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SCP 0449/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 2 de junio de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
2 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
45657-2022-92-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de sus representantes, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y del principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; realizada la audiencia de aplicación de medidas cautelares el 30 de enero de 2022, el Juez demandado por medio del Auto Interlocutorio 03-22 dispuso su detención preventiva; situación por la que, de manera oral interpuso apelación incidental contra esa determinación; empero, transcurridas más de veinticuatro horas, dicha autoridad no remitió obrados al Tribunal de alzada a efectos de que se resuelva la impugnación planteada, provocando de esa forma una dilación indebida. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 01 de 1 de febrero de 2022, cursante de fs. 47 vta. a 48 vta., pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo la inmediata remisión de los antecedentes de la apelación planteada al Tribunal de alzada; salvo que por el transcurso del tiempo la misma ya hubiera sido efectuada; y, 2° DENEGAR la tutela con relación a la remisión de actuados al Ministerio Público.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0449/2023-S2 Sucre, 2 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 45657-2022-92-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 01 de 1 de febrero de 2022, cursante de fs. 47 vta. a 48 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carlos Justiniano Mariaca Riveros y Carol Daniela Álvarez Mojica en representación sin mandato de Douglas Geovanni Gómez Flores contra Luis Esteban Loza Quaglini, Juez de Instrucción Penal Decimoprimero -en suplencia legal de su similar Décimo- de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 1 de febrero de 2022, cursante de fs. 2 a 3 vta., el accionante a través de sus representantes, señaló que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; el 30 de enero de 2022, realizada la audiencia de aplicación de medidas cautelares, el Juez demandado por Auto Interlocutorio 03-22 dispuso su detención preventiva; por ello, conforme prevé el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en el citado verificativo de forma oral interpuso apelación incidental a esa decisión; empero, transcurridas más de veinticuatro horas, dicha autoridad no remitió obrados del recurso al Tribunal de alzada a efectos de que se resuelva el mismo, provocando una dilación indebida; circunstancia lesiva al principio de celeridad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad y del principio de celeridad, sin citar precepto constitucional alguno.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) La inmediata expedición de los antecedentes de la apelación planteada al Tribunal de alzada; y, b) La Remisión de actuados al Ministerio Público en caso de incumplimiento.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública de 1 de febrero de 2022, según consta en acta cursante de fs. 46 a 47 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su representante, señaló que, habiéndose informado que los actuados procesales de la apelación incidental interpuesta ya fueron remitidos a la Sala Penal correspondiente, a efectos de no generar un movimiento extrajudicial y en virtud al principio de lealtad procesal solicitó se dé “…por desistida la Acción presentada…” (sic).

I.2.2. Informe del demandado

Luis Esteban Loza Quaglini, Juez de Instrucción Penal Decimoprimero -en suplencia legal de su similar Décimo- de la Capital del departamento de Santa Cruz, a través de informe escrito presentado el 1 de febrero de 2022, cursante a fs. 10 y vta., manifestó que: 1) Realizada la audiencia de aplicación de medidas cautelares el 30 de enero del mismo año, a su conclusión se ordenó la remisión de obrados conforme al plazo establecido en el Código Adjetivo Penal; por lo que, dicha actividad debe ser cumplida por el Secretario del despacho judicial; 2) El sorteo de causas no es una atribución específica de su autoridad; asimismo, debe tomarse en cuenta que en el presente caso se actuó en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Décimo de la Capital del aludido departamento; por ello, no podría realizarse aquella actividad; ya que, el expediente se encuentra en custodia del Secretario del prenombrado juzgado; y, 3) Al no existir un peligro para la vida del accionante, persecución ilegal, indebido procesamiento o privación de libertad, no se evidenció la existencia de vulneración de derechos; motivo por el cual, corresponde se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 01 de 1 de febrero de 2022, cursante de fs. 47 vta. a 48 vta., denegó la tutela solicitada, con base en el siguiente fundamento: habiendo sido remitido el expediente respectivo de la apelación incidental planteada por el impetrante de tutela dentro del término establecido por el Código de Procedimiento Penal, y siendo que, desde la citada fecha el mismo se encuentra radicado en esa Sala, no existió lesión alguna a los derechos del prenombrado.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio 03-22 de 30 de enero de 2022, el Juez de Instrucción Penal Decimoprimero -en suplencia legal de su similar Décimo- de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandado-, dispuso la detención preventiva del peticionante de tutela por el lapso de treinta días, a ser cumplida en el Centro Penitenciario Palmasola del citado departamento; determinación apelada en audiencia por el prenombrado en mérito a lo establecido por el art. 251 del CPP (fs. 40 a 44). II.2. Mediante Oficio 12/2022 de 1 de febrero, el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, procedió con la remisión del expediente original correspondiente al proceso penal instaurado por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela, “…elevado en grado de Apelación Incidental contra el Auto N° 03/2022…” (sic), el cual fue recepcionado la misma fecha por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de dicho departamento (fs. 45 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de sus representantes, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y del principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; realizada la audiencia de aplicación de medidas cautelares el 30 de enero de 2022, el Juez demandado por medio del Auto Interlocutorio 03-22 dispuso su detención preventiva; situación por la que, de manera oral interpuso apelación incidental contra esa determinación; empero, transcurridas más de veinticuatro horas, dicha autoridad no remitió obrados al Tribunal de alzada a efectos de que se resuelva la impugnación planteada, provocando de esa forma una dilación indebida. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho

Al respecto, la SC 0011/2010-R de 6 de abril, estableció que: “La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, si es que se halla en peligro a raíz de la supresión o restricción a la libertad personal, sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al Juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE”. Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho. (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Asimismo, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, sostuvo que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’. Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)”’.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante por medio de sus representantes, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y del principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; realizada la audiencia de aplicación de medidas cautelares el 30 de enero de 2022, el Juez demandado a través del Auto Interlocutorio 03-22 dispuso su detención preventiva; situación por la que, de manera oral interpuso apelación incidental contra esa decisión; empero, transcurridas más de veinticuatro horas, dicha autoridad no remitió obrados al Tribunal de alzada a efectos de que se resuelva la impugnación planteada, aspecto que provocó una dilación indebida. De la documentación que cursan en antecedentes se tiene Auto Interlocutorio 03-22, pronunciado por el Juez demandado, disponiendo la detención preventiva del peticionante de tutela por el lapso de treinta días, a ser cumplida en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; misma que fue apelada en audiencia por la defensa técnica del prenombrado (Conclusión II.1); y, Oficio 12/2022 de 1 de febrero, mediante el cual, se procedió con la remisión del expediente original en visto a la apelación incidental planteada contra el supra citado Auto Interlocutorio, recepcionado en la misma fecha por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento (Conclusión II.2). Ahora, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es necesario tener en cuenta los alcances de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la cual procede cuando existen dilaciones indebidas, mismas que afectan la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del citado valor; sobre todo, con relación al principio de celeridad, tomando en cuenta el respeto a derechos y garantías establecidas constitucionalmente. Precisada la problemática, se tiene que el 30 de enero de 2022, desarrollada la audiencia de aplicación de medidas cautelares del accionante, el Juez demandado por Auto Interlocutorio 03-22 dispuso su detención preventiva; por tal motivo, el prenombrado formuló recurso de apelación incidental de manera oral en dicho verificativo, conforme a lo establecido por el art. 251 del CPP, debiendo en este caso remitirse los actuados procesales al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas; circunstancia que no aconteció; toda vez que, aquellos fueron enviados el 1 de febrero del referido año a horas 10:00, tal como se evidencia en el cargo de recepción de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, siendo el mismo con posterioridad a la interposición de esta acción de defensa, la cual fue presentada en la misma fecha a horas 9:15. En efecto, teniendo presente los antecedentes descritos, se advierte que la autoridad demandada en esta acción de defensa, ocasionó que la situación jurídica del accionante permaneciera en un estado de incertidumbre, debido a la no remisión de manera oportuna de los actuados procesales al Tribunal de alzada; por lo que, hubo en la señalada causa penal un incumplimiento de plazos establecidos en el Código de Procedimiento Penal, situación que, fue inobservada por el Juez demandado; en el entendido de que, el trámite que se debe seguir con relación al recurso de apelación en mérito a lo dispuesto por el art. 251 del CPP, refiere que, interpuesta la misma, las actuaciones procesales pertinentes deberán ser remitidas al Tribunal de alzada en el término de veinticuatro horas; consecuentemente, ante la inexistencia de justificación razonable y fundada para la omisión de aquel envío, dicha situación resulta contraria al principio de celeridad previsto en los arts. 178 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE), generando en este caso una demora al momento de efectuar los trámites inherentes al proceso, existiendo la afectación a los derechos y garantías del solicitante de tutela; circunstancia por la cual, en virtud a los fundamentos expuestos, corresponde conceder la tutela requerida. Finalmente, por las circunstancias del caso, no se concede la tutela impetrada por el accionante respecto a la remisión de actuados al Ministerio Público; sin embargo, si el prenombrado entiende que existe dicha responsabilidad, aquel deberá acudir a la vía ordinaria correspondiente. En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 01 de 1 de febrero de 2022, cursante de fs. 47 vta. a 48 vta., pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo la inmediata remisión de los antecedentes de la apelación planteada al Tribunal de alzada; salvo que por el transcurso del tiempo la misma ya hubiera sido efectuada; y, 2° DENEGAR la tutela con relación a la remisión de actuados al Ministerio Público. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0449_2023-S2.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): a74c54cf19cddbcd86e689f7b9757fa5e3f2365a79dd1af82c392305f2457cb0

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