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SCP 0436/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 24 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
24 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
53355-2023-107-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a una justicia pronta y oportuna; y, al debido proceso, así como al principio de celeridad vinculados con la libertad; como también la amenaza de vulneración del derecho a la vida, en razón a que, el Fiscal de Materia demandado, inobservando los arts. 130 y 340 del CPP, no remitió las pruebas ofrecidas en la acusación formal que presentó en su contra, provocando que no pueda comenzar el juicio oral e impidiéndosele con dicha omisión y carencia de impulso procesal, la interposición de incidentes y excepciones previas a su sustanciación como recursos para obtener su libertad, al estar detenido preventivamente en un centro psiquiátrico.

Al respecto, la autoridad fiscal demandada en el informe presentado dentro de esta acción de defensa, en lo esencial señala que: a) No se le notificó debidamente con la radicatoria para que puede remitir las pruebas ofrecidas; b) Las dependencias del Ministerio Público se encuentran tomadas por vecinos; por lo cual, de haber sido notificado, hacía imposible cumplir con lo extrañado; c) No existe vulneración del derecho a la libertad del impetrante de tutela, porque si bien se ordenó su detención preventiva, en los hechos no se está cumpliendo aquello, pues está en un centro psiquiátrico, y, d) Tampoco su vida está en riesgo, ya que fue su abogado fue quien obstaculizó la realización de una junta médica para determinar su estado de salud.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 08 de 25 de enero de 2023, cursante de fs. 47 vta. a 49 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; por otro lado, conforme al art. 28.II del Código Procesal Constitucional debido al transcurso del tiempo, se mantienen los efectos de la decisión asumida por la referida Sala Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0436/2026-S2 Sucre, 24 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 53355-2023-107-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 08 de 25 de enero de 2023, cursante de fs. 47 vta. a 49 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Andrés Ritter Zamora en representación sin mandato de Nicolás Ricardo Loayza Yaksic contra Néstor Torrez Tapia, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 24 de enero de 2023, cursante de fs. 17 a 25, la parte accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Es víctima de violencia psicológica y económica por parte de Luis Fernando Loayza Alayza, su padre y denunciante -se comprende dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de parricidio en grado de tentativa-, misma que viene sufriendo por muchos años, ocasionándole daños irreversibles, teniendo actitudes suicidas y odiando su vida, al sentir que “no vale nada”, y estar medicado por no ser consciente de sus actos; de esta manera, a la fecha -se comprende de interposición de esta acción de defensa- no tiene recurso legal alguno para que su vida no corra peligro, “...ya que, si se materializa su detención en la cárcel, todo el tratamiento realizado se va ir a la basura, y el accionante corre riesgo de suicidio, realizando una persecución ilegal pero además se está atentando contra la vida del mismo ya que al tener tendencias suicidas si sale del centro médico el mismo puede perder la vida” (sic).

En el caso -penal-, se inobservaron los plazos procesales; toda vez que, presentada la acusación formal -en su contra-, la misma radicó en el Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, el cual, de conformidad con el art. 340 del Código de Procedimiento Penal (CPP) notificó a Néstor Torrez Tapia, Fiscal de Materia -hoy demandado- para que presente las pruebas -ofrecidas-; no obstante, dicha autoridad fiscal no remitió las mismas en el plazo de veinticuatro horas, incurriendo en retardación de justicia, en incumplimiento de deberes y en faltas disciplinarias, al inobservar los arts. 130 y 340 del CPP, provocando que hasta la interposición de esta acción de defensa- no pueda empezar el juicio oral, impidiéndole que haga uso de los derechos que le asisten, como interponer incidentes y excepciones en la fase previa al mismo, “...todos estos vinculados de manera directa con su libertad” (sic).

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a una justicia pronta y oportuna; así como al principio de celeridad vinculados con la libertad; y la amenaza de vulneración del derecho a la vida, citando al efecto los arts. 9, 13, 15, 22, 23, 115, 120, 178 y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó que, vía acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se conceda la tutela impetrada, ordenando al Fiscal de Materia demandado a que “en el día” remita las pruebas en físico de su acusación -formal-, para dar continuidad a los actos preparatorios de juicio oral.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 25 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 42 a 47; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela, a través de su abogado y representante sin mandato, ratificó in extenso los argumentos del memorial de la acción tutelar; y, ampliando, así como en réplica, en audiencia señaló que: a) Se encuentra detenido preventivamente en un centro psiquiátrico; b) El Fiscal de Materia demandado ante la presentación de la acusación -formal-, debería darle el impulso procesal correspondiente; no obstante, “...somos nosotros los que queremos colaborar con la investigación, queremos que el proceso avance, queremos que se llegue a la verdad histórica de los hechos y que se resuelva el juicio...” (sic); c) Al no remitir las pruebas dentro de las veinticuatro horas se está vulnerando el derecho al debido proceso vinculado a la libertad, ya que no puede acudir al juicio oral pronto, oportuno y que se respeten los plazos procesales, ni interponer recursos para obtener su libertad; d) Las notificaciones las realiza la Oficina Gestora de Procesos; y, e) Solicitó que la concesión de la tutela sea sin costas -procesales-, porque confía en la buena fe y objetividad de la autoridad fiscal demandada, y que por motivos de fuerza mayor, no presentó las pruebas; de igual manera invocó la vulneración de su derecho al debido proceso, vinculado a la libertad.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Néstor Torrez Tapia, Fiscal de Materia, por informe oral presentado en audiencia, sostuvo que: 1) No tiene conocimiento de la radicatoria, es decir, que no se le notificó debidamente conforme manda el procedimiento; ya que, cómo podría remitir las pruebas sin tener conocimiento legal de esa actuación; 2) A la fecha -se entiende de celebración de la audiencia de garantías- la “…Sede de Integridad Corporal y Patrimonial…” (sic) del Ministerio Público se encontraba tomada por vecinos, así, aunque hubiese sido notificado, habría sido imposible cumplir con lo extrañado, circunstancia que se adecua a lo establecido en el art. 130 del CPP; por lo que, una vez sea debidamente notificado invocará ese extremo a efectos de la suspensión del plazo; 3) Se quiere utilizar “...una situación favorable hacia ellos...” (sic); 4) No existe vulneración de los derechos a la libertad y al acceso a la justicia, más aún si el impetrante de tutela “...si bien está con una detención preventiva, y en los papeles sí está ordenado, pero en los hechos no está cumpliendo, está en un centro psiquiátrico, por lo tanto no está siendo afectado su libertad, peor, su vida...” (sic); 5) El Ministerio Público no incurrió en ningún atentado a derechos y garantías constitucionales, es más, “...el juez de acción Constitucional que ha revisado [el] acta cautelar, ha establecido que se deba hacer una junta médica para determinar la situación real del hoy accionante, ¿Pero quién es el que ha obstaculizado?, es el mismo abogado accionante que no está queriendo que se realice una junta médica para determinar si él está sano, si está afectado psicológicamente o su vida corre en peligro. En síntesis, del hoy imputado, su vida no está en peligro y que no lo van a poder acreditar, su libertad, peor aún, está en un centro psiquiátrico, no está en la cárcel de Palmasola...” (sic); y, 6) Solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 08 de 25 de enero de 2023, cursante de fs. 47 vta. a 49 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que “...EL FISCAL ACCIONADO, UNA VEZ CONCLUIDA LAS SITUACIONES DE RIESGO EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LAS INSTALACIONES DE LA FISCALÍA EN LA DIVISIÓN ECONÓMICA FINANCIEROS PUEDA REMITIR EN FORMA INMEDIATA ANTE EL TRIBUNAL QUE LLEVA ADELANTE EL PROCESO.

DE LA MISMA MANERA, COMUNÍQUESE AL TRIBUNAL QUE LLEVA ADELANTE EL PROCESO PARA EFECTOS DE PRESERVAR LAS GARANTÍAS DEL HOY ACCIONANTE” (sic), sin imposición de costas ni multas por ser excusable; decisión tomada con base a los siguientes fundamentos: i) La acción de libertad -traslativa de pronto despacho- se activa cuando una persona pide algún diligenciamiento que haya sido omitido o que no se produjo dentro de los plazos que la ley establece; ii) La situación que vive el país, el departamento y en particular la ciudad, no es del todo normal, habiendo diferentes instituciones públicas sin funcionamiento o tomadas por la población; y, iii) Existe la obligación de que se cumplan las disposiciones de orden legal, en cuanto a las formalidades a tiempo de presentarse la acusación; no obstante, dada la circunstancia de imposibilidad material para tal cumplimiento, hace de que esté justificado momentáneamente ese impedimento; empero, una vez se restablezcan las situaciones normales, se debe cumplir de forma inmediata para efectos de velar por las garantías del “accionado” -accionante-.

En vía de aclaración, enmienda y complementación el Fiscal de Materia demandado, señaló que, esa Resolución constitucional contiene una incongruencia omisiva al no considerar el elemento probatorio que presentó relacionado con que no fue debidamente notificado con la radicatoria de la causa penal, “...no queda[n]do tan claro o tiene que ser notificado al Ministerio Público o cómo va tomar conocimiento en qué tribunal ha caído un caso para remitir sus pruebas” (sic).

Ante lo cual, la antes referida Sala Constitucional sostuvo que, se valoró tal circunstancia y que justamente por ello se declaró -concedió- parcialmente la tutela, sin responsabilidad; “...añada, señora Secretaria, por favor, esta situación a la Sentencia de que es sin responsabilidad para el Fiscal...” (sic).

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 53 a 55); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Luis Fernando Loayza Alayza contra Nicolás Ricardo Loayza Yaksic -hoy peticionante de tutela-, por memorial de 28 de diciembre de 2022 -no consta sello de recepción, Néstor Torrez Tapia, Fiscal de Materia -ahora demandado- presentó acusación formal contra el accionante, por la presunta comisión del delito de parricidio en grado de tentativa (fs. 3 a 13).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a una justicia pronta y oportuna; y, al debido proceso, así como al principio de celeridad vinculados con la libertad; como también la amenaza de vulneración del derecho a la vida, en razón a que, el Fiscal de Materia demandado, inobservando los arts. 130 y 340 del CPP, no remitió las pruebas ofrecidas en la acusación formal que presentó en su contra, provocando que no pueda comenzar el juicio oral e impidiéndosele con dicha omisión y carencia de impulso procesal, la interposición de incidentes y excepciones previas a su sustanciación como recursos para obtener su libertad, al estar detenido preventivamente en un centro psiquiátrico.

Al respecto, la autoridad fiscal demandada en el informe presentado dentro de esta acción de defensa, en lo esencial señala que: a) No se le notificó debidamente con la radicatoria para que puede remitir las pruebas ofrecidas; b) Las dependencias del Ministerio Público se encuentran tomadas por vecinos; por lo cual, de haber sido notificado, hacía imposible cumplir con lo extrañado; c) No existe vulneración del derecho a la libertad del impetrante de tutela, porque si bien se ordenó su detención preventiva, en los hechos no se está cumpliendo aquello, pues está en un centro psiquiátrico, y, d) Tampoco su vida está en riesgo, ya que fue su abogado fue quien obstaculizó la realización de una junta médica para determinar su estado de salud.

En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación

La SCP 0037/2012 de 26 de marzo, desarrolló el entendimiento en relación al tópico, estableciendo que: “Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’… (…) …el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a una justicia pronta y oportuna; y, al debido proceso, así como al principio de celeridad vinculados con la libertad; como también la amenaza de vulneración del derecho a la vida, en razón a que, el Fiscal de Materia demandado, inobservando los arts. 130 y 340 del CPP, no remitió las pruebas ofrecidas en la acusación formal que presentó en su contra, provocando que no pueda iniciar el juicio oral e impidiéndosele con dicha omisión y carencia de impulso procesal, la interposición de incidentes y excepciones previas a su sustanciación como recursos para obtener su libertad, al estar detenido preventivamente en un centro psiquiátrico.

Sobre el particular, corresponde señalar que la acción de libertad constituye una garantía constitucional de carácter extraordinario, inmediato y sumarísimo, cuyo objeto se encuentra estrictamente delimitado por el art. 125 de la CPE; ahora bien, conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, su tutela únicamente procede cuando el acto u omisión denunciado se adecúe a alguno de sus presupuestos de activación, consistentes en: 1) Atentados contra el derecho a la vida; 2) Afectación de la libertad física o de locomoción; 3) Procesamiento indebido; y, 4) Persecución indebida.

En este contexto y bajo las identificadas condicionantes concurrentes procesales-constitucionales de necesaria observancia, corresponde señalar que en el caso sub judice, -como se tiene antes precisado-, la denuncia constitucional formulada por el peticionante de tutela trasunta esencialmente en una presunta omisión del Fiscal de Materia demandado en la remisión de las pruebas ofrecidas en la acusación formal que presentó en su contra, contraviniendo los arts. 130 y 340 del CPP y provocando que no pueda iniciar el juicio oral e impidiéndosele con dicha omisión y carencia de impulso procesal la interposición de incidentes y excepciones previas a su sustanciación así como recursos para obtener su libertad, al estar detenido preventivamente en un centro psiquiátrico; asimismo, invoca la amenaza de vulneración del derecho a la vida, al sostener que no tiene recurso legal alguno para que su vida no corra peligro, “…ya que, si se materializa su detención en la cárcel, todo el tratamiento realizado se va ir a la basura, y el accionante corre riesgo de suicidio, realizando una persecución ilegal pero además se está atentando contra la vida del mismo ya que al tener tendencias suicidas si sale del centro médico el mismo puede perder la vida...” (sic); sin embargo, dichos reclamos no se adecúan a los presupuestos de activación de la acción de libertad; pues, no involucra un atentado contra su derecho a la vida, porque de los antecedentes del hecho no se logra establecer de qué manera la omisión de presentación de pruebas ofrecidas en la acusación formal está relacionada con dicho derecho; tampoco implica la existencia de actos de persecución indebida, privación de libertad y procesamiento indebido; toda vez que, la alegada falta de remisión de las pruebas ofrecidas en la acusación formal presentada en su contra, no constituye por sí misma una circunstancia que derive en la limitación directa del derecho a la libertad, dentro de la configuración procesal al enmarcarse dentro de una actuación inherente a la preparación del juicio oral -art. 340 del CPP-; subsecuentemente, en ese marco de regulación y dinámica tanto procesal como jurisdiccional, no implica una actuación interrelacionada de forma inmediata con dicho derecho, puesto que la situación jurídico-procesal de estricta vinculación directa con el mismo, emerge de la detención preventiva que se le hubiese impuesto al accionante con anterioridad por autoridad competente -cuya observación de la autoridad fiscal demandada vinculada al cumplimento efectivo o no de dicha medida, no es objeto de esta acción tutelar-, y no así, del extrañado despliegue de actuación fiscal.

Debe tenerse presente que, no toda actuación jurisdiccional desarrollada dentro de un proceso penal puede ser revisada mediante la acción de libertad; pues, cuando la controversia no se adecua a los presupuestos de activación previstos por el art. 125 de la CPE, corresponde que sea reclamada a través de los mecanismos procesales ordinarios o, de ser el caso, mediante la acción de amparo constitucional; ya que, admitir lo contrario implicaría desnaturalizar el objeto de esta garantía constitucional.

En consecuencia, al evidenciarse que el acto denunciado no se adecua a ninguno de los presupuestos de activación de la acción de libertad desarrollados en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde denegar la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 08 de 25 de enero de 2023, cursante de fs. 47 vta. a 49 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada; por otro lado, conforme al art. 28.II del Código Procesal Constitucional debido al transcurso del tiempo, se mantienen los efectos de la decisión asumida por la referida Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0436_2026-S2.pdf · páginas 1 a 8.

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