Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 1 de junio de 2023
Concede la tutela
El accionante a través de sus representantes, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a ser juzgado en un plazo razonable; así como, del principio de celeridad; toda vez que, habiendo emitido la Vocal demandada el Auto de Vista de 19 de enero de 2022, no hubiese devuelto los antecedentes de dicho recurso al Juzgado de origen hasta el momento de la interposición de este mecanismo de defensa, impidiendo de esa manera que se pronuncie un nuevo fallo respecto a su situación jurídica, existiendo una demora indebida de varios días. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 001/2022 de 1 de febrero, cursante de fs. 28 a 29 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, respecto a Patricia Torrico Ortega, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, a quien se llama la atención severamente por la demora en la remisión del expediente y el Auto de Vista de 19 de enero de igual año, al Juzgado de origen, tras resolver la apelación incidental del accionante.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0448/2023-S2 Sucre, 1 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 45524-2022-92-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 001/2022 de 1 de febrero, cursante de fs. 28 a 29 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhimmy Remberto Almanza Pardo y Ronald Zabala Lazarte en representación sin mandato de Franz Linyan Vargas Gonzales contra Patricia Torrico Ortega, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 31 de enero de 2022, cursante de fs. 4 a 7 vta., el accionante a través de sus representantes, expresó que:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de asesinato y tentativa de asesinato, solicitó cesación de la detención preventiva, misma que fue rechazada; por ello, formuló recurso de apelación incidental, resuelta por la Vocal demandada mediante Auto de Vista de 19 de enero de 2022, declarando admisible y procedente el referido recurso; no obstante, transcurrieron ocho días sin que se efectúe la devolución del legajo procesal al Juzgado de Instrucción Penal Primero de Sacaba del citado departamento, inobservando de esa forma los alcances de la SCP 0664/2017-S3 de 30 de junio, y generando demora innecesaria.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a ser juzgado en un plazo razonable; así como, del principio de celeridad, citando al efecto los arts. 22, 23.I, 115 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela, ordenando a la Vocal demandada que “en el día” se proceda con la remisión o devolución del “…cuaderno de Apelación Incidental -Acta y resolución- ante el Juzgado de Origen o el de turno…” (sic).
Celebrada la audiencia pública virtual el 1 de febrero de 2022, según consta en acta cursante a fs. 27, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó el contenido del memorial de la acción de libertad y ampliándolo señaló que, “el día de ayer” -entiéndase 31 de enero de 2022-, producto de la presente acción de defensa se remitieron los antecedentes al Juzgado de origen luego de diez días provocando una dilación indebida.
Patricia Torrico Ortega, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por informe escrito presentado el 1 de febrero de 2022, cursante a fs. 26 y vta., sostuvo que: a) Su despacho se quedó de turno del 7 de enero al 3 de febrero del indicado año, sustanciando durante ese periodo diez audiencias por día; b) El 18 -“jueves”-, 19 -miércoles- y 20 -jueves-de enero del señalado año, celebró treinta verificativos entre ellos el del accionante, emitiendo los correspondientes autos de vista; y, c) El 31 de mismo mes y año, el cuadernillo de apelación fue devuelto al Juzgado de origen; por lo que, debía denegarse la tutela por sustracción de materia o pérdida del objeto procesal.
La Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 001/2022 de 1 de febrero, cursante de fs. 28 a 29 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) La Vocal demandada pronunció el Auto de Vista de 19 de enero de 2022, disponiendo que el Juez de la causa emita un nuevo fallo; sin embargo, según versión del impetrante de tutela no se devolvió el legajo de apelación; 2) Del informe de la Vocal demandada se verificó que el 31 del indicado mes y año a horas 14:12, se enviaron los antecedentes al Juzgado de Instrucción Penal Primero de Sacaba del citado departamento, conforme la fotocopia del libro de “DEVOLUCION DE MEDIDA CAUTELAR” (sic); y, 3) Si bien era cierto que se suscitó una demora en el envío de la impugnación del solicitante de tutela y su resultado al indicado Juzgado, se debió considerar que la citada autoridad se encontraba de turno en vacaciones judiciales, conforme el rol de audiencias que acompañó del cual evidenció la cantidad de diez verificativos programados desde el 18 al 20 del mencionado mes y año.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa fotocopia de las páginas 104 y 105 del Libro 6 de “DEVOLUCION DE MEDIDA CAUTELAR” (sic) de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; en las que se observa de las casillas numeradas 14 y 15 correspondientes a Franz Linyan Vargas Gonzales -accionante-, que los expedientes fueron devueltos al Juzgado de Instrucción Penal Primero de Sacaba del referido departamento, el 31 de enero de 2022 a horas 14:12 (fs. 18).
El accionante a través de sus representantes, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a ser juzgado en un plazo razonable; así como, del principio de celeridad; toda vez que, habiendo emitido la Vocal demandada el Auto de Vista de 19 de enero de 2022, no hubiese devuelto los antecedentes de dicho recurso al Juzgado de origen hasta el momento de la interposición de este mecanismo de defensa, impidiendo de esa manera que se pronuncie un nuevo fallo respecto a su situación jurídica, existiendo una demora indebida de varios días. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SC 0011/2010-R de 6 de abril, estableció lo siguiente: “La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, (…) sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE”. Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. En lo concerniente a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, sostuvo que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechosʼ. Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’”.
La SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, precisó que: “La doctrina constitucional ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad-, así, entre ellos se tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aún cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido. En ese contexto argumentativo, la acción de libertad -innovativa-permite al agraviado o víctima de la vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, ‘la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada’. Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, mas al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional. (…)
‘…la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe, caso contrario, se desnaturalizaría su esencia-, entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias. (…) De lo señalado, queda en evidencia que el reconocimiento de la acción de libertad innovativa en los casos de detenciones ilegales es el producto de una interpretación garantista de la naturaleza de la acción de libertad; sin embargo, esto no debe ser en ningún caso óbice para que este razonamiento pueda ser también aplicado a otras modalidades protectivas de la acción de libertad, como el caso de la persecución indebida, la cual al igual que la detención puede haber cesado; empero, la ilegalidad restrictiva del derecho a la libertad fue consumada, por ello a efectos de determinar la responsabilidad del caso, y de construir una matriz jurisprudencial preventiva de la vulneración de derechos fundamentales, corresponderá también en estos casos pronunciarse en el fondo de la problemática a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades’. Consiguientemente, a partir de la SCP 2491/2012, queda clara la reconducción de la jurisprudencia al entendimiento contenido en la SC 0327/2004-R, en sentido que procede la acción de libertad -bajo la modalidad innovativa- aún hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida o, en su caso el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. (…) En ese contexto, el propósito fundamental de la acción de libertad no es únicamente el de reparar o disponer el cese del hecho conculcador, sino también de advertir a la comunidad en su conjunto, sean autoridades, servidores públicos o personas particulares, que las conductas de esa naturaleza contravienen el orden constitucional y, por consiguiente, son susceptibles de sanción, no pudiendo quedar en la impunidad, así, el acto lesivo haya desaparecido” (las negrillas nos corresponden).
De los antecedentes que cursan en esta acción de defensa, se tiene fotocopia de las páginas 104 y 105 del Libro 6 de “DEVOLUCION DE MEDIDA CAUTELAR” (sic) de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en la que se observa de las casillas numeradas 14 y 15 correspondientes a Franz Linyan Vargas Gonzales que los expedientes fueron devueltos al Juzgado de origen, el 31 de enero de 2022 a horas 14:12 (Conclusión II.1). Ahora bien, la problemática planteada radica en la demora incurrida en la devolución del legajo de la apelación incidental resuelta por la Vocal demandada al Juzgado de Instrucción Penal Primero de Sacaba del indicado departamento, impidiendo de esa manera que la situación jurídica del peticionante de tutela sea determinada; ya que, la prenombrada autoridad dispuso que se emita un nuevo fallo; alegando por ello que, se hubiera lesionado sus derechos a la libertad, al debido proceso y a ser juzgado en un plazo razonable; así como, del principio de celeridad. Conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se precisa que la autoridad administrativa o judicial, debe atender las tramitaciones a su cargo en el plazo otorgado por la norma; más aún, cuando se trata de privados de libertad, y si estos se ven afectados por alguna dilación relacionada con su derecho a la libertad, pueden activar la presente acción de defensa en su modalidad traslativa o de pronto despacho, con el fin de acelerar la resolución del actuado procesal impetrado. Bajo ese contexto, se advierte que la Vocal demandada emitió el Auto de Vista de 19 de enero de 2022, resolviendo la apelación incidental formulada por el impetrante de tutela, devolviendo los antecedentes junto al indicado fallo al citado Juzgado, el 31 de mismo mes y año, a horas 14:12; generándose una dilación indebida de doce días; asimismo, dicho envió fue realizado de forma posterior a la presentación de esta acción de defensa, cuyo ingreso data de la señalada fecha a horas 11:33; en tal sentido, corresponde conceder la tutela impetrada. Finalmente, si bien la acción u omisión cometida por la autoridad demandada, que provocó detrimento a los aludidos derechos del peticionante de tutela ya cesó, o fue superada por haberse remitido el legajo de apelación incidental al Juzgado de origen; este Tribunal siguiendo lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, advertido el retardo injustificado, no puede convalidar la señalada lesión, más aún cuando se encuentra involucrada la libertad física; por cuanto, el objeto de la presente acción tutelar, no es solamente la de determinar la finalización del hecho lesivo, sino también, disponer que los servidores públicos y la colectividad en su conjunto, se inhiban de asumir conductas de esa naturaleza que contravienen el orden constitucional; por consiguiente son susceptibles de sanción; en ese entendido, corresponde también conceder la tutela de la acción de libertad en su modalidad innovativa. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela solicitada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 001/2022 de 1 de febrero, cursante de fs. 28 a 29 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, respecto a Patricia Torrico Ortega, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, a quien se llama la atención severamente por la demora en la remisión del expediente y el Auto de Vista de 19 de enero de igual año, al Juzgado de origen, tras resolver la apelación incidental del accionante. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0448_2023-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): a7f9211e0b1546ccd772d47f206a7891defdd8361dc09522ce535727f7a0f2b0
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