Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 2 de junio de 2025
Concede en parte la tutela
Los accionantes a través de su representante denuncian la lesión de sus derechos a la libertad, a la vida y la salud; debido a que: 1) Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de homicidio, lesiones gravísimas, instigación pública a delinquir y apología pública de un delito, previstos y sancionados por los art. 130, 131, 251 y 270 del CP, en contra de Mario Flores Guevara y Samuel Rojas Molina, habiendo interpuesto recurso de apelación incidental en audiencia de manera oral en contra del Auto Interlocutorio que determinó su detención preventiva; sin embargo, el Juez y la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Puerto Suárez, no remitieron el cuaderno de control jurisdiccional a la autoridad de alzada por más de cuarenta días, incumpliendo lo establecido por el art. 251 del CPP; y, 2) Respecto a Jaime Algarañaz Dorado; efectivos policiales y representantes del Ministerio Público asignados al caso realizan actos de abuso y amedrentamiento en su contra por más de cuarenta días, sin considerar su deteriorado estado de salud. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada:
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR, la Resolución 02/2022 de 3 de diciembre, cursante de fs. 88 vta. a 90 vta., emitida por el Juez de Sentencia Penal Decimoctavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada en la vía del pronto despacho, respecto a la falta de remisión de antecedentes del recurso de apelación incidental en medidas cautelares en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías y conforme los entendimientos jurídicos del presente fallo constitucional; y, 2º DENEGAR la tutela solicitada respecto a la presunta vulneración del derecho a la vida, conforme a los argumentos establecidos en el análisis del caso concreto de esta sentencia constitucional 3º DENEGAR la tutela solicitada por Jaime Algarañaz Dorado; y, respecto a Ever Alvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz; Osvaldo Dante Tejerina Ríos y Freddy Duran Montero, ambos Fiscales de Materia, conforme a los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0468/2025-S3 Sucre, 2 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52425-2023-105-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 02/2022 de 3 de diciembre, cursante de fs. 88 vta. a 87k.mnl vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jorge José Valda Daza en representación sin mandato de Jaime Algarañaz Dorado, Rubén Mario Flores Guevara; y, Samuel Rojas Molina contra Ever Alvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; Erick Raúl Téllez Estrada, Juez; Liliana Ortiz Correa, Secretaria ambos del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Puerto Suarez; Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental; Freddy Duran Montero; y, Osvaldo Dante Tejerina Rios, Fiscales de Materia, todos del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 27 de noviembre de 2022, cursante de fs. 3 a 9 vta., los accionantes a través de su representante expresaron que:
Habiéndose dispuesto la realización de un paro cívico en todo el territorio cruceño desde las cero horas del 22 de octubre de 2022; el pueblo cruceño se dio cita con la finalidad de cerrar la frontera entre Bolivia y Brasil; sin embargo, el gobierno de turno, a través de Luis Chamby Montoya, Daniel Estrada, Miguel Ángel Krug, Tony Batista y otros, organizaron grupos de choque, obligaron a funcionarios públicos del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Quijarro a disparar cohetes, “tiros de alto calibre”, piedras, hondas cargadas con bolillas de cristal y gas lacrimógeno, generando durante aproximadamente 3 horas, agresiones en contra de las personas que se encontraban reunidas en el lugar fronterizo. Durante dichos enfrentamientos aconteció el deceso de Julio Pablo Taborga; teniendo conocimiento por declaraciones de su hijo, que la causa del óbito fue a razón de la inhalación de gases lacrimógenos y no así por agresiones físicas; debido a que el occiso fue parte de los enfrentamientos en su condición de funcionario público, quien fue obligado a asistir con la finalidad de no perder su fuente de trabajo. Este hecho produjo que el Ministerio Público aperture de oficio el caso FELCC-PQ-121/2022 FUD 714102202200316 en contra de sus personas, emitiendo el 23 de octubre de 2022 órdenes de aprehensión en su contra, procediendo con su ejecución sin considerar el cuadro clínico delicado de Jaime Algarañaz Dorado, quien en la fecha señalada fue trasladado a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, resultando extraño que para la ejecución de los referidos mandamientos de aprehensión, se haya dispuesto la participación de militares de la Fuerza Aérea, más aún, si cuando el Municipio de Puerto Quijarro, fue militarizado ese mismo día. En el caso de Jaime Algarañaz Dorado, desde el 23 de octubre de 2022, a la fecha (2 de noviembre del mismo año) se encuentra ilegalmente aprehendido, debido a que la Ley solo permite esa condición por 24 horas, además de encontrarse en un hospital con riesgo de perder la salud y la vida a causa del preinfarto generado por su aprehensión, y su posterior traslado en un avión militar a Santa Cruz de la Sierra; asimismo, si bien se le tomó su declaración, el juez contralor de garantías no tomó conocimiento de su situación, además continuó escoltado por la Policía día y noche; razón por la cual, se debió dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión en su contra, no pudiendo tener una duración indefinida, en observancia a la modalidad reparadora de la acción de libertad. Con relación a Rubén Mario Flores Guevara y Samuel Rojas Molina, el 24 de octubre de 2022, se llevó adelante su audiencia de consideración de medidas cautelares, finalizando la misma el 25 del mismo mes y año en la madrugada, y pese a que se apeló la decisión asumida por el juez contralor de garantías, este no remitió obrados ante el Tribunal de alzada en el plazo establecido por el art. 251 del Código Procedimiento Penal (CPP), no obstante que se puede realizar la remisión a través de medios telemáticos; razón por la cual, en su caso, procede la acción de libertad en su modalidad de pronto despacho, pues la dilación en la resolución de su situación jurídica por parte de una autoridad superior, implica la supresión indebida de su libertad, resaltando que Erick Alvarez, Fiscal de Materia, se ocupó de dilatar la resolución del proceso, y el Juez demandado, no transcribió completamente el acta de audiencia de medidas cautelares; por lo que, a la fecha de interposición de acción tutelar, transcurrieron más de treinta días sin que se haya dado respuesta a su impugnación.
Denunciaron la lesión de sus derechos a la libertad, a la vida y a la salud, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitaron se les conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Con relación a Rubén Mario Flores Guevara y Samuel Rojas Molina, se remita antecedentes al Tribunal de alzada en el día y que en el plazo de cuarenta y ocho horas se celebre su audiencia de apelación a la detención preventiva; b) Respecto a Jaime Algarañaz Dorado, al haberse dejado sin efecto la orden de aprehensión de 23 de octubre de 2022, solicitó el cese de persecución ilegal, en resguardo de la salud y la vida; permitiéndosele retornar a su domicilio por su delicado estado de salud, impidiéndose actuación alguna en su contra mientras tenga dicha condición; c) En el ámbito innovativo, se ordene el cese de toda persecución indebida o uso indebido de sus competencias a los Fiscales y Policías; y, d) Se remita antecedes al Ministerio Público de quienes hubieran vulnerado sus derechos humanos deliberadamente por dilación indebida y tortura judicial que vienen atravesando.
Celebrada la audiencia virtual el 3 de diciembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 86 a 88, se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su representante sin mandato, ratificaron el contenido íntegro de la acción tutelar y ampliándola manifestaron que: 1) Desde el primer día de su aprehensión ilegal, Jaime Algarañaz Dorado, estuvo esposado por más de cuarenta días a una camilla del Hospital San Juan de Dios -se entiende de Santa Cruz de la Sierra-, donde fue constantemente intimidado, pretendiéndosele hacer firmar hojas en blanco, ignorándose sus derechos y garantías constitucionales, al ser objeto de una persecución indebida que no fue valorada por el Juez demandado, corriendo además riesgo su salud porque sufre de trastorno orgánico mental ocasionado por el amedrentamiento, tanto del Ministerio Público como de la Policía Boliviana, como ser síndrome metabólico, osteocondrosis, resistencia a la insulina; por lo que, su salud, debe ser reestablecida, pudiendo encontrarse al menos en su hogar con su familia; y, 2) Precisó que desde el momento de su aprehensión -23 de octubre de 2022-;Jaime Algarañaz Dorado, corre riesgo de muerte, pues si bien el Ministerio Público tiene la intención de que sea internado en el Centro Penitenciario de Palmasola de Santa Cruz, ello no será posible, habida cuenta que tiene paralizado el cincuenta por ciento de su cuerpo, perdió la visión del ojo izquierdo y el sesenta por ciento del otro, además de haber sufrido una embolia, aspectos que derivan en un hecho fatal e incontrolable, que no puede ser atendido por el Juez que deba dilucidar su situación jurídica, ni el que ha determinado la detención preventiva de los otros accionantes; y, 3) La audiencia de apelación de Rubén Mario Flores Guevara y Samuel Rojas Molina, no se puede llevar a cabo debido a que no se quiere exhibir su estado de salud, a raíz de la restricción de su libertad por más de 45 días, que en el caso del primero, recién fue conducido a un centro de salud, entretanto el segundo, no tenía a su familia cerca, ni un “papel para gritar nada” al haber sido sacado de su domicilio en la madrugada, al igual que los otros accionantes, y conducidos a Santa Cruz de la Sierra; sin embargo, cómo pueden ejercer su derecho a la defensa, si su audiencia cautelar finalizó a las cuatro treinta de la madrugada del 24 de octubre de 2022, habiéndose enviado de manera errónea en cinco oportunidades el legajo procesal, es decir, con documentación “falsa”, lo que permitió que su situación jurídica esté irresuelta por más de cuarenta días, lo que devela el manifiesto incumplimiento del plazo previsto en el art. 251 del CPP; por lo que, corresponde brindar la protección de la acción de libertad en modalidad de pronto despacho; empero además, reparadora, puesto que se ha develado que todo el montaje elaborado en contra de los accionantes a raíz de la muerte de Julio Taborga cuyo hijo tuvo que trasladarse a Santa Cruz de la Sierra, exponiendo a todos los medios de comunicación de manera pública, que su padre falleció ante él, debido a los gases lacrimógenos, y no como señala el Ministerio Público, como producto de haber sufrido golpes.
Erick Raúl Téllez Estrada, Juez de Instrucción Penal Primero de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz, a través de informe escrito cursante de fs. 335 a 336, solicitó se deniegue la tutela impetrada en mérito a los siguientes argumentos: i) La apelación incidental formulada por Rubén Mario Flores Guevara y Samuel Rojas Molina, contra el Auto Interlocutorio de 24 de octubre de 2022, fue remitida en Formato de Documento Portátil (PDF) mediante Oficio de 1 de noviembre de igual año, siendo recepcionada en el día; empero, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, devolvió los antecedentes el 10 del citado mes y año, indicando que el cuaderno jurisdiccional elevado en grado de apelación no cumplía con los presupuestos del Instructivo 22/2021 de 23 de marzo; por lo cual, una vez corregidas las observaciones se volvió a remitir a la autoridad superior en grado; sin embargo, dicha instancia observó los actuados en diferentes oportunidades, hasta que el 28 del indicado mes y año, fue radicado en dicha instancia; ii) No es evidente la falta de remisión alegada por los impetrantes de tutela, lo cual, fue cumplido de manera diligente pese a encontrarse en paro cívico y bloqueo de caminos, máxime si Puerto Suarez dista a más de 650 km de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; iii) No se corrió en traslado la apelación recurrida para que las partes la contesten, como manifestó la defensa técnica de los accionantes; ya que, de la revisión de antecedentes procesales, se advierte que el Auto incidental como la Resolución de medidas cautelares fueron emitidos en audiencia, imprimiendo el trámite establecido por el art. 251 del CPP; iv) Con relación a Jaime Algarañaz Dorado, el 3 de noviembre de 2022, el Ministerio Público presentó imputación formal en su contra, por la presunta comisión de los delitos de homicidio, lesiones gravísimas, instigación pública a delinquir y apología pública de un delito, señalando audiencia de aplicación de medidas cautelares para el 4 de igual mes, a horas 15:00, que fue suspendida a efectos de evitar nulidades posteriores, en razón a que el prenombrado se encontraba delicado de salud; por lo que se difirió el acto procesal hasta que la junta médica del hospital San Juan de Dios, evalúe las condiciones en las que se encontraba; y, v) Hasta la fecha -de interposición de la presente acción de tutela-, no se remitió el informe señalado; por lo que, no se pudo llevar a cabo la audiencia de medidas cautelares solicitada por el Ministerio Público. Freddy Durán Montero, Fiscal de Materia, a través de informe escrito cursante de fs. 320 a 334 solicitó se deniegue la tutela impetrada en mérito a los siguientes argumentos: a) Carece de legitimación pasiva en el presente proceso, habida cuenta que no libró ningún mandamiento de aprehensión en contra de los accionantes, citando al efecto los entendimientos contenidos en la SC 1261/2001-R; sino que, a raíz de que los actos investigativos, estos produjeron que en uso de sus atribuciones contenidas en el art. 227 numerales 1 y 4 del CPP, la Policía Boliviana aprehenda a los impetrantes de tutela; para posteriormente tomarles las declaraciones informativas, y luego el Ministerio Público, emitió la Imputación Formal en su contra -23 de octubre de 2022- por la presunta comisión de los delitos de Homicidio, Lesiones Gravísimas, Instigación Publica a Delinquir y Apología Pública de un Delito, previstos y sancionados en los arts. 130, 131, 251 y 270 del Código Penal (CP); y, b) Se incumplió con el principio de subsidiariedad, debido a que en suma, se dio aviso del inicio de investigaciones al Juez cautelar de turno, autoridad a la que los prenombrados debieron acudir si consideraban que se encontraban siendo agraviados en sus derechos y garantías, de acuerdo a los entendimientos contenidos en los fallos constitucionales 0080/2010-R, 0917/2021-S3, 0991/2019-S1, entre otras. Liliana Ortiz Correa, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz, a través de informe escrito cursante a fs. 337, señaló que: 1) Conforme a sus atribuciones establecidas en la Ley del Órgano Judicial, remitió las apelaciones incidentales dentro del plazo razonable, pese al paro cívico y bloqueo de caminos que tenía paralizada la mencionada localidad; y, 2) El legajo de apelación incidental fue remitido nuevamente ante el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Oficio 689 de 29 de noviembre de 2022; habiéndole indicado el encargado del courrier que el mismo día fue entregado ante el citado Tribunal. Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia; Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental; y, Osvaldo Dante Tejerina Ríos, Fiscal de Materia, todos del departamento de Santa Cruz, no presentaron informe escrito, ni asistieron a la audiencia de garantías, pese a su legal notificación cursante a fs. 18, 19, 26 y 27.
Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, Ministro de Gobierno, a través de sus representantes, por informe escrito presentado el 2 de diciembre de 2022, cursante de fs. 58 a 61 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada en mérito a los siguientes argumentos: i) Con relación a Jaime Algarañaz Dorado, i.a) Su defensa técnica reconoció que se dejó sin efecto la orden de aprehensión de 23 de octubre de 2022; por lo que, no existe amenaza a su libertad, citando al efecto la SCP 0393/2022-S3 de 29 de julio; y, i.b) No procede la otra vertiente de la acción de libertad invocada -procesamiento indebido-, debido a que de acuerdo a los arts. 180.III de la Constitución Política del Estado (CPE) y 16 del CPP, la jurisdicción ordinaria no reconoce fueros ni privilegios, citando como precedente a la SCP 0939/2022-S3; y, ii) Sobre Ruben Mario Flores Guevara y Samuel Rojas Molina, ii.1) El 3 de noviembre de 2022, se radicó recuso de apelación incidental ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, señalándose audiencia para su consideración a celebrarse el 8 de igual mes y año; sin embargo, los prenombrados solicitaron su suspensión debido a que el acta no se habría transcrito literalmente, por lo que, conforme Auto de 10 de similar mes y año, se atendió lo solicitado, y que se corrija lo observado por la defensa; y, ii.2) En ningún caso se exige una transcripción literal de todo lo esgrimido en la audiencia como lo pretendido por los impetrantes de tutela, consecuentemente conforme a la SCP 0132/2019-S3 de 11 de abril, nadie puede alegar derecho fundado en su propia torpeza, siendo palpable, que la dilación en la resolución de su causa es atribuible a los pedidos de los propios accionantes.
El Juez de Sentencia Penal Décimoctavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 02/2022 de 3 de diciembre, cursante de fs. 88 vta. a 90 vta., concedió en parte la tutela solicitada, con relación al Juez y Secretaria demandados, disponiendo en consecuencia que, el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el plazo de cuarenta y ocho horas de su legal notificación, señale audiencia de apelación de medidas cautelares, debido a que el legajo procesal fue recibido en su despacho el 28 de noviembre de 2022; y, denegó la tutela impetrada, en relación a los Fiscales demandados y el Vocal codemandado; Decisión que fue asumida con base en los siguientes fundamentos: a) Con relación a Rubén Mario Flores Guevara y Samuel Rojas Molina estableció que: a.1.) El Juez y la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Puerto Suárez del citado departamento, ahora demandados, no dieron cumplimiento a lo establecido en el art. 251 del CPP, considerando que la audiencia de medidas cautelares se desarrolló el 24 de octubre de 2022 y los actuados procesales fueron enviados al Vocal codemandado, recién el 28 de noviembre del citado año; hecho que los prenombrados juez y secretaria de juzgado reconocieron, mediante sus respectivos informes; a.2.) En cuanto a las actuaciones del Fiscal Departamental del citado departamento y los Fiscales de Materia, se concluye que sus actos no se encuentran vinculados a la remisión de la apelación incidental a la autoridad superior en grado, por lo que, sus actuaciones no tienen incidencia en el acto lesivo denunciado, correspondiendo en consecuencia el denegar la tutela impetrada en su caso; y, a.3.) El Vocal demandado, al haber devuelto la apelación incidental cumplió con sus funciones, evitando de esta manera vicios de nulidad que pudieran perjudicar el normal desarrollo del proceso; y, b) Respecto a Jaime Algarañaz Dorado, b.i) Se ha señalado en audiencia que la emergencia de la pretensión de tutela descansa en su estado de salud; sin embargo, el haber solicitado se le permita irse a su casa, no resulta acorde a la protección peticionada -a criterio del Juez de garantías-, por lo que disponer aquello, cuando precisa atención médica, inclusive, podría tomarse como atentatorio a su vida; y, b.ii) Con relación al petitum de la parte accionante, de que se deje sin efecto el mandamiento de aprehensión en su contra, y el cese de toda persecución indebida o el uso indebido de las atribuciones de la Policía Boliviana, estos aspectos deberán, con carácter previo, ser de específico conocimiento del juez cautelar correspondiente, para que luego del agotamiento de los medios recursivos, sean pasibles a ser analizados por la justicia constitucional. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el Juez de garantías dispuso que con la finalidad de no generar ningún tipo de dilación en el presente caso, se remita inmediatamente la parte resolutiva de la Resolución al Vocal demandado, para que lleve adelante la audiencia de apelación de medidas cautelares en el plazo dispuesto, asimismo, que el acta sea elaborada en el día y mediante el oficio correspondiente se notifique a la aludida autoridad mediante WhatsApp.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia de consideración de medidas cautelares celebrada por Erick Raúl Téllez Estrada, de 24 de octubre de 2022, en contra de Rubén Mario Flores Guevara y Samuel Rojas Molina, ahora accionantes, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de homicidio, lesiones gravísimas, instigación pública a delinquir y apología pública de un delito; al término del verificativo, se interpuso de manera oral recurso de apelación incidental de conformidad a lo establecido en el art. 251 del CPP (fs. 233 a 293 de anexos). II.2. Mediante Auto de 15 de noviembre de 2022, mediante el cual, el Juez demandado, dispone la suspensión de plazos para la consideración de la situación jurídica del accionante Jaime Algarañaz Dorado, debido a su estado de salud, hasta que una junta médica del Hospital San Juan de Dios de Santa Cruz de la Sierra informe sobre la posibilidad de que el prenombrado, pueda hacer uso de sus derechos y garantías constitucionales, sea con la participación del Ministerio de Salud, encargando el seguimiento de lo dispuesto al Ministerio Público (fs. 296 vta. de anexos) II.3. Consta Certificado Médico de 30 de noviembre de 2022, en el que se señala que se tiene al paciente con antecedente de ser privado de libertad con evolución estacionaria, con registro de presión arterial 165/101 de manera intermitente recibiendo antidepresivos a horarios, con monitorización y control médico, se encuentra con somnoliento bradpsicoquico, poco colaborador, siendo medicado y valorado por psiquiatra, que realizó la modificación a su medicación, estando a la espera de respuesta a los cambios (fs. 71 a 72)
Los accionantes a través de su representante denuncian la lesión de sus derechos a la libertad, a la vida y la salud; debido a que: 1) Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de homicidio, lesiones gravísimas, instigación pública a delinquir y apología pública de un delito, previstos y sancionados por los art. 130, 131, 251 y 270 del CP, en contra de Mario Flores Guevara y Samuel Rojas Molina, habiendo interpuesto recurso de apelación incidental en audiencia de manera oral en contra del Auto Interlocutorio que determinó su detención preventiva; sin embargo, el Juez y la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Puerto Suárez, no remitieron el cuaderno de control jurisdiccional a la autoridad de alzada por más de cuarenta días, incumpliendo lo establecido por el art. 251 del CPP; y, 2) Respecto a Jaime Algarañaz Dorado; efectivos policiales y representantes del Ministerio Público asignados al caso realizan actos de abuso y amedrentamiento en su contra por más de cuarenta días, sin considerar su deteriorado estado de salud. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada:
El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-, procede: “…ante violaciones a la libertad individual y/o locomoción puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por las SSCC 1579/2004-R de 1 de octubre y 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último “… lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, estableció varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determinó sub reglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial, cuyo plazo se limita de tres a cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso; y, c) Se suspende la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluyó, dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva, es decir 1 La SC 0078/2010-R, en su F.J. III.3, señaló: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:
a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.
b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.
c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.
cuándo: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el tribunal de apelación. Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entendieron que excepcionalmente es posible flexibilizar el plazo para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señaló que una vez formulado el recurso de apelación de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP.
La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, en el Fundamento Jurídico III.3 sistematizó las sub reglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento:
i) [I]nterpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.
La sistematización de los precedentes constitucionales que antecede, ha sido realizada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0036/2018-S2, 0068/2018-S2; y, 00105/2018-S2, entre otras, en las que se resolvieron situaciones similares a la ahora planteada.
La SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, sistematizadora de línea jurisprudencial, en el marco del estándar jurisprudencial más alto, se ha pronunciado sobre los supuestos para la legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad, con el siguiente desarrollo jurisprudencial:
«Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio 2001, la definió señalando que debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Más tarde, la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, reforzó dicho entendimiento y precisó que para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción.
Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre ratificada 4El Cuarto Considerando: señala: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 5El FJ III.5, indica: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”.
6El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.
En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”. 7El FJ III.2, refiere: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser posteriormente por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0345/2012 de 22 de junio y 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras; estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades jurisdiccionales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril8, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece:
Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”.
8El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional. En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.
el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado…». [las negrillas son añadidas]
De acuerdo con el art. 125 de la CPE, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona “que considere que su vida está en peligro”. En igual sentido, el art. 47 del Código Procesal Constitucional, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que “su vida está en peligro”.
La lectura del alcance de protección del derecho a la vida a través de la acción de libertad ha sido amplia por parte de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional Plurinacional al señalar “no cabe una interpretación restrictiva de esta norma limitando su alcance únicamente a los supuestos en que exista vinculación con el derecho a la libertad física o personal” (SCP 1278/2013 de 2 de agosto). Al respecto, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0771/2018-S2 de 15 de noviembre y 0793/2019-S2 de 11 de octubre, sistematizadoras de línea señalaron lo siguiente:
[El] alcance amplio que se otorgó al derecho a la vida, su concepción como derecho autónomo, empero también interdependiente con otros derechos en virtud del art. 13.I de la CPE, dio lugar a que este Tribunal emita numerosas Sentencias favoreciendo el acceso a la justicia constitucional a través de la acción de libertad, cuando se invoca este derecho como lesionado, señalando que: 1) La protección del derecho a la vida a través de la acción de libertad es posible, aun no exista vinculación directa ni indirecta con el derecho a la libertad física, personal o de locomoción -por todas, la SCP 2468/2012 de 22 de noviembre-, superando una tradición jurisprudencial que persistía en la necesidad de su vinculación; 2) Tratándose del derecho a la vida, la parte accionante es la que debe asumir la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional, así refiere la SCP 1278/2013 de 2 de agosto; y, 3) Respecto al derecho a la vida, de cuyo ejercicio depende el goce de otros derechos, con ningún argumento puede aplicarse la subsidiariedad excepcional -por las demás, las SSCC 0008/2010-R, 0080/2010-R y 0589/2011-R. (El resaltado es nuestro)
Sin embargo, también debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acción, tampoco su concesión; teniendo en cuenta que esta jurisdicción constitucional debe adquirir la debida convicción a efectos de determinar si el derecho a la vida del peticionante de tutela fue puesto en peligro indebidamente para que la acción de libertad abra su ámbito de protección, de no ser así, corresponderá su denegatoria. Respecto a la temática, la SCP 1433/2022-S4 de 31 de octubre, señaló que: “…el derecho a la vida, se entendió que la protección de éste deriva del carácter importantísimo que posee esta prerrogativa de las personas frente a las demás; y por ello, será protegido cuando exista un real peligro o amenaza al mismo. Así lo refirió la SCP 1278/2013 de 2 de agosto, en la que también se concluyó lo siguiente: ‘…en virtud a la tutela que brinda respecto al derecho a la vida y también a la integridad física o personal (art. 64 del Código Procesal Constitucional [CPCo]), la acción de libertad es concebida como una acción esencial y, por lo mismo, debe señalarse que si bien su génesis como garantía jurisdiccional está asociada con la defensa del derecho a la libertad física y personal; no es menos cierto que, dado el carácter primario y básico del derecho a la vida, del cual emergen el resto de los derechos, la acción de libertad también se activa en los casos en que exista un real peligro para éste, aunque no se dé la estrecha vinculación del mismo con la libertad física o personal, en el ámbito clásico del hábeas corpus o acción de libertad instructiva. Debe señalarse que esta conclusión, que emerge de la naturaleza del derecho a la vida y de la acción de libertad como un medio inmediato para su defensa, encuentra sustento en la Constitución Política del Estado y en el propio Código Procesal Constitucional. Efectivamente, de acuerdo al art. 125 de la CPE antes glosado, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona «que considere que su vida está en peligro», sin condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal. En igual sentido, el art. 47 del CPCo, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que ‘su vida está en peligro’. (…) empero, también debe dejarse establecido que, es la justicia constitucional la que deberá analizar si realmente se está ante una lesión o peligro directo al derecho a la vida tutelable a través de la acción de libertad, pues su sola enunciación no activa el análisis de fondo de esta acciónʼ. Por ello, se concluye que el impetrante que reclame la lesión o amenaza a su derecho a la vida, debe demostrar razonablemente el riesgo o amenaza que sufre, no siendo suficiente la sola alegación de tal vulneración; así lo estableció también la SCP 0193/2012 de 18 de mayo, que indica: ‘Este derecho, así como tiene que ver con la vida de un ser humano, desde la gestación, está vinculada también al desarrollo de la persona y la forma de cómo el Estado puede tutelar dicho derecho cuando se encuentre en peligro por una amenaza cierta o requiera la adopción de medidas administrativas o judiciales para evitar daños irreparablesʼ. Bajo el mismo criterio la SCP 1278/2013 de 2 de agosto, estableció que: “…Efectivamente, de acuerdo al art. 125 de la CPE antes glosado, la acción de libertad puede ser presentada por toda persona ‘que considere que su vida está en peligro’, sin condicionar la procedencia de esta acción a la vinculación con el derecho a la libertad física o personal. En igual sentido, el art. 47 del CPCo, señala que la acción de libertad procederá cuando cualquier persona crea que ‘su vida está en peligro’. Consecuentemente, las propias normas constitucionales y legales configuran procesalmente a la acción de libertad como un medio para la defensa del derecho a la vida, cuando éste estuviere en peligro y, por lo mismo, no cabe una interpretación restrictiva de esta norma limitando su alcance únicamente a los supuestos en que exista vinculación con el derecho a la libertad física o personal”.
En relación al derecho a la salud, la SCP 0112/2014-S1 de 26 de noviembre, señaló que: “Uno de los fines del Estado, es garantizar el bienestar las personas, lo que se traduce en el reconocimiento del derecho no sólo a la vida sino también a la salud; así, en el ámbito de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, el art. 25.I de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), señala que: «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…». En relación a este derecho, si bien el mismo no encuentra protección como un derecho autónomo a través de la acción de libertad, sí lo hace cuando se halla relacionado directamente con el peligro de muerte o riesgo de vida, por cuanto, como se dijo, el derecho a la salud respecto al derecho a la vida, se encuentra intrínsecamente ligado, por cuanto: «La salud reviste la naturaleza de derecho fundamental merced a su relación innegable con el derecho a la vida. La vinculación entre el derecho a la vida y el derecho a la salud se aprecia con absoluta claridad, ya que la presencia de una patología de tal magnitud como las enfermedades terminales, por ejemplo, además de conducir a la muerte, desmejora la calidad de vida durante el tiempo al que todavía pueda aspirarse»” (las negrillas son nuestras).
La problemática sugerida por la acción tutelar en análisis refiere dos aristas, la primera con relación a la dilación en la remisión del cuaderno de control jurisdiccional ante el superior en grado a efectos de que se considere el recurso de apelación incidental formulado por los accionantes Rubén Mario Flores Guevara y Samuel Rojas Molina; y, que el accionante Jaime Algarañaz Dorado, fue privado de su libertad por más de cuarenta días, habiendo sufrido amedrentamiento por parte de funcionarios policiales y del Ministerio Público, sin tomar en cuenta su deteriorado estado de salud, hecho que repercute sobre su derecho a la vida. En efecto, conforme se tiene del acta de audiencia cursante en obrados (Conclusión II.1), los accionantes Rubén Mario Flores Guevara y Samuel Rojas Molina, interpusieron recurso de apelación de manera verbal ante lo decidido en el señalado acto procesal; sobre el particular, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la no diligencia en la remisión de obrados ante el superior en grado, cuando se trata de la impugnación a una determinación que dispone la detención preventiva de un(os) justiciable(s), constituye una forma de lesión al derecho a la libertad en virtud a que la negligencia en la observancia del principio de celeridad y el estricto cumplimiento de los plazos procesales, convierte el lapso de tiempo en el que se encuentra indeterminada la situación jurídica del recurrente, en responsabilidad del Órgano Judicial; razón por la cual, la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, tiene la finalidad de evitar la tardanza en la resolución de dichas causas a efecto de que la posible restricción al bien jurídico protegido referido, sea motivo de la aplicación objetiva e imparcial de la Ley, y no así a la desidia de los operadores de justicia de la actividad jurisdiccional. En ese entendido, conforme se tiene de los informes presentados en audiencia de garantías constitucionales, el verificativo de imposición de medidas cautelares en contra de los accionantes Rubén Mario Flores Guevara y Samuel Rojas Molina, ocurrió el 24 de octubre de 2022, aspecto que en atención a lo señalado por el art. 251 del CPP, por efecto de la interposición del recurso de apelación incidental de los prenombrados, debió ser de conocimiento del Tribunal de alzada dentro de las siguientes veinticuatro horas, para que en el lapso de las setenta y dos posteriores, su situación jurídica sea resuelta; no obstante conforme el informe de la autoridad demandada (Juez cautelar), se advierte que recién el 28 de noviembre de 2022, el legajo procesal fue de conocimiento efectivo de la autoridad de apelación; en ese entendido, el Juez de garantías obró de manera correcta al haber concedido la tutela parcialmente, puesto que resulta manifiestamente evidente que el plazo previsto para la tramitación del recurso de apelación incidental en contra de una decisión que impone la medida cautelar de detención preventiva, fue superado y dicha dilación es atribuible a la autoridad demandada. Asimismo, se debe resaltar que la devolución ordenada por la autoridad de alzada demandada, responde a la preservación de los actos procesales, puesto que la no expresión precisa de los hechos relevantes en el acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares, impide que el Vocal demandado, cumpla con su misión de evaluar imparcialmente la problemática jurídica, razón por la cual, no corresponde establecer responsabilidad alguna en contra del aludido juzgador. Con relación a Liliana Ortiz Correa, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz, se debe tomar en cuenta que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2, de este fallo constitucional, la acción de tutela impetrada procede cuando la actividad del personal sub alterno esta intrínsecamente ligada a la supresión del derecho invocado; por lo que, al ser evidente que la dilación en la resolución de la causa, es producto de la observación del Vocal demandado, al contenido del acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares en contra de los accionantes; razón por la cual, el Juez de garantías obró de manera correcta; puesto que, la obligación de la Secretaria demandada, de acuerdo al art. 94.I.4 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), es la de redactar las actas de las audiencias celebradas en su juzgado, hecho que fue observado conforme se tiene referido, en el sentido de que no se habría transcrito partes del acto procesal celebrado, impidiendo la resolución de la causa; por lo que, corresponde otorgar la tutela en contra de la mencionada operadora de justicia, debido a que su actuación al interior del proceso, evidentemente tuvo incidencia en la demora para la resolución de la causa. Ahora bien, respecto a Jaime Algarañaz Dorado, el objeto de tutela promovido por dicho accionante, radica en determinar si su derecho a la libertad fue afectado, y por consecuencia su salud, repercutiendo aquello en su vida, debido a que hubiere sufrido amedrentamiento por parte de efectivos policiales y del Ministerio Público. Sobre el particular, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, para la procedencia de la tutela del derecho a la vida y a la salud mediante la acción de libertad, se debe analizar si efectivamente se ha demostrado su conculcación, puesto que no resulta suficiente tener únicamente su enunciación, sino que dicho señalamiento, debe estar acompañado de argumentación y sustento fáctico comprobable que devele la necesidad de protección invocada por la emergencia en el resguardo del bien jurídico tutelado, dada su primacía respecto a los demás derechos que emergen de él. En ese entendido, el accionante aduce la lesión de su derecho a la salud, cuya afectación decanta en amenazar su vida; esto debido a la supuesta condición de aprehendido en un centro hospitalario, cuando dicha cualidad no debe sobrepasar las veinticuatro horas; sin embargo, mediante Auto de 15 de noviembre de 2022, el Juez demandado, dispuso la suspensión de plazos para la consideración de la situación jurídica del prenombrado, debido a su estado de salud, hasta que la junta médica del Hospital San Juan de Dios de Santa Cruz de la Sierra informe sobre la posibilidad de que el prenombrado, pueda hacer uso de sus derechos y garantías constitucionales, sea con la participación del Ministerio de Salud, encargando el seguimiento de lo dispuesto al Ministerio Público (Conclusión II.2), aspecto que devela que no se encontraba en el señalado nosocomio en calidad de aprehendido, mucho menos que se encuentre privado de libertad, sino que, su estadía en el referido Hospital, se debió a su estado de salud, siendo específico el Juez demandado, en que la situación jurídica del accionante será dilucidada una vez se tengan las condiciones correspondientes, ordenando que sea una junta médica la que defina aquello; por lo que, no se evidencia de manera inequívoca que la lesión acusada sea evidente. A esto se le debe sumar que, mediante Certificado Médico de 30 de noviembre de 2022, se tiene que el accionante con antecedente de ser privado de libertad, cuenta con evolución estacionaria con registro de presión arterial 165/101 de manera intermitente recibiendo antidepresivos a horarios, con monitorización y control médico, se encuentra somnoliento bradpsicoquico, poco colaborador, siendo medicado y valorado por psiquiatra, que realizó la modificación a su medicación, estando a la espera de respuesta a los cambios (Conclusión II.3), hecho que devela que el impetrante de tutela, se encuentra recibiendo atención médica, en resguardo de su integridad; razón por la cual, no se tiene probado de manera razonable que tanto su derecho a la salud, como a la vida se encuentren comprometidos, ni mucho menos las actuaciones de las autoridades demandadas se encuentren vinculadas a su situación médica; por lo que, no corresponde otorgar la tutela al respecto. Por otra parte, respecto a la actuación de los demandados, Roger Rider Mariaca Montenegro, Osvaldo Dante Tejerina Ríos y Freddy Duran Montero, no existe correspondencia entre los hechos denunciados y las atribuciones que tienen los prenombrados en calidad de representantes del Ministerio Público, respecto a los derechos y garantías supuestamente lesionados, que se encuentran ligados al cumplimiento de plazos procesales de autoridades judiciales, así como la salud y la vida, no advirtiéndose nexo causal alguno con las denuncias efectuadas por los accionantes; razón por la cual, no corresponde emitir mayor pronunciamiento considerando que la remisión del cuaderno de control jurisdiccional a la autoridad superior en grado, y el control del estado de salud -en el caso de Jaime Algarañaz Dorado- no se encuentran vinculados a sus atribuciones y competencias. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, aunque con otros argumentos obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR, la Resolución 02/2022 de 3 de diciembre, cursante de fs. 88 vta. a 90 vta., emitida por el Juez de Sentencia Penal Decimoctavo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada en la vía del pronto despacho, respecto a la falta de remisión de antecedentes del recurso de apelación incidental en medidas cautelares en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías y conforme los entendimientos jurídicos del presente fallo constitucional; y, 2º DENEGAR la tutela solicitada respecto a la presunta vulneración del derecho a la vida, conforme a los argumentos establecidos en el análisis del caso concreto de esta sentencia constitucional 3º DENEGAR la tutela solicitada por Jaime Algarañaz Dorado; y, respecto a Ever Alvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz; Osvaldo Dante Tejerina Ríos y Freddy Duran Montero, ambos Fiscales de Materia, conforme a los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
2 La SCP 0281/2012, en el F.J III.4 refirió: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”.
3 La SCP 1907/2012, en el F.J III.4 señaló: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.
9 La SCP 0044/2010-R de 20 de abril, en el FJ III.5, establece que la protección del derecho a la vida vía acción de libertad, está íntimamente relacionada con el derecho a la libertad personal; que fue confirmada, entre otras, por la SCP 0813/2012 de 20 de agosto, precisando que la acción de libertad tutela el derecho a la vida siempre y cuando se encuentre vinculado con la libertad física o de locomoción. 10El FJ III.2, sobre la abstracción de la excepción del principio de subsidiariedad, al hallarse involucrado el derecho a la vida, señala: "El art. 18 de la CPEabrg, instituyó el recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad prevista por el art. 125 de la CPE, como un recurso extraordinario cuya finalidad esencial era la protección a la libertad, ámbito de tutela que ha sido ampliada en el orden constitucional vigente a la vida, que como se ha visto, constituye un derecho primario en sí, inherente al ser humano, y por ende su protección es prioritaria, por constituir un bien jurídico primario y fuente de los demás derechos. Por ello, a diferencia de la tutela a la libertad, y su condicionamiento del agotamiento previo de las instancias intraprocesales, para pedir su protección a través de este medio constitucional idóneo, eficaz e inmediato, respecto a la vida, su tutela puede ser solicitada de manera directa; es decir, que puede acudir a la jurisdicción constitucional, sin tener que agotar previamente la vía jurisdiccional” (las negrillas son añadidas).
11 Razonamiento jurídico expresado en la SCP 122/2015-S1 de 20 de febrero, entre otras.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0468_2025-S3.pdf · páginas 1 a 21.
Huella digital del PDF (SHA-256): b0a9b402fc161fde51b6455584922dd7fa87934b4cbe4b5ca49145b7c9e77523
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