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SCP 0466/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 12 de junio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
12 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
45918-2022-92-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

Los accionantes alegaron la vulneración de sus derechos al trabajo, a la defensa y al principio de celeridad, debido a que la Fiscal de Materia demandada, no atendió a los requerimientos solicitados por su parte, requisito indispensable para continuar cumpliendo con su detención domiciliaria, pero con autorización para salidas laborales. En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, y en su caso, si corresponde conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2022 de 11 de febrero, cursante de fs. 23 a 24 vta., pronunciada por la Jueza de Partido Liquidador y de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz, y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Obligación del Ministerio Público de emitir requerimientos para la obtención de documentos tendientes a solicitar modificación a la detención preventiva
  3. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0466/2023-S4 Sucre, 12 de junio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 45918-2022-92-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 04/2022 de 11 de febrero, cursante de fs. 23 a 24 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rudy Yonatan Velasco Huanca y Alejandro Flores Alcón, contra Lupe Rocío Zabala Huanca Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 11 de febrero de 2022, cursante de fs. 1; y, 4 a 5 vta., los accionantes expresaron los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra ante el Juzgado de Instrucción Penal Segundo del departamento de La Paz, el 27 de enero de 2022 a las 11:00, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, en la que se dispuso su detención domiciliaria sin salida laboral, ocasionándoles grandes perjuicios, considerando que tienen familias y deudas que pagar. Ante lo dispuesto, mediante memorial presentado el 4 de febrero de 2022 solicitaron a la Fiscal de Materia ahora demandada, requerimientos fiscales para que en sus fuentes laborales se certifique que cuentan con trabajo; y de esta manera, puedan enervar los riesgos procesales, pese a ello, hasta la fecha de interposición de la presente acción, su memorial no fue decretado; aspecto que fue verificado a través del portafolio digital, recayendo sobre ellos un perjuicio, tomando en cuenta que deben acreditar tales aspectos ante el Juez de la causa para poder ejercer su derecho al trabajo.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Los accionantes denunciaron la vulneración de sus derechos al trabajo, defensa y principio de celeridad; citando al efecto los arts. 22, 23, 46 y 73 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga que la Fiscal de Materia decrete los memoriales para que emita los requerimientos fiscales y colabore con todos los actos investigativos.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 11 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 21 a 22 vta., presente el accionante y la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los impetrantes de tutela, ratificaron los términos expresados en su demanda de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Lupe Rocío Zabala Huanca, Fiscal de Materia en audiencia refirió lo siguiente: a) Todo Fiscal de Materia se encuentra obligado a cargar al portafolio digital todos los actos del proceso, y lamenta la poca experiencia de sus colegas abogados que no conocen el manejo del sistema; b) El memorial de 10 de febrero de 2022 fue cargado por la Fiscal de Materia Leticia Muñoz Daza, un día anterior a la audiencia con su respectivo decreto; y, c) Los abogados de los accionantes no se apersonaron a oficinas de la Fiscalía Departamental de la Paz a recoger sus requerimientos, los cuales ya se encuentran decretados y elaborados, aspecto que fue corroborado del registro de visitantes con el que cuenta el despacho. Ante la solicitud de la Jueza de garantías la autoridad demandada compartió la documentación solicitada vía WhatsApp, descargando del portafolio digital del caso 8271, que consiste en la siguiente: 1) Memorial de 10 de febrero con decreto de la misma fecha; 2) Los tres requerimientos que no fueron recogidos por los abogados de la parte accionante; y, 3) Memorial de 4 de febrero de 2022 con su proveído de lunes 7 de igual mes y año.

I.2.3. Resolución

El Juzgado de Partido Liquidador y de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 04/2022 de 11 de febrero, cursante de fs. 23 a 24 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: i) Las acciones de libertad se encuentran regidas por el principio de subsidiariedad excepcional, cuando existen los medios ordinarios para acceder a lo pretendido, y en caso de haberse dado aviso sobre el inicio de la investigación al Juez cautelar, es ante esta autoridad que se debe acudir para poner en conocimiento sobre la vulneración de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales; ii) Para acudir a la vía de la acción tutelar, debe acreditarse riesgo la vida, salud o que se trate de un menor de edad; y, iii) En virtud a la documentación adjunta y a la información proporcionada por la autoridad demandada, vía WhatsApp, se evidencia las respuestas efectuadas a los memoriales presentados por la parte accionante se encuentran a su disposición, resultando inviable la tutela planteada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Cursa requerimiento fiscal de 11 de febrero de 2022, por el cual, Lupe Rocío Zabala Huanca, Fiscal de Materia, solicito información referente a Alejandro Flores Alcón, de encontrarse inscrito como chofer asalariado y el monto de sus honorarios (fs. 9).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los accionantes alegaron la vulneración de sus derechos al trabajo, a la defensa y al principio de celeridad, debido a que la Fiscal de Materia demandada, no atendió a los requerimientos solicitados por su parte, requisito indispensable para continuar cumpliendo con su detención domiciliaria, pero con autorización para salidas laborales. En consecuencia, corresponde verificar si lo alegado es evidente, y en su caso, si corresponde conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0781/2020-S4 de 1 de diciembre, citando la SCP 0011/2014 de 3 de enero, sostuvo que: “’La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, extraída de la declaración del objeto y finalidad de la acción de libertad (art. 125 de la CPE) (…) busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’.

(…) Bajo ese entendimiento, la SC 1070/2001-R de 4 de octubre asumió que: ‘todas las peticiones que estén vinculadas al derecho de libertad en cualquier materia, deben ser atendidas de forma inmediata, para el caso de no existir una norma que establezca un plazo y si existe se debe cumplir estrictamente lo determinado, por ser el citado derecho fundamental y primario después de la vida’ (…). Según lo previsto en el art. 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el derecho a la garantía judicial del debido proceso, en el ámbito penal, tiene como contenido un conjunto de garantías mínimas como ser: el derecho a ser informado de la acusación, el derecho a la defensa, el derecho a ser asistido por un intérprete, el derecho a un proceso público por un juez natural, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Entendiéndose un proceso sin dilaciones aquel que se desenvuelve en condiciones de normalidad dentro del tiempo requerido y en el que los intereses litigiosos pueden recibir pronta satisfacción’. De igual forma, la SCP 0746/2022-S4 de 12 de julio, sobre el particular, señaló que: “Ahora bien, para los casos en los que se presentan dilaciones indebidas e injustificadas en los trámites vinculados con los privados de libertad; se ha instituido la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, antes denominada hábeas corpus traslativo o de pronto despacho; por medio del cual, se pretende proteger el derecho a la libertad física de las personas, a partir de la exigencia de celeridad en los trámites correspondientes, la cual conforme se vio, no está dirigida únicamente a autoridades judiciales, sino también administrativas, cuando se encuentra restringido este derecho. Así la SCP 0834/2012 de 20 de agosto, estableció: ‘…por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad´. La acción de libertad- traslativa o de pronto despacho, constituye parte de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional y por tanto es un mecanismo procesal idóneo, que busca acelerar los trámites judiciales o administrativos, cuando existen dilaciones indebidas, concretando así, el principio de celeridad, cuando esté se encuentre vinculado al derecho de la libertad, y el mismo sea vulnerado por actos dilatorios, que eviten considerar la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Por su parte, la SCP 0907/2012 de 22 de agosto, aclaró que: ‘Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen '…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…', e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R)…’” (las negrillas son nuestras).

III.2. Obligación del Ministerio Público de emitir requerimientos para la obtención de documentos tendientes a solicitar modificación a la detención preventiva

Al respecto la SCP 0134/2018-S4 de 16 de abril, que moduló a la SCP 0415/2015-S3 de 23 de abril, expresó lo siguiente: “La Constitución Política del Estado y la norma específica, Ley Orgánica del Ministerio Público, establecen cuál el rol del Ministerio Público en la persecución penal, misma que debe ejercerse conforme los principios antes desarrollados, particularmente el de legalidad, objetividad y celeridad, es decir que, sus actos se enmarcan en apego a la Constitución y las leyes, pues en el desarrollo del proceso penal sus actuados investigativos están destinados a la búsqueda de la verdad histórica de los hechos denunciados y para llegar a este resultado se debe resguardar los derechos de las partes, tanto de la víctima del delito como de la persona sujeta de investigación y/o procesamiento, es así que ante la solicitud de documentación atinente al proceso y/o en su caso para el ejercicio del derecho a la defensa, en resguardo a la libertad, se encuentra impelido de actuar bajo el paraguas del principio de celeridad y acceso efectivo a la justicia. A la luz de este marco constitucional y legal, se tiene que el Ministerio Público se constituye en una institución de especial importancia en la eficacia de la persecución penal pública y representa a la sociedad velando el respeto de los derechos y garantías constitucionales; en este contexto, sus actuaciones deben enmarcarse dentro de los principios y valores constitucionales, y al bloque de convencionalidad; es así que, si el Ministerio Público mediante sus representantes, presentan la acusación formal conforme el art. 323 inc. 1) del CPP, y se constituye en parte contraria de la o del imputado, eso no impide de ninguna manera, que aún pueda emitir requerimientos fundamentados, dando curso a solicitudes que sirvan para recolectar elementos para una petición de cesación a la detención preventiva, tomando en cuenta que la referida cesación es un instituto accesorio al proceso principal –donde no se discute si el imputado es culpable o no– en el cual, éste debe suscitar un incidente que aborde las causales establecidas en el art. 239 del CPP, y que en caso de ser declarado procedente, no tiene ninguna repercusión para el fondo del proceso, pues las medidas cautelares –como se dijo– es un instituto procesal tendiente a evitar los peligros de obstaculización del proceso y buscan asegurar la presencia del imputado en el juicio, siendo una de sus características que estas medidas no causan estado; de ahí su revestimiento de su carácter excepcional, instrumental y de necesidad.

Consiguientemente, a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, el Ministerio Público tiene el deber de emitir requerimientos para la obtención de documentos que sirvan a la o el imputado a presentar un incidente de cesación a la detención preventiva, aún exista acusación formal; sin perjuicio de que éste, también pueda hacerlo directa y particularmente efectivizando su derecho constitucional a la petición…” (las negrillas nos corresponden). Criterio que resulta aplicable para todas las solicitudes relativas a modificación de medidas cautelares.

III.2. Análisis del caso concreto

Los accionantes alegan la vulneración de sus derechos al trabajo, a la defensa y al principio de celeridad, debido a que la Fiscal de Materia demandada, no atendió a los requerimientos solicitados por su parte, requisito indispensable para continuar cumpliendo con su detención domiciliaria, pero con autorización para salidas laborales.

Una vez identificada la problemática planteada, corresponde a continuación revisar los antecedentes adjuntos a la presente causa, de donde se evidencia que dentro del proceso penal seguido en su contra ante el Juzgado de Instrucción Penal Segundo del departamento de La Paz, el 27 de enero de 2022 a las 11:00, se celebró la audiencia de medidas cautelares, en la que se dispuso su detención domiciliaria sin salida laboral.

Ante lo dispuesto, mediante memorial presentado el 4 de febrero de 2022 solicitaron a la Fiscal de Materia ahora demandada, requerimientos fiscales para que en sus fuentes laborales se certifique que cuentan con trabajo; y de esta manera, puedan enervar los riesgos procesales, pese a ello, hasta la fecha de interposición de la presente acción, su memorial no fue decretado; aspecto verificado en el Portafolio Digital del Ministerio Público, recayendo sobre ellos un perjuicio, tomando en cuenta que deben acreditar tales aspectos ante el Juez de la causa para poder ejercer su derecho al trabajo.

De lo precedentemente señalado y, considerando el desarrollo jurisprudencial desglosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la autoridad que tenga conocimiento sobre solicitudes de personas que se encuentren privadas de libertad, debe atenderlas en el plazo otorgado por la norma, con la mayor celeridad posible; caso contrario, el justiciable viéndose afectado por alguna dilación indebida en la tramitación de un actuado procesal que involucre su derecho a la libertad, puede activar esta acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, con el fin de acelerar el procedimiento pendiente. Bajo ese marco jurisprudencial, aplicable al caso concreto, se tiene que los accionantes a través de memorial de 4 de febrero de 2022, solicitaron a la autoridad demandada se sirva elaborar requerimientos dirigidos a sus fuentes de trabajo para que certifiquen que son trabajadores y perciben un salario; los que necesitan para ser utilizadas de manera posterior como prueba para impetrar la continuidad con su detención domiciliaria pero con salida para trabajar. Memoriales que conforme a lo acreditado en la audiencia de la presente acción tutelar, se evidencia que en efecto, fueron providenciados y elaborados los requerimientos; pues, éstos fueron descargados del Portafolio Digital del Ministerio Público por la misma autoridad demandada, quien demostró que los mismos no fueron recogidos por los abogados de los accionantes; puesto que, de la revisión de los libros de visita a su Despacho, el Tribunal de garantías, pudo constatar que sus nombres no figuran en dichos registros. Lo señalado precedentemente, permite establecer que la autoridad fiscal ahora demandada no incurrió en una dilación indebida, al contrario, se advierte que en consonancia a lo descrito en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional; que determina la obligación del Ministerio Público a expedir requerimientos para la obtención de documentos que sirvan a la o el imputado a impetrar documentación a través de requerimientos fiscales; la autoridad demandada emitió una respuesta inmediata, no advirtiendo este Tribunal que concurra vulneración a los derechos invocados en esta acción tutelar, pudiendo éste recabar la información requerida del despacho fiscal y hacer uso de ella para el trámite tendiente a revisar su situación jurídica, si así correspondiere. Consiguientemente, en relación a los hechos denunciados incumbe denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, evaluó correctamente los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2022 de 11 de febrero, cursante de fs. 23 a 24 vta., pronunciada por la Jueza de Partido Liquidador y de Sentencia Penal Cuarta de El Alto del departamento de La Paz, y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0466_2023-S4.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 87ba3c8a53c64b8527a53fe9aef01be36fd4dd311353a78941591ce0b80b93c3

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