Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 23 de mayo de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso; toda vez que, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio, los Jueces demandados, hasta la fecha -se entiende de presentación de esta acción tutelar-, no remitieron su recurso de apelación interpuesto contra el rechazo de la solicitud de cesación de la detención preventiva. Las autoridades demandadas no presentaron informe escrito ni asistieron a la audiencia de garantías. Por consiguiente, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 31/2022 de 2 de diciembre, cursante de fs. 13 a 14, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0481/2025-S2 Sucre, 23 de mayo de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 52252-2022-105-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 31/2022 de 2 de diciembre, cursante de fs. 13 a 14, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ovidio Rodolfo Cayaya Aruquipa contra Ronald Laura Tonconi y Mariela Pérez Sejas, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 2 de diciembre de 2022, cursante a fs. 1 y 3 a 6, el accionante manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de infanticidio, cuya calificación fue modificado a homicidio; el 18 de abril de 2021, se determinó su detención preventiva por el plazo de seis meses; en ese contexto, el 31 de octubre de 2022, se llevó a cabo audiencia para considerar su solicitud de cesación de la detención preventiva ante Ronald Laura Tonconi y Mariela Pérez Sejas, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz -ahora demandados-, quienes rechazaron la misma. Ante dicha decisión, interpuso recurso de apelación conforme a lo establecido en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), para que, en el término de veinticuatro horas se remitan los actuados al tribunal de alzada; sin embargo, hasta la fecha transcurrieron más de treinta días sin que se remita el legajo para el sorteo a la sala penal correspondiente, dejándole en total indefensión.
El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso; citando al efecto los arts. 115, 116, 120 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene: a) La remisión del legajo de apelación de la resolución emitida el 31 de octubre de 2022, en el día; y, b) Se establezca la responsabilidad administrativa de los demandados.
Celebrada la audiencia pública virtual, el 2 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 11 a 12, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad.
Ronald Laura Tonconi y Mariela Pérez Sejas, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Achacachi del departamento de La Paz, no presentaron informe escrito alguno ni asistieron a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 9 y 10.
El Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 31/2022 de 2 de diciembre, cursante de fs. 13 a 14, concedió la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Si las autoridades no rinden informe y no ejercitan su derecho a la defensa es aplicable la presunción de veracidad; 2) En el presente caso, los Jueces demandados no brindaron informe respecto a la dilación demandada, siendo que hasta la fecha no se habría remitido un legajo de apelación; 3) Si bien el armado y remisión de legajo de apelación es función del personal de apoyo; no obstante, es también obligación de la autoridad jurisdiccional controlar a su personal subalterno para que cumpla oportunamente con sus funciones, más aun si se trata de un caso con privado de libertad; y, 4) Las referidas autoridades demandadas, al no ejercer control sobre el personal de apoyo, provocaron una dilación indebida en la tramitación de la causa, afectando el derecho a la libertad vinculado con el debido proceso y el principio de celeridad del accionante.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece que no cursa documentación alguna referida a las actuaciones que motivaron la presente acción de libertad.
El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso; toda vez que, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de homicidio, los Jueces demandados, hasta la fecha -se entiende de presentación de esta acción tutelar-, no remitieron su recurso de apelación interpuesto contra el rechazo de la solicitud de cesación de la detención preventiva. Las autoridades demandadas no presentaron informe escrito ni asistieron a la audiencia de garantías. Por consiguiente, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SC 0066/2010-R de 3 de mayo, respecto a la falta de prueba en acciones de libertad estableció que: “…uno de los principios que rige este recurso es el de informalidad, pero se entiende que dicho criterio no alcanza a la obligación que tiene el accionante de presentar la prueba necesaria que acredite su pretensión. En ese sentido, la SC 0318/2004-R de 10 de marzo, entre otras, ha establecido que: ‘Si bien es cierto que el art. 90.II de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), determina que el hábeas corpus no requiere mayores formalidades para ser interpuesto, no es menos evidente que la parte recurrente debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite la veracidad de las acusaciones que formula, a objeto de lograr sus pretensiones, puesto que corre por su cuenta la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que estima hayan restringido sus derechos, puesto que no puede dictarse una Resolución de procedencia cuando no se constata la vulneración de ningún derecho o garantía fundamental precisamente por falta de pruebas en las que el Tribunal pueda basar su decisión’’’ (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
En el presente caso, si bien el accionante invoca la vulneración de su derecho al debido proceso por la supuesta falta de remisión del legajo de apelación interpuesta contra la resolución que rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva -trámite que afirma habría demorado más de treinta días-, se advierte que el Juez de garantías concedió la tutela con base en la presunción de veracidad, al no haberse recibido informe alguno de las autoridades demandadas respecto a la problemática planteada. En consecuencia, tuvo por acreditados los hechos que motivaron la interposición de la acción de defensa; sin embargo, dicha decisión fue emitida sin observar lo previsto en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, toda vez que, el impetrante de tutela tampoco demostró la dilación atribuida a las autoridades demandadas en la tramitación de su recurso.
Si bien esta acción de defensa -en su modalidad traslativa o de pronto despacho- constituye un medio eficaz para restituir derechos vulnerados, y su procedencia depende de que se hubieran agotado previamente los mecanismos procesales ordinarios idóneos, de la revisión de antecedentes no se evidencia documentación alguna que acredite que el accionante hubiera presentado reclamos formales ante las autoridades competentes para exigir la remisión de la apelación. En tal sentido, la presente acción de libertad no resulta procedente, ni corresponde disponer la sanción solicitada contra los jueces demandados, ya que, su procedencia exige que el peticionante de tutela acompañe prueba suficiente y necesaria que acredite la veracidad de las acusaciones formuladas. La carga de demostrar la existencia de los actos restrictivos de derechos recae en quien interpone la acción, pues no puede dictarse una resolución favorable cuando no se constata la vulneración de derecho o garantía fundamental alguna, precisamente por falta de elementos probatorios en los que este Tribunal pueda sustentar su decisión. Finalmente, en cuanto a la alegada dilación en la remisión del legajo de apelación, corresponde señalar que dicha tarea es competencia exclusiva del personal de apoyo jurisdiccional; sin embargo, en la presente acción no se identificó ni incorporó a algún funcionario que ostente dicha calidad como parte codemandada, pese a contar con legitimación pasiva para responder por tales actos. Sin embargo, el propio impetrante de tutela reconoce en su demanda que corresponde esperar “…un plazo prudencial en la remisión de la apelación cuando existan recargas laborales o suplencias etc., debidamente justificadas…” (sic [fs. 3 vta.]); tal manifestación permite inferir que, no se desvirtúa la existencia de dicha espera razonable, habiendo activado directamente la presente acción de libertad sin acreditar previamente la existencia de un acto lesivo. En virtud de lo expuesto, este Tribunal concluye que la acción tutelar resulta improcedente, al no haberse demostrado con prueba idónea la vulneración alegada.
En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 31/2022 de 2 de diciembre, cursante de fs. 13 a 14, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0481_2025-S2.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 864f6881f925feb7556990006566c24c5484776ef160988755c62f9371e054f9
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