Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 16 de mayo de 2023
Concede la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, alega la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes a la defensa, a la igualdad, al acceso a la igualdad, al acceso a una justicia pronta y oportuna, vinculado a la libertad; toda vez que, el 6 de diciembre de 2021, se llevó a cabo la audiencia de apelación de medida cautelar; empero, transcurrido seis días desde esa audiencia, la misma no fue devuelta al Juzgado de origen o en su caso al juzgado de turno que se encontraba a cargo del proceso por la vacación judicial, generándose dilación indebida por parte de la Sala Penal Tercera; en tal sentido a través de esta acción de defensa, solicitó que el Vocal de la Sala Penal Tercera, ordene que la secretaria de su Sala en el día devuelva el cuadernillo de apelación ante el Juzgado que suple legalmente durante la vacación judicial al Juzgado de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Primero. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. Para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; iii) Sobre el plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes ante el juez de origen; iv) La acción de libertad innovativa; y, v) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 58/2021 de 15 de diciembre, cursante de fs. 25 a 27, pronunciada por la Juez Penal de Sustancias Controladas Liquidadora y de Sentencia Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, sobre la base de los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Exhortar a la autoridad judicial demandada, a realizar el seguimiento y control respectivo de las labores y tareas asignadas al personal de apoyo judicial del despacho a su cargo.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0453/2023-S1 Sucre, 16 de mayo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 45032-2022-91-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 58/2021 de 15 de diciembre, cursante de fs. 25 a 27, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lilian Nogales Rocha en representación sin mandato de Jaime Valentín Rejas Orellana contra Jesús Víctor Gonzales Milán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 14 de diciembre de 2021, cursante de fs. 8 a 11, el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó:
Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violación de infante niña, niño o adolescente; el 6 de diciembre de 2021 se celebró audiencia de apelación ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba que mediante Auto de Vista de la misma fecha se confirmó el Auto Interlocutorio apelado de 19 de noviembre de similar año que determinó la duración de la medida extrema por treinta días. Bajo ese antecedente, al ser persona de la tercera edad requiere acceder a una nueva audiencia de cesación a la detención preventiva, sin embargo, el Vocal ahora accionado pese a que transcurrió seis días desde la audiencia de apelación mencionada, no devolvió los antecedentes de la impugnación oportunamente al Juzgado de origen o en su caso al de turno que se encuentra a cargo del proceso por la vacación judicial, generándose así una dilación indebida.
Alega la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus vertientes a la defensa, a la igualdad, a una justicia pronta y oportuna, vinculado a la libertad; citando al efecto, los arts. 8, 22, 23, 73, 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la acción de libertad; en consecuencia, que el Vocal de la Sala Penal Tercera, ordene que, por secretaría en el día, remita el cuaderno de apelación ante el Juzgado de turno durante la vacación judicial.
Efectuada la audiencia pública virtual el 15 de diciembre de 2021, según acta cursante a fs. 24 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia ratificó de forma íntegra el contenido del memorial de la acción de libertad, y precisó lo siguiente: a) La acción de libertad es de pronto despacho, porque se está buscando la celeridad en el trámite de la remisión de la apelación; b) Desde el 6 de diciembre de 2021 hasta el 15 de diciembre, el acta de audiencia y el Auto que ha emitido la autoridad demandada no ha salido de su despacho, porque fue su persona que personalmente se apersonó a secretaría de la Sala Penal Tercera a hacer el seguimiento de la causa de su cliente; y, c) Esperaron pacientemente los tres días como dice SC 1907/2012 de 12 de octubre y la SC 0142/2013 de 14 de febrero, porque estuvieron de turno por la carga procesal.
Jesús Víctor Gonzales Milán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe cursante a fs. 21, señaló que la devolución de antecedentes fue ordenada mediante Auto de Vista 514/2021 de 6 de diciembre, cumplimiento que se halla a cargo del personal de apoyo jurisdiccional de la Sala; y ante la ausencia de denuncia de incumplimiento de plazos con motivo de la devolución, el suscrito no tuvo la oportunidad de corregir eventuales falencias administrativas, por lo que debe denegarse la tutela solicitada; más aún si en consideración al periodo de vacaciones judiciales, que en los hechos importa un incremento considerable a la carga que inicialmente asumía, ingresando para el conocimiento del suscrito, setenta y cinco causas de apelaciones de medidas cautelares.
La Jueza Penal de Sustancias Controladas Liquidadora y de Sentencia Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 58/2021 de 15 de diciembre, cursante de fs. 25 a 27, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes argumentos: 1) Las autoridades jurisdiccionales que reciban una petición de una persona detenida o privada de libertad, tiene la obligación de tramitarla con celeridad; 2) De los informes presentados por la autoridad demandada, así como por la secretaria de la Sala Penal Tercera en la cual se informó que la autoridad demandada, se encontraría en el momento conociendo por vacación judicial 75 causas remitidas por motivo de apelaciones de medida cautelar, producto del turno de vacaciones; 3) El demandado también informó que no lesionó ningún derecho o garantía constitucional, por cuanto había dictado la resolución en audiencia el 6 de diciembre de 2021 y que era responsabilidad del personal de apoyo remitir en el plazo establecido por ley y si bien en el Código de Procedimiento Penal no establece un plazo que tenga la Sala para devolver las actuaciones ante el juzgado de origen, se tiene el lineamiento constitucional de la SC 78/2010-R de 3 de mayo y 2149/2013 de 21 de noviembre, en el cual se aplica las reglas de remisión de las apelaciones incidentales de medidas cautelares, ante los juzgados de origen; es decir, veinticuatro horas y de manera excepcional por la elevada carga procesal en el término de tres días; 4) El art. 94 de la Ley 025, establece cuales son las funciones y atribuciones de los secretarios así como el personal de apoyo de un juzgado y de una sala del Tribunal Departamental de Justicia, ello tomando en cuenta que la autoridad jurisdiccional tenía la obligación de dictar la resolución de manera oral, el mismo día que se desarrolló la audiencia, siendo obligación del secretario de Sala labrar y elaborar el acta respectiva y remitirlo en el plazo legal correspondiente ante el juzgado cautelar; 5) El Vocal no tuvo conocimiento de algún reclamo de la no remisión del acta extrañada por parte del accionante, por lo que no tuvo la oportunidad de poder corregir el procedimiento o llamar la atención al personal de apoyo, tomando en cuenta que no es atribución del Vocal labrar actas y remitir los cuadernos procesales; 6) Los secretarios abogados así como el personal de apoyo del Órgano Judicial también están sujetos a responsabilidad funcionaria, por ello debe regir su actuar en mérito a las atribuciones de su cargo, y no obstante de que estos funcionarios debieron elaborar el acta dentro de las veinticuatro horas o máximo en tres días, no se cumplió tal cual se establece en el procedimiento, por lo que se debe citar la SC 1074/2021-S1 de 3 de octubre, ratificado por la SC 1279/2011-R del 26 de septiembre, el cual estableció que el personal subalterno puede ser demandado en los casos en que contraríen lo dispuesto por la autoridad, o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos y garantías constitucionales, sin embargo, si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno; y, 7) La audiencia de apelación de la medida cautelar se desarrolló el 6 de diciembre de 2021, y el acta de audiencia como el cuaderno fue remitido el 14 del mes y año mencionado; es decir que a la fecha se cumplió con lo reclamado por el accionante, pero en un plazo mayor al establecido por el Tribunal Constitucional; actitud dilatoria no atribuible al demandado. La parte accionante solicitó enmienda y complementación pidiendo se considere la acción de libertad innovativa y se llame la atención a la autoridad demandada y se recomiende que no incurra en la misma omisión. A tal efecto, la Jueza de garantías señaló que corresponde aclarar que denegó la tutela, porque consideró que el Vocal demandado no sería responsable de la dilación indebida por la remisión del cuaderno cautelar al Juzgado de origen, sino que debió haber dirigido contra los funcionarios subalternos; “sin embargo de ello se llama la atención severamente al personal de apoyo complementando la resolución dictada” (sic).
De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Por nota de 14 de diciembre de 2021, dirigido al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, la Secretaria de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, hizo constar la remisión de legajo procesal de apelación incidental de medida cautelar en el caso seguido por el Ministerio Público contra Jaime Valentín Rojas Orellana, todo en cumplimiento del Auto de Vista de 6 de diciembre de 2021 (fs. 23). II.2. El 15 de diciembre de 2021, Carol Ivonne Vega Colque, Secretaria de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, informó al Juez Penal de Sustancias Controladas Liquidador y de Sentencia Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba que el legajo de apelación de medida cautelar signado con el código NUREJ 30302436 dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público y otras contra Jaime Valentín Rejas Orellana, fue devuelto el 15 de diciembre del mismo año, ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia La Mujer Tercera que por el turno de vacaciones judiciales conoce los procesos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero EPI-Sur; por lo que no resultaba posible cumplir con lo dispuesto por la autoridad mediante resolución de 15 de diciembre de 2021 (fs. 22).
El accionante a través de su representante sin mandato, alega la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes a la defensa, a la igualdad, al acceso a la igualdad, al acceso a una justicia pronta y oportuna, vinculado a la libertad; toda vez que, el 6 de diciembre de 2021, se llevó a cabo la audiencia de apelación de medida cautelar; empero, transcurrido seis días desde esa audiencia, la misma no fue devuelta al Juzgado de origen o en su caso al juzgado de turno que se encontraba a cargo del proceso por la vacación judicial, generándose dilación indebida por parte de la Sala Penal Tercera; en tal sentido a través de esta acción de defensa, solicitó que el Vocal de la Sala Penal Tercera, ordene que la secretaria de su Sala en el día devuelva el cuadernillo de apelación ante el Juzgado que suple legalmente durante la vacación judicial al Juzgado de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia las Mujeres Primero. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. Para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares; iii) Sobre el plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes ante el juez de origen; iv) La acción de libertad innovativa; y, v) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0187/2018-S2 de 14 de mayo -entre otras- asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a la libertad física como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo por constituirse un derecho inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima con el propósito que este derecho, goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarlo o esté siendo amenazado de lesión. A ese efecto, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del cual, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad.
El Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SCP 0052/2018-S2 de 15 de marzo -entre otras- asumió el siguiente razonamiento:
Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, sostiene que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. En cuanto a la celeridad exigida a toda autoridad que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, dicho principio debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también, la seguridad jurídica; más aún, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que: …toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud (las negrillas nos pertenecen). Jurisprudencia constitucional reiterada, entre otras, por las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010 de 10 de agosto; y, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1157/2017-S2 de 15 de noviembre y 0052/2018-S2 de 15 de marzo. Por consiguiente, debe entenderse que si bien la privación de libertad fue dispuesta por orden judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y el juez o tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0227/2019-S2 de 1 de mayo, asumió el siguiente razonamiento entre otras: Respecto al plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes al juzgado de origen, luego de revolver la apelación, en la SCP 2077/2012 de 8 de noviembre, en su Fundamento Jurídico III.3 establece que:
…el art. 251, (…) , señala que una vez remitido el expediente ante el Tribunal de apelación, éste “resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”, debiendo incluirse dicho entendimiento bajo los argumentos expuestos del principio de celeridad, debido proceso y prohibición de dilación en el proceso, indicando que una vez el Tribunal de apelación dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; deberá remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de 24 horas (las negrillas y el subrayado pertenecen al texto original).
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0970/2019-S2 de 21 de octubre asumió el siguiente razonamiento: Es una acción tutelar, cuyo propósito es proteger, restablecer y/o restituir el derecho a la libertad física o de locomoción, así como el derecho a la vida, cuando se hallan en peligro como consecuencia de la supresión o restricción a la libertad personal; disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma.
En este marco, la línea jurisprudencial sobre la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado la restricción del derecho a la libertad física, conocida en la doctrina como recurso de hábeas corpus innovativo, tiene el siguiente desarrollo jurisprudencial:
El Tribunal Constitucional, en la SC 92/02-R de 24 de enero de 2002, sostuvo que era posible el planteamiento del hábeas corpus -ahora acción de libertad- cuando el accionante ya había sido liberado, pues dicha liberación “…no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…”, de forma que en tales casos, se evitaba la reiteración de la conducta; es decir, que el interés en la resolución de la temática, trascendía del caso particular para convertirse en uno de interés general.
Posteriormente, sin modificarse oficialmente aquella línea, la SC 1489/2003-R de 20 de octubre estableció que promovido el recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción.
A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en los que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010. Con la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se recondujo el entendimiento 4 El Tercer Considerando, señala: “…Si bien el Juez de la causa dispuso la libertad del procesado ello no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos, tal como lo establece el art. 91-6) de la Ley N° 1836 (…)”. 5 El FJ III.2, indica “En el caso que se examina, conforme lo expresa el propio recurrente, el hábeas corpus fue planteado después de que sus representados fueron puestos en libertad, de manera que si hubo ilegalidad en su detención por no haberse observado lo establecido por los arts. 6.II y 9.I CPE, ella no puede resolverse dentro de un recurso de hábeas corpus que fue presentado luego de haber sido puestos en libertad los recurrentes. Por consiguiente esa presunta ilegalidad adquiere otras características que la hacen punible, por lo que corresponde ser considerada en el ámbito penal o en el que los recurrentes estimen adecuado. En consecuencia, correspondía al recurrente interponer el recurso en el momento en que sus representados se encontraban -según él- indebidamente detenidos a fin de que la autoridad competente dentro del trámite de hábeas corpus, haga comparecer a los detenidos y analice los antecedentes del caso para pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo, situación que no puede darse, ya que fueron puestos en libertad antes de la presentación misma del recurso”. 6 El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, del contenido de los preceptos aludidos y los debates parlamentarios glosados, se extrae de manera clara y precisa que la voluntad del legislador es que las lesiones al derecho a la libertad encuentren protección dentro del ámbito del hábeas corpus, declarando su procedencia en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, no obstante haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; en consecuencia, es preciso cambiar el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R (…)”. 7 El FJ III.2.2, manifiesta: “Cuando se alega privación de libertad personal, la norma constitucional (art. 125 de la CPE), señala que toda persona que esté indebida o ilegalmente privada de su libertad personal, podrá interponer la acción de libertad y solicitar al juez o tribunal competente `se restituya su derecho a la libertad´”. Lo cual significa que en estos casos, la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe; de no ser así, se desnaturalizaría la esencia de la presente acción de defensa, dado que el petitorio de que `se restituya su derecho a la libertad´, ya no tendría sentido si está en libertad. En consecuencia, desde el orden constitucional, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos procesales: Primero.- Cuando el acto ilegal o indebido denunciado sea la detención o privación de libertad física del agraviado o accionante, la acción de libertad debe ser interpuesta mientras exista la lesión, no cuando haya cesado. Segundo.- En los casos, en que presentada la acción de libertad conforme a esta exigencia, luego de la notificación a la autoridad, funcionario o persona denunciada o accionada, con la admisión de la misma, ésta libera al accionante o agraviado, ello no impide la prosecución del trámite y la otorgación de la tutela si es que corresponde, a los efectos de la reparación de los daños causados por la privación de libertad y en su caso los efectos que corresponda.
jurisprudencial al anterior contenido en la SC 1489/2003-R, estableciendo que cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado; lo cual fue confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0201/2012 de 24 de mayo, entre otras. La SC 0895/2010-R de 10 de agosto, complementó el entendimiento previamente asumido y señaló que cuando sea imposible plantear la acción de libertad por situaciones debidamente justificadas durante la privación de libertad, es posible su interposición inmediatamente después de haber cesado la misma. La jurisprudencia glosada fue reconducida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre; en la que, sobre la base de la SC 0327/2004-R, dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. En efecto, la SCP 2491/2012 consagra la acción de libertad denominada innovativa; entendimiento que fue seguido de manera uniforme por este Órgano encargado del control de constitucionalidad, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0640/2013 de 28 de mayo y Tercero.- En los casos en que durante la detención no se presentó la acción de libertad, sino después de haber cesado la misma; verificada que sea tal situación, en audiencia pública y sin ingresar al análisis de fondo, corresponde la denegación de tutela, salvando los derechos del agraviado o accionante en la vía jurisdiccional ordinaria. Al respecto, el art. 110.I de la CPE, señala que: `Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de autoridades bolivianas´, lo cual guarda coherencia con el art. 292 del Código Penal (CP), que bajo el nomen juris de `privación de libertad´, establece: `El que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años y multa de treinta a cien días. La sanción será agravada en un tercio, cuando el hecho fuere cometido: 1) Por un funcionario público, con abuso de su autoridad. 2) Sobre un ascendiente, descendiente o cónyuge. 3) Si la privación de libertad excediere de cuarenta y ocho horas´ (…) El art. 4.II de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010 denominada Ley de Necesidad de Transición, señala que: `Los Tribunales, Jueces y autoridades administrativas del Estado Plurinacional podrán considerar la jurisprudencia constitucional emitida con anterioridad a la aprobación del nuevo orden constitucional, en tanto no se contraponga a la Constitución Política del Estado´, en ese sentido, y al ser -entre otras- la función del Tribunal Constitucional, intérprete y guardián de la Constitución vigente; la interpretación efectuada a través de su jurisprudencia no puede contravenir a la Constitución misma, ni asimilar un entendimiento jurisprudencial pasado que se aparte de ella, sino sólo aquél que guarde coherencia o armonía con la Constitución vigente, uniformando así la jurisprudencia constitucional; labor que le corresponde a los miembros que componen este Tribunal. En ese sentido, y a la luz de la nueva Constitución, se concluye que `cuando se alega o denuncia privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad, mientras persista la lesión, no cuando ha cesado´, tal cual se explicó precedentemente, lo cual a su vez significa una reconducción de la línea jurisprudencial al asumido en la SC 1489/2003-R, que es conforme al orden constitucional vigente”. 8 El FJ III.2, establece: “Así como no hay derechos absolutos, no hay reglas que no permitan una excepción cuando en mérito a ello se materializará un derecho fundamental, sin alterar la esencia y naturaleza de la acción tutelar, en este caso de la acción de libertad; y es que debe tenerse en cuenta que hay situaciones particulares en las que estando el ciudadano privado de libertad no es posible activar ningún medio de defensa ordinario, mucho menos extraordinario o de rango constitucional, pese a la lesión sufrida; por ello es oportuno complementar al entendimiento asumido en la citada SC 0451/2010-R, con referencia a que cuando se aduzca o se denuncie detención indebida, la acción de libertad debe ser interpuesta estando en privación o restricción de la libertad física, no luego de haber cesado: `Salvo que por las situaciones debidamente justificadas y la particularidad del caso, durante la privación de libertad no le fue posible interponer la acción de libertad, sino inmediatamente después de haber cesado la misma, lo cual no hace desparecer el acto ilegal y amerita un pronunciamiento de fondo a objeto de establecer las responsabilidades que correspondan, sean civiles, penales, u otras, dependiendo de la gravedad y del sujeto pasivo o causante de la lesión de derechos´”.
2075/2013 de 18 de noviembre, entre otras. Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. En ese marco, corresponde la aplicación de la SCP 2491/2012, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, establece: …de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos. En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”.
En el caso en análisis, el accionante a través de su representante sin mandato, alega la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes a la defensa, a la igualdad, al acceso a una justicia pronta y oportuna, vinculado a la libertad; toda vez que, el 6 de diciembre de 2021, se llevó a cabo la audiencia de apelación de medida cautelar; empero, transcurrido seis días desde esa audiencia, la misma no fue devuelta al Juzgado de origen o en su caso al juzgado de turno que se encontraba a cargo del proceso por la vacación judicial, generándose dilación indebida por parte de la Sala Penal Tercera. Al respecto, el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, precisó que la autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del referido derecho; por lo que demorar la consideración de una solicitud de cesación a la detención preventiva o bien la apelación a una medida cautelar de detención preventiva, significa lesionar el derecho al debido proceso y libertad del privado de libertad. Dentro ese parámetro, incluso cuando una apelación fue resuelta y exista demora en la devolución de antecedentes al Juez a quo, se lesiona los citados derechos, pues como se tiene descrito en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, si bien no existe un plazo para la devolución de antecedentes al juez o tribunal de origen, las actuaciones de la autoridad jurisdiccional deben estar enmarcados al principio de celeridad; por ello, la devolución del legajo de la apelación, donde se encuentre el acta de audiencia y resolución correspondiente, deberá ser efectuada en el plazo máximo de veinticuatro horas. Consecuentemente, tomando en cuenta lo referido por el accionante a través de su representante sin mandato, lo desarrollado en la audiencia virtual de la acción de libertad, el informe de la autoridad demandada y los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que dentro del proceso penal seguido contra el accionante, por la presunta comisión del delito de violación de infante niña, niño o adolescente, se llevó a cabo audiencia de consideración de la apelación de medida cautelar el 6 de diciembre de 2021. En dicha actuación procesal, el Vocal ahora demandado emitió el Auto de Vista 514/2021 y luego conforme señala el informe de Carol Ivonne Vega Colque, Secretaria de la Sala Penal Tercera a cargo de la referida autoridad jurisdiccional, el legajo de apelación fue devuelto el 15 de diciembre del mismo año, ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia La Mujer Tercera que por el turno de vacaciones judiciales ejerce suplencia legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero EPI-Sur; también consta la nota de remisión de ese legajo (Conclusión II.1 y 2). Por su parte el demandado señaló que emitió el Auto de Vista 514/2021 y que su cumplimiento se hallaba a cargo del personal de apoyo jurisdiccional de la Sala, además indicó que tenía una elevada carga laboral y que no tuvo oportunidad de corregir falencias. Al respecto, la SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, reiteró el razonamiento respecto al rol del Juez, señalando que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción no debe dejar en desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; por ende, en el presente caso se tiene que la autoridad demandada, no consideró que su obligación como autoridad jurisdiccional no solo se limita a emitir las resoluciones correspondientes, sino que también tiene el deber de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y controlar que las mismas sean cumplidas.
En ese entendido, no obstante que, el Juez no elabora las actas de audiencia, ni devuelve directamente los antecedentes, debe vigilar porque dichas actas sean elaboradas en plazos breves y así se pueda devolver los antecedentes en el plazo de veinticuatro horas; no obstante, en el presente caso, es evidente que desde el 7 de diciembre de 2021, hasta la remisión del legajo de apelación que fue realizada el 15 del mes y año indicados, transcurrió un tiempo considerable sin que los antecedentes de la apelación resuelta por el Vocal demandado, hayan sido devueltas al Juez a quo, lo que se constituye en un acto dilatorio que no se halla justificado por la recarga procesal del juzgado; más aún cuando la demora fue de siete días, plazo no razonable; por lo que dicha dilación lesionó el principio de celeridad y libertad del accionante; correspondiendo, en consecuencia conceder la tutela solicitada bajo la modalidad innovativa, conforme se tiene glosado en el Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Consecuentemente, la Juez de garantías al haber denegado la tutela solicitada, no obró correctamente.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 58/2021 de 15 de diciembre, cursante de fs. 25 a 27, pronunciada por la Juez Penal de Sustancias Controladas Liquidadora y de Sentencia Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, sobre la base de los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Exhortar a la autoridad judicial demandada, a realizar el seguimiento y control respectivo de las labores y tareas asignadas al personal de apoyo judicial del despacho a su cargo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´.Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”.
2 El FJ III.5, refiere que: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto
identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
3 El FJ III.2, refiere que: “…el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido”.
FJ III.3 señala: “…a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado”
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0453_2023-S1.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): b2f46cdd7522fa498970f049dd654cbc681ed30bbce37a11807e9a88125fcc62
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