Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 16 de mayo de 2025
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia ahora demandados, dentro de la detención preventiva con fines de extradición a solicitud de la Embajada de la República de Argentina no respondieron al memorial presentado el 12 de julio de 2022, solicitud que efectuó porque conforme el art. 154.1 del CPP, la detención preventiva de extradición no puede superar los seis meses, y en su caso transcurrió más de ocho meses sin que se haya resuelto su situación jurídica; por lo que, su apresamiento es ilegal e indebido, correspondiendo a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia ejercer el control jurisdiccional. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes aspectos: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) La dilación en solicitudes que involucran el derecho a la libertad. Jurisprudencia reiterada; y, iii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 11 de 25 de noviembre de 2022, cursante de fs. 28 vta. a 31 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, sin disponer la libertad, porque ya se resolvió la situación jurídica del accionante.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0453/2025-S1 Sucre, 16 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 52091-2022-105-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 11 de 25 de noviembre de 2022, cursante de fs. 28 vta. a 31 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por César Calluni Saramani contra José Antonio Revilla Martínez, Magistrado Tramitador de Sala Plena; y, Ricardo Torres Echalar, María Cristina Díaz Sosa, Esteban Miranda Terán, Marco Ernesto Jaimes Molina, Juan Carlos Berrios Albizu y Carlos Alberto Egüez Añez, Magistrados, todos del Tribunal Supremo de Justicia.
Por memorial presentado el 24 de noviembre de 2022, cursante de fs. 7 a 8 vta., el accionante, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Señala que la embajada de la República Argentina mediante exhorto suplicatorio internacional, solicitó detención y posterior extradición de su persona; es así que, el Tribunal Supremo de Justicia mediante Auto Supremo 80/2021 de 19 de julio, declaró procedente la misma y dispuso su detención preventiva con fines de extradición, ordenando al Juez de Instrucción Penal de turno de la Capital del departamento de Potosí expedir el respectivo mandamiento. Dicha orden fue cumplida por el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Potosí el 15 de septiembre de 2021 y fue detenido el 5 de noviembre del mismo año, a horas 23:50, conduciéndolo al Centro de Readaptación Productiva "Santo Domingo" Cantumarca de Potosí, desde esa oportunidad hasta la interposición de la presente acción tutelar transcurrió más de un año sin que se resuelva su situación jurídica.
Por lo expuesto, el 12 de julio de 2022, presentó memorial solicitando orden de libertad, considerando que el Tribunal Supremo de Justicia debe garantizar el control jurisdiccional en estos casos, conforme lo previsto en el art. 154.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP); pues, la detención preventiva de extradición no puede superar los seis meses; por lo que, su apresamiento es ilegal e indebido. Lamentablemente el memorial referido, no tiene respuesta alguna hasta la fecha de presentación de la demanda tutelar pese que hizo seguimiento, incluso la última vez que averiguó el 23 de noviembre de 2022, a horas 15:00, le indicaron “´que aún no hay nada y no se sabe cuándo saldrá…” (sic); por lo que, interpone la presente acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho.
El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; citando al efecto los arts. 23.I y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga de forma inmediata se pronuncie respecto de su solicitud de libertad, efectuada dentro del proceso de extradición seguido en su contra, tomando en cuenta el tiempo que está guardando detención preventiva.
Celebrada la audiencia pública virtual el 25 de noviembre de 2022, según consta en el acta de fs. 28 a 31 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, en audiencia ratificó los términos de su demanda tutelar y ampliando sus fundamentos señaló que: a) Al momento de presentar la demanda tutelar también hizo seguimiento al memorial que presentó a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, indicándole que todavía no salió; se apersonaba por lo menos una vez por semana en busca de respuesta al referido memorial, y, b) Con un escrito anterior solicitaron también su traslado al Centro Penitenciario de Uncía, porque ahí tiene un familiar; no obstante, a ello, le indicaron que presente informe elaborado, por la Trabajadora Social del Juzgado de Ejecución Penal del departamento Potosí, el cual fue presentado; y, sin embargo tampoco se tuvo respuesta.
José Antonio Revilla Martínez, Magistrado Tramitador de Sala Plena; y, Ricardo Torres Echalar, María Cristina Díaz Sosa, Esteban Miranda Terán, Marco Ernesto Jaimes Molina, Juan Carlos Berrios Albizu y Carlos Alberto Egüez Añez, Magistrados, todos del Tribunal Supremo de Justicia, no presentaron informe escrito ni se apersonaron a la audiencia de consideración de la acción de libertad, pese a su notificación cursante a fs. 10 a 16; sin embargo, hicieron llegar el oficio Cite 1122/2022 de 25 de noviembre, dirigido al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí adjuntando el Auto Supremo 0154/2022 de 19 de octubre., cursante de fs. 23 a 27 vta.
El Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías mediante Resolución 11 de 25 de noviembre de 2022, cursante de fs. 28 vta. a 31 vta., denegó la tutela solicitada bajo los siguientes fundamentos: 1) La demanda tutelar se interpone contra José Antonio Revilla Martínez, Magistrado tramitador de Sala Plena y otros, sin identificar quiénes son los otros, a efectos de la legitimación pasiva, ya que el art. 33.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo); establece que se, debe consignar el nombre y domicilio contra quién se dirige la acción o los datos básicos para identificarlo, caso contrario se estaría causando indefensión; por lo que, no se puede ingresar a analizar en relación otros; 2) La acción de libertad traslativa de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas; sin embargo, en el caso se tiene un memorial de 12 de julio de igual año y se desconoce el lugar donde ha sido presentado; y, 3) Cursa en antecedentes el Auto Supremo 154/2022, que declara procedente la solicitud de extradición y se encuentra firmada por los demás Magistrados de la Sala Plena; por lo que, no existe ninguna lesión del Magistrado Tramitador contra el impetrante de tutela.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en obrados se establece lo siguiente: II.1. Consta Auto Supremo 80/2021 de 19 de julio, referido al proceso de detención preventiva con fines de extradición, a solicitud de la Embajada de la República de Argentina, respecto a César Calluni Saramani -ahora accionante-, disponiéndose la detención de dicho ciudadano; para lo cual, ordenó se oficie al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, a fin que comisione al Juez de Instrucción Penal de turno de ese departamento, para que en conocimiento del presente Auto Supremo, expida mandamiento de detención que podrá ser ejecutado en el ámbito nacional con auxilio de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y la Policía Boliviana; asimismo, se dispone la notificación al impetrante de tutela con dicho Auto Supremo para que asuma defensa, y finalmente, que los nueve Tribunales Departamentales de Justicia remitan informes sobre procesos activos contra el mencionado ciudadano, de acuerdo al art. 440 del CPP (fs. 5 a 6).
II.2. Cursa mandamiento de detención preventiva, con fines de extradición librado por el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Potosí contra el ahora accionante, mismo que fue ejecutado a las 23:50 del 5 de noviembre de 2021, siendo al Centro de Readaptación Productiva "Santo Domingo" Cantumarca del citado departamento (fs. 3 a 4). II.3. Corre memorial suscrito por el ahora impetrante de tutela, dirigido al “Magistrado” de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia; por el cual, dentro del proceso de extradición seguido en su contra a petición de la República Argentina, solicita orden de libertad; consta el timbre electrónico de presentación ante el Tribunal Supremo de Justicia de 12 de julio 2022, a horas 9:14 (fs. 2 y vta.). II.4. Consta Oficio Cite 1122/2022 de 25 de noviembre; suscrito por José Antonio Revilla Martínez, Magistrado Tramitador de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dirigido al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí por el cual adjunta el Auto Supremo 154/2022 de 19 de octubre, para que el mismo sea puesto a conocimiento del Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del mencionado departamento para su cumplimiento; el referido Auto Supremo declara: “PROCEDENTE la solicitud de extradición del ciudadano boliviano CÉSAR CALLUNI SARAMANI, con cédula de identidad boliviana 8521843, nacido el 4 de octubre de 1996, en la ciudad de Potosí, disponiendo su entrega al Estado Requirente, sea a través de los órganos competentes del Poder Ejecutivo; para dicho efecto el Juzgado Cuarto de Instrucción Cautelar en lo Penal de Potosí, deberá emitir el mandamiento de excarcelación del extraditable” (sic [fs. 23 a 27 vta.]).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia ahora demandados, dentro de la detención preventiva con fines de extradición a solicitud de la Embajada de la República de Argentina no respondieron al memorial presentado el 12 de julio de 2022, solicitud que efectuó porque conforme el art. 154.1 del CPP, la detención preventiva de extradición no puede superar los seis meses, y en su caso transcurrió más de ocho meses sin que se haya resuelto su situación jurídica; por lo que, su apresamiento es ilegal e indebido, correspondiendo a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia ejercer el control jurisdiccional. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes aspectos: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) La dilación en solicitudes que involucran el derecho a la libertad. Jurisprudencia reiterada; y, iii) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0752/2018-S2 de 8 de noviembre, asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23; establece que, toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituir un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus 1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”.
El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”.
El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´.Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”. 2El FJ III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física.
Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…)
Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad. Sin embargo de lo mencionado, donde solo hace referencia a la libertad física, no se debe olvidar que el objeto de la acción de libertad, como finalidad última persigue concretizar el valor de libertad, entendido éste no solo a la protección del derecho a la libertad personal; sino garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad de circulación o de locomoción, este último como condición indispensable para el libre desarrollo de la personas, de tal manera que toda solicitud que involucre dicho derecho debe ser atendida con prontitud y alejado de formalismos.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, reiterada por la SCP 0664/2023-S1 de 20 de junio; asumió el siguiente razonamiento: En relación a la obligación que tienen los administradores de justicia, ante los pedidos en los que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, este Tribunal en su jurisprudencia estableció el deber que se tiene de tramitar dichas solicitudes en la brevedad posible o por lo menos dentro de los plazos establecidos en la legislación, así la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, establece que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud”. Por otra parte bajo este mismo razonamiento, la SCP 0759/2012 de 13 de agosto, estableció que:
“…tratándose de una solicitud en la que se halla involucrado el derecho a la libertad de una persona, la autoridad jurisdiccional en observancia de los valores y principios constitucionales contenidos en el art. 8.II de la CPE con relación al 180.I del mismo cuerpo legal y en aplicación del principio procesal de celeridad, cuando conozca una solicitud de un privado de libertad, se encuentra obligado a tramitar la misma dentro del menor tiempo posible (…) toda vez que actuar en contrario implicaría la afectación de los derechos y garantías del imputado” (las negrillas son añadidas).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia ahora demandados, dentro de la detención preventiva con fines de extradición a solicitud de la Embajada de la República de Argentina no respondieron al memorial presentado el 12 de julio de 2022, solicitud que efectuó porque conforme el art. 154.1 del CPP, la detención preventiva de extradición no puede superar los seis meses, y en su caso transcurrió más de ocho meses sin que se haya resuelto su situación jurídica; por lo que, su apresamiento es ilegal e indebido, correspondiendo a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia ejercer el control jurisdiccional. En ese marco, a partir del análisis de la documental que cursa en el expediente constitucional, se puede concluir que: a) A solicitud realizada por la embajada de la República de Argentina, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia pronunció el Auto Supremo 80/2021 de 19 de julio, por el que dispone la detención preventiva de Cesar Calluni Saramani -accionante-, ello con fines de extradición (Conclusión II.1); b) Posteriormente, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Potosí, libró mandamiento de detención preventiva en el marco de lo determinado por el citado Auto Supremo, mismo que fue ejecutado el 5 de noviembre de 2021, a horas 23:50, desde entonces guarda detención preventiva en el Centro de Readaptación Productiva "Santo Domingo" Cantumarca (Conclusión II.2); c) El 12 de julio de 2022, el ahora impetrante de tutela, presentó ante el Pleno del Tribunal Supremo de Justicia, memorial pidiendo orden de libertad; toda vez que, se encontraba con detención preventiva por más de seis meses sin que se resuelva su situación jurídica; por lo que, no correspondía seguir detenido tornándose su detención en ilegal e indebida (Conclusión II.3); y, d) El mismo día en que se desarrolló la audiencia de consideración de la acción de libertad, José Antonio Revilla Martínez Magistrado Tramitador -ahora demandado- mediante oficio Cite 1122/2022 de 25 de noviembre, dirigido al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, adjuntó el Auto Supremo 154/2022 de 19 de octubre, para que el mismo sea puesto a conocimiento del Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del citado departamento para su cumplimiento (Conclusión II.4). De lo expresado, se puede establecer que el ahora peticionante de tutela al momento en que presenta su solicitud de orden de libertad -12 de julio de 2022- se encontraba evidentemente cumpliendo detención preventiva con fines de extradición desde el 5 de noviembre de 2021; es decir, por más de seis meses, y el art. 154.1 del CPP, establece que el Tribunal Supremo de Justicia tiene la facultad para “Ordenar la detención preventiva del extraditable por un plazo máximo de seis meses siempre que se acredite la existencia de una sentencia condenatoria o resolución judicial de detención”. En el marco de lo referido, la petición que fue presentada por el ahora solicitante de tutela debió ser tramitada con celeridad; empero, no recibió ninguna respuesta, y recién cuando se notificó a las autoridades demandadas el Magistrado Tramitador de Sala Plena -ahora demandado-, el 25 de noviembre de 2022, pone a conocimiento del Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, adjuntando el Auto Supremo 154/2022 de 19 de octubre -emitido hace más de un mes-, para que el mismo sea puesto a conocimiento del Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del referido departamento, para su cumplimiento; resolución con la cual si bien no da respuesta precisamente al memorial del ahora impetrante de tutela, resuelve su situación jurídica, porque se dispone su excarcelación. Bajo ese entendido, corresponde señalar que toda autoridad que conozca de una petición en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene la obligación de responder de forma célere o cuando menos, dentro de un plazo razonable, esto en razón a no provocar una restricción indebida al derecho a la libertad, precisándose que no siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud impetrada, sino que su pronunciamiento dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso conforme se verifica del desarrollo del Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. Al respecto, de acuerdo a los antecedentes referidos, si bien la petición de extradición se genera dentro de un trámite administrativo, y por ello, sujeto a determinada normativa, entre ellas las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y con carácter subsidiario a lo establecido en el Código de Procedimiento Penal o en su caso, por las reglas de reciprocidad acorde a lo establecido por el art. 149 del CPP; sin embargo, en el caso particular dicho procedimiento se halla íntimamente relacionado con la privación de libertad; puesto que, esta medida tiene un plazo máximo de duración de seis meses, plazo que en el caso objeto de análisis se ha extendido injustificadamente en la respuesta a la solicitud presentada por el demandante de tutela para resolver su situación jurídica. En ese contexto, la solicitud del accionante presentada el 12 de julio de 2022, debió ser resuelta oportunamente; puesto que dichas autoridades -demandadas- tenían la competencia para atender tal pedido, considerando la SCP 0407/2021-S4 de 17 de agosto -entre otras-, establecen que: “…la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que fue la instancia que dispuso su detención preventiva con fines de extradición, y es a la que le corresponde determinar si corresponde o no su cesación…” (sic), por cuanto, efectivamente los Magistrados ahora demandados contaban con la potestad para pronunciarse y resolver la situación jurídica del peticionante de tutela; y, al no haberse pronunciado sobre dicha solicitud y demorado injustificadamente en la resolución de su situación jurídica, se advierte que se vulneró el principio de celeridad, debiéndose conceder la tutela por el análisis realizado. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 11 de 25 de noviembre de 2022, cursante de fs. 28 vta. a 31 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, sin disponer la libertad, porque ya se resolvió la situación jurídica del accionante.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
3 Art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, comentado en el documento de las Naciones Unidas. (1999). Comité de Derechos Humanos. Comentario general núm. 27, libertad de circulación, CCPR/C/21/Rev.1/Add.9. Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1400.pdf
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0453_2025-S1.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 19749df2fd723cd9e0531a82af7b91761a517f77b00655a706aab54031fc9b4e
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