Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 11 de julio de 2024
Concede en parte la tutela
El accionante alega la vulneración de sus derechos a la liberad, a la defensa y al debido proceso en su elemento de justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; puesto que: i) El Juez hoy accionado, suspendió en varias oportunidades la audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva, señalando nuevas fechas de audiencia fuera del plazo establecido por la norma procesal penal; y, ii) La abogada ahora coaccionada faltando a la verdad logró que la audiencia fijada para el 1 de julio de 2022 sea suspendida. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 10/2022 de 2 de julio, cursante de fs. 46 a 49, pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2º DENEGAR la tutela solicitada respecto a disponer una sanción económica y la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura, por la conducta de María Virginia Mejía Martínez, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0470/2024-S3 Sucre, 11 de julio de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 49155-2022-99-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 10/2022 de 2 de julio, cursante de fs. 46 a 49, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Nilton Copa contra Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, María Virginia Mejía Martínez.
El accionante por memorial presentado el 1 de julio de 2022, cursante de fs. 31 a 36, manifestó que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de robo agravado, por Resolución 334/2021 de 28 de diciembre, se dispuso su detención preventiva por el plazo de cinco meses en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; en ese sentido, la audiencia programada para la revisión de su situación jurídica no fue celebrada, señalándose audiencia para el 1 de junio de 2022, en aplicación de los art. 239.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, las audiencias programadas para tal efecto fueron suspendidas de manera reiterada el 7, 14, 22, 24 y 29 de igual mes y año, difiriéndose finalmente para el 1 de julio de 2022, fecha en la que nuevamente la audiencia fue suspendida bajo el pretexto de que la ahora coaccionada al ser la nueva abogada patrocinante de la víctima solicitó ampliación de la investigación e indicó que no fue notificada con la prueba presentada, lo cual era falso conforme se puede advertir del cuaderno procesal, reprogramándose nuevamente la audiencia para considerar la cesación de su detención preventiva para el 6 del mencionado mes y año. En consecuencia, esa supuesta vulneración fue ratificada en la audiencia de esta acción de defensa de 2 de igual mes y año, conforme se puede advertir del acta cursante de fs. 44 a 45.
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la liberad, a la defensa y al debido proceso en su elemento de justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia: a) Se deje sin efecto la audiencia de 1 de julio de 2022; b) Se celebre de forma inmediata la audiencia de cesación de su detención preventiva; c) Se disponga la sanción económica por la conducta de la ahora coaccionada; y, d) Se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura.
Marco Antonio Amaru Flores, Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe de 2 de julio de 2022, cursante de fs. 42 a 43, manifestó que: 1) No se vulneró ningún derecho del accionante, al contrario, por principio de lealtad procesal se advierte que la causa penal es compleja; puesto que, responde a un hecho de robo agravado, encontrándose el accionante detenido preventivamente y la víctima por procesos penales de la misma naturaleza se encuentra con detención domiciliaria; 2) A efectos de no vulnerar los derechos de los sujetos procesales, se dispuso con antelación la notificación con el señalamiento de audiencia; sin embargo, la misma no fue cumplida por la Auxiliar del Juzgado donde radica la causa, motivo por el cual la última audiencia programada fue suspendida; y, 3) Se programó audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva para el 6 del citado mes y año; por lo que, pide se deniegue la tutela solicitada. María Virginia Mejía Martínez, mediante informe presentado en audiencia, manifestó que recién el 30 de junio de 2022 se hizo cargo del patrocinio de una de las víctimas, y que jamás fue notificada con las actuaciones del Juez hoy accionado; asimismo, hizo notar que existe una ampliación de medida cautelar. Finalmente, el accionante no demostró que su vida esté en peligro, que se encuentre ilegalmente perseguido, que esté indebidamente procesado o indebidamente privado de su libertad. Ante la pregunta del Juez de garantías respecto a que si el número de celular 71555392 le pertenecería, respondió afirmativamente.
El Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 10/2022 de 2 de julio, cursante de fs. 46 a 49, concedió en parte la tutela solicitada, conminando al Juez hoy accionado a tomar previsiones para que se lleve a cabo la audiencia del 6 de julio de 2022 a las 16:00 horas, estando la misma señalada y notificada. Respecto a la hoy coaccionada le conminó a cumplir con los principios que rigen la Ley de la Abogacía, actuando con lealtad y honestidad en el ejercicio de la profesión, disponiendo la remisión de obrados al Ministerio de Justicia para que conste su actuación en la audiencia de 1 de julio 2022; todo ello, bajo el fundamento de que era evidente que desde el 1 de junio del indicado año hasta el 2 de julio del citado año, no se llevó adelante la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva del accionante; en ese sentido, corresponde conceder la tutela solicitada. Aclarando que el Juez hoy accionado actuó bajo información no adecuada; por cuanto, entendió que lo que quería el accionante era dejar sin efecto la suspensión de la audiencia de 1 de julio de 2022 para que se señale nueva audiencia, lo que no tendría relevancia porque ya se señaló nueva audiencia para el 6 de igual mes y año a las 16:00 horas.
Mediante al Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-03/2023 de 24 de mayo, se dispuso el adelanto de sorteo en cumplimiento a dicha determinación la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursan Actas de audiencias de consideración de la detención preventiva de 27 de mayo de 2022 (fs. 18 a 19); de 14 de junio de igual año (fs. 22 y vta.); de 22, 24 y 29 de ese mes y año (fs. 24 a 29). Advirtiéndose que todas fueron suspendidas. II.2. Consta Disco Compacto (CD) de audiencia de consideración de la detención preventiva de 1 de julio de 2022, la cual fue suspendida (fs. 30).
El accionante alega la vulneración de sus derechos a la liberad, a la defensa y al debido proceso en su elemento de justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; puesto que: i) El Juez hoy accionado, suspendió en varias oportunidades la audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva, señalando nuevas fechas de audiencia fuera del plazo establecido por la norma procesal penal; y, ii) La abogada ahora coaccionada faltando a la verdad logró que la audiencia fijada para el 1 de julio de 2022 sea suspendida. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
indebida; especial énfasis en la suspensión de la audiencia de cesación a la detención preventiva
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de su labor hermenéutica desarrolló entendimientos jurisprudenciales respecto a la audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, determinando toda petición de cesación de la detención preventiva debe ser resuelta de manera inmediata por estar vinculada al derecho fundamental a la libertad personal, caso contrario se incurre en detención y procesamientos indebidos.
En esa línea, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, estableció varios supuestos de procedencia que se encuentran en el del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; es decir que, determinó subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, c) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia.
Bajo las reglas procesales penales, construidas jurisprudencialmente, glosadas anteriormente, pueden variar en alguna medida cuando se presenten otras situaciones fácticas; empero, el razonamiento judicial, en la medida en que se apegue a los principios constitucionales glosados, que son los que en esencia sustentan la jurisprudencia obligatoria y vinculante de la jurisdicción constitucional, serán válidos.
Entonces, bajo dichos parámetros, se tiene que entre las modalidades de acción de libertad se encuentra la denominada traslativa o de pronto despacho; a través del cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; asimismo, que la autoridad judicial no solo está compelida a imprimir esa celeridad procesal en la tramitación y consideración de las medidas cautelares vinculadas al derecho a la libertad física o personal, sino también, en su efectivización, ya que una actitud contraria constituye una dilación indebida que vulnera ese derecho.
La SCP 0150/2023-S1 de 29 de marzo, refirió que: “…la acción de libertad innovativa es el mecanismo idóneo que procede aun hubiere cesado el acto ilegal ante amenazas a los derechos a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida o, en su caso el indebido procesamiento; siendo su principal finalidad evitar que en el futuro se repitan actos que lesionen derechos fundamentales y garantías constitucionales; y, conforme establece el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), el efecto de la concesión de tutela será la responsabilidad de los particulares o servidores públicos” (las negrillas son nuestras).
El accionante alega la vulneración de sus derechos a la liberad, a la defensa y al debido proceso en su elemento de justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; puesto que: 1) El Juez hoy accionado suspendió en varias oportunidades la audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva, señalando nuevas fechas de audiencia fuera del plazo establecido por la norma procesal penal; y, 2) La abogada ahora coaccionada faltando a la verdad logró que la audiencia fijada para el 1 de julio de 2022 sea suspendida. Ahora bien, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, se tiene que la acción de libertad de pronto despacho o traslativa busca que toda autoridad ya sea administrativa o judicial, que tenga bajo su conocimiento una solicitud o trámite que se encuentre directamente vinculado con el derecho a la libertad, deberá actuar bajo el principio de celeridad evitando dilaciones indebidas, buscando su efectivización y materialización en procura de evitar una vulneración a dicho derecho. De los antecedentes que cursan en obrados se tiene que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante consta Acta de audiencia de consideración de la situación jurídica de 27 de mayo de 2022 a las 9:00 horas que fue suspendida para el 7 de junio del mismo año (fs. 18 a 19), esa audiencia según el decreto de la misma fecha no fue instalada porque el Juez de la causa se encontraba en una reunión, señalándose nueva audiencia para para el 14 del mismo mes y año a las 13:00 horas (fs. 20), si bien esa audiencia se instaló y se suspendió por la inconcurrencia de las víctimas y del accionante para el 17 de junio de dicho año a 14:30 horas, y según el decreto de 20 de junio de 2022, esa audiencia no fue instalada porque el Juez hoy accionado se encontraba en el médico, señalándose nueva audiencia para el 22 de igual mes y año, la cual fue suspendida a solicitud del abogado del accionante, señalándose una nueva para el 24 de junio de 2022 a las 14:00 horas, que también fue suspendida debido a que el abogado del accionante presentó prueba respecto de su solicitud de cesación de su detención preventiva; por lo que, se fijó nueva audiencia para el 29 del mismo mes y año a las 15:30 horas, disponiendo el Juez hoy accionado la notificación de todas las partes procesales con la prueba presentada (Conclusión II.1.).
La audiencia de 29 de junio de 2022, también fue suspendida por la inconcurrencia del Ministerio Público y del accionante, señalándose una nueva para el 1 de julio de ese año a las 9:00 horas. Finalmente, la audiencia de esa fecha, fue suspendida porque en representación de la víctima Braulio Cazo Cantuta, se presentó la abogada hoy coaccionada como nueva abogada patrocinante, afirmando que no fue notificada con la prueba presentada por el accionante, señalándose nueva audiencia para el 6 de julio de 2022 (Conclusión II.2.). Según las suspensiones detalladas existió una demora de más de un mes, sin que la audiencia de consideración de la situación jurídica y cesación de la detención preventiva se hubiese celebrado, denotándose una dilación injustificada. De los antecedentes expuestos se desprende que el Juez ahora accionado no actuó con la celeridad que exige el tratamiento de las solicitudes vinculadas al derecho a la libertad; pues, como director del proceso, debió adoptar las medidas pertinentes para que la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva y consideración de la situación jurídica del accionante sea desarrollada y se resuelvan dentro del plazo señalado por el art. 239 del CPP; advirtiéndose -como señala el accionante- que las reprogramaciones de audiencia se produjeron fuera del plazo establecido de cuarenta y ocho horas. En síntesis, el Juez ahora accionado generó dilación injustificada en la realización de la audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva, debido a que las audiencias fueron programadas fuera del plazo legal establecido y sin asumir las medidas correspondientes para garantizar que la audiencia se lleve adelante, advirtiéndose negligencia de su parte, así por ejemplo las audiencias fijadas para el 7 y 17 de junio de 2022, fueron suspendidas por situaciones atribuibles al Juez ahora accionado; y, si bien es cierto que señaló audiencias en cada suspensión, esa situación no justifica de ninguna manera la excesiva dilación ocasionada, debido a que el plazo para señalar audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva debió ser dentro de las cuarenta y ocho horas, conforme establece el art. 239 del CPP, siendo que la tramitación de la misma debe enmarcarse en el principio de celeridad por su estrecha vinculación con el derecho a la libertad; por consiguiente, corresponde conceder la tutela solicitada por el accionante y recomendar al Juez hoy accionado observar los plazos máximos previstos por disposiciones legales en vigencia. Finalmente, debe recordarse que el art. 115.II de la CPE, dejó establecido que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta y oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; en ese entendido, el Juez hoy accionado al dilatar la celebración de la audiencia de cesación de la detención preventiva no solo vulneró el derecho al debido proceso en su elemento de justicia pronta y oportuna sino también el derecho a la defensa denunciado por el accionante; puesto que, hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa pudo ser oído y asumir defensa; por lo que, corresponde acoger ese reclamo al evidenciarse la vulneración del derecho del accionante a la liberad, a la defensa y al debido proceso en su elemento justicia de pronta, oportuna y sin dilaciones. En cuanto a la abogada ahora coaccionada, dada su actuación maliciosa que vulnera el derecho al debido proceso, corresponde como lo estableció el Juez de garantías conminándole a que actúe dentro del marco de la ética y sin incurrir en acciones dilatorias que perjudiquen el desarrollo del proceso penal. Respecto al hecho de que exista un nuevo señalamiento de audiencia para el 6 de julio de 2022 en horas de la tarde, corresponde aplicar la acción de libertad innovativa explicada en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; sin embargo, conforme a los antecedentes del caso corresponde conminar al Juez ahora accionado a que cumpla con su obligación de garantizar que la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva y de la situación jurídica del accionante sea desarrollada indefectiblemente en la fecha señalada donde deberá resolver conforme a derecho a el motivo de la audiencia, bajo responsabilidad. Finalmente, respecto a las solicitudes de disponer la sanción económica de la conducta de la ahora coaccionada y que se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura, no corresponde que sean atendidas conforme al alcance de la tutela concedida y la regulación normativa estipulada por el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 10/2022 de 2 de julio, cursante de fs. 46 a 49, pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2º DENEGAR la tutela solicitada respecto a disponer una sanción económica y la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura, por la conducta de María Virginia Mejía Martínez, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0470_2024-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): a2ec26a3b993392c13751805e6ca192a606fd3615240fd5f41443c37ae580a0b
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