B.IA.LEGAL

SCP 0435/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 25 de marzo de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
25 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
58429-2023-117-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; así como, a los principios de legalidad y seguridad jurídica; puesto que, desde el 16 de agosto de 2023, cuando formuló su recurso de apelación incidental contra la determinación que resolvió rechazar su solicitud de modificación de medidas cautelares, hasta el 21 de mismo mes y año, que presentó la acción de libertad, la Secretaria ahora accionada no transcribió ni remitió la decisión asumida a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; b) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; c) La acción de libertad innovativa; y, d) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 71/2023 de 23 de agosto, cursante de fs. 10 a 11, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada en las modalidades de acción de libertad traslativa o de pronto despacho e innovativa respecto a los derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de celeridad y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al derecho a la defensa y a los principios de legalidad y seguridad jurídica, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares
  3. III.3. La acción de libertad innovativa
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0435/2026-S1 Sucre, 25 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 58429-2023-117-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 71/2023 de 23 de agosto, cursante de fs. 10 a 11, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Grover Vladimir Rodríguez en representación sin mandato de Freddy Gastón Choque Cortez contra Helen Balboa Llusco, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 21 de agosto de 2023, cursante a fs. 3 y vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Freddy Gastón Choque Cortez -accionante- por la presunta comisión del delito de “CONSORCIO ENTRE RESPONSABLES DE SERVICIO DE JUSTICIA Y EXTORSIÓN”, previsto y sancionado por los arts. “133” y 174 del Código Penal (CP), encontrándose con detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; en la audiencia de modificación de medidas cautelares de 16 de agosto de 2023, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, dispuso rechazar la misma; por lo que, en dicho acto procesal su abogado formuló recurso de apelación incidental contra esa decisión; empero, hasta el 21 de ese mes y año, su defensa se hizo presente ante el citado Juez; sin embargo, no se encuentra transcrita la resolución apelada tampoco -se produjo- la remisión -se entiende del legajo del referido recurso- ante la Sala Penal correspondiente, vulnerando los plazos establecidos para dicho efecto, quedando su persona en estado de indefensión.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; así como, a los principios de legalidad y seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 8.I, 115.II, 178.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que en el día se remita el legajo del recurso apelación incidental ante la Sala Penal correspondiente.

I.2. Audiencia y resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 23 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 8 a 9, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo, manifestó que: a) Continua ejerciendo el cargo de “…Juez Quinto Cautelar de la ciudad de El Alto…” (sic), y se encuentra con detención domiciliaria sin salidas laborales; por lo que, solicitó dichas salidas; b) Su legajo del recurso de apelación incidental debió ser remitido en el plazo de veinticuatro horas; empero, al 23 de agosto de 2023, transcurrieron cinco días hábiles en los que la Secretaria hoy accionada incumplió sus funciones y las órdenes del Juez de la causa; c) La mencionada Secretaria no presentó informe en el que justifique la no remisión del citado legajo de recurso ante el Juez de primera instancia; puesto que, dicha omisión conlleva a que la jurisprudencia constitucional y la doctrina establecen que “…todo lo que dice la parte accionante es verídico…” (sic); y, d) Solicita que la referida Secretaria de manera inmediata disponga la remisión -se entiende del legajo de recurso de apelación incidental-, y en caso, de que “en este momento” haga llegar su informe señalando de que el “día de hoy” se efectuó la mencionada remisión, -se actúe- bajo la acción de libertad innovativa para que esos actos no vuelvan a cometerse.

I.2.2. Informe de la funcionaria de apoyo jurisdiccional accionada

Helen Balboa Llusco, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 23 de agosto de 2023, a las 9:10 horas, cursante a fs. 13 y vta., manifestó que: 1) Se evidencia la remisión del legajo del recurso de apelación incidental; 2) La parte “imputada y apelante” no coadyuvó con el “sacado” de copias para el armado del citado legajo, además el proceso penal de referencia cuenta con más de dos imputados y al remitir el referido legajo en originales ocasionó perjuicios a los mismos; empero, el cuaderno de control jurisdiccional se remitió en originales a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento; y, 3) Al no existir materia constitucional de protección en el caso concreto ni derecho alguno que tutelar, y siendo que lo vertido en la acción de libertad corresponde a los antecedentes de la causa, se debe “RECHAZAR” la tutela solicitada, sea con costas en favor del Estado.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 71/2023 de 23 de agosto, cursante de fs. 10 a 11, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la Secretaria ahora accionada en el día remita el legajo del recurso de apelación incidental respecto al Auto Interlocutorio -545/2023- de medida cautelar pronunciado el 16 de mismo mes de 2023; bajo los siguientes fundamentos: i) La jurisprudencia constitucional respecto a las acciones de libertad traslativa y de pronto despacho con relación a las y los Secretarios de juzgado indicó que, debe primar el principio de celeridad en todo proceso penal; por lo que, los funcionarios de apoyo jurisdiccional deben someterse a la ley conforme establece el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); es así que, una vez planteado el recurso de apelación incidental respecto a una medida cautelar se debe remitir antecedentes dentro del plazo de veinticuatro horas bajo responsabilidad; ii) En el presente caso si bien el accionante no se encuentra con detención preventiva, sino con detención domiciliaria, situación jurídica que tiene similar rango a la primera, haciendo diferible la pretensión planteada por el accionante; y, iii) La referida Secretaria no remitió informe alguno y no se tiene certeza si hasta la fecha de la audiencia de consideración de la acción de libertad cumplió con la remisión del legajo del recurso de apelación incidental ante el Tribunal de alzada.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Nota presentada el 22 de agosto de 2023; ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; por la cual, Helen Balboa Llusco, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del citado departamento -ahora accionada- remitió el cuaderno de control jurisdiccional en obrados originales correspondiente al proceso penal de Freddy Gastón Choque Cortez -hoy accionante- (fs. 12 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; así como, a los principios de legalidad y seguridad jurídica; puesto que, desde el 16 de agosto de 2023, cuando formuló su recurso de apelación incidental contra la determinación que resolvió rechazar su solicitud de modificación de medidas cautelares, hasta el 21 de mismo mes y año, que presentó la acción de libertad, la Secretaria ahora accionada no transcribió ni remitió la decisión asumida a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad; b) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; c) La acción de libertad innovativa; y, d) Análisis del caso concreto.

III.1. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad

La SCP 1648/2025-S1 de 30 de diciembre citando a la SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, señala que: “…a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado…” .

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares

La SCP 1185/2025-S1 de 17 de septiembre, con relación al hábeas corpus -hoy acción de libertad- traslativo o de pronto despacho, establece que: “…a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional con relación al trámite del recurso de apelación incidental respecto a las resoluciones que resuelven las medidas cautelares sistematizó los supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, estableciendo en la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, señala que:

i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal" (las negrillas y el subrayado nos corresponden).

III.3. La acción de libertad innovativa

La SCP 1137/2025-S1 de 10 de septiembre, citando a la SCP 0703/2024-S3 de 22 de agosto, que reitera lo señalado en la SCP 1016/2019-S2 de 22 de noviembre, y ésta a la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, señala que: “…la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. (…) Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.

Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”’ (las negrillas nos corresponden).

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la defensa y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; así como, a los principios de legalidad y seguridad jurídica; puesto que, desde el 16 de agosto de 2023, cuando formuló su recurso de apelación incidental contra la determinación que resolvió rechazar su solicitud de modificación de medidas cautelares, hasta el 21 de mismo mes y año, que presentó la acción de libertad, la Secretaria ahora accionada no transcribió ni remitió la decisión asumida a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que en la audiencia de modificación de medidas cautelares efectuada el 16 de agosto de 2023, se emitió la “RESOLUCIÓN” -Auto Interlocutorio- 545/2023 de igual fecha, que rechazó dicha modificación, el accionante en ese acto procesal planteó recurso de apelación incidental contra esa determinación; en mérito a lo cual por Nota de 22 de ese mes de 2023, con fecha de recepción de 23 de ese mes y año; dirigida ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; la Secretaria ahora accionada remitió el cuaderno de control jurisdiccional en obrados originales correspondiente al proceso penal del accionante (Conclusión II.1.). Previamente corresponde señalar que en el presente caso, la acción de defensa va dirigida contra la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, al respecto, la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, establece que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional, o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho funcionario público adquiere la legitimación pasiva, precisando que, ante las omisiones de carácter administrativo, corresponde establecer su responsabilidad, entre las que se encuentra el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, entre otras. Con dicha aclaración, de conformidad a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional se tiene que una vez formulado el recurso de apelación incidental, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal de alzada, en el término de veinticuatro horas, bajo responsabilidad.

En ese contexto, de acuerdo a lo señalado por el accionante, su recurso de apelación incidental formulado el 16 de agosto de 2023, contra la Resolución -545/2023- que dispuso rechazar la modificación de sus medidas cautelares, a la fecha de interposición de la acción de libertad -21 de igual mes de 2023- no fue remitido al Tribunal de alzada; sin embargo, la Secretaria ahora accionada en su informe presentado a la acción de libertad, indicó que el legajo del recurso de apelación ya fue remitido a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamento de Justicia de La Paz; por lo cual, adjuntó una copia de la Nota de 22 de mismo mes y año; por lo que, se remitió el cuaderno de control jurisdiccional a la citada Sala Penal, y fue recepcionado el 23 de ese mes y año.

En ese sentido, una vez presentado el recurso de apelación incidental -16 de agosto de 2023-, correspondía que la Secretaría hoy accionada remita el citado legajo al Tribunal de alzada dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, conforme establece el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y no efectuar la referida remisión recién el 23 de agosto de 2023 (fs. 12 vta.), cuando se estaba desarrollando la audiencia de consideración de la acción de libertad, demora procesal que es objeto de tutela por parte de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, al incurrir en una evidente dilación que vulnera el principio de celeridad vinculado al debido proceso en la tramitación del recurso de apelación incidental contra la modificación de medidas cautelares, que comprende el derecho a la libertad del accionante al encontrarse este con detención domiciliaria; por lo que, se exhorta a la Secretaria hoy accionada que intervino en la tramitación del proceso penal, el deber de observar los plazos establecidos en el Código de Procedimiento Penal, sin incurrir en dilaciones indebidas cuando debe primar la mayor celeridad posible, más aun cuando la Ley del Órgano Judicial, en su art. 94 inc. 15) señala que son obligaciones comunes de los secretarios “Cumplir todas las comisiones que el tribunal o juzgado le encomiende dentro del marco de sus funciones”, circunstancia que provocó la vulneración de los derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de celeridad y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones del accionante, por inobservancia de sus obligaciones y respecto del cual corresponde aplicar el entendimiento jurisprudencial citado en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional y conceder la tutela solicitada también en la modalidad de acción de libertad innovativa, cuya finalidad es evitar que en el futuro, se reiteren las conductas u omisiones lesivas y dilatorias que afectan el derecho a la libertad. Finalmente, respecto a la denuncia de vulneración del derecho a la defensa, y de los principios de legalidad y seguridad jurídica, se tiene que a partir de la lectura del memorial de acción de libertad, así como en audiencia de consideración de la presente acción de libertad, el accionante no identificó de qué manera dicho derecho fue vulnerado o la vinculación de dichos principios con algún derecho, correspondiendo denegar la tutela solicitada al respecto En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 71/2023 de 23 de agosto, cursante de fs. 10 a 11, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada en las modalidades de acción de libertad traslativa o de pronto despacho e innovativa respecto a los derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de celeridad y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al derecho a la defensa y a los principios de legalidad y seguridad jurídica, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0435_2026-S1.pdf · páginas 1 a 9.

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