Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 5 de junio de 2023
Deniega la tutela
El impetrante de tutela denuncio como vulnerado su derecho a la libertad, por cuanto los funcionarios de la Dirección Nacional de Migración hoy demandados, le impidieron recoger la certificación emitida dentro del trámite de arraigo realizado en esa instancia, el cual utilizaría para recuperar su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 343/2021 de 29 de octubre, cursante a fs. 16 y vta., pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, sin ninguna responsabilidad a los funcionarios demandados, manteniendo los efectos dictados, dado el tiempo transcurrido y en mérito a que solo se ordenó el cumplimiento inmediato del trámite correspondiente.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0448/2023-S4 Sucre, 5 de junio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 45537-2022-92-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 343/2021 de 29 de octubre, cursante a fs. 16 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marco García Borda en representación sin mandato de Juan Bautista Condo contra Katherine Calderón Valle, Directora General; y, Sergio Echevarría Polo, Encargado Nacional de Arraigo ambos de Migración.
Por memorial presentado el 28 de octubre de 2021, cursante a fs. 7 y vta., el accionante manifestó lo siguiente:
Por orden de la Jueza de Instrucción Penal Novena del departamento de La Paz, el 11 de octubre de 2021, se emitió el mandamiento de arraigo con código “15861/21”. El 28 de igual mes y año, su abogado se dirigió a realizar el trámite respectivo; sin embargo, en informaciones de Migración les refirió que no contaba con la boleta del trámite pero lo tenía en fotografía o que alguien lo lleve al referido Juzgado, porque el formulario se habría perdido. Pese a que su defensor indicó que estuviere detenido, los responsables de esa institución le dijeron que la persona que hizo el trámite ya no trabaja en ese lugar y que no se podría recogerlo. Dicha documentación es para que se cumplan las medidas que la autoridad jurisdiccional dispuso.
El representante del impetrante de tutela no señaló ningún derecho como lesionado.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se declare probada la acción de libertad para que en el día se remita el Juzgado de Instrucción Penal Noveno del departamento de La Paz, el formulario de arraigo.
Celebrada la audiencia virtual el 29 de octubre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 13 a 15, cumplidas las diligencias de notificación, presente el solicitante de tutela acompañado de su abogado defensor, ausente Katherine Calderón Valle, Directora General; y, presente Sergio Echevarría Polo, Encargado Nacional de Arraigo ambos de Migración, se produjeron los siguientes actuados:
El abogado defensor del ahora impetrante de tutela expuso que hace más de un mes su defendido fue beneficiado con la libertad; sin embargo debe cumplir los requisitos impuestos por la Jueza de Instrucción Penal Novena del departamento de La Paz, como es el mandamiento de arraigo, trámite que se inició por Marco Ortega Villanueva, quien recibió una boleta para recoger el mismo. Después de un tiempo, en persona se presentó a recoger dicho trámite indicando que no contaba con la boleta y los funcionarios intervinientes de la Dirección Nacional de Migración le negaron de manera prepotente su petición. Concluyó indicando que conforme el art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE) se encuentra por encima de cualquier formalidad.
Katherine Calderón Valle, Directora General; y, Sergio Echevarría Polo, Encargado Nacional de Arraigo ambos de Migración, señalaron que: a) La acción de libertad iniciada por el ahora accionante por los elementos y circunstancias indicados, en ningún momento llega a cubrir los derechos que defiende esta acción de defensa; b) Conforme lo manifestó, el Abogado del hoy solicitante de tutela quiso recoger un arraigo iniciado el 11 de octubre de 2021, por Marco Ortega Villanueva y como se entenderá todo registro de trámite en cualquier institución tiene que hacerse de manera personal y debidamente identificado; entonces, la persona que inició la tramitación y a quien se entregó el talón de control es quien debe recoger lo solicitado en el plazo de veinticuatro horas; y, c) No obstante, el ahora abogado defensor se apersonó el 28 de igual mes y año a recoger el trámite; por lo que, se le indicó que no podría entregársele la certificación, si no contaba con el talón o no lo consiguió del otro abogado, es un error no atribuible a la Dirección General de Migración. Las entidades públicas trabajan de manera responsable y ordenada y no se puede entregar la documental requerida a cualquier persona que no tenga intervención en el trámite. Sergio Echevarría Polo, Encargado Nacional de Arraigo de Migración, codemandado, relató lo sucedido el día del hecho, resaltando que se indicó al abogado del ahora impetrante de tutela que debía llenar un formulario de reimpresión del talón de control para poder recoger el documento sin el respaldo requerido, a lo que se negó rotundamente.
El Juez de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 343/2021 de 29 de octubre, cursante a fs. 16 y vta., concedió en parte la tutela solicitada, bajo la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, de acuerdo a los siguientes fundamentos: 1) Existe una orden de arraigo a Juan Bautista Condo, ordenada por Juez competente emitida el 13 de octubre –se entiende de 2021–, y hasta el 28 del mismo mes y año, el tramite no fue recogido, debido a que el dependiente del abogado del accionante no hizo entrega del talón de control; y en suplencia de ese documento se puede imprimir uno nuevo con los datos del abogado; 2) El extravío del talón es atribuible a la persona que ha iniciado el trámite o que no entregó aquel al abogado del solicitante de tutela; y asimismo, existe una dilación respecto al recojo del trámite en cuestión, más de diez días, hecho también atribuible a la defensa; y, 3) Conforme a los trámites administrativos, la persona interesada puede recoger el mismo, no siendo posible de acuerdo a procedimiento interno, que el trámite sea remitido a los juzgados en forma directa, sino que las partes deben gestionar el recojo y la presentación del mismo al juzgado pertinente; por lo que, corresponde conceder en parte la tutela impetrada, para que en el día, previo cumplimiento de la impresión del talón con el llenado de datos, se recoja y entregue a su abogado el arraigo del ahora accionante.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Se adjuntó memorial de 27 de octubre de 2021; por el que, Juan Bautista Condo –ahora solicitante de tutela– peticionó a la Jueza de Instrucción Penal Novena del departamento de La Paz, emitió mandamiento de detención domiciliaria en el caso seguido en su contra signado con Código Único de Denuncia (CUD) 201102012103153 (fs. 2). II.2. Consta copia de la Resolución 358/2021 de 9 de septiembre, emitido por la Jueza de Instrucción Penal Novena del departamento de La Paz, que en la parte resolutiva dispone la ampliación de la detención preventiva de Juan Bautista Condo hasta el 3 de octubre de 2021, por la presunta comisión del delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito (fs. 3 a 6).
El impetrante de tutela denuncio como vulnerado su derecho a la libertad, por cuanto los funcionarios de la Dirección Nacional de Migración hoy demandados, le impidieron recoger la certificación emitida dentro del trámite de arraigo realizado en esa instancia, el cual utilizaría para recuperar su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0796/2021-S4 de 12 de noviembre, remitiéndose a su similar, la SCP 0074/2020-S4 de 10 de julio, refirió lo siguiente: “‘Los arts. 125 a 127 de la CPE, consagran a la acción de libertad como una garantía jurisdiccional, que tiene por finalidad, dotar al ser humano de un medio de defensa breve y sumario, con el objeto de: a) Tutelar la vida de una persona; b) Evitar las persecuciones ilegales; c) Remediar los procesos indebidos; y, d) Restablecer la libertad de locomoción de quien la perdió ilegalmente, de forma inmediata y oportuna.
Sobre la naturaleza de la acción de libertad la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, señala: «(…) se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida».
En la misma línea la SCP 003/2012 de 13 de marzo, entre otras, asumió que: ‘La acción de libertad, es un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando ésta se encuentra afectada o amenazada por la restricción o supresión de la libertad‛.
De conformidad con el art 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo): «La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro». Por determinación de la SCP 0212/2012 de 24 de mayo: «Desde otra perspectiva, para la consideración y resolución de la acción de libertad, debe tenerse en cuenta que los ámbitos de protección se diferencian por el derecho que protegen: i) Derecho a la vida; ii) Derecho de locomoción, en tanto esté amenazado el derecho a la libertad personal; iii) Derecho al debido proceso, en cuanto esté restringido el derecho a la libertad personal; y, iv) Derecho a la libertad personal, por haberse privado al margen de la Norma Fundamental y la Ley»’” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, fue definida por la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, de la siguiente manera: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad.
Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’” (las negrillas y el subrayado son nuestras).
A partir de los hechos descritos en la audiencia señalada para resolver la presente causa, se entiende que, la acción de libertad interpuesta por el abogado defensor del accionante, reclama la protección constitucional del derecho a la libertad de su defendido, en mérito a que la repartición pública encargada de trámites migratorios, se negó a entregarle la certificación de arraigo que solicitaron, debido a que el trámite fue iniciado por otra persona y el requirente no contaba con la boleta de control correspondiente, aspecto que no fue subsanado en el momento. Ahora bien, es pertinente hacer notar que esta acción tutelar –anteriormente conocida como habeas corpus en nuestro ordenamiento constitucional–, en efecto protege el derecho a la libertad física de las personas, bajo diferentes configuraciones en los que puede ser vulnerado por diferentes autoridades y personas particulares; y dentro de todas las formas establecidas por la jurisprudencia, se requiere que los supuestos actos configuradores como la privación de libertad, la amenaza de ésta o la agravación de la detención, sean indebidas y se encuentren directamente vinculadas con los hechos del caso (Fundamento Jurídico III.1). Por otro lado, si bien una de las modalidades en que la acción de libertad puede ser activada, de acuerdo con los razonamientos jurisprudenciales emitidos en razón de los múltiples casos atendidos por la justicia constitucional de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, es la modalidad traslativa o de pronto despacho a través de la cual se propone acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas que incidan en la situación jurídica de restricción al derecho a la libertad; y como una extensión específica de esta acción tutelar, obviamente reitera el requisito esencial de que concurra una actuación contraria al marco jurídico que rige el acto; en otras palabras, indebida. En la cuestión concreta que se reclama, se ha podido verificar que la privación de libertad deriva de una detención ordenada por una autoridad jurisdiccional competente, proceso dentro del cual se hubiere dictado una cesación de la detención preventiva y –se entiende– la aplicación de medidas de carácter personal, entre ellas acreditar el arraigo objeto del presente pronunciamiento. En virtud de ello, existe una vinculación suficiente del reclamo realizado por la defensa del impetrante de tutela con relación a la actuación denunciada, para que este Tribunal pueda emitir una decisión de vulneración o no al derecho invocado; puesto que, dentro del régimen de medidas cautelares, la jurisprudencia constitucional estableció que para efectivizar la libertad a través de la modificación de la detención preventiva por la aplicación de medidas sustitutivas, en primer lugar debe acreditarse el cumplimiento de cada una de las condiciones impuestas; lo que es aplicable al presente caso, en que se reclama una obstaculización arbitraria para la obtención de lo requerido –certificación de arraigo– en la oficina de la Dirección Nacional de Migración. Por ello, se activa la revisión constitucional a través de la modalidad de pronto despacho, al ser la pretensión del accionante la agilización del trámite administrativo con el fin previamente indicado. Sin embargo, respecto del fondo de la cuestión, también es evidente que –conforme al marco jurisprudencial desarrollado– la acción de libertad se instituyó para remediar, corregir o advertir actuaciones indebidas; parámetro del cual no puede desviarse la tutela constitucional y por la revisión de los antecedentes, en particular, las alegaciones producidas por las partes durante la audiencia de esta acción de defensa, la exigencia de la constancia –boleta de control– para recoger el trámite, no puede configurarse de tal manera, por cuanto la instancia administrativa, en cumplimiento de sus funciones, requirió exhibir el documento otorgado en el inicio del trámite que le permita acceder a la certificación; o en su caso, solicitar la reimpresión de la boleta a través del llenado de un formulario que habilite la extensión de una autorización a ese fin. Entonces, este Tribunal considera que la acción denunciada no se constituye en una actuación indebida, sino en todo caso son formalidades mínimas y necesarias en la administración pública, que resultan razonables hacia el usuario del servicio y que garantiza no solo el correcto desarrollo de las funciones de la institución sino también otorga la seguridad hacía los administrados. Por lo indicado, corresponde denegar la tutela impetrada en tanto se ha verificado que lo denunciado no se configure en una actuación indebida que deba ser reparada por la acción de libertad. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder en parte, la tutela solicitada actuó de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 343/2021 de 29 de octubre, cursante a fs. 16 y vta., pronunciada por el Juez de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, sin ninguna responsabilidad a los funcionarios demandados, manteniendo los efectos dictados, dado el tiempo transcurrido y en mérito a que solo se ordenó el cumplimiento inmediato del trámite correspondiente. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano René Yván Espada Navía
MAGISTRADO MAGISTRADO
1 En la SCP 0708/2020-S4 de 12 de noviembre, se explicó lo siguiente: “…la SC 0698/2010-R de 26 de julio, señaló que: ‘En consecuencia, el Juez a cargo de la investigación, una vez que se cumplieron las medidas sustitutivas impuestas, antes de disponer la emisión del mandamiento de libertad, tendrá que compulsar si efectivamente el imputado dio cumplimiento a las exigencias impuestas por dicha autoridad a efectos de obtener la cesación de la detención preventiva; y cuando evidencie el cumplimiento de las exigencias, la decisión lógica será de conceder la libertad, sin mayor trámite’. En ese sentido, ‘…cuando se trata de un fallo que determina la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; el único requisito exigible para materializar la libertad del imputado, será el cumplimiento de las últimas medidas impuestas, claro está que se deben discriminar dos tiempos procesales en su consecución; de un lado, las exigencias establecidas para ser acatadas antes de otorgarse la libertad, entre ellas, las fianzas, los arraigos y garantías reales o personales; y de otro lado, están las posteriores, como ser, presentaciones periódicas ante ciertas autoridades o instancias, prohibición de concurrir a ciertos lugares y frecuentar a determinadas personas o sujetos procesales. Entonces, es lógico suponer que la exigencia de cumplimiento previo de las medidas sustitutivas debe estar referida a las que son materialmente posibles de realizarse antes de la obtención de la libertad’ (SCP 0745/2013 de 7 de junio)”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0448_2023-S4.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 19f17fa81109066218c0095a296cbd476872cd8fdafabf76ad1417c1795d812e
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