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SCP 0482/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 2 de mayo de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
2 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
52472-2023-105-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El impetrante de tutela, denunció la vulneración de su derecho al debido proceso, toda vez que, se encuentra privado de libertad en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por resolución dictada por la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz hoy demandada y que a pesar de los reclamos de sus abogados hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar no remitieron el expediente al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del indicado departamento, ocasionando retardación de justicia y una indebida dilación del proceso. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 17/2022 de 24 de noviembre, cursante de fs. 11 a 12 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER, la tutela solicitada, en la modalidad innovativa respecto a Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción Penal Cuarta y Wilson Chambi Yujra, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Quinto, ambos de la Capital del departamento de La Paz, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela con relación a Richard Mamani, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, de acuerdo a los razonamientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

3º Exhortar a Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción Penal Cuarta y a Wilson Chambi Yujra, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Quinto, ambos de la Capital del departamento de La Paz, con el fin de que tengan mayor cuidado en lo posterior cuando tramiten cuestiones similares, evitando que se reiteren este tipo de conductas contrarias al orden constitucional, caso contrario se remitirán antecedentes al Consejo de la Magistratura.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2 De la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto al personal de apoyo judicial
  3. III.3. De la acción de libertad innovativa
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0482/2025-S3 Sucre, 2 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 52472-2023-105-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 17/2022 de 24 de noviembre, cursante de fs. 11 a 12 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Diego Alcides Aguilar Tintaya contra Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción Penal Cuarta; Wilson Chambi Yujra, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Quinto y Richard Mamani, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Sexto, todos de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 23 de noviembre de 2022, cursante de fs. 2 a 3, el accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, con Código Único de Denuncia (CUD) 201102032201817, por la presunta comisión del delito de tentativa de violación, se encuentra detenido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz por resolución de medidas cautelares emitida por la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, que se encontraba de turno en ese momento; posteriormente, revisado el sistema se debió haber remitido el expediente al Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del indicado departamento, lo cual no se cumplió hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar a pesar de los insistentes reclamos que hacen sus abogados al mencionado Juzgado, ocasionando retardación de justicia y vulnerando el debido proceso.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho al debido proceso sin enunciar normativa constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, y se disponga que en el día se remita el expediente al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital departamento de La Paz.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 24 de noviembre de 2022, según consta en acta cursante a fs. 10 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, no se presentó a la audiencia de acción de libertad, pese a su legal notificación cursante a fs. 5; por lo que, mediante Secretaría se dio lectura al memorial de acción tutelar.

I.2.2. Informe de los demandados

Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, no presentó informe, ni concurrió a la audiencia de consideración la presente acción tutelar, pese a su legal citación cursante a fs. 5. Wilson Chambi Yujra, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 24 de noviembre de 2022, cursante a fs. 9 y vta.; señaló que: a) En calidad de Secretario estuvo en suplencia legal de su similar Cuarto desde el 29 de septiembre al 3 de octubre del 2022, hizo entrega de las actas y resoluciones emitidas en ese lapso de tiempo, las cuales están arrimadas en el cuaderno de control jurisdiccional; y, b) Concluida la suplencia perdió competencia para emitir actuado alguno, siendo responsabilidad del actual Secretario en suplencia legal y del Auxiliar del Juzgado titular la remisión del expediente al Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, pero tiene conocimiento que el proceso ya fue remitido debiendo denegarse la tutela solicitada. Richard Mamani, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz en suplencia legal de su similar Cuarto, no obstante de su legal citación conforme consta a fs. 5, no asistió a la audiencia de consideración de esta acción de libertad ni presentó informe alguno.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 17/2022 de 24 de noviembre, cursante de fs. 11 a 12 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Bajo el principio de verdad material, de acuerdo al informe y el oficio que adjuntó al mismo, Bryan Ariel Garay Quisbert, Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, se remitió el proceso del accionante al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del mismo departamento el 24 de noviembre de 2022; 2) La acción de libertad busca la restitución de derechos de personas privadas de libertad para corregir y reparar derechos fundamentales debiendo estar sustentada y adjuntarse la prueba que respalde lo expuesto o solicitar la documentación necesaria para asumir la determinación respectiva; y, 3) No se observó vulneración de derechos y garantías.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante oficio de 24 de noviembre de 2022, emitido por el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz en suplencia legal de su similar Cuarto, se remitió el cuaderno de control jurisdiccional con CUD 201102032201817 al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del mismo departamento (fs. 6). II.2. Cursa Memorándum 1867/2022-P.-TDJ de 28 de septiembre emitido por el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dirigido a Wilson Chambi Yujra -ahora demandado-, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del referido departamento, disponiendo la suplencia legal de su similar Cuarto a partir del 29 del mismo mes y año hasta el 3 de octubre de esa gestión (fs. 8).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela, denunció la vulneración de su derecho al debido proceso, toda vez que, se encuentra privado de libertad en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por resolución dictada por la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz hoy demandada y que a pesar de los reclamos de sus abogados hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar no remitieron el expediente al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del indicado departamento, ocasionando retardación de justicia y una indebida dilación del proceso. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

A través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, el extinto Tribunal Constitucional estableció que la finalidad del hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho, es “…acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras). En ese mismo sentido, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, sostuvo que: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).

III.2 De la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto al personal de apoyo judicial

La SCP 0478/2019-S3 de 26 de agosto señalo que: «La SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril indicó que: “…a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional.

Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: ‘Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial’. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: ‘El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno’; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional”.

En consecuencia, de la Sentencia Constitucional Plurinacional precitada, se tiene claramente establecido que la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial emergente de la presunta lesión de derechos tutelados por esta acción opera en dos situaciones: 1) Producto del incumplimiento de instrucciones directas de la autoridad jurisdiccional, respecto de la ejecución de tareas propias del cargo de dichos servidores; y, 2) En caso de la inobservancia de obligaciones específicas previstas por la norma en el ejercicio de sus funciones.» (las negrillas nos corresponden).

III.3. De la acción de libertad innovativa

La SCP 0141/2018-S2 de 30 de abril, sobre la acción de libertad innovativa estableció que: «…la SC 1489/2003-R de 20 de octubre estableció que promovido el recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción. A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en los que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010. …la SCP 241/2012 de 3 de diciembre… sobre la base de la SC 0327/2004-R, dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. (…) Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. En ese marco… la SCP 2491/2012... establece: …de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos. En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”».

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denunció la vulneración de su derecho al debido proceso, toda vez que, se encuentra privado de libertad en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por resolución dictada por la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz hoy demandada y que a pesar de los reclamos de sus abogados hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar no remitieron el expediente al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del indicado departamento, ocasionando retardación de justicia y una indebida dilación del proceso. Ahora bien, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye en el medio eficaz para interponer en oposición a la transgresión al debido proceso en su elemento de celeridad, cuando esté relacionada a la libertad producto de demoras indebidas en los trámites administrativos o judiciales tendientes a resolver la situación jurídica del procesado privado de libertad. En la problemática planteada conforme a los antecedentes que motivaron la interposición de esta acción de defensa, resulta evidente la dilación en la remisión efectiva del expediente al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, cumpliendo con el envío recién el día en que se efectúo la audiencia de consideración de esta acción de libertad, por oficio elaborado por Mauricio Antonio Flores Zabala, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del mismo departamento, que se encontraba en suplencia legal de su similar Cuarto, según Conclusión II.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. En ese contexto, de la revisión al expediente no cursa documentación que exprese la fecha exacta de la audiencia y resolución de medidas cautelares efectuada en el Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento La Paz -que se encontraba de turno-; no obstante, del Memorándum 1867/2022-P.-TDJ de 28 de septiembre, que dispuso la suplencia legal de Wilson Chambi Yujra, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital, demandado, se puede determinar que fue por el periodo de 29 de septiembre hasta el 3 de octubre de 2022 (Conclusión II.2) y la fecha del oficio de remisión del expediente es de 24 de noviembre del mismo año, habiendo transcurrido MÁS DE UN MES para el cumplimiento de la remisión del expediente al Juzgado correspondiente, evidenciándose un retardo injustificado y resultando viable aplicar los extremos establecidos en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; por lo que, este Tribunal no puede convalidar la señalada lesión; pues la finalidad de la presente acción de defensa, no es solamente determinar la finalización del hecho lesivo, sino también disponer que los servidores públicos y la colectividad en su conjunto se inhiban de asumir conductas de esa naturaleza que contravienen el orden constitucional y por consiguiente, son susceptibles de sanción; en ese entendido, se concede la tutela en la modalidad innovativa de la acción de libertad.

En virtud a lo expuesto, desglosando los presuntos actos lesivos y la participación en los mismos de cada uno de los demandados a efectos de verificar la relevancia en las lesiones denunciadas; respecto a los actos procesales efectuados, por Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del mencionado departamento -demandada- emitió la resolución de medidas cautelares para el accionante cuando se encontraba de turno, pero sus deberes y obligaciones no concluyeron con ese actuado, siendo que al encontrarse como juez de turno tiene la obligación de atender casos urgentes y resolver aquellos que requieren atención inmediata, fuera del horario regular de atención judicial y en días inhábiles, lo que no la deslinda de responsabilidad durante ese corto periodo, debiendo también supervisar, verificar los actos emitidos por su personal subalterno en ese momento y que estos sean idóneos, como las remisiones de los expedientes que les asignaron durante su “turno” y más aún por tratarse de personas privadas de libertad a la espera de que se resuelva su situación jurídica, por lo que la Jueza demandada cuenta con legitimación pasiva; y, Wilson Chambi Yujra, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz -demandado- que se encontraba en “suplencia legal”, era el responsable de la entrega o remisión física del expediente al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del indicado departamento, a través de un oficio que lo acompañe, en su calidad de personal de apoyo judicial conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; ya que la práctica judicial común dictamina que los secretarios son los encargados de elaborar los oficios que se utilizan para comunicar resoluciones judiciales, solicitar información, o “remitir expedientes” entre diferentes juzgados y su elaboración es una tarea administrativa inherente a la función del secretario. Asimismo, respecto al demandado Richard Mamani, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del señalado departamento, no hay carga argumentativa que permita realizar el análisis de su participación en los hechos denunciados. Finalmente corresponde aclarar que, aunque es evidente que se cumplió con la remisión del expediente (Conclusión II.1) del privado de libertad que motivó la presente acción tutelar, también resulta evidente la injustificada retardación en el tiempo de remisión de parte del personal de apoyo judicial del Juzgado de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz. En consecuencia, teniéndose por ciertos los hechos alegados por la parte accionante, corresponde conceder la tutela solicitada en parte bajo la modalidad innovativa, por la dilación en la remisión del expediente procesal al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del precitado departamento; en ese sentido, es imperante otorgar la tutela en favor del accionante. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 17/2022 de 24 de noviembre, cursante de fs. 11 a 12 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER, la tutela solicitada, en la modalidad innovativa respecto a Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción Penal Cuarta y Wilson Chambi Yujra, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Quinto, ambos de la Capital del departamento de La Paz, conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela con relación a Richard Mamani, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, de acuerdo a los razonamientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

3º Exhortar a Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción Penal Cuarta y a Wilson Chambi Yujra, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Quinto, ambos de la Capital del departamento de La Paz, con el fin de que tengan mayor cuidado en lo posterior cuando tramiten cuestiones similares, evitando que se reiteren este tipo de conductas contrarias al orden constitucional, caso contrario se remitirán antecedentes al Consejo de la Magistratura. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0482_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.

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