Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 10 de abril de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 013/2023 de 11 de marzo, cursante de fs. 44 a 47, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de Tarija; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos de la Jueza de garantías y con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0447/2026-S3 Sucre, 10 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 54186-2023-109-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 013/2023 de 11 de marzo, cursante de fs. 44 a 47, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rodrigo Tolay Yucra en representación sin mandato de Weymar Ángel Baldiviezo Díaz contra Walter Chumacero Salazar, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Tarija.
El accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, la autoridad demandada, no llevó a cabo las audiencias de control de plazo y cesación a la detención preventiva, señaladas ambas para horas 9:00 de 9 de marzo de 2023; habiéndolas suspendido bajo el argumento de que el impetrante de tutela no se conectó a la misma, ni señaló nueva audiencia, alegando que perdió competencia por haberse presentado acusación fiscal, sin considerar que las audiencias ya se hallan señaladas antes de la presentación de la acusación; por lo que, solicita se ordene que se resuelva de forma inmediata las audiencias de cesación a la detención preventiva y control de plazo. Walter Chumacero Salazar, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Tarija, a través de informe escrito presentado el 10 de marzo de 2023, cursante a fs. 34 y vta., señaló que: a) Evidentemente se tenía programada la audiencia de control de plazo para el 9 de igual mes y año a horas 9:00; asimismo, el 8 del citado mes y año, el accionante presentó memorial solicitando cesación de su detención preventiva, audiencia que fue fijada para la misma fecha y hora de la audiencia de control de plazo; b) El mismo 8 del indicado mes y año, ingresó al Juzgado, en formato digital y físico, un requerimiento conclusivo de acusación; c) El 9 del referido mes y año, al instalarse la audiencia, el imputado no se conectó virtualmente y solo participó su abogado defensor; motivo por el cual, la audiencia fue suspendida, conforme consta en acta de audiencia; en ese mismo acto se providenció la acusación presentada con anterioridad; por lo que, no correspondía reprogramar la audiencia suspendida; y, d) La presentación de la acusación, no fue la causa de la suspensión de la audiencia, sino la ausencia del encausado. La Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 013/2023 de 11 de marzo, cursante de fs. 44 a 47, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada, en el plazo de veinticuatro horas, señale audiencia de control de plazo y cesación a la detención preventiva y resuelva la situación jurídica del accionante; en razón a que, no haber señalado nueva audiencia de control de plazo y de cesación a la detención preventiva debido a la formalización de la acusación y atribuir la suspensión de la audiencia al acusado por no haberse conectado no era jurídicamente válido. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de la Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Conforme el Acuerdo Jurisdiccional de la Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución, emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, conforme al Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 008/2026 de 11 de marzo, en el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional estableció el uso obligatorio del Formato Corto de Resolución de Sentencias Constitucionales, aprobado en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, para todas las causas comprendidas en el referido Plan Piloto.
Suspensión de audiencias de medidas cautelares.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, asumió el siguiente entendimiento:
[L]a SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus -ahora acción de libertad- haciendo referencia al hábeas corpus restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad, instructivo, cuando se trata del derecho a la vida, y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último "... lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad" (las negrillas son añadidas). (…) Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia; entendimiento complementado con la SC 0384/2011-R de 7 de abril y reiterada por la SCP 0005/2012 de 16 de marzo (énfasis añadido). Por otra parte, la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, establece que, una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud.
Con relación a esta temática la SCP 0206/2019-S2 de 9 de mayo, estableció las siguientes sub reglas:
1 El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:
a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.
b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.
c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.
… se debe precisar algunas subreglas para los supuestos en los que presentada la acusación, se formulen solicitudes de cesación de la detención preventiva: 1) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, 2) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente.
De los antecedentes del presente fallo constitucional; se tiene que, en audiencia de medidas cautelares de 8 de febrero de 2023, el Juez demandado mediante Auto Interlocutorio 19/2023, dispuso la detención preventiva del ahora accionante Weymar Ángel Baldiviezo Díaz, por el plazo de treinta días; y señaló audiencia de duración de dicha medida cautelar, para el 9 de marzo -se entiende del 2023-, a horas 9:00 (fs. 14 vta. a 18 vta.); asimismo, en mérito a la solicitud de cesación a la detención preventiva, presentada el 7 de igual mes y año, por el prenombrado (fs. 19 a 20), la autoridad demandada, dispuso considerar la misma en la audiencia que se tenía señalada para el día siguiente; es decir, 9 del citado mes y año.
Por otra parte, se evidencia que la audiencia de control de detención preventiva y cesación de la detención preventiva, de 9 de marzo de 2023, по se llevó a cabo en razón a la inconcurrencia del hoy accionante; asimismo, en dicho actuado procesal, el Juez demandado dispuso: “Por otro lado se tiene presente la acusación formulada por el Ministerio Público, en consecuencia, de conformidad al art. 325-1) de la Ley N° 586, en el término de 24 horas, procédase al sorteo de la misma y consiguiente remisión de antecedentes, previa cancelación de control jurisdiccional en los registros del Juzgado y será la unidad jurisdiccional donde radique la causa, la que verifique la audiencia hoy suspendida, vale decir el control de la duración de la detención preventiva y así también la petición de cesación a la detención preventiva" (sic [fs. 33 y vta.]). De lo antes mencionado se colige que la autoridad judicial demandada vulneró el derecho a la libertad personal, vinculado al debido proceso y al principio de celeridad, al suspender la audiencia de control de plazo y de cesación de la detención preventiva por la incomparecencia del ahora accionante; toda vez que, éste se encontraba privado de su libertad y su comparecencia dependía de las órdenes y diligencias que debían ser garantizadas por el propio órgano jurisdiccional; asimismo, es preciso señalar que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, se establece que el juez de instrucción penal conserva la competencia para conocer y resolver las solicitudes de cesación a la detención preventiva y de control de plazo, mientras la causa no hubiera sido radicada ante el juez o tribunal de sentencia penal; así, en el caso de autos se evidenció que, a tiempo de la suspensión de la audiencia, la causa aún no había sido radicada ante la autoridad de sentencia; por lo que, el Juez ahora demandado mantenía incólume su competencia para resolver la situación jurídica del impetrante de tutela, sin que la sola presentación de la acusación constituyera motivo válido para declinar dicho deber; bajo ese entendimiento, la decisión de suspender el acto y omitir su reprogramación inmediata configuró una dilación indebida que prolongó injustificadamente la definición de la situación jurídica del accionante, lesionando su derecho a la libertad; razón por la cual, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 013/2023 de 11 de marzo, cursante de fs. 44 a 47, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Segunda de la Capital del departamento de Tarija; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos de la Jueza de garantías y con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0447_2026-S3.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): a92a8c74243eaf7e9a7a379af78e104d086ce63b9e33895272b408604d72f3f8
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