Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 25 de marzo de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; y, de los principios al debido proceso, celeridad y a una justicia pronta y oportuna; toda vez que, el Secretario y Auxiliar demandados incurrieron en dilación indebida en la subsanación y remisión de su recurso de apelación incidental vinculado a medidas cautelares, pese a la devolución del legajo efectuada por el Tribunal de alzada por observaciones relativas a la ilegibilidad del legajo de apelación, no realizaron de forma oportuna y célere las actuaciones necesarias para reenviar y remitir nuevamente los antecedentes ante dicho Tribunal. Ante ello, la parte demandada señala que, el recurso de apelación incidental fue remitido inicialmente dentro del plazo previsto por el art. 251 del CPP; sin embargo, el legajo fue devuelto por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz debido a observaciones relacionadas con fotocopias ilegibles. Asimismo, manifestaron que la documentación observada habría sido presentada únicamente en formato digital por la parte apelante, motivo por el cual realizaron impresiones y subsanaciones correspondientes, en un contexto de elevada carga procesal derivada de suplencia legal y falta de auxiliar en el juzgado al que suplen. Finalmente, indicaron que el legajo fue debidamente subsanado y remitido nuevamente ante el Tribunal de alzada, adjuntando documentación de respaldo. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18/2023 de 8 de marzo, cursante de fs. 18 a 19 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0485/2026-S2 Sucre, 25 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 54443-2023-109-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 18/2023 de 8 de marzo, cursante de fs. 18 a 19 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Leandro Mamani Villca contra José Luis Jaliri Quispe, Secretario; y, Javier Junior Carpio Machicado, Auxiliar, ambos del Juzgado de Sentencia Penal Noveno de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 7 de marzo de 2023, cursante de fs. 1 a 3, el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, encontrándose con detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, mediante Resolución 52/2023 de 16 de febrero, se declaró infundada su solicitud de cesación a la detención preventiva; razón por la cual, interpuso recurso de apelación incidental conforme al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Una vez que el recurso fue remitido ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el legajo de apelación fue observado y devuelto al Juzgado de origen; no obstante, José Luis Jaliri Quispe Secretario; y, Javier Junior Carpio Machicado, Auxiliar, ambos del Juzgado de Sentencia Penal Noveno de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandados- no habrían subsanado oportunamente las observaciones efectuadas ni remitido nuevamente antecedentes ante el Tribunal de alzada, provocando una dilación indebida en la tramitación del recurso de apelación incidental vinculado directamente con su libertad personal.
Denunció la lesión de su derecho a la libertad; y, de los principios del debido proceso, celeridad y a una justicia pronta y oportuna, citando al efecto los arts. 22, 23, 24, 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se ordene la inmediata remisión del legajo de apelación ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Celebrada la audiencia virtual el 8 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 16 a 17, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliando en audiencia de garantías, señaló que: pese a la devolución del legajo de apelación por parte del Tribunal de alzada, los demandados no efectuaron la subsanación correspondiente; y que, si bien el recurso de apelación incidental ya fue remitido nuevamente ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ello ocurrió como consecuencia de la interposición de la presente acción tutelar; motivo por el cual, solicitó se conceda la tutela en su modalidad innovativa, a efectos de evitar futuras dilaciones indebidas por parte de los funcionarios demandados.
José Luis Jaliri Quispe, Secretario del Juzgado de Sentencia Penal Noveno de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito cursante de fs. 11 a 12 vta., señaló que: a) El recurso de apelación incidental fue remitido inicialmente dentro del plazo previsto por el art. 251 del CPP ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con fecha de recepción de 17 de febrero de 2023; sin embargo, el 1 de marzo de mismo año, dicho Tribunal de alzada devolvió el legajo por observaciones relativas a la ilegibilidad de determinadas fotocopias; b) La documentación observada no habría sido presentada físicamente por la parte apelante, sino únicamente mediante soporte digital, razón por la cual, el propio funcionario realizó impresiones utilizando incluso recursos económicos personales; asimismo, refirió que se encontraba en suplencia legal del Juzgado de Sentencia Penal Octavo de El Alto del referido departamento, despacho que no contaba con auxiliar, extremo que generaba una considerable carga procesal; y, c) La jurisprudencia constitucional relativa a la flexibilización excepcional del plazo previsto por el art. 251 del CPP, establece que, cuando concurren circunstancias extraordinarias como suplencias legales o sobrecarga procesal, existe un plazo razonable; finalmente que el legajo observado fue subsanado y remitido nuevamente ante el Tribunal ad quem, adjuntando documentación de respaldo. Javier Junior Carpio Machicado, Auxiliar del Juzgado de Sentencia Penal Noveno de El Alto del departamento de La Paz, por informe escrito cursante a fs. 15 y vta., manifestó que: 1) El legajo de apelación fue devuelto por el Tribunal de alzada el 1 de marzo de 2023, por haber sido objeto de observaciones relacionadas con las fotocopias adjuntas, refiriendo que estas eran ilegibles y que las piezas procesales y pruebas proporcionadas por la parte apelante presentaban deficiencias de legibilidad; y, 2) Intentaron efectuar nuevamente la remisión del legajo al Tribunal ad quem; empero, persistían observaciones respecto a la documentación presentada, razón por la cual finalmente la remisión fue realizada el 8 de marzo de 2023 a horas 8:52; asimismo, hizo referencia a la elevada carga procesal existente en el despacho judicial, señalando que se trataba de un juzgado de reciente creación.
El Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 18/2023 de 8 de marzo, cursante de fs. 18 a 19 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: Si bien la acción de libertad traslativa o de pronto despacho constituye un mecanismo idóneo frente a dilaciones indebidas vinculadas con la libertad personal, en el caso concreto, la finalidad perseguida por el peticionante de tutela ya había sido cumplida; toda vez que, antes de la celebración de la audiencia de garantías constitucionales, el recurso de apelación fue nuevamente remitido ante el Tribunal de alzada; no obstante, ante las observaciones relacionadas con pruebas o fotocopias ilegibles, se recomienda a los funcionarios judiciales que debieron poner en conocimiento de dichos extremos al juez competente, a efectos de que éste adopte las determinaciones correspondientes y quede constancia formal de los impedimentos que dificultaban la remisión oportuna del recurso de apelación incidental. En vía de complementación y enmienda, el accionante solicitó que se determine la existencia de una mora procesal que vulneró su derecho a una justicia pronta, oportuna, transparente sin dilaciones; ante ello, el Juez de garantías aclaró que la denegatoria de tutela obedecía a que la demora denunciada se encontraba vinculada a circunstancias relativas a la ausencia de documentación física y a dificultades materiales para obtener copias legibles, reiteró además la recomendación efectuada a los funcionarios demandados para que informen oportunamente tales circunstancias al director del proceso.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 25 a 27); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Oficio 129/2023 de 2 de febrero, de remisión del recurso de apelación incidental -subsanado-, emitido por José Luis Jaliri Quispe, Secretario del Juzgado de Sentencia Penal Noveno del El Alto del departamento de La Paz, así como la fotocopia del libro de Altas y Bajas de dicho Juzgado, elementos que fueron recepcionados por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el 8 de marzo del mismo año, a horas 8:52 conforme consta en el sello de recepción (fs. 8 a 9).
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; y, de los principios al debido proceso, celeridad y a una justicia pronta y oportuna; toda vez que, el Secretario y Auxiliar demandados incurrieron en dilación indebida en la subsanación y remisión de su recurso de apelación incidental vinculado a medidas cautelares, pese a la devolución del legajo efectuada por el Tribunal de alzada por observaciones relativas a la ilegibilidad del legajo de apelación, no realizaron de forma oportuna y célere las actuaciones necesarias para reenviar y remitir nuevamente los antecedentes ante dicho Tribunal. Ante ello, la parte demandada señala que, el recurso de apelación incidental fue remitido inicialmente dentro del plazo previsto por el art. 251 del CPP; sin embargo, el legajo fue devuelto por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz debido a observaciones relacionadas con fotocopias ilegibles. Asimismo, manifestaron que la documentación observada habría sido presentada únicamente en formato digital por la parte apelante, motivo por el cual realizaron impresiones y subsanaciones correspondientes, en un contexto de elevada carga procesal derivada de suplencia legal y falta de auxiliar en el juzgado al que suplen. Finalmente, indicaron que el legajo fue debidamente subsanado y remitido nuevamente ante el Tribunal de alzada, adjuntando documentación de respaldo. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la CPE consagran los principios de debido proceso, seguridad jurídica, celeridad y tutela judicial efectiva, imponiendo a las autoridades judiciales el deber de garantizar una administración de justicia pronta, oportuna y sin dilaciones indebidas. En materia penal, dicho deber adquiere mayor relevancia cuando el imputado se encuentra privado de libertad, pues las autoridades judiciales tienen la obligación de ejercer control jurisdiccional permanente sobre la legalidad y vigencia de la detención preventiva, así como de tramitar con la debida diligencia todas las actuaciones relacionadas con la situación jurídica del procesado. Con base en ello, la SCP 0561/2024-S2 de 5 de septiembre estableció que: “…dentro de un enfoque de aplicación genérica tanto la autoridad judicial que conoce determinada causa penal como el juez de ejecución penal, tienen la atribución y deber de constituirse en garantes del respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales y/o convencionales de las y los privadas/os de libertad, en el marco de cuya labor de ejercicio del control jurisdiccional, queda afianzado que cualquier situación o circunstancia que pudiese considerarse atentatoria a los mismos, debe ineludiblemente ser puesta a conocimiento de una de dichas autoridades judiciales -según sea pertinente-”. En ese sentido, el deber de los jueces de instrucción penal de realizar el control jurisdiccional -conforme a la Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)- no solo se realizará sobre el Ministerio Público y la Policía (art. 279 del CPP), sino frente a terceros, como testigos, peritos, etc., y respecto a su propio personal, como sucede con secretarios-abogados, notificadores y auxiliares. Por ello, el art. 135 del CPP estipula que: “El incumplimiento de los plazos establecidos en este Código dará lugar a la responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario negligente”, concordante con el art. 187.2 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), que prevé como falta grave cuando: “No promueva la acción disciplinaria contra su personal auxiliar, estando en conocimiento de alguna falta grave”, lo que denota el poder de control y el deber de resguardo de derechos y garantías que tienen las autoridades judiciales sobre su personal, constituyendo un mecanismo idóneo frente a las actuaciones de dicho personal auxiliar. El reconocimiento de las autoridades judiciales como recurso idóneo frente al personal auxiliar en la jurisprudencia boliviana se produce incluso desde la SC 0181/2005-R de 3 de marzo, salvo que se presenten sub-reglas, como sucede con casos en los que se afecta el derecho a la vida, los derechos de menores, etc.
Con carácter previo, menester a lo mencionado por los funcionarios demandados correspondiente a la apelación incidental -subsanada- que fue remitida nuevamente ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el 8 de marzo de 2023 a horas 8:52 (Conclusión II.1); sin embargo, conforme cursa en el legajo constitucional, se tiene que la notificación con la acción de libertad fue realizada al Secretario demandado el 7 de igual mes y año, a horas 19:24; y, al Auxiliar codemandado, en la misma fecha a horas 19:17, lo que evidencia que la remisión del legajo de apelación fue subsanada después de la notificación con la acción de libertad a los demandados; por lo que, no es evidente que la omisión denunciada como lesiva hubiese cesado antes de la notificación con el auto de señalamiento de la acción de libertad. Ahora bien, de la revisión de antecedentes se advierte que el legajo de apelación fue devuelto al Juzgado de origen el 1 de marzo de 2023 por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conforme fue referido en el informe remitido por los demandados; asimismo, se evidencia que el recurso de apelación incidental vinculado a medidas cautelares fue remitido nuevamente ante la referida Sala Penal el 8 de marzo de 2023 a horas 8:52 (Conclusión II.1). Al respecto, corresponde señalar que, conforme a lo dispuesto por el art. 56 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, el secretario del juzgado cumple una función de apoyo jurisdiccional, limitada exclusivamente a aspectos administrativos y de trámite procesal; no obstante, el juez o tribunal de sentencia -en calidad de director del proceso- es quien ejerce la competencia para administrar, controlar y supervisar los actos procesales dentro del proceso penal; por lo que, cualquier inobservancia o retraso injustificado en dicho procedimiento debe ser puesto en conocimiento de la autoridad a cargo del control jurisdiccional, como garante del respeto, protección y salvaguarda de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas privadas de libertad a efecto de darle la oportunidad conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional para adoptar las medidas correctivas necesarias. Ante la omisión del Secretario y Auxiliar demandados por la falta de remisión con la celeridad y debida diligencia del legajo de apelación incidental al Tribunal de alzada, el impetrante de tutela interpone la presente acción tutelar; sin embargo, correspondía previamente acudir ante la autoridad jurisdiccional competente encargada del control del proceso, ya que es quien ejerce la dirección de su despacho; extremo que se advierte que no aconteció; en consecuencia, corresponde denegar la tutela impetrada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 18/2023 de 8 de marzo, cursante de fs. 18 a 19 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0485_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): 794d18e35f8a657a4b1219b5095030c429a915f564353eb7cad38dff0c53c22f
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