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SCP 0443/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 10 de abril de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
10 de abril de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR la Resolución 29/2022 de 24 de diciembre, cursante de fs. 70 vta. a 71, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer que el Juez de Instrucción Penal Primero de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz -demandado-, lleve a cabo la audiencia de cesación de la detención preventiva, siempre y cuando no haya cambiado la situación jurídica del accionante; y, 3º Exhortar al Juez y Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz -demandados- a que cumplan sus funciones con celeridad y a no incurrir en las dilaciones.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
  2. III.2. Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal.
  3. III.3. La legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional en las acciones de libertad
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0443/2026-S3 Sucre, 10 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expedientes: 53464-2023-107-AL Departamentos: Santa Cruz En revisión la Resolución 29/2022 de 24 de diciembre, cursante de fs. 70 vta. a 71, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mario Rocha Rojas contra Erick Raúl David Téllez Estrada, Juez; y, Liliana Ortiz Correa, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad personal, a la dignidad y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones indebidas; puesto que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, el Juez demandado dispuso su detención preventiva y señaló audiencia para la consideración de su situación jurídica, la cual no se llevó a cabo por falta de diligenciamiento de los oficios necesarios para su traslado desde el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; asimismo, habiendo solicitado audiencia de cesación de la detención preventiva, ésta fue suspendida en reiteradas oportunidades por causas atribuibles a la falta de remisión o incorrecta elaboración de los oficios correspondientes, impidiendo su presencia en sala virtual, lo que derivó en una prolongación indebida de su detención sin control jurisdiccional efectivo; finalmente, el juzgador se “lavo las manos”, señalando que habiéndose presentado acusación formal correspondía remitir el caso ante el Juzgado de Sentencia de turno, lo cual fue efectivizado el 13 de diciembre del 2022, sin escuchar la protesta de su defensa de que no podía remitirse el cuaderno mientras no resuelva las solicitudes de cesación de la detención preventiva; por lo que, solicita se conceda la tutela.

El Juez demandado sostiene que las audiencias fueron suspendidas por causas justificadas y que tanto él como la Secretaria del Juzgado, hicieron las gestiones necesarias para su realización, atribuyendo la falta de concreción de las mismas a la ausencia de seguimiento por parte de la defensa técnica del accionante; asimismo, señala que, al haberse presentado acusación formal, el expediente fue remitido al Juzgado de Sentencia; por lo que, ya no se encontraba bajo su control jurisdiccional.

El Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 29/2022 de 24 de diciembre, cursante de fs. 70 vta. a 71, denegó la tutela solicitada, bajo el argumento de que no corresponde disponer medidas sustitutivas por tratarse de competencia de la jurisdicción ordinaria, que las irregularidades advertidas obedecen a errores involuntarios de Secretaría y que, al haberse remitido el proceso a un Juzgado de Sentencia, las solicitudes del accionante pueden ser planteadas ante la autoridad que actualmente conoce la causa.

En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa; y,

Por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 008/2026 de 11 de marzo, en el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional estableció el uso obligatorio del Formato Corto de Resolución de Sentencias Constitucionales.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

Suspensión de audiencias cautelares y plazo de su señalamiento.

La SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus -ahora acción de libertad- haciendo referencia al hábeas corpus restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad, instructivo, cuando se trata del derecho a la vida, y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último "... lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad" (las negrillas son añadidas). Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia; entendimiento complementado con la SC 0384/2011-R de 7 de abril y reiterada por la SCP 0005/2012 de 16 de marzo» (énfasis añadido). Otro aspecto a tomarse en cuenta, es el razonamiento contenido en la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, que establece que una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud. En torno al plazo de señalamiento de la audiencia de cesación de la detención preventiva, en el marco de las modificaciones incorporadas al Código de Procedimiento Penal, por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, y posteriormente la Ley de Modificación a ley N° 1173 de 3 mayo de 2019, de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres -Ley 1226 23 de septiembre de 2019-, la SCP 0740/2022-S1 de 1 de agosto, estableciendo el siguiente entendimiento: En consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes.

[En] consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes. Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud (el resaltado es añadido).

III.2. Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal.

Con relación a esta temática la SCP 0206/2019-S2 de 9 de mayo, estableció las siguientes sub reglas:

… se debe precisar algunas subreglas para los supuestos en los que presentada la acusación, se formulen solicitudes de cesación de la detención preventiva: 1) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, 2) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente.

III.3. La legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional en las acciones de libertad

La SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, refiriéndose a la legitimación pasiva de los funcionarios subalternos del órgano judicial, estableció que:

…Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional (las negrillas son añadidas)

III.4. Análisis del caso concreto

En principio, incumbe señalar que si bien el accionante no presentó ni adjuntó las actas de audiencias suspendidas de consideración de su situación jurídica y de cesación de medidas cautelares; bajo los principios de celeridad y no formalismo que rigen los procesos constitucionales, establecidos en el art. 3 núm. 4 y 5 del Código Procesal Constitucional (CPCo), con el criterio que en la justicia constitucional debe primar la verdad material, la tutela judicial efectiva y el deber de procurar el acceso al control constitucional, a efectos de resolver la presente problemática, los actos lesivos denunciados, se extraerán de los antecedentes y todo lo obrado en la presente acción de libertad.

Configurado el problema jurídico planteado de acuerdo a la denuncia efectuada por el accionante; referido por una parte, a la no realización de la audiencia señalada para el 3 de noviembre de 2022, para la consideración de la situación jurídica del accionante y por otro lado, a la suspensión de las audiencias de cesación de detención preventiva, se corrobora que la misma no fue negada ni controvertida por los demandados en sus informes escritos para esta acción tutelar, que bajo la presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante establecida por la jurisprudencia constitucional sistematizada por la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, se presume como ciertos la falta de celebración de la audiencia de control y la suspensiones de las audiencias señaladas por el peticionante de tutela; tanto más si se toma en cuenta que los demandados no presentaron documentación relativa a las actas de audiencias ni de los oficios extrañados; al contrario, reconocieron que no se hizo llegar los oficios para las audiencias al Gobernador del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por falta de seguimiento del abogado del imputado, cuando, les compelía actuar con la debida diligencia y de oficio, en cumplimiento de sus atribuciones propias determinadas en la normativa procesal penal. En relación a la no realización de la audiencia para considerar la situación jurídica del accionante, del análisis del contenido de la acción de libertad, tanto como de su exposición oral en audiencia de la presente acción tutelar; se tiene que, el Ministerio Público sigue proceso penal contra el impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; dentro del cual, por Auto Interlocutorio 146/2022 de 3 de octubre, el Juez demandado dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, por el plazo de treinta días y estableció audiencia para consideración de su situación jurídica para el 3 de noviembre del mismo año; la cual, no se efectivizó, porque no se ofició al Centro Penitenciario para su traslado a la audiencia referida. No obstante que la mencionada audiencia no se efectivizó, el Juez demandado no se pronunció ni reprogramó nueva audiencia; por el contrario, dejó transcurrir el tiempo hasta que el accionante presentó el memorial de 23 de noviembre del 2022, solicitando el señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva (fs. 35), la cual fue señalada para el 29 del mismo mes y año (fs. 36); es decir, fuera del plazo legal de cuarenta y ocho horas, incurriendo nuevamente en dilación indebida; dicha audiencia también fue suspendida por inasistencia del Ministerio Público; y se señaló una nueva para el 5 de diciembre del 2022, también fuera de plazo; toda vez que, la indicada audiencia fue suspendida por no haberse dirigido el oficio ante el Gobernador del centro penitenciario; por lo que, se señaló nueva audiencia para el 9 de mismo mes y año, que igualmente fue suspendida porque no fue conducido a la sala de la audiencia virtual y se produjo un nuevo señalamiento para el 13 del indicado mes y año, fecha en la que tampoco se produjo la audiencia. De la relación efectuada se advierte claramente, que la audiencia de control de plazo como las audiencias de cesación de la detención preventiva fueron suspendidas por causas atribuibles a los demandados, generando de esa manera una dilación indebida. Asimismo, se advierte que los nuevos señalamientos efectuados a tiempo de suspender las audiencias igualmente fueron dilatorios puesto que ninguno de ellos se encuentra fijado dentro del plazo legal de las cuarenta y ocho horas que establece el art. 113 del CPP. Por otra parte, como consecuencia de estas actuaciones dilatorias, el juez demando no ha llevado acabo la audiencia de cesación de la detención preventiva que señaló para el 13 de diciembre del 2022, con la excusa de haberse presentado acusación formal, ante lo cual correspondía su remisión ante el juez de sentencia de turno, desconociendo la jurisprudencia constitucional vinculante citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece que el juez de instrucción mantiene su competencia para llevar a cabo las audiencias de cesación de la detención preventiva entre tanto no se haya radicado la causa ante el juez o tribunal de sentencia; en cuyo mérito el Juez demando se halla compelido a llevar a cabo la audiencia que ya había señalado; y al no haberlo hecho ha incurrido en las vulneraciones denunciadas. Al haber procedido de esa manera el Juez demandado, evidentemente ha incurrido en dilación indebida que vulnera el derecho al debido proceso en su elemento de principio de celeridad y el derecho a la libertad personal del imputado, que corresponde reparar a través de esta acción de libertad de pronto despacho, que constituye la vía idónea para tutelar los derechos de los privados de libertad cuando las autoridades o funcionarios públicos incurren en dilaciones indebidas en tramitación de solicitudes relativas a la definición de su situación jurídica, conforme establece la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Con relación a la Secretaria codemandada conforme al Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo, la misma adquiere legitimación pasiva al haberse evidenciado que sus omisiones en el cumplimiento de funciones -como la incorrecta elaboración de oficios- o no haberlos diligenciado a tiempo y de oficio, contribuyeron directamente a la vulneración de derechos fundamentales del accionante; razón por la cual, igualmente corresponde conceder la tutea sobre dicha codemandada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela solicitada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve REVOCAR la Resolución 29/2022 de 24 de diciembre, cursante de fs. 70 vta. a 71, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Disponer que el Juez de Instrucción Penal Primero de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz -demandado-, lleve a cabo la audiencia de cesación de la detención preventiva, siempre y cuando no haya cambiado la situación jurídica del accionante; y, 3º Exhortar al Juez y Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Puerto Suárez del departamento de Santa Cruz -demandados- a que cumplan sus funciones con celeridad y a no incurrir en las dilaciones. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo.Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo.Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0443_2026-S3.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 5f70ac65336bb2ec05673d0eb8a6250efe9c0abf95a87d92073b8a810ce63c87

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