Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 5 de junio de 2023
Concede la tutela
El accionante denunció la lesión de sus derechos a la vida, a la libertad, a la petición, al debido proceso, al acceso a la justicia, a la presunción de inocencia, a la igualdad de las partes dentro de un proceso y a ser oído por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, debido a que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación, interpuso Recurso de apelación incidental contra la Resolución 232/2021, que dispuso la detención preventiva del imputado por el lapso de tres meses en el Centro Penitenciario de Patacamaya de La Paz; sin embargo, transcurrieron más de cinco meses sin que hasta la fecha se hubiera remitido el legajo de apelación ante la Sala Penal de turno, ocasionando que no pueda ser resuelta su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 377/2021 de 22 de noviembre, cursante de fs. 26 a 27, emitida por el Juez de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los términos expuestos por el Juez de garantías, sin responsabilidad para la autoridad judicial y funcionaria de apoyo demandados, por ser excusable, debido a las circunstancias particulares que se suscitaron respecto al régimen de suplencias legales que se suscitaron en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del departamento de La Paz, exhortándoles que en casos futuros con situaciones similares, actúen conforme a la norma adjetiva penal y a la jurisprudencia constitucional; recomendación que también debe ser de conocimiento del Juez y Secretaria que en un principio asumieron la suplencia legal del Juzgado de referencia y que conocieron el recurso de apelación reclamado por el accionante.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0449/2023-S4 Sucre, 5 de junio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 45549-2022-92-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 377/2021 de 22 de noviembre, cursante de fs. 26 a 27, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Armin Paredes Quispe contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez; y, Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero y Quinta del departamento de La Paz, ambos en suplencia legal de su similar Tercero.
Por memorial presentado el 22 de noviembre de 2021, cursante de fs. 1; y, 13 a 14, el accionante manifestó lo siguiente:
Se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario de Patacamaya de La Paz, por la presunta comisión del delito de violación en grado de complicidad, por determinación de la Resolución 232/2021 de 14 de mayo, emitida por el Juez de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del departamento de La Paz. Refirió que, en aplicación del art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), interpuso Recurso de apelación, contra la Resolución antes mencionada; sin embargo, transcurrieron cinco meses, sin que la apelación incidental sea resuelta. El 7 de octubre de 2021, el imputado presentó memorial solicitando audiencia de cesación a la detención preventiva, habiéndose fijado fecha para el 27 del mismo mes y año; empero, esta audiencia fue suspendida debido a que la apelación incidental formulada anteriormente contra la Resolución de medidas cautelares, no había sido resuelta; razón por la que, se dispuso la remisión inmediata de la apelación. A la fecha, transcurrieron más de quince días, sin que se resuelva la citada apelación, debido a que la misma aún no fue remitida a la Sala Penal de turno, habiendo informado la Secretaria Abogada ahora codemandada, que recién remitiría la apelación el viernes o lunes, ocasionando en consecuencia mora judicial en su contra.
El accionante denunció la lesión de sus derechos a la vida, a la libertad, a la petición, al debido proceso, al acceso a la justicia, a la presunción de inocencia, a la igualdad de las partes dentro de un proceso y a ser oído por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, citando al efecto, los arts. 15.I, 22, 23.I, 24, y 115.I y II, 116.I, 119.I y 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se señale audiencia de apelación incidental.
Celebrada la audiencia virtual el 23 de noviembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 24 a 25, presente el solicitante de tutela acompañado de su abogado; y, ausentes la autoridad judicial y la servidora pública ahora demandados, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro del memorial de la presente acción tutelar.
Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 23 de noviembre de 2021, cursante a fs. 23, refirió lo siguiente: a) El 14 de mayo de igual año, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares contra el ahora accionante, existiendo un recurso de apelación que no hubiera sido remitió por la anterior Secretaria en suplencia legal; b) Se tiene conocimiento que hasta la fecha no se hizo presente la parte apelante para el armado del legajo; sin embargo, por informes del abogado del imputado, se tiene que se hubiesen sacado las fotocopias correspondientes, habiéndose entregado a la Secretaria Abogada ahora codemandada, para que proceda a la legalización, sorteo y remisión de la apelación a la Sala Penal de turno; c) El 22 de noviembre de 2021, se le informó que la funcionaria prenombrada, no habría remitido desde el 5 del mismo mes y año, hasta la fecha el legajo de apelación, incumpliendo de esa forma lo ordenado por su autoridad; y, d) “ Con respecto al legajo se emitió el día de hoy a horas 08:48 a.m., y el secretario ahora SUPLENCIA LEGAL se encargó de la remisisión con ayuda del personal de apoyo jurisdiccional” (sic). Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz, hoy codemandada, presentó informe escrito el 23 de noviembre de 2021, cursante a fs. 20, señalando que: 1) Su persona no vulneró derecho o garantía constitucional alguna del ahora solicitante de tutela; 2) Se evidencia que existiría una apelación que fue interpuesta el 14 de mayo de igual año, la cual no fue de su conocimiento, ya que no es titular del Juzgado Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del referido departamento, del cual ejerció la suplencia legal recién desde el 28 de julio de 2021, debiendo aclararse que la parte apelante no se apersonó al Juzgado para coordinar las copias para el armado del legajo, habiendo proporcionado las copias recién el 19 de noviembre del mismo año; es decir después de cinco meses; y, 3) Sin embargo, ese mismo día fue notificada con un memorándum, que dispuso la cesación de la suplencia legal de dicho Juzgado; razón por la que, ya no pudo remitir el recurso de apelación, debido a que ya no contaba con acceso al sistema, al haber cesado sus funciones como suplente legal.
El Juez de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 377/2021 de 22 de noviembre, cursante de fs. 26 a 27, concedió la tutela impetrada, a través de la acción de libertad de pronto despacho; toda vez que, si bien ya remitió el legajo de apelación, el retraso fue evidente; Resolución emitida con base en los siguientes fundamentos: i) Se evidencia que el 14 de mayo de 2021, se emitió la Resolución 232/2021, por la que el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz, dispuso la detención preventiva del hoy accionante, por el lapso de tres meses, determinación que fue objeto de apelación en la misma audiencia, y que fue concedida por el Juez antes señalado, que ordenó su remisión por Secretaria ante el Juez superior, en el plazo de veinticuatro horas; y, ii) Del informe emitido por la ahora codemandada Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del prenombrado departamento, en suplencia legal de su similar Tercero, se tiene que a la fecha transcurrieron más de cinco meses sin que la apelación incidental se hubiera remitido a la Sala Penal correspondiente para su resolución, existiendo en consecuencia una dilación indebida en la remisión del trámite de la apelación incidental contra la determinación que dispuso la detención preventiva del solicitante de tutela.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Armin Paredes Quispe, por la presunta comisión del delito de violación, se llevó a cabo audiencia de medidas cautelares, a cargo de William Presvítero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto en suplencia legal de su similar Tercero ambos del departamento de La Paz, autoridad que emitió la Resolución 232/2021 de 14 de mayo; por la cual, dispuso la detención preventiva del imputado por el lapso de tres meses en el Centro Penitenciario de Patacamaya de La Paz; esta Resolución fue objeto de apelación incidental, en la misma audiencia, siendo concedida por el Juez señalado, que ordenó se proceda a su remisión mediante secretaría (fs. 9 a 11). II.2. Cursa el Memorandum N° 950/2021/P.- TDJ de 28 de julio de 2021; por el que, el Decano en ejercicio de la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dispuso que Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto asuma la suplencia legal de su similar Tercero del referido departamento, a partir de la fecha señalada y hasta nueva orden (fs. 21).
El accionante denunció la lesión de sus derechos a la vida, a la libertad, a la petición, al debido proceso, al acceso a la justicia, a la presunción de inocencia, a la igualdad de las partes dentro de un proceso y a ser oído por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, debido a que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación, interpuso Recurso de apelación incidental contra la Resolución 232/2021, que dispuso la detención preventiva del imputado por el lapso de tres meses en el Centro Penitenciario de Patacamaya de La Paz; sin embargo, transcurrieron más de cinco meses sin que hasta la fecha se hubiera remitido el legajo de apelación ante la Sala Penal de turno, ocasionando que no pueda ser resuelta su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, señaló, refiriéndose a la acción de libertad innovativa, señaló lo siguiente: “La doctrina constitucional ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad, así, entre ellos se tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido. En ese contexto argumentativo, la acción de libertad innovativa permite al agraviado o víctima de la vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, ‘la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada‛. Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional” (las negrillas nos corresponden).
Al respecto la SCP 0425/2018-S4 de 15 de agosto, que reiterando los entendimientos desarrollados refirió que: “La SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, concluyó que: ‘La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: «La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…» (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas’. Al respecto del plazo en el cual tiene que ser remitido el recurso de apelación planteado contra una resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, así como en relación al trámite que debe imprimir el Tribunal superior en dichos recursos la SCP 1866/2012 de 12 de octubre, señala: ‘En específico y en relación a la remisión al Tribunal de alzada de la apelación incidental interpuesta contra una Resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, la SC 0076/2010-R de 3 de mayo, refirió que: «…el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, que se muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el art. 251 del CPP, una vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior del Distrito en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de apelación resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones». A su vez en la SC 0387/2010-R de 22 de junio y ratificado por la SC 1181/2011-R de 6 de septiembre, se expresó: «…que a toda solicitud relativa o vinculada a la libertad de las personas, debe imprimírsele celeridad en su resolución sea positiva o negativamente para quien la pide, este mismo entendimiento es aplicable para los recursos de apelación sobre medidas cautelares, así como también para las de cesación de detención preventiva, las que pueden traducirse en la remisión de los antecedentes ante el superior en grado, para su resolución, más aún si existe un procedimiento establecido para ello en el que se fijan plazos para la emisión de la resolución correspondiente, como se estableció en la SC 0160/2005 de 23 de febrero»’.
La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, ha establecido que: ‘Sin embargo, la jurisprudencia constitucional contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entendió que, excepcionalmente es posible prolongar el plazo de remisión del recurso de apelación y sus antecedentes hasta un plazo adicional de tres días, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados. Así, la SCP 1907/2012, señaló:
«Sintetizando, el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado».
Consecuentemente, conforme a la jurisprudencia glosada, la regla es que la remisión del recurso de apelación y de los antecedentes sea efectuada en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP y sólo excepcionalmente y en situaciones debidamente acreditadas por el juzgador, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
(…) Por otra parte, con relación al plazo previsto en el art. 251 del CPP, en los supuestos de impugnación oral, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, entendió que ʽCuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas y el tribunal de apelación resolver en el término de setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectúe el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación’” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0425/2018-S4 de 15 de agosto, señaló: “En aplicación del art. 7 de la Ley de Transición del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional –Ley 212 de 23 de diciembre de 2011–, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, determinó que: ‘(…) al constituirse el principio de gratuidad en uno de los pilares del sistema de administración de justicia, no puede, la autoridad jurisdiccional, a título de la falta de provisión de recaudos, paralizar la tramitación de una causa o de un recurso dentro de la misma, toda vez que dicha actuación incidiría directamente en su tramitación, ocasionando una dilación indebida y consecuentemente posibles vulneraciones a derechos y garantías de los particulares’. En particular, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, en aplicación del entendimiento de la SCP 1907/2012 de 12 de octubre, sostuvo que: ‘…la falta de provisión de los recaudos de ley, no constituye en razón suficiente para posponer o dilatar la remisión de obrados ante el superior en grado, de manera que, un entendimiento contrario implicaría que la tramitación del proceso esté condicionado a aspectos de índole meramente pecuniario en franca transgresión de las normas establecidas a tal efecto, lo cual implica vulneración de los principios de celeridad, gratuidad, oportunidad, entre otros; y, a partir de ello, la vulneración del art. 115 de la CPE, que demanda una justicia «…plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones´; más aún si se considera que de acuerdo al art. 7 de la Ley 212, desde el 3 de enero de 2012, se suprimieron todos los timbres judiciales y se eliminó todo pago por concepto de formularios de notificación y papeletas de apelación, en todo tipo y clase de procesos…».
Lo anteriormente anotado, establece que la falta de provisión de recaudos por parte del imputado, no exime al juzgador de la responsabilidad de darle celeridad al trámite de remisión del cuaderno procesal al Tribunal de jerárquico para la revisión del fallo, dentro el plazo de veinticuatro horas conforme determina taxativamente el art. 251 del CPP, siendo ésta una obligación ineludible de parte del Juez contralor de garantías; además de ello, la jurisprudencia que antecede y el art. 7 de la Ley de Transición para El Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional, –Ley 212 de 23 de diciembre de 2011–; que se encuentra en consonancia con el 178.I y 180.I de la CPE, pues la potestad de impartir justicia se sustenta –entre otro– en el principio de gratuidad; en el mismo marco, la jurisdicción ordinaria se fundamenta también en el referido principio, y el hecho de pedir recaudos de Ley sin duda quebranta –además– el principio de informalismo y por ende el acceso efectivo a la justicia; por lo que, en el Estado Constitucional de Derecho en el que nos encontramos, los principios referidos, impregnan el ordenamiento jurídico y por tanto, el razonamiento de los jueces debe partir de la Constitución” (las negrillas nos pertenecen).
Tomando en cuenta lo establecido por el art. 125 de la CPE, en la acción de libertad rige el principio del informalismo; por lo que, no requiere de formalidades procesales como en otros tipos de acciones constitucionales solemnes.
El art. 196.II de la misma Norma Suprema, refiere que el Tribunal Constitucional Plurinacional, en su función interpretativa, aplicará como criterio, entre otros, la literal del texto; en concordancia con el ya referido art. 125 de la Ley Fundamental, así también lo estableció la SCP 0066/2012 de 12 de abril, sostuvo que: “…la acción de libertad se caracteriza entre otras cosas, en el informalismo, así establece dicha norma al señalar que cualquier persona podrá plantear la acción de libertad 'sin ninguna formalidad procesal’ e incluso de forma oral; aspecto que se encuentra acorde a su naturaleza jurídica de la presente acción constitucional en función a los derechos primarios que alcanza su ámbito de protección; de esta forma debe existir una flexibilización en la acción de libertad en el marco del principio de informalismo, así garantizando un amplio abanico de protección eficaz al derecho de libertad, misma que adquiere amplia relevancia constitucional a la luz de la Constitución Política del Estado. Bajo la característica del informalismo de la acción de libertad mencionada y remitiéndonos a la jurisprudencia constitucional, se ha establecido que, cuando la acción referida se dirige, por error, contra una autoridad diferente a la que causó la lesión, pero de la misma institución, rango o jerarquía e idénticas atribuciones, es posible conceder la tutela, si se verificase lesión al derecho a la libertad personal. La aplicación del referido razonamiento, no es viable cuando la presunta lesión de restricción de libertad o su amenaza, hubiese sido dispuesta u ordenada, por una autoridad distinta a la demandada y que además no pertenezca a la misma institución o fuera de rango, jerarquía o atribuciones distintas que el demandado (Razonamiento asumido por las SSCC 0790/2010-R y 1094/2010-R)” (las negrillas nos corresponden).
Respecto a la legitimación pasiva de los funcionarios subalternos del Órgano Judicial la SCP 0593/2018-S4 de 2 de octubre, reitera el entendimiento desarrollado en la SCP 1110/2017-S2 de 23 de octubre, que citando la SCP 0427/2015 de 29 de abril, estableció que: “‘(…) es posible afirmar que, las vulneraciones y las amenazas de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción, no necesariamente deben ser originadas como consecuencia del ejercicio de actos puramente jurisdiccionales, sino que, las acciones y omisiones de carácter administrativo, también tienen o pueden tener la misma cualidad para lesionar tales derechos. En este sentido, de acuerdo a la Ley del Órgano Judicial, los servidores de apoyo judicial son: la conciliadora o el conciliador, la secretaria o el secretario, la o el auxiliar, y, la o el oficial de diligencias, cuyas funciones y, particularmente sus obligaciones se encuentran disciplinadas en los arts. 83 al 106 de la LOJ. Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional. Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: «Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial». Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: «El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno»; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional. En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa’” (las negrillas y subrayado nos nuestros).
El accionante denunció la lesión de sus derechos a la vida, a la libertad, a la petición, al debido proceso, al acceso a la justicia, a la presunción de inocencia, a la igualdad de las partes dentro de un proceso y a ser oído por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, debido a que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación, interpuso recurso de apelación incidental contra la Resolución 232/2021 de 14 de mayo de 2021, que dispuso la detención preventiva del imputado por el lapso de tres meses en el recinto penitenciario de Patacamaya del departamento de La Paz; sin embargo, transcurrieron más de cinco meses sin que hasta la fecha se hubiera remitido el legajo de apelación ante la Sala Penal de turno, ocasionando que no pueda ser resuelta su situación jurídica. De los antecedentes que cursan en el expediente y de lo referido en los informes presentados por la parte demandada, se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Armin Paredes Quispe –ahora solicitante de tutela– por la presunta comisión del delito de violación, William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero, en suplencia legal de su similar Tercero, llevó a cabo audiencia de medidas cautelares el 14 de mayo de 2021, en cuyo desarrollo por Auto Interlocutorio 232/2021 de igual fecha, dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela, fallo contra el cual la defensa del accionante interpuso apelación incidental, la cual fue concedida por el Juez señalado, quien ordenó su remisión por Secretaria, según consta en la Conclusión II.1 de este fallo constitucional. De acuerdo a lo denunciado por el solicitante de tutela, desde esa fecha transcurrieron cinco meses sin que se hubiera cumplido con la remisión del legajo de apelación a la Sala Penal correspondiente; acto lesivo por el que interpuso la presente acción de defensa contra el Juez de Instrucción Anticorrupción Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del departamento de La Paz, y también contra la ahora codemandada Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del referido departamento; empero, es necesario aclarar que de la revisión de los antecedentes y específicamente de la Resolución de medidas cautelares antes señalada, se evidencia que la autoridad jurisdiccional que en primera instancia conoció y resolvió la audiencia de medidas cautelares fue el Juez de Instrucción Anticorrupción Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del prenombrado departamento, William Presvitero Rodríguez Álvarez, que actuó en suplencia legal de su similar Tercero de La Paz; quien ante la interposición del recurso de apelación ordenó que por Secretaria se procediera a su remisión, evidenciándose que en dicha audiencia, Jhamila Yara Zotes Lara, era la Secretaria abogada, funcionaria que tenía la obligación de cumplir con la remisión del legajo de apelación; en tal sentido, era esta autoridad judicial y la funcionaria prenombrada sobre quienes en principio les recaía la legitimación pasiva, y contra los cuales el impetrante de tutela también debió interponer la presente acción tutelar, omisión que si bien demuestra un descuido por parte de la defensa, al haber dejado transcurrir más de cinco meses sin denunciar el incumplimiento en la remisión de antecedentes por parte de los prenombrados; sin embargo, en aplicación del Fundamento Jurídico III.2 se ha establecido que bajo la característica del informalismo de la acción de libertad, cuando la acción referida se dirige, por error, contra una autoridad diferente a la que causó la lesión, pero de la misma institución, rango o jerarquía e idénticas atribuciones, es posible conceder la tutela solicitada, si se verificase lesión al derecho a la libertad personal. En tal sentido, como se señaló supra, la accionante no identificó y denunció al Juez y Secretaria antes manifestada; empero, en función a los actos lesivos denunciados, se advierte que de principio estos tuvieron origen en la actuación y omisión de los servidores públicos prenombrados que en la fecha de la realización de la audiencia de medidas cautelares asumieron la suplencia legal del Juzgado de referencia, actos dilatorios que lastimosamente con el transcurso del tiempo no fueron corregidos por estos servidores públicos, debido a la designación de un nuevo Juez y Secretaria en suplencia legal del Juzgado en el que encuentra radicado el proceso instaurado contra el impetrante de tutela, que de acuerdo a los antecedentes del caso, fue realizado el 28 de julio de 2021, según el Memorándum N° 950/2021/P.-TDJ de 28 de julio de 2021; por el cual, el Decano en ejercicio de la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dispuso que Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del referido departamento asuma la suplencia legal de su similar Tercero, a partir de la fecha señalada y hasta nueva orden según consta en la Conclusión II.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, presumiéndose que también Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del prenombrado departamento, fue designado en la suplencia legal desde esa fecha, al no figurar algún elemento o memorándum que demuestre que asumió en una fecha anterior. Expuesta la presente aclaración, que resulta necesaria para establecer los grados de responsabilidad, se procederá a realizar el análisis del problema de fondo denunciado. Respecto a la actuación de Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz
Dicha autoridad refirió en su informe, que tuvo conocimiento que hasta la fecha no se hizo presente la parte apelante para el armado del legajo; sin embargo, por informes del abogado del imputado, se tiene que se hubiesen sacado las fotocopias correspondientes, habiéndose entregado a la Secretaria Abogada ahora codemandada, para que proceda a la legalización, sorteo y remisión de la apelación a la Sala Penal de turno; asimismo, señaló que el 22 de noviembre de 2021, se le informó que la funcionaria prenombrada, no habría remitido desde el 5 de noviembre de 2021, hasta la fecha el legajo de apelación, incumpliendo de esa forma lo ordenado por su autoridad; por lo que, ante dicho incumplimiento se procedió a la remisión de la apelación el 23 de noviembre de 2021 a horas 08:48. En función al informe expuesto por dicha autoridad, se evidencia que no dio cumplimiento al plazo establecido por el art. 251 CPP, incurriendo en una demora procesal indebida, que deriva en afectación del derecho al principio de celeridad en relación a la libertad que debe regir la tramitación de actuaciones cuando se trate de personas privadas de libertad; en tal razón la autoridad demandada, no tomó en cuenta lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; puesto que, si bien al conocer la existencia del recurso apelación, dispuso la remisión de los actuados en alzada, no realizó el seguimiento y control necesarios para que su determinación sea cumplida por el personal de apoyo, dejando transcurrir abundantemente el plazo establecido por Ley, aun conociendo su deber de dar cumplimiento a las funciones que establece para su persona la Ley del Órgano Judicial, cuyo art. 94.I.12 determina que es su obligación el “Supervisar y controlar las labores de las y los servidores de apoyo judicial”. Si bien aunque de manera tardía según informó, se produjo la remisión de la apelación al superior en grado, el 23 de noviembre de 2021, minutos antes de realizarse la audiencia de acción de defensa, lo cual implicaría la desaparición del objeto de la presente acción de libertad; empero, no imposibilita que se puedan analizar los actos que fueron denunciados por el impetrante de tutela y que son conducentes a la viabilidad de la activación de la acción de libertad innovativa y que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional se constituye en el mecanismo idóneo para la reclamación de derechos fundamentales, aun cuando éstos hubieren cesado, esto con el fin evitar lesiones sucesivas causadas por acciones u omisiones similares, ya sea de parte de agentes públicos como de personas particulares; lo que conlleva a que se deba conceder la presente acción de libertad en su modalidades de pronto despacho por el incumpliendo del plazo en la remisión del recurso de apelación e innovativa, en el entendido de que aunque a pesar de haberse cumplido de manera tardía con la remisión del recurso de apelación, dicha circunstancia no puede ser reiterada en situaciones similares. En cuanto a la Secretaria abogada Liz Alexandra Zonco Lobo Secretaria Abogada del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz De acuerdo al informe de descargo evacuado por la ahora codemandada, refirió de manera general, que su persona no conoció sobre el Recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 232/2021 de 14 de mayo de 2021, ya que recién fue designada en suplencia legal del Juzgado donde radica el proceso a partir del 28 de julio del mismo año, y que además la parte apelante no se apersonó al Juzgado para coordinar las copias para el armado del legajo, habiéndolas proporcionado recién el 19 de noviembre de ese año; por lo que, su persona no hubiera incurrido el vulneración a los derechos fundamentales y garantías constitucionales del impetrante de tutela. Al respecto se debe señalar, que si bien la funcionaria codemandada, no contaba con la legitimación pasiva hasta la fecha en que fue designada en suplencia legal; sin embargo, a partir del 28 de julio de 2021, su persona al haber asumido, la suplencia legal del Juzgado, lo hizo con todas las responsabilidades inherentes a sus funciones como Secretaria abogada; es decir, que también asumió las posibles cargas y actos que se encontraban pendientes de ejecución, entre los que se encontraba la Remisión del recurso de apelación y si bien justifica su incumplimiento al hecho de que la parte apelante recién se apersonó solicitando la remisión después de cinco meses, se tiene que esa solicitud según informe del Juez ahora demandado fue concedida el 5 de noviembre de igual año, ordenando a la Secretaria su remisión inmediata al Tribunal de apelación correspondiente, orden que de acuerdo a los antecedentes del caso no fue cumplida por la Secretaria abogada, quien confirmó dicha omisión señalando que el accionante recién proporcionó los recaudos para el armado del legajo de apelación el 19 de ese mismo mes y año, misma fecha en la que fue notificada con un memorándum, que dispuso la cesación de la suplencia legal de dicho Juzgado; razón por la que, ya no pudo remitir el recurso de apelación, debido a que ya no contaba con acceso al sistema, al haber cesado sus funciones como suplente legal. Por lo expuesto, si bien es evidente que la funcionaria prenombrada por instrucciones superiores dejó de asumir la suplencia legal del Juzgado; empero, dicha circunstancia no la exime de la omisión y dilación indebida en la que incurrió; toda vez que, conocía la determinación de la autoridad judicial de remitir de forma inmediata los antecedentes a la Sala correspondiente desde el 5 de noviembre de 2021, acto lesivo que implica en este caso el incumplimiento de lo establecido en el fundamento Jurídico III.2 de este fallo Constitucional que prevé que la apelación incidental contra las resoluciones que impongan, modifiquen o rechacen medidas cautelares, se tramitaran como un recurso sumario, pronto y efectivo conforme a lo establecido en el art. 251 del CPP; por lo que, una vez interpuesto el recurso, éste debe ser remitido ante el Tribunal de alzada en el término de veinticuatro horas y solo excepcionalmente es posible prolongar el plazo de remisión de la impugnación y sus antecedentes hasta un plazo adicional de tres días, siempre y cuando exista una justificación razonable y fundada;
procedimiento que en el caso presente no fue cumplido por la funcionaria señalada, quien además alegó su incumplimiento a la falta provisión de recaudos por parte del apelante, argumento no valido; puesto que, conforme se señaló en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, aspectos formales como la provisión de recaudos no pueden sobreponerse al principio de celeridad que debe regir tratándose de impugnaciones relacionadas con la libertad del recurrente, al no ser la provisión de recaudos un fin en sí mismo, no pudiendo constituirse en óbice para dilatar el tratamiento de la impugnación. En ese entendido, conforme al Fundamento Jurídico III.5 del presente fallo constitucional, dicha funcionaria judicial tiene legitimación pasiva para ser responsabilizada por su actuación dilatoria en la presente acción de defensa; toda vez que, la orden de la autoridad judicial de remitir la alzada fue realizada el 5 de noviembre; y no obstante, alegando que los recaudos hubieran sido provistos recién el 19 del mismo mes y año, incumplió las funciones y obligaciones establecidas por la precitada norma, lesionando el principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad del accionante; razón por la que corresponde también conceder la tutela solicitada, respecto a la Servidora Pública de apoyo jurisdiccional prenombrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró correctamente.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 377/2021 de 22 de noviembre, cursante de fs. 26 a 27, emitida por el Juez de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los términos expuestos por el Juez de garantías, sin responsabilidad para la autoridad judicial y funcionaria de apoyo demandados, por ser excusable, debido a las circunstancias particulares que se suscitaron respecto al régimen de suplencias legales que se suscitaron en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero del departamento de La Paz, exhortándoles que en casos futuros con situaciones similares, actúen conforme a la norma adjetiva penal y a la jurisprudencia constitucional; recomendación que también debe ser de conocimiento del Juez y Secretaria que en un principio asumieron la suplencia legal del Juzgado de referencia y que conocieron el recurso de apelación reclamado por el accionante. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0449_2023-S4.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0e501d8a2015e2a38cb735b6a7ed1f3247fa9c4ed4a606e577f8b164fa79f46f
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