Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 2 de mayo de 2025
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, por cuanto habiendo interpuesto recurso de apelación incidental contra la Resolución 16/2022, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dispuso dejar sin efecto la resolución impugnada, disponiendo se emita una nueva resolución enmarcada en lo previsto por el art. 76 de la Ley 348; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar los demandados no devolvieron los antecedentes al Juez a quo, provocando una dilación indebida en la emisión de una nueva Resolución, por lo que solicita se conceda la tutela disponiendo que los demandados devuelvan a la brevedad posible el expediente al Juez de primera instancia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 32/2022, de 8 de noviembre, cursante de fs. 14 a 15 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz y, en consecuencia, DENEGAR la tutela con base a los fundamentos jurídicos de la Presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0472/2025-S3 Sucre, 2 de mayo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52446-2022-105-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 32/2022 de 8 de noviembre, cursante de fs. 14 a 15 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Efraín Tantani Chipana en representación sin mandato de Ramiro Tola Paxi contra Yuri Jesús Gómez Pérez y José Miguel Verastegui Nogales, Secretario y Auxiliar respectivamente de la Sala Penal Segunda del Tribunal departamental de Justicia de la ciudad de La Paz.
Por memorial presentado el 7 de noviembre de 2022, cursante de fs. 4 a 5, el accionante a través de su representante expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra, el 20 de octubre de 2022, se llevó a cabo la audiencia de consideración de apelación incidental presentada por su persona, en la que se determinó dejar sin efecto la Resolución 16/2022 de 24 de junio de similar año, disponiéndose que el Juez a quo emita una nueva resolución enmarcada en lo dispuesto por el art. 76 de la Ley 348, Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, de 9 de marzo de 2013. Desde el 20 de octubre de 2022, hasta el 7 de noviembre de igual mes y año -fecha de interposición de la acción de libertad- trascurrieron once días sin que el testimonio de apelación sea devuelto al Juzgado de origen por los ahora demandados, por lo que, pese a que se apersonó al Juzgado en reiteradas oportunidades la Auxiliar del Juzgado le indicó que el acta se encontraba transcrita, sin embargo, faltaba la firma de los Vocales y del Secretario de cámara. Pese a que se les indicó que se trababa de un proceso con detenido, no se actuó con la celeridad correspondiente, dilación que provocó que, hasta esa fecha, 7 de noviembre de 2022, no fuera beneficiado con la emisión de la Resolución pronunciada por el Juez de Primera instancia.
Denunció la lesión del derecho al debido proceso, en su elemento celeridad vinculada al derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga la remisión de antecedentes ante el Juzgado de origen, otorgándole un plazo para el efecto.
Celebrada la audiencia virtual de 8 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 12 a 13, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola señaló que: a) Conforme lo dispuesto por la SCP 0427/2025-S2 de 29 de abril, la acción de libertad puede ser dirigida contra toda persona, indistintamente si esta es particular o servidor público, sea jurisdiccional o de apoyo judicial; en el presente caso, se formula la acción de libertad contra el Secretario y Auxiliar de la Sala Penal Segunda, por acciones y por omisiones que atentaron contra el principio de celeridad, vinculado con su derecho a la libertad; toda vez que, desde el 20 de octubre de 2022, hasta la fecha de presentación de la presente acción tutelar, tanto el Secretario como el Auxiliar incumplieron sus obligaciones de remitir o devolver los antecedentes al Juzgado Quinto de Sentencia Penal -Juez de primera instancia- para que esta autoridad emita la nueva Resolución enmarcada en lo dispuesto por la Ley 348; b) Con relación a las omisiones del Secretario, se tiene que en reiteradas oportunidades su abogado se apersonó a la Sala Penal Segunda a fin de que se aplique la celeridad correspondiente en cuanto a la transcripción de la resolución para la remisión, asimismo, en varias ocasiones se apersonó al Juzgado en el que si bien le mostraban la Resolución transcrita, empero, no consignaba todavía la firma del Secretario, es decir, la Resolución no tenía fe por parte del Secretario, obligación que le corresponde conforme lo dispuesto por la Ley 025, Ley del Órgano Judicial, (LOJ); c) Se solicitó personalmente al Auxiliar de la Sala Penal Segunda -codemandado- que pueda aplicar la celeridad necesaria por tratarse de un proceso con detenido, extremo que no fue cumplido; actuaciones negligentes que han ocasionado que hasta la fecha no pueda beneficiarse con la aplicación de las sanciones alternativas establecidas por la Ley 348; d) El Secretario ha incumplido sus obligaciones, de dirigir al personal auxiliar, a efecto de que cumpla con sus obligaciones de remisión del cuaderno procesal, establecidas en el art. 56.8 del CPP, modificado por la Ley 1173; por otro lado, el Secretario incumplió con la obligación prevista en el art. 94.3 de la LOJ, de dar fe a los decretos, autos, sentencias, mandamientos, exhortos, cartas acordadas y provisiones que expida el Juez; finalmente, inobservó el núm. 12) de la misma disposición legal, de supervisar y controlar las labores de los servidores de apoyo, actuaciones negligentes, que están ocasionando la vulneración de sus derechos, entre ellos, el de celeridad vinculado a su derecho a la libertad; y, e) Entre las obligaciones del auxiliar, se encuentra la de remitir los antecedentes dispuestos por la autoridad judicial, en el presente caso al Juzgado de origen, por lo que su no realización, atentó su derecho a la libertad. Ante las interrogantes del Juez de garantías referido a que, si solo faltaba la firma de la Secretaria en el Auto de Vista; el impetrante de tutela señaló que, solo llevaba la firma de la Vocal titular.
Yuri Jesús Gómez Pérez y José Miguel Verastegui Nogales, Secretario y Auxiliar de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito presentado el 8 de noviembre de 2022, cursante a fs. 11 señalaron que: 1) La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se encuentra en acefalía de una Vocalía por más de un año y medio, siendo esta la principal causa de la demora y la poca celeridad en las resoluciones de las causas remitidas ante esa instancia, como son las apelaciones de medidas cautelares, incidentales, restringidas y las recusaciones y excusas, evidenciándose la excesiva carga procesal; y, 2) Con relación a las apelaciones incidentales necesariamente debe ser convocado un segundo Vocal a objeto de conformar el respectivo quórum, de esta manera se puso en conocimiento del Vocal de la Sala Penal Tercera, por lo que una vez resuelta es necesario que dicha Resolución lleve las firmas de ambos Vocales, tanto como del titular como del convocado, situación que no pudo darse debido a que los Vocales se encontraban en comisión de estudios.
La Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 32/2022 de 8 de noviembre, cursante de fs. 14 a 15 vta., denegó la tutela solicitada. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) El accionante planteó acción de libertad traslativa o de pronto despacho por la vulneración de su derecho al debido proceso y al principio de celeridad vinculado a su derecho a la libertad, por cuanto el Secretario de Cámara ahora demandado, no cumplió con su obligación de dar fe al Auto de Vista de fecha 20 de octubre de 2022 emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que revocó la Resolución 16/2022 de fecha 24 de junio de 2022, emitida por el Juzgado de Sentencia Penal Quinto de El Alto; tampoco controló y supervisó la labor del Auxiliar, quien tenía la obligación de devolver antecedentes al Juzgado de origen, conforme establece el art. 56.8 del CPP modificado por la Ley 1173 y 94.3) y 12 de la LOJ, provocando dilación indebida para la emisión de una nueva Resolución enmarcada en la Ley 348, es decir, beneficiarse con la aplicación de sanciones alternativas establecidas por la Ley 348 y así recobrar su libertad; ii) De la documentación presentada en calidad de prueba por la parte accionante y demandada, se advierte que el expediente fue devuelto el 8 de noviembre 2022 al Juzgado Quinto de Sentencia en lo Penal de El Alto del departamento de La Paz; iii) Del informe de las autoridades demandadas, es evidente lo denunciado por la parte accionante, que en fecha 20 de octubre de 2022 la Sala Penal Segunda emitió Auto de Vista, revocando la Resolución 16/2022 de 24 de junio, que dispuso que la Juez a-quo emita nueva Resolución enmarcada en el art. 76 de la Ley 348, siendo devuelto a la citada autoridad para su cumplimiento recién el día 08 de noviembre del 2022, día de celebración de la audiencia de acción de libertad; y iv) Es evidente que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, únicamente cuenta con una Vocal, por lo que a efectos de conformar quorum para resolver la apelación interpuesta contra la Resolución 16/2022 de 24 de junio se convocó a un Vocal de la Sala Penal Tercera, quien una vez resuelto mediante Auto de Vista 326/2022 de 20 de octubre de 2022, demoró en firmar el citado Auto de Vista al haber sido declarado en comisión de estudio, lo que impidió a que el Secretario de Cámara demandado no pueda refrendar la Resolución, debido a que primero debía estar firmada por ambos vocales; en ese entendido, ante la falta de la firma del Vocal, el Auxiliar codemandado no cumplió con la devolución de la causa al Juzgado de Origen, en atención a que estaban a la espera de la firma del Vocal convocado, que se encontraba declarado en comisión de estudios.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela, el 20 de octubre de 2022, se llevó a cabo la audiencia de apelación incidental contra la Resolución 16/2022 de 24 de junio, disponiendo la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista 326/2022 de 20 de octubre, dejar sin efecto la resolución apelada, disponiéndose se emita una nueva Resolución enmarcada en el art. 76 de la Ley 348 (fs.14 a 15 vta.). II.2. Según el informe del Secretario y Auxiliar demandados, y lo constatado por el Juez de garantías en la audiencia de consideración de esta acción de tutela, los antecedentes de la apelación no fueron devueltos al Juzgado de origen, en atención a la acefalía de un Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, motivo por el cual, se tuvo que convocar al Vocal de la Sala Tercera, quien se encontraba declarado en comisión por estudio, razón por la cual la resolución solo contaba con la firma del Vocal Titular, siendo remitido el expediente al Juzgado de origen el 8 de noviembre de 2022, día de la audiencia de acción tutelar (fs. 11 y vta.).
El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, por cuanto habiendo interpuesto recurso de apelación incidental contra la Resolución 16/2022, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dispuso dejar sin efecto la resolución impugnada, disponiendo se emita una nueva resolución enmarcada en lo previsto por el art. 76 de la Ley 348; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar los demandados no devolvieron los antecedentes al Juez a quo, provocando una dilación indebida en la emisión de una nueva Resolución, por lo que solicita se conceda la tutela disponiendo que los demandados devuelvan a la brevedad posible el expediente al Juez de primera instancia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La Constitución Política del Estado, reconoce la inviolabilidad del derecho a la libertad dentro del catálogo de los derechos civiles y políticos; lo que trae como corolario, la obligación para el Estado de protegerlo por su vital importancia en el desarrollo de la personalidad; y al ser un valor inspirador del orden social y jurídico sirve de sustento a la construcción y vigencia del modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional. Una de las dimensiones en las que se manifiesta este derecho, es la libertad física, reconocido en el art. 23 de CPE, que establece:
I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales (…)
III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley (…) De estas disposiciones se puede extraer, que el sistema jurídico y político boliviano, instituyó la reserva legal como garantía de este derecho; es decir, que de acuerdo a la voluntad del constituyente, es el legislador quien se halla facultado para limitar el ejercicio del mismo; de igual modo, otorgó a la persona garantías jurisdiccionales para el resguardo de dicho derecho, entre las que se halla la acción de libertad, configurada como un mecanismo de defensa para lograr su protección, en caso de ser restringido u amenazado de restricción; así lo establece el art. 125 de la CPE:
Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Ahora bien, a partir de la clasificación del entonces hábeas corpus -ahora acción de libertad-, desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre y la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se hizo alusión al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden). Bajo ese razonamiento, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de 2El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 3El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.
tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. La sistematización precedentemente desglosada fue desarrollada en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0032/2019-S2 de 25 de marzo.
Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 0 691/2001-R de 9 de julio definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción.
Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o contra un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto.
Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción.
Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, ratificada posteriormente por las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 0345/2012 de 22 de junio; y, por la SCP 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras, estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades judiciales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril8, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece:
Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo 7El FJ III.2, indica: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”. 8El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional. En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.
jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado… (las negrillas son añadidas). La sistematización jurisprudencial que antecede fue desarrollada en la SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, entre otras.
El impetrante de tutela, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, por cuanto habiendo interpuesto recurso de apelación contra la Resolución 16/2022 de 24 de junio de 2022, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dejó sin efecto la Resolución impugnada ordenándose la emisión de una nueva, enmarcada en lo dispuesto por el art. 76 de la ley 348, empero, hasta la fecha de interposición de la presente acción de libertad, los demandados no devolvieron el expediente al Juzgado de origen.
En tal sentido, de la revisión de los antecedentes expuestos en las conclusiones del presente fallo constitucional, se establece que, dentro del proceso penal seguido contra el impetrante de tutela, por el delito de violencia familiar, emergente del recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 16/2022, se emitió el Auto de Vista de 20 de octubre de 2022, que dejó sin efecto la Resolución confutada, ordenándose en consecuencia la emisión de una nueva resolución enmarcada en lo dispuesto por el art. 76 de la Ley 348, hecho corroborado tanto por el impetrante de tutela como por los funcionarios de apoyo jurisdiccional hoy demandados. Asimismo, emergente de la Resolución señalada supra, el expediente debió ser devuelto por el personal del apoyo jurisdiccional, Secretario y Auxiliar -demandados- al Juez de primera instancia, empero, conforme lo establecido en las Conclusiones II.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se evidencia que la Sala Penal Segunda se encontraba en acefalía de un Vocal por más de un año y medio, motivo por el cual se tuvo que convocar al Vocal de la Sala Penal Tercera para conformar el quorum correspondiente y pronunciar el Auto de Vista de 20 de octubre de 2022, en consecuencia, ésta Resolución debió necesariamente contar con ambas firmas para que el Secretario codemandado refrende el acta y la Resolución emitida, para luego devolver el expediente al Juzgado de origen. Por otro lado, conforme lo manifestado por los demandados, y corroborado por el Juez de garantías, el Vocal de la Sala Penal Tercera -autoridad no demandada-se encontraba declarado en comisión de estudio, hecho que generó que el acta y la Resolución solo cuente con la firma del Vocal titular y que el personal de apoyo jurisdiccional no pueda devolver el expediente al juzgado de origen, en consecuencia, la dilación denunciada por el impetrante de tutela no es atribuible a dicho personal, pues como se manifestó precedentemente se encontraban impedidos de poder devolver el expedientes al Juez de primera instancia, por hechos ajenos a su voluntad. En ese entendido, conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. El citado precedente constitucional, no resulta aplicable al presente caso, debido a que no se advierte dilación indebida, en la que hubiere incurrido el personal de apoyo jurisdiccional demandado -Secretario y Auxiliar-; primero, porque la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, se encontraba en acefalía de un Vocal, lo que conllevó a que se convoque al Vocal de la Sala Tercera del referido tribunal a efecto de que conforme el quorum correspondiente y, segundo, debido a la declaratoria de estudio el Vocal convocado, quien no fue accionado en la presente acción tutelar, no firmó el acta y el Auto de Vista de 20 de octubre de 2022, hecho que impidió que el personal demandado pueda devolver el expediente al Juzgado de origen, siendo este un hecho ajeno a su voluntad y por consecuente no atribuible a su responsabilidad, estando en consecuencia debidamente justificada la falta de remisión denunciada por el impetrante de tutela.
Por otro lado, cabe señalar que acorde a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; los servidores públicos de apoyo judicial excepcionalmente pueden ser demandados en la presente acción de defensa cuando la vulneración de los derechos tutelados emerja del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas en la Ley del Órgano Judicial; así como de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado.
En el presente caso, no se advierte que el Secretario y Auxiliar demandados hubieren incurrido en la inobservancia de sus funciones y obligaciones conferidas o hubieren inobservado las instrucciones u órdenes que le fueron impartidas por el Juez de la causa, tampoco se advierte excesos u omisiones que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones que fueron dispuestas por la autoridad del Juzgado donde desempeña sus funciones.
En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 32/2022, de 8 de noviembre, cursante de fs. 14 a 15 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz y, en consecuencia, DENEGAR la tutela con base a los fundamentos jurídicos de la Presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El art. 8.II de la CPE, dispone: “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad…”.
4 El Cuarto Considerando, refiere: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 5El FJ III.5, menciona: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 6El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0472_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.
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