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SCP 0465/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 13 de mayo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
13 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
52104-2022-105-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El solicitante de tutela a través de su representante sin mandato, señaló como vulnerados el derecho a la libertad, a la defensa, a la presunción de inocencia y al debido proceso; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Juez hoy demandado no resolvió su solicitud de cesación a la detención preventiva alegando que perdió competencia en razón de existir una acusación fiscal.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 21/“2022” –siendo lo correcto 2021– de 20 de agosto, cursante de fs. 29 a 30 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima Tercera del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, exhortando a la autoridad jurisdiccional ahora demandada que en lo futuro, ante las peticiones en las cuales se encuentre comprometido el derecho a la libertad, actúe con la debida celeridad en cumplimiento de la norma procesal penal y la jurisprudencia constitucional aplicable al caso.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la competencia del Juez cautelar en la tramitación de la solicitud de cesación de la detención preventiva cuando existe presentación de acusación
  2. III.2. La acción de libertad innovativa
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0465/2025-S4 Sucre, 13 de mayo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 52104-2022-105-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 21/“2022” –siendo lo correcto 2021– de 20 de agosto, cursante de fs. 29 a 30 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Omar Paul Aguirre Veizaga y Luis Antonio Romero Vivero en representación sin mandato de Rony Ulloa Rojas contra Jaime Arauz Ruíz, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de El Torno del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 17 de agosto de 2021, cursante de fs. 7 a 9 vta., el accionante a través de sus representantes sin mandato manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por su ex pareja en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar y doméstica, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz mediante Auto de Vista de 30 de junio de 2021, revocó las medidas sustitutivas y ordenó su detención preventiva en el Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, por treinta días. El 28 de julio de 2021, solicitó cesación a su detención preventiva ante el Juzgado Público, Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de El Torno del departamento de Santa Cruz; sin embargo, el Juez titular de dicho Juzgado, de forma verbal, refirió que el caso contaba con acusación formal; por lo que, los antecedentes fueron remitidos al Tribunal Departamental de Justicia para su sorteo.

Hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa, su solicitud de cesación a la detención preventiva no fue resuelta; siendo que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, el Juez de Instrucción tiene competencia para desarrollar audiencias de cesación a la detención preventiva; hasta que, no se haya diligenciado la radicatoria ante un Juez o Tribunal de Sentencia. Asimismo, señaló que la autoridad demandada emitió proveídos dilatorios y sin fundamento legal, cuando lo que correspondía era tramitar su solicitud.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El solicitante de tutela a través de su representante sin mandato, señaló como vulnerados el derecho a la libertad, a la defensa, a la presunción de inocencia y al debido proceso, citando al efecto los arts. 22, 23.1, 115.II, 116.I, 117.I, 119.II y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se le conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene al Juez demandado el señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva, o de lo contrario se remitan antecedentes ante el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Noveno del departamento de Santa Cruz.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 20 de agosto de 2021, según consta en el acta cursante a fs. 28 y vta.; presente el accionante, a través de su representante sin mandato; y, ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El impetrante de tutela a través de su abogado en audiencia pública, ratificó íntegramente los términos de su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Jaime Arauz Ruíz, Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de El Torno del departamento de Santa Cruz, mediante memorial presentado el 19 de agosto de 2021, cursante a fs. 26, refirió que: a) El solicitante de tutela tenía conocimiento que el expediente fue remitido al Juzgado de Sentencia de turno debido a la existencia de acusación formal en su contra; tal cual, consta en el oficio de remisión recepcionado el 26 de mayo de igual año; b) Por memorial de 28 de julio del año antes mencionado, el prenombrado solicitó audiencia de cesación a su detención preventiva, cuando el Juez ya había perdido competencia conforme establece al art. 323 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal (CPP); c) Mediante memorial de 10 de agosto del mencionado año, el impetrante de tutela solicitó la remisión de manera urgente del cuaderno procesal al Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Noveno del citado departamento, sin precisar si se trataba de un Juzgado de Instrucción, de Sentencia o un Tribunal de sentencia, ante tal ambigüedad, la autoridad demandada; proveyó que, se esté al oficio de remisión ante el Juez de turno de sentencia; d) El cuaderno procesal con el informe conclusivo del Fiscal fue radicado ante el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Noveno; por lo que, la autoridad judicial demandada refirió que en el día remitiría el cuaderno de apelación en fotocopias para que sea arrimado al expediente original; y, e) El día de ayer; es decir, el 18 del mencionado mes y año, el antes citado Juzgado no recepcionó el expediente a la Oficial de Diligencias; situación que, se encuentra en el informe arrimado al cuaderno procesal.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Décima Tercera del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 21/“2022” –siendo lo correcto 2021– de 20 de agosto, cursante de fs. 29 a 30 vta., concedió la tutela solicitada; disponiendo que, la autoridad demandada en el día remita el cuaderno de apelación al Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Noveno del departamento de Santa Cruz; toda vez que, habiendo un Auto de radicatoria en dicho Juzgado, éste es el competente para conocer la cesación a la detención preventiva del accionante, sin costas, daños y perjuicios; bajo los siguientes fundamentos: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho tiene por objeto acelerar los trámites judiciales, cuando existan dilaciones indebidas en la resolución de la situación jurídica de las personas que se encuentren privadas de libertad; 2) La jurisprudencia constitucional; establece que, toda autoridad que conozca de una solicitud donde se encuentre involucrada la libertad física tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible o dentro de los plazos razonables, pues no hacerlo provocaría una restricción indebida, entendimiento que es aplicable para los recursos de apelación de medidas cautelares así como para las cesaciones de detención preventiva; lo que, no se limita al señalamiento de audiencia y solución, sino al trámite posterior de impugnaciones; 3) En el caso de autos la autoridad competente para conocer la cesación a la detención preventiva es el titular del Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Noveno del departamento de Santa Cruz; estando la autoridad demandada impedida de conocer dicha solicitud por perdida de competencia; por lo que, correspondía que éste remita el cuaderno de apelación al Juzgado antes mencionado; y, 4) Si bien la autoridad demandada sustenta la falta de remisión del cuaderno de apelación a la falta de recepción del citado Juzgado, existe jurisprudencia constitucional que señala que las lesiones ocasionadas a derechos fundamentales de las personas deben ser reparadas por las mismas autoridades que ocasionaron la lesión.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Noveno del departamento de Santa Cruz, emitió Decreto de Radicatoria el 18 de junio de 2021, dentro del proceso penal seguido contra –ahora accionante– en el caso 110/21 por el delito de violencia familiar o doméstica (fs. 11). II.2. El solicitante de tutela por memorial de 13 de agosto de 2021, solicitó al Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Noveno del departamento de Santa Cruz, ordene que un médico forense se constituya en el Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola” para realizarle una valoración médica; toda vez que, se encuentra delicado de salud. Asimismo, señaló que no se lleve a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva, debido a que el Juzgado Publico Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de El Torno del departamento de Santa Cruz no remite el cuaderno procesal al Juez antes mencionado (fs. 12). II.3. Cursa decreto de 17 de agosto de 2021, a través del cual el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Noveno del departamento de Santa Cruz, señaló audiencia virtual para el 19 de igual mes y año a las 08:20; para considerar, la cesación a su detención preventiva; asimismo, se emita oficio dirigido al médico del Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, a fin de que realice la valoración del estado de salud del accionante (fs. 13). II.4. Mediante Auto 379/21 de 18 de agosto de 2021, el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Noveno del departamento de Santa Cruz, se excusó de conocer el proceso penal instaurado contra el –impetrante de tutela– por las causales expresas contenidas en el art. 20.5 del Código Procesal Constitucional (CPCo); ordenando que plataforma realice el sorteo respectivo (fs. 14 a 15).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El solicitante de tutela a través de su representante sin mandato, señaló como vulnerados el derecho a la libertad, a la defensa, a la presunción de inocencia y al debido proceso; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Juez hoy demandado no resolvió su solicitud de cesación a la detención preventiva alegando que perdió competencia en razón de existir una acusación fiscal.

III.1. Sobre la competencia del Juez cautelar en la tramitación de la solicitud de cesación de la detención preventiva cuando existe presentación de acusación

La SCP 0068/2020-S4 de 10 de julio estableció que: “Respecto a la competencia que debe asumir el Juez cautelar, dentro de la tramitación de la solicitud de cesación de la detención preventiva, cuando existe acusación presentada por el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1419/2016-S3 de 6 de diciembre, que cita a su vez a la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre, estableció que: ‘…cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación, así la SC 0487/2005-R de 6 de mayo, dice: ‘…situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteó la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros coimputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de Sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares, así la SC 143/2004-R, de 2 de febrero, razón por la cual corresponde otorgar la tutela solicitada únicamente respecto a este punto denunciado…” (las negrillas y el resaltado nos pertenecen).

En este sentido, se ha precisado algunas subreglas para los supuestos en los que presentada la acusación, se formulen solicitudes de cesación de la detención preventiva:

“a) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, b) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente”.

III.2. La acción de libertad innovativa

La SCP 1089/2019-S4 de 26 de diciembre, sustentada en la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, señaló: “La doctrina constitucional ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad, así, entre ellos se tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido.

En ese contexto argumentativo, la acción de libertad –innovativa permite al agraviado o víctima de la vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, ´la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada‛.

Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción.

En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional…” (las negrillas son añadidas).

III.3. Análisis del caso concreto

El solicitante de tutela a través de su representante sin mandato, señaló como vulnerados el derecho a la libertad, a la defensa, a la presunción de inocencia y al debido proceso; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Juez hoy demandado no resolvió su solicitud de cesación a la detención preventiva alegando que perdió competencia en razón de existir una acusación Fiscal.

Ahora bien, de la revisión y compulsa de los antecedentes procesales y conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, dentro del proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista de 30 de junio de 2021, revoco las medidas sustitutivas y ordenó la detención preventiva del impetrante de tutela en el Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola” por treinta días. El solicitante de tutela por memorial de 28 de julio de 2021, solicitó cesación a su detención preventiva ante el Juez Público, Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de El Torno del departamento de Santa Cruz –ahora demandado–. Asimismo, de antecedentes tenemos que el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Noveno del departamento de Santa Cruz, emitió Decreto de Radicatoria el 18 de junio de 2021, dentro del proceso penal seguido contra el accionante en el caso 110/21 por el delito de violencia familiar o doméstica.

El impetrante de tutela por memorial de 13 de agosto de 2021, solicitó al Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Noveno del departamento de Santa Cruz, ordene que un médico forense se constituya en el Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola” para realizarle una valoración médica; toda vez que, se encuentra delicado de salud. Asimismo, señaló que no se lleve a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva; lo que mereció decreto de 17 de igual mes y año, a través del cual el Juez antes mencionado, señaló audiencia virtual para el 19 de igual mes y año a las 08:20, para considerar la cesación a su detención preventiva; asimismo, se emita oficio dirigido al médico del antes mencionado penal, a fin de que realice la valoración del estado de salud del solicitante de tutela. En la especie, resulta pertinente analizar lo desarrollado por la jurisprudencia constitucional sobre la competencia de los Jueces cautelares en la tramitación de la solicitud de cesación de la detención preventiva cuando existe presentación de acusación, así conforme a lo descrito en el Fundamento Jurídico III.1., se estableció las siguientes sub reglas: a) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hubieran presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el Juez o Tribunal de Sentencia Penal; así como, para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, b) Presentada la acusación, el Juez de Instrucción Penal, remitirá los antecedentes ante el Juez o Tribunal de Sentencia Penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la Resolución pronunciada en audiencia, ante el Juez o Tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente. En ese entendido, de la revisión de los antecedentes remitidos a este Tribunal; en efecto, existe constancia del Decreto de Radicatoria de la causa ante el Tribunal superior ante la presentación de acusación formal contra el ahora accionante; por lo que, de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional correspondía al Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Noveno del departamento de Santa Cruz resolver la solicitud de cesación a la detención preventiva solicitada por el impetrante de tutela el 28 de julio de 2021, al ser el Decreto de Radicatoria de 18 de junio del citado año. Por lo que, ante la existencia del Decreto de Radicatoria correspondía que la autoridad ahora demandada remita todos los antecedentes del caso ante el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Noveno del departamento de Santa Cruz; lo que, en el caso de Autos no aconteció ya que el mismo demandado en su informe presentado refirió que en el día; es decir, 19 de agosto de 2021, remitiría el cuaderno de apelación ante el Juzgado antes mencionado, lo que provocó que hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa el solicitante de tutela se vea impedido de que su solicitud de cesación a la detención preventiva sea resuelta, provocando una injustificada e indebida dilación en la resolución de su situación jurídica. De lo señalado, se advierte que la autoridad hoy demandada actuó de forma incorrecta; pues ante la emisión del Decreto de Radicatoria, con la premura que el caso amerita al tratarse de una persona privada de su libertad, debió remitir todos los antecedentes del caso ante el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Noveno del departamento de Santa Cruz, el no haberlo hecho de forma inmediata, causó dilación indebida en la resolución de su solicitud de cesación a la detención preventiva, que repercutió en la lesión de los derechos del ahora accionante; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada. Por otra parte, si bien es cierto que a la fecha el acto lesivo desapareció, se debe considerar que la remisión del cuaderno de apelación no fue realizada con la debida celeridad; aspecto el cual, provocó una dilación indebida respecto a la situación jurídica del ahora impetrante de tutela. En tal sentido, conforme a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional referida a la acción de libertad innovativa, cuya naturaleza jurídica implica, que aún el acto lesivo haya desaparecido como ocurre en el caso de autos, corresponde conceder la tutela impetrada, esto con el fin de evitar futuras conductas de esa naturaleza que lesionen derechos fundamentales y garantías constitucionales. Por lo expuesto precedentemente, corresponde en el presente caso conceder la tutela solicitada, bajo la modalidad de acción de libertad innovativa. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 21/“2022” –siendo lo correcto 2021– de 20 de agosto, cursante de fs. 29 a 30 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima Tercera del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, exhortando a la autoridad jurisdiccional ahora demandada que en lo futuro, ante las peticiones en las cuales se encuentre comprometido el derecho a la libertad, actúe con la debida celeridad en cumplimiento de la norma procesal penal y la jurisprudencia constitucional aplicable al caso. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0465_2025-S4.pdf · páginas 1 a 10.

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