribunal de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0485/2026-S3 Sucre, 20 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 59830-2023-120-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 30/2023 de 1 de noviembre, cursante de fs. 29 a 30, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Joel Hilari Mamani contra Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz.
El accionante, por memorial presentado el 31 de octubre de 2023, denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, señalando que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de suministro de sustancias controladas, se encuentra detenido preventivamente desde el 8 de julio de 2023; y que, mediante reiteradas solicitudes, pidió la cesación de la medida cautelar de carácter personal impuesta, conforme consta en los memoriales de 29 y 30 de agosto, 27 de septiembre, y 2, 10 y 24 de octubre, todos de 2023; en audiencia, aclaró que las audiencias señaladas para el 30 de agosto, 14 de septiembre, y 5, 13 y 27 de octubre del mismo año fueron suspendidas por diferentes circunstancias; entre ellas, errores de notificación o porque la Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy demandada- tenía otras audiencias, generando una dilación indebida, motivo por el cual solicitó se ordene el señalamiento de día y hora de audiencia para considerar su situación jurídica. Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentó informe ni asistió a la audiencia de acción de libertad, pese a su notificación, conforme consta en la diligencia cursante a fs. 19.
Por Resolución 30/2023 de 1 de noviembre de 2023, el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, concedió la tutela solicitada, ordenando que, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, la autoridad demandada señale audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, debido a que había vencido el plazo para el señalamiento respectivo. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, conforme al Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 008/2026 de 11 de marzo, en el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional estableció el uso obligatorio del Formato Corto de Resolución de Sentencias Constitucionales, aprobado en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, para todas las causas comprendidas en el referido Plan.
La jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que:
[…] toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza […]. Bajo ese razonamiento, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, precisó que con la acción de libertad traslativa o de pronto despacho “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son añadidas). En el caso de medidas cautelares, concretamente el trámite a aplicar para la consideración de solicitudes de cesación de la detención preventiva, se encuentra desarrollado por el octavo párrafo del art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), norma que establece:
Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. Ahora bien, respecto a los casos de dilaciones indebidas en el señalamiento de medidas cautelares, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva o de solicitudes de modificación de medidas cautelares, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia;…» (énfasis añadido).
Asimismo, la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, determina que una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud. De otro lado, la SCP 1195/2025-S3 de 3 de octubre, en casos de violencia sexual, enfocó el equilibrio de la acción de libertad traslativa respecto a la dilación y su impacto con los derechos de la víctima de violencia, entendiendo que:
«…resulta menester enfatizar que la dilación indebida en los casos de delitos de violencia sexual adquiere una connotación particular, debido a que no solo incide en los derechos del imputado o acusado, sino también en los derechos de la víctima, relacionados con su derecho de acceso a la justicia y el deber de actuar con la debida diligencia, que exige de los Estados el deber de organizar el sistema de justicia, de tal forma que las autoridades administrativas y judiciales actúen con criterio reforzado de celeridad, dentro de los procesos que diluciden delitos de violencia o violación sexual, máxime si se trata de casos en los que se tiene como víctima a una niña, niño o adolescente; procesos en los que se debe dar atención prioritaria y absoluta en su tramitación, conforme exigen los estándares nacionales e internacionales de protección relacionados con la debida diligencia.
Sobre el particular, se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Caso Angulo Losada vs. Bolivia2, en el que realizó un desarrollo jurisprudencial sobre el plazo razonable y la celeridad reforzada del proceso como elementos de la debida diligencia, señalando que, pone en relieve que en el proceso penal donde involucre una niña, niño o adolescente víctima de violencia sexual, la garantía judicial del plazo razonable establecida en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), debe analizarse junto con el deber del Estado de actuar sin dilaciones y con la debida diligencia reforzada para investigar y sancionar la violencia contra la mujer, dispuesto en el artículo 7.b) de la Convención de Belém do Pará, tomando en cuenta el deber de protección especial derivado del artículo 19 de la citada CADH».
El accionante denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, debido a que las audiencias señaladas para la consideración de su solicitud de cesación de la detención preventiva no fueron materializadas por diferentes circunstancias; entre ellas, errores en las notificaciones y la celebración de otras audiencias que debía atender la autoridad judicial demandada, incumpliéndose los principios del debido proceso y de celeridad. Delimitada la problemática constitucional, de acuerdo con los antecedentes cursantes en el expediente, se tiene que, por memoriales de 29 y 30 de agosto, 27 de septiembre, y 2, 10 y 24 de octubre, todos de 2023 (fs. 7 a 15), el accionante solicitó a la Jueza demandada el señalamiento de fecha y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva; y, conforme a lo consignado en el Acta de audiencia de la acción de libertad, pese a haberse señalado audiencia para el 30 de agosto, 14 de septiembre, y 5, 13 y 27 de octubre, todas de 2023, estas fueron suspendidas por errores en las notificaciones o porque la Jueza demandada tenía otras audiencias programadas; finalmente, presentó un memorial a horas 15:54 del 30 de octubre del mismo año, solicitando nuevamente la cesación de las medidas cautelares al amparo del art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP); no obstante, no recibió respuesta alguna, razón por la cual interpuso la presente acción de defensa a horas 15:50 del 31 del mismo mes y año. En el caso en análisis, resulta evidente que la Jueza demandada incurrió en una dilación injustificada e indebida, puesto que las reiteradas solicitudes de cesación de la detención preventiva formuladas por el accionante fueron suspendidas por diferentes circunstancias, las cuales, conforme a lo señalado por este y no desvirtuado por la autoridad judicial demandada, obedecieron tanto a omisiones del personal subalterno como a la celebración de otras audiencias que dicha autoridad debía atender. Asimismo, respecto de la última solicitud presentada el 30 de octubre de 2023, la autoridad jurisdiccional no emitió respuesta alguna, omitiendo su deber de señalar audiencia para considerar la solicitud de cesación de la detención preventiva formulada por el accionante; en ese sentido, se evidencia que desde el 29 de agosto de 2023 hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, el 31 de octubre del mismo año, no se celebró la audiencia de consideración de la cesación de la detención preventiva, incumpliendo su deber y función de atender dicha pretensión con la debida prontitud y celeridad, lesionando de ese modo el debido proceso, con la consiguiente afectación del derecho a la libertad, al encontrarse vinculado con la definición de su situación jurídica, en el marco de la naturaleza procesal inmediata de las medidas cautelares; puesto que, como se ha señalado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, toda autoridad, sea judicial o administrativa, que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de una persona privada de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho radica en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud destinada a definir la situación jurídica de los derechos del imputado o de la imputada; ello no implica, que deba dar curso a la solicitud en forma positiva, pues el resultado dependerá de las circunstancias del caso y de la valoración jurídica que realice la autoridad competente conforme a la normativa aplicable. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 30/2023 de 1 de noviembre, cursante de fs. 29 a 30, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, conforme lo dispuesto por el Tribunal de garantías.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
1 Aplicando dichos entendimientos jurisprudenciales se han pronunciado las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0002/2026-S3, 0242/2026-S3, entre otras.
2 Corte IDH, Caso Angulo Losada vs. Bolivia, Sentencia de 18 de noviembre de 2022 (Excepciones preliminares, Fondo y Reparaciones), párr. 127.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0485_2026-S3.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1caa20fbaef85f3fd784c97c3919daf56c42d82f245d35e9468a07e424d74ea7
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