Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 12 de junio de 2023
Concede la tutela
El impetrante de tutela, denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso vinculado a su libertad, libre locomoción, a la defensa y celeridad; toda vez que, habiendo sido beneficiado con la cesación a la detención preventiva y la aplicación de medidas menos gravosas, la autoridad ahora demandada ordenó al personal subalterno de su Juzgado, que no se recepcionara su memorial de solicitud de audiencia de modificación de medidas cautelares; en virtud a que, la fianza económica impuesta le era de imposible cumplimiento; por lo que, no se ha podido resolver su situación jurídica, argumentando pérdida de competencia por contar la causa ya con requerimiento de acusación formal, ocasionando una demora innecesaria en la tramitación del mismo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2022 de 23 de febrero, cursante de fs. 15 a 18, pronunciada por La Jueza de Sentencia Penal Décima Segunda del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que la Jueza de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0473/2023-S4 Sucre, 12 de junio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 46133-2022-93-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 09/2022 de 23 de febrero, cursante de fs. 15 a 18, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ericka Liliana Añez Chávez, en representación sin mandato de Widen Parada Vaca contra Roger Salvatierra Rocha, Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 22 de febrero de 2022, cursante de fs. 1; y, 2 a 5, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó que:
Actualmente se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario de Santa Cruz “Palmasola”, por el delito de estafa en grado de complicidad; sin embargo, la autoridad ahora demandada, procedió a excusarse, obstaculizando que recupere su libertad y libre locomoción, realizando una serie de actos con tal de no tomar conocimiento de la causa denominada “COTAS”, considerando que se encuentra con detención preventiva desde el 19 de julio de 2019. Empero, el 15 de octubre de 2020, en audiencia “Marianela Salazar” habría dispuesto su libertad, previo arraigo y el pago de una fianza de Bs350 000.- (Trescientos cincuenta mil bolivianos), suma imposible de cumplir para alguien que se encuentra recluido por más de un año, tomando en cuenta que se encuentra en el “régimen cerrado Pc 7” donde hay escasas posibilidades de desempeñar trabajos remunerados. En cuanto a la apelación presentada por el Ministerio Público, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, presidida por Arminda Méndez Terrazas, mediante Auto de Vista 293/2020, REVOCÓ su libertad, conminando al Ministerio Público que en el plazo de veinte días, emita Resolución conclusiva y “mediante” se determine el tiempo de su detención preventiva, ya que no lo habían dispuesto por no estar en vigencia la Ley “1174”; es así que, desde diciembre de 2020 hasta la fecha, han pasado un año y dos meses que no se dio cumplimiento a la conminatoria de dicha Sala, manteniéndolo detenido todo este tiempo. Denunció que, en varias oportunidades hubiera solicitado audiencia de cesación a la detención preventiva ante el Juez ahora demandado, exigiendo que su abogado de confianza que vive en la ciudad de La Paz pudiera hacerse presente en Santa Cruz de la Sierra, pese a su delicado estado de salud por COVID-19; sin embargo, se utilizó todo tipo de justificativo para no llevar adelante dicho acto procesal, sin considerar las diferentes comunicaciones del Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto a las audiencias virtuales, señalando la SC 0012/2006-R de 4 de enero, refiriendo que es la única persona dentro de este caso que se encuentra recluido hasta la fecha, por motivos estrictamente económicos, pues no cuenta con recursos por no tener una actividad que le genere ganancias. Agregó que, su persona nunca contó con el control jurisdiccional de un Juez de ejecución penal, para que hubiera precautelado sus derechos, ya que no se realizó el sorteo por parte de Secretaria del juzgado, dejándole una vez más en estado de indefensión jurídica, como establece el art. 238 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019; “La jueza o el juez de ejecución penal se encargará de controlar que el detenido esté debidamente individualizado y sobre el trato que le es otorgado, debiendo identificar el proceso dentro del cual se dispuso su detención preventiva o la pena de privación de libertad. Cuando la jueza o el juez de ejecución penal constate violación al régimen legal de detención preventiva o que ésta exceda los plazos dispuestos, comunicará inmediatamente a la autoridad jurisdiccional del proceso, quien resolverá sin más trámite en audiencia pública dentro del plazo de veinticuatro (veinticuatro) horas. (…) La jueza, el juez o tribunal de ejecución penal, comunicará a la Dirección General de Régimen Penitenciario la información sobre las personas con detención preventiva o pena privativa de libertad a fines de la actualización permanente de datos sobre el cumplimiento de los plazos de la detención preventiva, de cumplimiento de condena y otros. (…)” (las negrillas son del texto original). Es así que nadie tomó en cuenta su situación, privándosele de sus derechos como detenido preventivo, al extremo de no habérsele otorgado permiso por cuestiones humanitarios para asistir al velorio de su padre, ya que la autoridad ahora demandada se encontraba de viaje ese fin de semana, comunicándosele a su abogado que solicite el lunes, y al no contar con un Juez de ejecución penal, no puedo dar el último adiós a su padre, ya que lo enterraban el domingo, citando al respecto la SCP 0269/2018-S2 de 25 de junio. Señaló que, el 12 de noviembre de 2021, después de más de dos años la autoridad ahora demandada, mediante Auto, otorga las medidas sustitutivas, imponiéndole: a) Arraigo; b) Prohibición de comunicarse con los coimputados; c) Firma una vez a la semana ante el Ministerio Público; y, d) Fianza de Bs150 000.-(ciento cincuenta mil bolivianos), siendo nuevamente esta última suma de imposible cumplimiento; por lo que, se propuso el cambio de dicha fianza con una garantía de un inmueble con un avalúo de $us95 000 .- (noventa y cinco mil dólares estadounidenses), habiendo presentado toda la documentación conforme el art. 244 del CPP; sin embargo, esta autoridad demandada, no dio curso a lo solicitado; al contrario, remite el expediente al Juzgado de Sentencia, sin resolver dicha petición, dilatando una vez más su libertad; toda vez que, tienen que revisar cincuenta cuerpos de antecedentes lo que en anterior ocasión provocó dos semanas de que ingrese el memorial y que sea resuelto, mientras tanto continúa detenido preventivamente de manera ilegal, ya que hasta la fecha han transcurrido dos años y siete meses de su aprehensión.
El accionante, denunció como lesionado sus derechos al debido proceso vinculado a su libertad, libre locomoción, a la defensa y celeridad, citando al efecto los arts. 14, 21.7, 109, 113, 115, 116, 117, 119 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, disponga; 1) Se ratifique el Auto de 12 de noviembre de 2021; 2) Se ordene el oficio para las oficinas de Derechos Reales (DD.RR.), para que se realice la anotación preventiva del inmueble que otorgó como garantía; y, 3) Una vez cumplida la formalidad de ley se le emita el mandamiento de libertad inmediata.
Celebrada la audiencia virtual el 23 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 13 a 14, presente la parte solicitante de tutela; y, ausente la autoridad demandada; se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, en audiencia, ratificó el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliándola, señaló que: i) Interpone la presente acción de libertad en su modalidad reparadora y de pronto despacho; siendo que, la autoridad ahora demandada conociendo del presente proceso de autos, había determinado una cesación a la detención preventiva, disponiendo la presentación de arraigo y una garantía real; en este sentido, cuando se presentó la documentación correspondiente esta autoridad indica que no puede recibir los memoriales ya que existiría una acusación dentro de este proceso por lo que perdió competencia; sin embargo, ante una solicitud de cesación de medida cautelar, así haya presentado acusación el Ministerio Público, el Tribunal es quien debe continuar conociendo la situación procesal cuando esté de por medio la libertad de una persona, debiendo atenderse de manera oportuna y veraz el Juzgado de origen, hasta que no se notifique con el auto de radicatoria del Tribunal donde ha sido determinado, conforme la SCP 0033/2019-S1 de 25 de marzo, se dispuso la competencia del tribunal inferior, en este caso el Juzgado de Instrucción sigue vigente hasta que no se radique la causa; ii) En este sentido, se ha presentado un memorial que no se ha querido recibir por secretaria del Juzgado de origen, por orden directa de este Juez ahora demandado, indicando que existiría una acusación y habría perdido competencia, cuando los cuadernos del proceso se encuentran aún en este Juzgado de Instrucción, habiéndose interpuesto la solicitud en tiempo oportuno, ocasionando una dilación innecesaria que afecta al debido proceso, debidamente ligada con la libertad personal, pese a la presentación de este memorial ha de otorgarse el oficio para que se pueda grabar, el inmueble y aceptar la garantía real, impidiendo que pueda acceder al beneficio, logrado y provocado justamente por esta autoridad existiendo legitimación pasiva en su contra, como tampoco existe agotamiento de la vía subsidiaria porque se ha presentado un documento que no ha querido ser recepcionado a efectos de que habían perdido competencia, no siendo notificado con ningún auto de radicatoria ante el Tribunal, antes ni durante la presentación del memorial, menos puede aparecer un auto de radicatoria, pues la acción de libertad en su efecto reparadora tiene la función de que estas restricciones indebidas sean reparadas por el Tribunal de garantías; y, iii) Finalmente, con relación a que se recepcione los memoriales y se dé curso a la solicitud interpuesta, ordenando por el este Juzgado que conoce la situación procesal en grado de cesación a la detención preventiva, que había determinado el arraigo, prohibición de comunicarse con los otros coimputados, que firme una vez a la semana y una fianza que sea modificada a la fianza real que es la presentación de la documentación que pretende ingresar mediante memorial de 12 de noviembre, que ya ha sido ratificada por este último memorial que se resiste a recibir y se otorgue el oficio por las oficinas de DD.RR. y que de esta forma se concluya con la anotación preventiva del inmueble otorgado como garantías y cumplimiento de esta formalidad y en consecuencia se otorgue el mandamiento de libertad.
Roger Salvatierra Rocha, Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar ni presentó informe escrito alguno, pese a su legal citación cursante a fs. 10.
La Jueza de Sentencia Penal Décima Segunda del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante la Resolución 09/2022 de 23 de febrero, cursante de fs. 15 a 18, concedió en parte la tutela impetrada, ordenando a la autoridad demandada recepcionar los memoriales de solicitud de audiencia de modificación de medidas personales de la parte accionante, a efecto de resolver la solicitud, una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la Resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente, con base en los siguientes fundamentos: a) Del análisis de los antecedentes y de los actuados de las copias del cuaderno procesal; se tiene que, dentro del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público en contra del impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito de estafa, el 12 de noviembre de 2021, el Juez ahora demandado, conoce la cesación a la detención preventiva y ordena nuevamente medidas cautelares personales, donde se dispone un pago de fianza económica en la suma de Bs150 000.-; sin embargo, el solicitante de tutela indica que esta cantidad es de imposible cumplimiento; por la cual, pide la audiencia de modificación de medidas cautelares; empero, refiere como acto voluntario que al haberse presentado requerimiento conclusivo de acusación formal, el Juez ahora demandado y su personal subalterno se niegan a recibir escritos y a resolver su solicitud de modificación de medidas cautelares. Asimismo, el accionante por escrito de 21 de febrero del mismo año, solicitó modificación de las medidas personales, en relación a la fianza económica al amparo del art. 250 del CPP; sin embargo, dicha solicitud no fue resuelta por el impetrante de tutela, al contrario ordena la remisión del expediente ante el Juez de Sentencia por existir un requerimiento de acusación formal; y, b) En ese entendido, se concluye que la autoridad demandada, no resolvió la situación Jurídica del solicitante de tutela, al declarar de forma expresa su incompetencia, argumentando la existencia de un requerimiento conclusivo de acusación, siendo que los antecedentes del proceso penal referido, la causa no radicaba en otro tribunal o juzgado; extremo por lo cual, demuestra que de forma innecesaria no consideró la solicitud; pues conforme la jurisprudencia constitucional glosada en el fundamento jurídico de la presente sentencia, la autoridad demandada, mantiene la competencia hasta que la causa radique en el correspondiente tribunal de sentencia penal; por lo que, ésta autoridad, debió llevar adelante la audiencia y definido su situación jurídica, pues toda solicitud vinculada, debe ser resulta de manera inmediata, en el amparo de lo previsto en la jurisprudencia citada de este fallo; por lo que, el hecho de declinar competencia sin tomar en cuenta que el accionante se encuentra bajo detención preventiva, generó dilación en el proceso, afectando; por ende, el ejercicio de su derecho a la libertad física, que debió ser tramitado con celeridad.
De la revisión del legajo constitucional, cursa únicamente el acta de audiencia de fundamentación oral de la presente acción tutelar.
El impetrante de tutela, denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso vinculado a su libertad, libre locomoción, a la defensa y celeridad; toda vez que, habiendo sido beneficiado con la cesación a la detención preventiva y la aplicación de medidas menos gravosas, la autoridad ahora demandada ordenó al personal subalterno de su Juzgado, que no se recepcionara su memorial de solicitud de audiencia de modificación de medidas cautelares; en virtud a que, la fianza económica impuesta le era de imposible cumplimiento; por lo que, no se ha podido resolver su situación jurídica, argumentando pérdida de competencia por contar la causa ya con requerimiento de acusación formal, ocasionando una demora innecesaria en la tramitación del mismo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0078/2023-S4 de 28 de marzo, haciendo referencia a la SCP 0698/2021-S1 de 23 de noviembre, estableció que: “Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, dejó establecido que: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos’; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: ‘La jurisdicción ordinaria, se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad (…) eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez’; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30.3 de la LOJ, pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. En cuanto a la aplicación del principio de celeridad exigida a toda autoridad judicial, que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también la seguridad jurídica, más aun, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que: …toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’. Jurisprudencia reiterada en numerosas Sentencias Constitucionales como las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010-R de 10 de agosto. Por consiguiente, debe entenderse que si bien la privación de libertad fue dispuesta por orden judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y el juez o tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R′” (las negrillas corresponden al texto original).
Asimismo, la SCP 1084/2017-S3 de 18 de octubre, que aplicó el entendimiento asumido por la jurisprudencia constitucional sobre el particular, precisó que: “…el Tribunal Constitucional a través de la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre, concluyó que: ‘…cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación, así la SC 0487/2005-R de 6 de mayo, dice:
«…Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteó la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros coimputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de Sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares, así la SC 143/2004-R, de 2 de febrero, razón por la cual corresponde otorgar la tutela solicitada únicamente respecto a este punto denunciado…’».(las negrillas son nuestras).
De lo expuesto; se puede concluir que, presentada la solicitud de cesación, modificación o sustitución de medidas cautelares, ante el Juez de Instrucción de la causa; ésta debe ser resuelta por dicha autoridad, aun habiéndose presentado el requerimiento conclusivo de acusación y se hubiere remitido los antecedentes al Juez o Tribunal de Sentencia, en tanto no se haya radicado la causa.
El accionante, denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso vinculado a su libertad, libre locomoción, a la defensa y celeridad; toda vez que, habiendo sido beneficiado con la cesación a la detención preventiva y la aplicación de medidas menos gravosas, la autoridad ahora demandada ordenó al personal subalterno de su Juzgado, que no se recepcionara su memorial de solicitud de audiencia de modificación de medidas cautelares; en virtud a que, la fianza económica impuesta le era de imposible cumplimiento; por lo que, no se ha podido resolver su situación jurídica, argumentando pérdida de competencia por contar la causa ya con requerimiento de acusación formal, ocasionando una demora innecesaria en la tramitación del mismo. Ahora bien conforme lo señalado en el acápite II. (conclusión), de este fallo constitucional, no se cuenta con antecedes procesales correspondientes a esta causa, pese a que fue solicitada su remisión por la parte impetrante de tutela y considerada la documental extrañada en la audiencia de fundamentación oral de la presente acción de defensa; sin embargo, considerado lo referido en el memorial presentado en esta acción de libertad y conforme a los antecedentes verificados por la Jueza de garantías a través de la Resolución venida en revisión, quien bajo el principio de inmediación tuvo acceso directo a los mismos, corresponde remitirse a lo alegado en dicha audiencia: “dentro del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión del delito de estafa, se encuentra con detención preventiva desde el 19 de julio de 2019, en el Centro Penitenciario de Santa Cruz “Palmasola”; pese a que, el 12 de noviembre de 2021, el Juez ahora demandado, conoce su cesación a la detención preventiva y ordena nuevamente medidas cautelares personales, donde se dispuso un pago de fianza económica en la suma de Bs150 000 00.-; empero, el impetrante de tutela refiere que esta cantidad es de imposible cumplimiento, por lo cual, el 21 de febrero del señalado año, conforme el art. 250 del CPP, pidió audiencia de modificación de medidas cautelares; en relación a la fianza económica; sin embargo, dicha solicitud no fue resuelta por la autoridad ahora demandada, al contrario, ordena la remisión del expediente ante el Juez de Sentencia por existir un requerimiento de acusación formal, argumentando pérdida de competencia” (sic). En ese entendido, del legajo constitucional recibido por la Jueza de garantías, ésta advirtió que se habría llevado a cabo audiencia de cesación a la detención preventiva del ahora solicitante de tutela por una vez más, en esta última se dispuso su cesación a la detención preventiva, imponiéndole medidas de carácter personal, entre ellas una fianza de Bs150 000.- la cual le era de imposible cumplimiento; ínterin en el que se habría presentado la acusación formal contra el accionante, quien el 21 de febrero de 2021, intentó presentar su memorial de solicitud de modificación de su medida de carácter personal, respecto a la fianza, tratando de otorgar como garantía un inmueble; sin embargo, esta autoridad se hubiere reusado aceptar dicho memorial ordenó la remisión del mismo al Juzgado de Sentencia Penal; empero, como se tiene de lo verificado por la jueza de garantías, hasta entonces no se tenía certeza de la radicatoria en el Juzgado de Sentencia, lo que conllevaría a que la autoridad demandada aún continuaba bajo el control jurisdiccional de dicho proceso por consiguiente con la competencia para resolver la pretensión del impetrante de tutela; lo que, denota que la determinación asumida de referir ya no tenía competencia por la presentación de la acusación fiscal, resulta ser arbitraria, pues de acuerdo a los entendimientos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, cuando se presenta la acusación fiscal remitiéndose los antecedentes ante un Juzgado o Tribunal de Sentencia Penal para la fase de juicio; empero, la causa aun no fue radicada, el control jurisdiccional del proceso continúa bajo competencia del Juez de Instrucción Penal; es decir, que una solicitud de cesación de la detención preventiva, al igual que una de modificación de medida cautelar –como es el caso de autos– debe ser considerada y resuelta por el Juez de Instrucción Penal en tanto no se radique el proceso penal ante el Juez o Tribunal de Sentencia. En ese contexto, conforme establece la jurisprudencia constitucional glosada en los Fundamentos Jurídicos precedentes, cuando se trata de una solicitud de cesación, modificación o sustitución de medidas cautelares, es posible que el Juez a cargo del control jurisdiccional resuelva dicha solicitud, aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal.
Por lo expuesto, las actuaciones realizadas por la autoridad jurisdiccional hoy demandada, al pretender deslindar el control jurisdiccional del proceso por las razones anotadas, en desmedro del privado de libertad; y, finalmente alegar pérdida de competencia –conforme se tiene explicado– ocasionó una dilación indebida e incertidumbre en la resolución de la situación jurídica del accionante, causándole vulneración en su derecho a la libertad, apartándose de la jurisprudencia constitucional señalada en el Fundamentos Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; bajo estos razonamientos y evidenciándose vulneración del debido proceso en su elemento de celeridad vinculado al derecho a la libertad, por la dilación e indefinición de la situación jurídica del ahora impetrante de tutela, correspondiendo conceder la tutela impetrada. Finalmente como se dijo precedentemente, el efecto de la concesión de tutela únicamente abarca a la recepción del memorial para considerar la solicitud de aceptación de garantía del bien inmueble propuesto por el ahora solicitante de tutela y de ninguna manera sobre el fondo de la citada pretensión; es decir, si corresponde la aceptación o rechazo a la misma, pues dicha decisión corresponde a la autoridad jurisdiccional en el marco de sus competencias y del resguardo de la efectiva prosecución de la causa. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, actuó de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2022 de 23 de febrero, cursante de fs. 15 a 18, pronunciada por La Jueza de Sentencia Penal Décima Segunda del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos que la Jueza de garantías.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0473_2023-S4.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 89307c66829c968402f7e1dfeb1f9245aa2d6f22e53b5637aca27df5313296be
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