Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 25 de marzo de 2026
Concede la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad; al debido proceso; a una justicia pronta, gratuita y oportuna; y, de petición; puesto que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de secuestro, solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva, el cual no fue respondida por las Juezas ahora accionadas.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para fijar fecha y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva; 2) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; 3) La acción de libertad innovativa; y, 4) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 51/23 de 14 de octubre de 2023, cursante de fs. 41 a 44 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, pese a que ya se señaló la audiencia de cesación de la detención preventiva solicitada por Víctor Alfonso Arembay Méndez, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Llamar la atención a: Any Milenka Kruscaiha Guillen Zabala, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; respecto a los actos contrarios al orden constitucional advertidos en el presente caso, debiendo en lo venidero evitar incurrir en dilaciones contra Víctor Alfonso Arembay Méndez; y, otras personas en similares circunstancias.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0465/2026-S1 Sucre, 25 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 59152-2023-119-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 51/23 de 14 de octubre de 2023, cursante de fs. 41 a 44 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Franz Jesús Menacho Heredia en representación sin mandato de Víctor Alfonso Arembay Méndez contra Any Milenka Kruscaiha Guillen Zabala y Lilian Zabala Zambrana, Juezas del Tribunal de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 13 de octubre de 2023, cursante de fs. 15 a 16 y vta., manifestó lo siguiente:
Denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso vinculado a la libertad; puesto que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Dimar Salvatierra Sossa contra su persona -Víctor Alfonso Arembay Méndez- por la presunta comisión del delito de secuestro previsto y sancionado por el art. 334 del Código Penal (CP), mediante memorial de 11 de octubre de 2023, solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva; sin embargo, “hasta la fecha” -se entiende de interposición de la presente acción de defensa- no tuvo una respuesta por parte de las Juezas ahora accionadas, vulnerando el derecho a tener una justicia pronta, gratuita y oportuna. Por lo que, solicitó se ordene a las nombradas Juezas, señalar fecha y hora de audiencia para considerar la cesación de la medida extrema.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad; al debido proceso; a una justicia pronta, gratuita y oportuna; y, de petición; citando al efecto los arts. 15, 18, 21, 22, 23, 72, 115, 116, 117 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se señale fecha y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva y el cumplimiento de la “SCP 0451/2028-S3”, sea en plazo razonable.
Celebrada la audiencia pública el 14 de octubre de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 40 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante ni su representante sin mandato, no asistieron a la audiencia de consideración de esta acción de defensa, pese a su notificación cursante a fs. 23.
Any Milenka Kruscaiha Guillen Zabala, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe presentado el 14 de octubre de 2023, cursante a fs. 24 y vta., manifestó que dio respuesta a la solicitud del accionante, habiendo emitido el decreto de 13 de igual mes y año, cumpliendo con los plazos procesales; manifestando además que, hasta la elaboración de su informe, no hubiese sido notificada con la acción tutelar presentada y pidió se deniegue la tutela solicitada. Lilian Zabala Zambrana, no asistió a la audiencia de consideración de esta acción de libertad, ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 22.
El Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 51/23 de 14 de octubre de 2023, cursante de fs. 41 a 44 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) Las Juezas hoy accionadas no vulneraron el derecho al debido proceso y a la justicia pronta gratuita y oportuna del accionante; ya que, se señaló audiencia -de cesación de la detención preventiva- oportunamente y en sujeción a procedimiento dentro de los plazos procesales establecidos, conforme al decreto de 13 del mismo mes y año, señalándose dicha audiencia para el 16 de igual mes y año; y, b) No se evidenció la lesión del derecho al debido proceso y la justicia pronta, gratuita y oportuna.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el de 11 de octubre de 2023 a las 13:33 horas, ante los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, Víctor Alfonso Arembay Méndez -ahora accionante- solicitó señalar día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva (fs. 13 y vta.). II.2. Consta decreto de 13 de octubre de 2023, emitido por Any Milenka Kruscaiha Guillen Zabala, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy accionada- por el cual señaló audiencia para considerar la solicitud de cesación de la detención preventiva el 16 del mismo mes y año (fs. 39).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad; al debido proceso; a una justicia pronta, gratuita y oportuna; y, de petición; puesto que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de secuestro, solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva, el cual no fue respondida por las Juezas ahora accionadas.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para fijar fecha y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva; 2) El principio de celeridad en las actuaciones procesales; 3) La acción de libertad innovativa; y, 4) Análisis del caso concreto.
La SCP 0280/2020-S1 de 7 de agosto, señala que: “El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- ‘…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la citada SC 1579/2004-R; la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último ‘…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: 1) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; 2) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, 3) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. A través de la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, razonó a partir del principio ético-moral ama qhilla, vinculándolo con el de celeridad procesal, estableciendo que las autoridades judiciales, en virtud a dichos principios tienen el deber procesal de dirigir y resolver sin dilaciones indebidas, las solicitudes de cesación de detenciones preventivas. Por su parte, la SCP 0110/2012 de 27 de abril, en el Fundamento Jurídico III.3, determina que el memorial de solicitud de cesación de la detención preventiva debe ser providenciado dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme al siguiente razonamiento: Por otra parte, ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento. La SCP 0112/1012 de 27 de abril recogió los supuestos de dilaciones injustificadas en el tratamiento de solicitudes vinculadas con la libertad; resaltando el respeto al principio de celeridad, su carácter normativo y vinculante, como su necesaria aplicación en supuestos en los que la situación jurídica de las personas deba ser definida” (las negrillas son nuestras).
La citada SCP 0280/2020-S1 señala que: “Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, sostiene que: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos’; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez’; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia.
En cuanto a la celeridad exigida a toda autoridad que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, dicho principio debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también, la seguridad jurídica; más aún, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.1., sostuvo que:
‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud”’.
La SCP 0703/2024-S3 de 22 de agosto, que reitera lo señalado en la SCP 1016/2019-S2 de 22 de noviembre, y ésta a la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, establece que: “…la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional.
(…)
Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan’” (las negrillas nos corresponden).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad; al debido proceso; a una justicia pronta, gratuita y oportuna; y, de petición; puesto que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de secuestro, solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva, el cual no fue respondida por las Juezas ahora accionadas.
De los antecedentes relevantes traídos en revisión, se establece que, el accionante, en el proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de secuestro, por memorial presentado el 11 de octubre de 2023, solicitó a las Juezas ahora accionadas, el señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva (Conclusión II.1.); en mérito a ello, las nombradas Juezas, emitieron el decreto de 13 de igual mes y año, fijando esa audiencia a tal fin, para el 16 del referido mes y año, a las 15:30 horas (Conclusión II.2.).
Ahora bien, para que el Juez señale día y hora de audiencia con respecto a considerar la cesación de la detención preventiva, es imperioso determinar que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art. 132.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), al tratarse de una providencia de mero trámite; puesto que, debe establecerse que la audiencia de cesación a la detención preventiva tiene que señalarse en el plazo de cuarenta y ocho horas, conforme regula el art. 239 del citado Código; por lo que, en razón a que esa solicitud fue presentada el 11 de octubre de 2023, la misma debió ser resuelta en las próximas cuarenta y ocho horas; empero, recién el 13 del mismo mes y año, se emitió el decreto; en consecuencia, se señaló audiencia para el 16 de igual mes y año, demostrando una actitud dilatoria e incompatible con el mandato legal. Bajo esa comprensión corresponde conceder la tutela solicitada, al encontrarse la problemática planteada dentro los alcances de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la misma que se constituye en el mecanismo procesal idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad, respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentran directamente vinculados con el derecho a la libertad, conforme se tiene plasmado en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Se debe tener en cuenta que conforme a lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de este fallo constitucional, toda autoridad que conozca de una solicitud, en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, debe ser tramitada con la mayor celeridad posible, caso contrario, provocaría una restricción indebida del indicado derecho. Por cuanto, la jurisprudencia constitucional, al referirse a las dilaciones indebidas relacionadas con la libertad, entre otras estableció que constituyen las mismas: disponer trámites o procedimientos no previstos por ley; y, ante la solicitud de audiencia de cesación a la detención preventiva, el cual no fue respondida no son causales de nulidad. Por otro lado, se debe señalar que con relación a la solicitud de cumplimiento de la “SCP 0451/2018-S3”, el accionante se limitó a citarlo sin identificar de qué manera dicho fallo constitucional lo hubiese vulnerado; no se advierte una posible vinculación con los derechos que se consideran vulnerados que permita su análisis en profundidad, impidiendo la concesión de la tutela solicitada al respecto.
No obstante, aún habiendo cesado la causa que originó la presente acción tutelar, es aplicable la acción de libertad en su modalidad innovativa, cuya finalidad reside en la advertencia de evitar que en el futuro se repitan ese tipo de actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción, según lo expresado en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 51/23 de 14 de octubre de 2023, cursante de fs. 41 a 44 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, pese a que ya se señaló la audiencia de cesación de la detención preventiva solicitada por Víctor Alfonso Arembay Méndez, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Llamar la atención a: Any Milenka Kruscaiha Guillen Zabala, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; respecto a los actos contrarios al orden constitucional advertidos en el presente caso, debiendo en lo venidero evitar incurrir en dilaciones contra Víctor Alfonso Arembay Méndez; y, otras personas en similares circunstancias. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0465_2026-S1.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 05c71301adae33390c79b50855fa07aa887c53915fd1ecf963e28f4f691748e2
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