Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de protección de privacidad · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026
Concede en parte la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la intimidad, honra, reputación, imagen, privacidad y dignidad; puesto que, el hoy accionado sin ningún justificativo y de manera ilegal a través de su cuenta de Facebook, Instagram y “otras”, la tachó falsamente de “MENTIROSA Y ESTAFADORA” y publicó su fotografía con el rótulo “SE BUSCA” como si se tratara de una “vulgar y vil delincuente”; puesto que, aún en el supuesto no consentido de cobrar anticréticos por adelantado y no devolverlos, nadie tiene derecho a publicar su foto y efectuar calificativos en su contra; más aun, cuando en el presente caso, es el ahora accionado y su esposa quienes incumplieron el acuerdo verbal al que llegaron, apareciendo recién después de dos años, sin comunicarse formalmente para reunirse, buscar una solución o conciliar, siendo su persona la perjudicada al no poder vender o dar en anticrético su bien inmueble a personas realmente interesadas. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) Naturaleza jurídica y alcances de la acción de protección de privacidad; b) Del principio de subsidiariedad en la acción de protección de privacidad; c) Los derechos tutelados en la acción de protección de privacidad; d) La acción de protección de privacidad y su alcance con relación a las redes sociales, y los limites respecto a la libertad de expresión, información y opinión; y, e) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especilializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 31/2025 de 30 de enero, cursante de fs. 62 a 65, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a la intimidad, honra, reputación, imagen, privacidad y dignidad, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Disponer que Ronald Fernando de Las Heras Canedo, elimine de sus redes sociales Facebook, Instagram y “otras”, las publicaciones cuestionadas en contra de Arlei Edlyn Villegas Giacoman, debiendo en lo sucesivo, abstenerse de efectuar acciones similares; y, 2º DENEGAR la tutela solicitada, respecto al pago de daños y perjuicios, debiendo Arlei Edlyn Villegas Giacoman acudir a la vía ordinaria, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0429/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de protección de privacidad Expediente: 71118-2025-143-APP Departamento: La Paz En revisión la Resolución 31/2025 de 30 de enero, cursante de fs. 62 a 65 pronunciada dentro de la acción de protección de privacidad interpuesta por Arlei Edlyn Villegas Giacoman contra Ronald Fernando de Las Heras Canedo.
El accionante por memoriales presentados el 23 de diciembre de 2024 y 3 de enero de 2025, cursantes de fs. 16 a 20 y 49 a 52 vta., manifestó lo siguiente:
Durante el transcurso del 19 de diciembre de 2024, varias de sus amistades le enviaron publicaciones con su fotografía indicando: “SE BUSCA” “MENTIROSA Y ESTAFADORA”, las cuales sin ningún justificativo y de manera ilegal fueron publicadas por el ahora accionado en redes sociales como Facebook, Instagram y “otras”, tachándola falsamente como “vulgar y vil delincuente”, mellando su privacidad, honor, honra y dignidad como mujer, madre y esposa, y su derecho a la presunción de inocencia al sindicar y condenarla como una vil delincuente; por lo que, aún en el supuesto no consentido de cobrar anticréticos por adelantado y no devolverlos, nadie tiene derecho a publicar su fotografía con los mencionados calificativos; puesto que, puede demostrar que siempre actuó de buena fe, siendo el hoy accionado junto con su esposa, los que incumplieron el acuerdo al que arribaron y del que resultó perjudicada por más de dos años, al no poder ofrecer su bien inmueble en anticrético y/o venta, a pesar de existir personas serias e interesadas, al manifestar que firmarían el contrato y que solo estaba a la espera de la entrega del dinero de un préstamo, situación que no se dio, alegando un sin fin de excusas para incumplir un acuerdo verbal al que llegaron, apareciendo ahora -se entiende de la interposición de la acción de protección de privacidad-después de dos años, sin enviarle alguna comunicación formal para reunirse y buscar una solución o acudir a una conciliación y evitar mayor perjuicio con la finalidad de vender su casa u otorgarla en anticrético a una persona seria y responsable, que realiza esas publicaciones incumpliendo lo acordado, cuando su persona por razones laborales está radicando en otro departamento. Ante el perjuicio ocasionado por incitar a denigrarla y hacerla viral mediante las redes sociales, a través de un medio tecnológico que “…si bien es privado es de un servicio público y también de acceso público…” (sic), utilizó las redes sociales para hacer una publicación completamente falsa y denigrante, habiendo requerido al hoy accionado eliminar la información de su base de datos, al estar vulnerando sus derechos a la honra, imagen, reputación y dignidad humana protegidos por la Constitución Política del Estado, afectando su derecho a no sufrir trato discriminatorio, con la agravante de estar menoscabando su dignidad como mujer; puesto que, con un grupo de personas que desconoce y quienes seguramente gustan de causar daño a los demás, se dio a la tarea de compartir esa publicación haciéndola viral de manera irresponsable y efectuando comentarios completamente desatinados, con odio, desprestigiándola con calumnias y calificativos que la denigran y vulneran sus derechos a la intimidad honra, reputación, imagen y privacidad, tal cual se evidencia de las capturas de las pantalla de los teléfonos celulares, publicaciones que se originaron desde el perfil del ahora accionado, quien es titular de dicha cuenta, sin que exista autoridad judicial o administrativa y menos un privado que pueda acceder a la misma para eliminarla y cada minuto que transcurre se hacen más virales.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la intimidad, honra, reputación imagen, privacidad y dignidad, sin citar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia se disponga: a) Ordenar al hoy accionado, eliminar del registro de su cuenta digital en Facebook, Instagram y “otras” en las que hubiese publicado imágenes, memes, escritos o cualquier dato sobre su persona; prohibir que por sí o interpósita persona se realice cualquier tipo de publicaciones y comentarios en redes sociales, televisivas u otras similares; además, de establecer responsabilidad penal y civil, y remitir antecedentes al Ministerio Público; y, b) La condenación de pago de daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia virtual el 30 de enero de 2025, conforme consta en el acta cursante de fs. 60 a 61, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de protección de privacidad.
Ronald Fernando de Las Heras Canedo, en audiencia manifestó que: “…la parte de la notificación con el memorial de acción de protección de privacidad no ha sido mostrada como verse en norma ni tampoco con las pruebas y por eso yo pienso que eso genera un estado de indefensión…” (sic), consideraba que la audiencia no debió realizarse ante los problemas generados, sin que por el tiempo hubiese podido tener el dinero suficiente para contar con un abogado que pueda defenderlo. Ante la consulta del Vocal respecto a que si deseaba y podía asumir su propia defensa, manifestó que: 1) No hay ningún tipo de publicación que esté circulando, y si bien recurrió a la misma fue para ubicar a la accionante, al verse atado de pies y manos, debido al tiempo que le otorgaron para que devuelva los $us10 000.- (diez mil dólares estadounidenses) que le dieron como adelanto por el anticrético, de un bien inmueble que tenía una anotación preventiva en el banco y que impedía ser ofrecida, teniendo el documento que la nombrada pretendía hacerles firmar, sintiéndose estafado por esos hechos; 2) Cuenta con todos los chats que recibió de la accionante indicándole que le cancelaría al estar pidiendo préstamo del banco, reconociéndose en todo momento como deudora con su persona; por lo que, inclusive presentó una acción en su contra al sentirse -reitera- estafado; por lo que, fue eliminado del WhatsApp y Facebook; y, no contestar llamadas durante tres años; puesto que, al tener una obligación con su familia; ya que, no se le entregó el bien inmueble ni devolvió el dinero, a pesar de su situación precaria, estuvo cancelando Bs6 000.- (seis mil bolivianos).- por concepto de alquiler; 3) Respecto al bien inmueble actualmente pesa un anuncio de embargo, la accionante está incurriendo en el delito de estelionato; ya que, no podía ofrecer el referido bien inmueble, habiéndole iniciado el inquilino otro proceso, siendo esa la razón por la que utilizó dicho medio para ubicar a la accionante y recuperar su dinero, y si bien trabajaba en el exterior, la esperó un año para que pueda dar su bien inmueble en anticrítico y que le devuelva su dinero, monto con el que no pudo contar inclusive cuando su madre estuvo enferma; ya que, al exigir su devolución, la accionante se molestó ante la presión que sintió por el cobro del dinero debido a la enfermedad de su progenitora, la que ya falleció, careciendo de sensibilidad; y, 4) Existe una denuncia similar contra la nombrada que fue publicada en la página visual.com.bo también en Facebook, evidenciándose que también otras personas la estaban buscando.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 31/2025 de 30 de enero, cursante de fs. 62 a 65, concedió la tutela solicitada y disponiendo que: i) El ahora accionado, debe eliminar de manera inmediata de todas sus redes sociales Facebook, Instagram o cualquier otra donde hubiese publicado la imagen de la accionante y el mensaje “ʽ…se busca mentirosa y deudora morosa estafadora…”ʼ (sic); y, ii) Rechazó la solicitud de pago de daños y perjuicios, al no poder realizar dicho análisis; puesto que, de existir vulneración y perjuicio ocasionado a la nombrada, debe ser determinado en un proceso ordinario; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: iii) El ahora accionado admitió que realizó las publicaciones en el entendido de que no podía acudir a otro medio para ubicar a la accionante; empero, más allá de que exista o no una deuda pecuniaria, la misma no puede ser cobrada a través de las redes sociales afectando la honra y buen nombre de una persona al existir en el ordenamiento jurídico la vía legal civil o penal para hacer efectiva una obligación pecuniaria; iv) La publicación realizada señala que la accionante sería “deudora morosa” al estar reteniendo la suma de “Bs. 10.000”, dañándose su imagen, honra y reputación de la nombrada ante el mensaje adjunto, vulneración que debe ser resguardada en la jurisdicción constitucional a través de la acción de protección de privacidad; v) El hoy accionado admitió realizar las publicaciones ante el incumplimiento de la obligación contraída por la accionante, teniendo las pruebas que evidencian ese extremo, teniendo que cumplir obligaciones pecuniarias y afrontar dificultades económicas que le está generando la deuda no cancelada; sin embargo, ello no puede significar de ningún modo que esa Sala Constitucional pueda dar lugar o consentir que se vulnere el derecho a la imagen, por cuanto la presente acción de protección de privacidad no es un mecanismo para cobrar obligaciones pecuniarias, al no poder ordenar a la accionante cumplir con la supuesta obligación pecuniaria que tendría con el ahora accionado, debiendo activar la vía ordinaria respectiva a la cual debe acudir el nombrado para hacer efectivo su pago; y, vi) Se notificó legalmente al ahora accionado vía WhatsApp un día antes de la audiencia -se entiende de 29 de enero de 2025-, adjuntando el memorial de la acción de defensa; por lo que, no se vulneró su derecho a la defensa ni existe la posibilidad de suspenderla.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de admisión los expedientes sorteados a los Magistrados cesados que se encontraban pendientes de resolución, a efecto de que se realice nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.
De la revisión y compulsa de antecedentes cursantes en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Cursan capturas de pantalla de la red social Facebook del titular Ronald Fernando de Las Heras Canedo -ahora accionado-, pidiendo ayuda para ubicar a Arlei Edlyn Villegas Giacoman -hoy accionante-, al pedir: “…adelanto de anticrético y no devuelve el dinero , tenemos pruebas , recibos, fotos del dinero entregado…” (sic), señalando en el texto: “SE BUSCA MENTIROSA Y DEUDORA MOROSA” (sic) “ARLEI VILLEGAS GIACOMAN” “A CUALQUIER AVISTAMIENTO RECUERDELE QUE ES DEUDORA MOROSA” (sic), advirtiéndose que la publicación fue compartida cincuenta y dos veces y comentada por varias personas (fs. 3 a 5 y 9 a 10). II.2. A través de la cuenta de Facebook “Alto obrajes Mi Barrio” se reposteó otra publicación del ahora accionado, con la misma petición de ayuda para ubicar a la accionante por: “DEUDORA MOROSA” “ARLEI VILLEGAS GIACOMAN” “RETIENE 10.000$ SE EXIGE DEVOLUCIÓN INMEDIATA” (sic) la cual fue compartida doce veces (fs. 13 a 14). II.3. Constan capturas de WhatsApp de síes personas dirigidas a la accionante, informándole sobre la publicación que estaba circulando en Facebook (fs. 6 a 8; y, 11 a 12 y 15).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la intimidad, honra, reputación, imagen, privacidad y dignidad; puesto que, el hoy accionado sin ningún justificativo y de manera ilegal a través de su cuenta de Facebook, Instagram y “otras”, la tachó falsamente de “MENTIROSA Y ESTAFADORA” y publicó su fotografía con el rótulo “SE BUSCA” como si se tratara de una “vulgar y vil delincuente”; puesto que, aún en el supuesto no consentido de cobrar anticréticos por adelantado y no devolverlos, nadie tiene derecho a publicar su foto y efectuar calificativos en su contra; más aun, cuando en el presente caso, es el ahora accionado y su esposa quienes incumplieron el acuerdo verbal al que llegaron, apareciendo recién después de dos años, sin comunicarse formalmente para reunirse, buscar una solución o conciliar, siendo su persona la perjudicada al no poder vender o dar en anticrético su bien inmueble a personas realmente interesadas. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) Naturaleza jurídica y alcances de la acción de protección de privacidad; b) Del principio de subsidiariedad en la acción de protección de privacidad; c) Los derechos tutelados en la acción de protección de privacidad; d) La acción de protección de privacidad y su alcance con relación a las redes sociales, y los limites respecto a la libertad de expresión, información y opinión; y, e) Análisis del caso concreto.
De acuerdo con lo previsto por el art. 130 de la CPE, la acción de protección de privacidad, es una garantía constitucional jurisdiccional que permite que:
“I. Toda personal individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación, podrá interponer la Acción de Protección de Privacidad.
II. La Acción de Protección de Privacidad no procederá para levantar el secreto en materia de prensa”, siendo su finalidad de conformidad con el art. 58 del CPCo: “…garantizar el derecho de toda persona a conocer sus datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, que se encuentre en archivos o bancos de datos públicos o privados; y a objetar u obtener la eliminación o rectificación de éstos cuando contengan errores o afecten a su derecho a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación” (las negrillas nos pertenecen).
La SCP 0021/2021- S2 de 7 de abril, establece que: “…opera también sobre archivos, registros, bancos o bases de datos; conceptos que según la Real Academia de La Lengua Española (RAE), en su categoría informática, se configuran como: Archivo ʽConjunto de datos almacenados en la memoria de una computadora u otro dispositivo electrónico, que puede manejarse con una instrucción únicaʼ; Registro ʽConjunto de datos relacionados entre sí, que constituyen una unidad de información en una base de datos”; Banco de datos ʽArchivo de datos referidos a una determinada materia, que puede ser utilizado por diversos usuariosʼ; y, finalmente Base de datos como: ʽConjunto de datos organizado de tal modo que permita obtener con rapidez diversos tipos de informaciónʼ ; por lo que, la protección en relación a la información personal, o en el caso de las personas colectivas información de su propia identificación o relativos a su personalidad espiritual que se encuentran contenida en dichos asientos, sean estos de tipo físico, electrónico, magnético o informático, es posible su tutela vía acción de protección de privacidadʼ.
La indicada sentencia constitucional también manifestó que: ʽ…la acción tutelar en estudio, al tratar -por su naturaleza y el ámbito que tutela- de la protección de los derechos de la personalidad espiritual se encuentra propensa a las transformaciones y desarrollo progresivo emergentes de los avances de la tecnología -internet, redes sociales-; lo que, sitúa al individuo en un escrutinio y seguimiento por los usuarios y terceros sobre información sensible, muchas veces con trascendencia social; por lo que, no pueden ser ajenas al derecho, justificándose en ello la activación de mecanismos que busquen proteger los derechos de los ciudadanos sobre conductas que constituyen una amenaza para mantener la privacidad debido a su dinamicidad sobre todo en plataformas de comunicación -entre ellas facebook-, y la enorme facilidad para su viralización a escala global que suelen a menudo desembocar en usos negativos con efectos desfavorables, desencadenando una inminente afectación material e irreparable de los derechos a la privacidad, intimidad, honra, honor, imagen y a la dignidad de las personas; lo que, puede dificultar incluso determinar la identidad real de los sujetos actuantes en el ciberespacio (perfiles falsos, trolls, entre otros).
En ese contexto, se torna imprescindible la garantía jurisdiccional constitucional de la acción de protección de privacidad establecida en nuestro ordenamiento jurídico, cuyo desarrollo debe estar acompañado de instrumentos a la par de la tecnología con mecanismos empleados al manejo de la información, propendiendo evitar una desprotección a su cabal y efectivo ejercicio; por consiguiente, queda claro que no es limitativa la existencia solo de un banco de datos, siendo innegable -por el desarrollo tecnológico- la posible transgresión por contenidos que se almacenan en otros tenedores y/o administradores de los datos de una persona natural o jurídica, cuya cobertura incluso alcanza a una red social, como una plataforma digital de comunicación global que pone en contacto a gran número de usuarios, entendiéndose en su máxima extensión”ʼ.
La SCP 1300/2012 de 19 de septiembre, que reiteró el entendimiento asumido por las SSCC 1738/2010-R de 25 de octubre y 0965/2004-R de 23 de junio, respecto al recurso de hábeas data, hoy acción protección de privacidad, señaló que abarca los siguientes ámbitos:
“1. Conocer la información o ‘registro de datos personales obtenidos y almacenados en un banco de datos de la entidad pública o privada, para conocer qué es lo que se dice respecto a la persona que plantea el hábeas data, de manera que pueda verificar si la información y los datos obtenidos y almacenados son los correctos y verídicos; si no afectan las áreas calificadas como sensibles para su honor, la honra y la buena imagen personal’; asimismo, conocer los fines y objetivo de la obtención y almacenamiento; es decir, qué uso le darán a esa información.
2. Actualizar los datos existentes, este es ‘el derecho a la actualización de la información o los datos personales registrados en el banco de datos, añadiendo los datos omitidos o actualizando los datos atrasados; con la finalidad de evitar el uso o distribución de una información inadecuada, incorrecta o imprecisa que podría ocasionar graves daños y perjuicios a la persona’.
3. Modificar o corregir la información existente en el banco de datos, cuando son incorrectos o ajenos a la verdad, en otros términos es el derecho corrección o modificación de la información o los datos personales inexactos registrados en el banco de datos público o privado, tiene la finalidad de eliminar los datos falsos que contiene la información, los datos que no se ajustan de manera alguna a la verdad, cuyo uso podría ocasionar graves daños y perjuicios a la persona.
4. Preservar la confidencialidad de la información que si bien es correcta y obtenida legalmente, no se la puede otorgar en forma indiscriminada; esta acción se funda en el derecho a la confidencialidad de cierta información legalmente obtenida, pero que no debería trascender a terceros porque su difusión podría causar daños y perjuicios a la persona.
5. Excluir la información sensible, es decir, aquella información que sólo importa al titular, como las ideas políticas, religiosas, orientación sexual, enfermedades, etc.; así la citada Sentencia Constitucional señaló que es el Derecho de exclusión de la llamada ʽinformación sensibleʼ relacionada al ámbito de la intimidad de la persona, es decir, aquellos datos mediante los cuales se pueden determinar aspectos considerados básicos dentro del desarrollo de la personalidad, tales como las ideas religiosas, políticas o gremiales, comportamiento sexual; información que potencialmente podría generar discriminación o que podría romper la privacidad del registrado” (las negrillas nos corresponde).
Por previsión del art. 131 de la CPE, la acción de protección de privacidad, sigue el mismo procedimiento previsto para la acción de amparo constitucional, adoptando para su configuración procesal el carácter subsidiario de aquella, debiendo considerarse la excepción establecida en el art. 61 del CPCoo, que prevé: “La Acción de Protección de Privacidad podrá interponerse de forma directa, sin necesidad de reclamo administrativo previo, por la inminencia de la violación del derecho tutelado y la acción tenga un sentido eminentemente cautelar”; en ese sentido, la SCP 1445/2013 de 19 de agosto, señala que previo acudir a la jurisdicción constitucional, se debe: “…reclamar ante la entidad pública o privada encargada del resguardo y administración de la información, la entrega, actualización, rectificación o supresión de la información o datos falsos, incorrectos o que induce a discriminaciones; y en caso de no obtener una respuesta positiva favorable a su petitorio, y por ende, la reparación de sus derechos, entonces recién quedará expedita la vía constitucional; sin embargo, de acuerdo al texto contenido en el precitado art. 61 del CPCo, podrá hacerse abstracción de la aplicación del principio de subsidiariedad, en virtud a lo cual, no se exigirá el reclamo administrativo previo, por la inminencia de la violación del derecho tutelado y la acción tenga un sentido eminentemente cautelar.
No se debe perder de vista que para que sea viable la excepción alegada, se deben cumplir de manera simultánea ambos requisitos, dado que se encuentran unidos por la conjunción copulativa ‘y’, que denota el vínculo o nexo entre ambas, e implica que deben darse a la vez, es decir, se evidencia la inminencia de la violación al derecho a la autotutela informativa, lo que se traduce en que exista una extrema proximidad de una lesión o vulneración, y el mecanismo de defensa, pretenda evitar daños y perjuicio irreparables, como una medida preventiva” (las negrillas son nuestro).
La SCP 0819/2015-S3 de 10 de agosto, establece que: “Es indudable que hoy en día el uso de internet se encuentra presente en casi todos los aspectos de las relaciones y actividades sociales, así, cabe destacar la proliferación de instrumentos de recopilación de datos tanto por entidades públicas como privadas, lo que implica que muchas veces una persona no conozca a plenitud los fines, alcances y distribución de su información personal; así y en virtud a esa realidad, cabe referirse al uso indebido de esa información, a la eventual invasión a la esfera privada de la intimidad de las personas y al deber del Estado de garantizar que el indicado ámbito no sea una ventana más de vulneración de derechos fundamentales, pues así lo entendió el constituyente que en el art. 21 de la CPE, estableció los derechos de: ‘Las bolivianas y los bolivianos (…) 2. A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad’.
De ahí, es innegable reconocer que mediante los avances y herramientas tecnológicas, que cada vez son más frecuentes, los actos que vulneran derechos fundamentales como los de privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad también se incrementan en distintas esferas; en ese sentido, el deber del Estado de garantizar la protección y vigencia de tales derechos implica que éste organice toda la estructura que en general manifieste el ejercicio del poder público, para asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos; en ese entendido, la garantía de respeto a los derechos referidos anteriormente se plasmará en el deber del Estado de adoptar medidas de prevención y protección de las relaciones de particulares entre sí, contra aquellos bancos de datos que puedan sobrepasar el límite de la privacidad en la persona natural y afectar a todos los derechos establecidos por el art. 21.2 de la CPE”. Sobre el derecho a la honra la SCP 0021/2021-S2 de 7 de abril, dejó establecido que: “El Diccionario de la Real Academia Española, define a la honra como la ʽEstima y respeto de la dignidad propiaʼ y la ʽBuena opinión y fama adquiridas por la virtud y el méritoʼ. De lo que se puede inferir que la honra es el respeto y la estima con el que cada persona debe ser tratada en virtud y consideración de las acciones que realiza. La jurisprudencia constitucional establece que no se puede considerar vulnerada la honra cuando uno mismo ʽ…ha impuesto el desvalor a sus conductas y ha perturbado su imagen ante la colectividad”ʼ.
Respecto al derecho a la honra la SC 0686/2004-R de 6 de mayo, dispuso que: “Según la doctrina del Derecho Constitucional el derecho a la honra, es la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida y tratada por los demás miembros de la colectividad que le conocen; es el derecho que tiene toda persona a que el Estado y las demás personas reconozcan y respeten la trascendencia social de su honor. Es un derecho que se gana de acuerdo a las acciones realizadas por cada persona, de manera que en virtud de ellas pueda gozar del respeto y admiración de la colectividad como consecuencia de su conducta correcta e intachable acorde con valores de la ética y la moral, o, por el contrario, carezca de tal imagen y prestigio, en razón a su indebido comportamiento social; cabe advertir que la honra, se constituye en una valoración externa de la manera como cada persona proyecta y presenta su imagen; de manera que las actuaciones buenas o malas, son el termómetro positivo o negativo que la persona irradia para que la comunidad se forme un criterio objetivo respecto de la honorabilidad de cada ser; pues las buenas acciones acrecientan la honra, las malas decrecen su valoración. En este último caso se entiende que no se puede considerar vulnerado el derecho a la honra de una persona, cuando es ella misma quien ha impuesto el desvalor a sus conductas y ha perturbado su imagen ante la colectividad” (las negrillas son nuestras).
La Corte Constitucional de Colombia en su Sentencia T-412/1992 de 17 de junio, al referirse al derecho a la honra estableció que: “El concepto de honra se debe construir desde puntos de vista valorativos y, en consecuencia, con relación a la dignidad de la persona. Desde dicha perspectiva la honra es un derecho de la esfera personal y se expresa en la pretensión de respeto que corresponde a cada persona como consecuencia del reconocimiento de su dignidad”.
El mismo fallo constitucional, hizo una diferenciación entre el honor y la honra, disponiendo: “…la honra o reputación es externa, llega desde afuera, como ponderación o criterio que los demás tienen de uno, con independencia de que realmente se tenga o no honor; uno es el concepto interno -el sentimiento interno del honor-, y otro el concepto objetivo externo que se tiene de nosotros -honra-. Es de advertir que el derecho fundamental a la honra es de aplicación inmediata, por lo tanto no requiere para su aplicación la mediación de otra norma jurídica”.
Por otro lado, el Diccionario de la Real Academia Española define a la reputación como la “Opinión o consideración en que se tiene a alguien o algo” y el “Prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo”; de lo cual la reputación se constituye en la opinión positiva que se tiene sobre una persona o cosa y sus cualidades.
LA SCP 0426/2015-S3 de 20 de abril, establece que: “El derecho a la reputación, fue acuñado por la jurisprudencia comparada como el derecho al buen nombre. Este derecho, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional de Colombia, ‘…alude al concepto que del individuo tienen los demás miembros de la sociedad en relación con su comportamiento, honestidad, decoro, calidades, condiciones humanas y profesionales, antecedentes y ejecutorias. Representa uno de los más valiosos elementos del patrimonio moral y social de la persona y constituye factor indispensable de la dignidad que a cada uno debe ser reconocida’ (Sentencia T-228/94 aprobada por acta de 10 de mayo de 1994, Magistrado Ponente, José Gregorio Hernández Galindo)”.
De lo expuesto se tiene que la honra y reputación, si bien son derechos inherentes de la persona, que conforme al Código Civil acompañan al individuo por el resto de su vida desde su nacimiento; su reconocimiento está vinculado a valoraciones externas conforme a la conducta y acciones que uno realice; así el derecho al respeto con el que uno exige ser tratado, pasa por tener un debido comportamiento social acorde a los valores de la ética y moral; por otro lado la opinión positiva sobre las cualidades de un determinado individuo, también se forma a partir de su buen comportamiento, su honestidad y decoro. Ambos constituyen derechos de toda persona a no sufrir ataques contra a sus valores, virtudes y cualidades socialmente reconocidas. Con relación al derecho a la imagen propia, la indicada SCP 0021/2021-S2 señala que: “…la Corte Constitucional de Colombia en examen del derecho a la imagen, en la Sentencia T-050/16 de 10 de febrero de 2016, reitera lo establecido por la Sentencia T-634 de 2013, respecto de la orden de que: ʽ …la protección a la imagen también se aplica a las redes sociales incluyendo el restablecimiento del derecho cuando se está haciendo un uso indebido de ella, se publica sin la debida autorización del titular o simplemente la posibilidad de excluirla de la plataforma, pues, como se mencionó anteriormente, tanto la imagen como su disposición se encuentra íntimamente ligada al libre desarrollo de la personalidad, así como a la dignidad humana como expresión directa de la identidad de la personaʼ.
De igual forma, la misma Corte, sostuvo que: ʽ…si bien redes sociales como Facebook implican un mayor riesgo de vulnerabilidad de derechos fundamentales al buen nombre, a la intimidad y a la imagen, no quiere decir que el uso de dichas plataformas implique una cesión de tales garantías y, en consecuencia, la libre y arbitraria utilización de los datos, ya sea videos, fotos y estados, entre otras, ni tampoco la publicación de cualquier tipo de mensaje, dado que, como se ha venido reiterando, la protección y límites de la libertad de expresión por medios de alto impacto también aplican a medios virtualesʼ (Sentencia T-050/16). En ese entendido, el derecho al respeto de la vida privada y otros derechos que son parte esencial de la personalidad del individuo, como ser la propia imagen, reputación y honra contra ataques e injerencias externas, ilegales, abusivas o arbitrarias, encuentran reconocimiento y protección en instrumentos internacionales de Derechos Humanos y el desarrollo jurisprudencial de los distintos Tribunales descritos supra, que a la luz del art. 410 de la CPE, forman parte del bloque de constitucionalidad; el art. 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) establece que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, domicilio o correspondencia ni de ataques a su honra o reputación y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra ataques; de la misma forma, los art. 11 y 14 de la CADH; y, el art. 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), a su vez, tutelan también otros aspectos que pertenecen a la vida privada de una persona como la familia, el domicilio y la correspondencia”. Asimismo, otro valor propio de nuestro sistema jurídico, es la dignidad, reconocida en los arts. 8.II y 22 de la CPE, sobre el cual la jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1738/2010-R de 25 de octubre que citando a la SC 0338/2003-R de 19 de marzo, en su Fundamento Jurídico III.2, establece que: “…el derecho a la dignidad humana es aquel que tiene toda persona por su sola condición de `humano´, para que se la respete y reconozca como un ser dotado de un fin propio, y no como un medio para la consecución de fines extraños, o ajenos a su realización personal. La dignidad es la percepción de la propia condición humana, y de las prerrogativas que de ella derivan” (las negrillas nos pertenecen). La SCP 0104/2024-S3 de 29 de abril, señala que: “En ese entendido el derecho a la dignidad implica ‘El respeto de todo ser humano como un fin en sí, empieza por el respeto a la vida y al reconocimiento de los múltiples derechos en los que se despliega su dignidad, lo que presupone el reconocimiento de su derecho a la existencia; de tal forma, se puede afirmar categóricamente que el derecho a la dignidad humana es aquel que tiene toda persona por su sola condición de «humano», para que se la respete y reconozca como un ser dotado de un fin propio, y no como un medio para la consecución de fines extraños, o ajenos a su realización personal. La dignidad es la percepción de la propia condición humana, y de las prerrogativas que de ella derivan”ʼ. Con relación al derecho a la privacidad e intimidad, la SCP 0819/2015-S3 de 10 de agosto, razonó indicando: «Al derecho a la intimidad se lo tiene como el derecho más clásico de esta índole, es así que el art. 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos refiere que: ‘Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques’.
Por su parte, nuestra Norma Suprema lo reconoce como derecho fundamental dentro del acápite de derechos civiles y políticos en su art. 21.2 señalando que las bolivianas y los bolivianos tienen derecho: ‘A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad’, en ese sentido concebimos el derecho a la intimidad como esa esfera que protege la vida más privada del individuo frente a injerencias ajenas, salvo excepciones muy concretas contenidas en la Ley, por lo tanto dicha esfera protege elementos físicos e instrumentales (art. 25 de la CPE) como elementos sustanciales que suponen determinados datos sensibles sobre la persona (ideología, religión creencias, vida sexual o salud).
Bajo ese contexto la diferenciación con el derecho a la privacidad radica principalmente en la amplitud y alcance del mismo, es así que el derecho a la privacidad es mucho más amplio que el de la propia intimidad, que contiene datos vinculados a la persona, sean estos sensibles o no, que deben ser protegidos a razón del mal uso que se le pueda dar.
En ese sentido en el caso concreto, se evidenció (Conclusiones II.3 y II.4) la vulneración de los derechos de privacidad e intimidad de la accionante, al comprobarse que se encuentran datos sensibles de la misma dentro del tráfico de internet sin su consentimiento, por lo que su esfera de la privacidad fue vulnerada, (…), por lo que al tratarse de elementos sustanciales del derecho de privacidad, la vulneración se amplía a su derecho a la intimidad por tratarse de datos sensibles, en específico de su vida sexual; por lo que, tanto su derecho a la privacidad, al ingresar, distribuir y difundir sus datos personales, como su derecho a la intimidad, al considerarse referidos datos como sensibles, fueron vulnerados; además, por su naturaleza y el poder de acceso a diferentes medios en los cuales se puede reproducir dicho material, se convierte en actos flagrantes vulneratorios a los indicados derechos, por lo que más allá de tratar de determinar una responsabilidad penal dentro de un proceso ordinario (Conclusión II.5) son derechos fundamentales que deben garantizarse de manera inmediata y efectiva e incluso de oficio por parte del Estado».
La SCP 0941/2022-S1 señala que: “Siguiendo la línea de entendimiento desarrollados el Fundamento Jurídico precedente, la SCP 0021/2021-S2 de 7 de abril, efectuando una sistematización de la jurisprudencia constitucional respecto a la acción de protección de privacidad, y su evolución dinámica, como resultado de las interpretaciones sobre los derechos que tutela realizadas por el Tribunal Constitucional en base al principio de progresividad, procedimientos que la misma, no limita su análisis para su protección a la existencia de banco de datos públicos o privados, sino que, al configurarse como una vía procesal instrumental para la protección del derecho a la autodeterminación informativa, cuyo fin es proteger el derecho a la privacidad o vida íntima contra el manejo de información sobre datos personales por medios informáticos; conlleva u otorga a la persona la facultad para conocer, actualizar, rectificar o cancelar la información existente en una base de datos públicos o privados, y que se haya obtenido, y amplitud que tiene su respaldo, en el arte. 130 de la CPE que establece: (…) concluye en consecuencia, que en virtud al alcance de los derechos tutelados por la acción de protección de privacidad, esto se constituye en una garantía constitucional frente al indebido o uso ilegal de datos. En esa misma línea de análisis, la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, consider(ó) la interpretación desarrollada en la SCP 0089/2014-S2 de 4 de noviembre, misma que a partir del mencionado art. 130 de la Norma Fundamental que concibe que tanto las personas naturales y jurídicas tienen acceso a los derechos a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad reconocida en el art. 21.2 de la CPE, tom(ó) en cuenta en esa oportunidad, el a la intimidad al considerarlo como uno de los bienes más susceptibles de ser lesionado ante el uso de las nuevas tecnologías, estableciendo por ello la necesidad de poner un límite al uso de la derecho informático y las comunicaciones ante la posibilidad de que tal uso, podría dar lugar a la restricción de derechos (…). En consideración a tales razonamientos, la SCP 0021/2021-S2, entendió que, la protección de los derechos que tutela la acción de protección de privacidad, que tiene que ver precisamente con la privacidad, intimidad, honra, honor, imagen ya la dignidad de las personas, debe ir a la par del desarrollo progresivo emergente de los avances de la tecnología, entre otras, el internet y las redes sociales, ello, con el fin de garantizar el cabal y efectivo ejercicio de tales derechos; al efecto iniciado que, esta acción de defensa: ʽ…se encuentra propensa a las transformaciones y desarrollo progresivo emergentes de los avances de la tecnología -internet redes sociales- lo que sitúa al individuo en un escrutinio y seguimiento por los usuarios y terceros sobre información sensible, muchas veces con trascendencia social; por lo que, no pueden ser ajenas al derecho, justificándose en ello la activación de mecanismos que buscan proteger los derechos de los ciudadanos sobre conductas que constituyen una amenaza para mantener la privacidad debido a su dinamicidad sobre todo en plataformas de comunicación -entre ellas Facebook-, y la enorme facilidad para su viralización a escala global, que suelen a menudo desembocar en usos negativos con efectos desfavorables, desencadenando una inminente afectación material e irreparable de los derechos a la privacidad, intimidad, honra, honor, imagen ya la dignidad de las personas, lo que puede dificultar incluso determinar la identidad real de los sujetos actantes en el ciberespacio (perfiles falsos, trolls, entre otros). En ese contexto, se torna imprescindible la garantía jurisdiccional constitucional de la acción de protección de privacidad establecida en nuestro ordenamiento jurídico, cuyo desarrollo debe estar acompañado de instrumentos a la par de la tecnología con mecanismos empleados al manejo de la información, propendiendo evitar una desprotección a su cabal y efectivo ejercicio; por consiguiente, queda claro que no es limitativa la existencia solo de un banco de datos, siendo innegable -por el desarrollo tecnológico- la posible transgresión por contenidos que se almacenan en otros tenedores y/o administradores de los datos de una persona natural o jurídica, cuya cobertura incluso alcanza a una red social, como una plataforma digital de comunicación global que pone en contacto a gran número de usuarios, entendiéndose en su máxima extensiónʼ (las negrillas nos pertenecen). (…) En consecuencia, resulta irrefutable que la acción de protección de privacidad constituye un medio procesal constitucional de resguardo como parte del núcleo esencial de los derechos de la personalidad espiritual, como son los datos personales de la intimidad, privacidad (personal y familiar), imagen, honra, reputación, dignidad y honor, frente al indebido o uso ilegal de datos personales inmerso o contenido en un simple registro, archivo, bancos o bases de datos, e incluso redes sociales o cualquier medio o asiento causante de lesión de los mismos, activándose la acción precitada tutelar como una vía procesal idónea de protección del manejo o uso ilegal o indebido de información o datos personales …ʼ (las negrillas nos pertenecen).
Bajo esos razonamientos, el mencionado fallo constitucional entendió que la acción tutelar de protección de privacidad otorga la potestad y facultad a toda persona de acudir a la jurisdicción constitucional para exigir el resguardo, restitución o restablecimiento inmediato de sus derechos a la intimidad, privacidad (personal y familiar), imagen, honra, reputación, dignidad y honor, ante el manejo o uso ilegal o indebido de información o datos personales, pudiendo exigir el conocimiento, obtención, rectificación, corrección, eliminación o mantenimiento en confidencialidad de los datos privados recogidos. o almacenados, así como objetar su uso; otorgándole al efecto, el siguiente alcance: '1) Protege a toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático; se tratan de datos referidos y vinculados a los derechos de la personalidad; 2) Toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados en archivo, registro, banco de datos o base de datos; referidos y vinculados a los derechos de la personalidad; 3) Cuando el dato o datos registrados, afecten los derechos fundamentales a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra, reputación, dignidad y el honor; 4) Le rige el principio de subsidiariedad, mismo que puede ser flexibilizad [o] cuando se presenta daño actual, irreparable o irremediable; 5) Dependiendo de las circunstancias del caso, la tutela puede ser transitoria o inmediata (SCP 0819/2015-S3 de 10 de agosto); y, 6) De acuerdo al art. 130.II de la CPE, no procederá para levantar el secreto en materia de prensa”ʼ (las negrillas son nuestras). Con relación al segundo tema anunciado en el presente título, la SCP 0941/2022-S1 dispuso: “ Respecto a este derecho, el cual se entiende en el derecho a emitir libremente ideas y opiniones, posibilitando, además, la libertad de hacer las públicas por cualquier medio de difusión, en la normativa nacional se encuentra garantizada en el art. 106.II de la CPE, el cual establece que: 'El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación ya la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa'; consecuentemente, la libertad de expresión es uno de los pilares que sostienen el proceso democrático y su protección es esencial para vivir en una sociedad justa e igual para todas las personas , por ello, el ejercicio de estas libertades tiene la base para su sustento tanto en la Constitución Política de Estado, la Ley de Imprenta así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la legislación y convenios internacionales vigentes ; dicha protección no es absoluta, precisamente, por el fin que se busca al garantizarla, en ese sentido, es la misma Norma Fundamental que establece límites para su ejercicio al establecer en el art. 107.II que: ʽLa información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad…'; precepto que obliga y exige a que toda opinión o información sea emitida con responsabilidad y veracidad a efectos de evitar afectaciones, daños o el respeto a una convivencia pacífica. Sobre esta base normativa, la SCP 0664/2021-S2 de 12 de octubre, señala que estos límites a la libertad de expresión, también fue establecido por la CIDH, en el caso Kimel vs. Argentina del 2 de mayo de 2008, en el cual se determinan que:
“En torno a las restricciones, la Corte (IDH) ha señalado, pese a que la libertad de expresión goza de cierta prevalencia, no obstante esto no significa que este exento de limitaciones, de ahí que, la persona que ejerza la libertad de expresión, también está sujeta a las consecuencias que conlleven afectación a terceros, por esa razón debe abstenerse de utilizar frases injuriosas, insultos o insinuaciones insidiosas y vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de la persona a quien se refieran a aspectos que no están protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Bajo esa perspectiva, los derechos mencionados ut supra, serán limitados en la medida en que se incurra en las situaciones fácticas señaladas, omitir estas circunstancias derivaría en la lesión de los derechos a la intimidad, a la honra, el honor, a la propia imagen ya la dignidad, entre otros derechos vinculados'. De igual forma, la citada Sentencia Constitucional Plurinacional se refirió sobre la libertad de expresión en las redes sociales, explicando que por la dinamidad y alcance que tienen estas conllevan a un cambio en la forma en que se lleva a la práctica dicho derecho, señalando que, por tales razones, las expresiones manifestadas a través de estas también deben sujetarse a las limitaciones desarrolladas, es decir, a que su difusión sea con la debida responsabilidad y las consecuencias que podrían generar dicha omisión a terceros, aspectos que indica que, también fueron establecidas por la Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión en Internet, de 1 de junio de 2011, la cual dispuso que la libertad de expresión alcanza también al Internet (redes sociales), pero que sin embargo, las restricciones a la libertad de expresión en este medio solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales y deberán ser previstas por ley y que persiga una finalidad legítima y necesaria reconocida por el derecho internacional; concluyendo luego de ese desarrollo que: ʽ…el derecho a la libertad de expresión, información y opinión gozan de una protección reforzada, reconocida por la Constitución Política del Estado y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, de ahí que se prohíbe la censura; no obstante, estos derechos no están exentos de limitaciones, por lo que podrán ser restringidos cuando: a) Se compruebe que, en la información divulgada existe una intención dañina o una negligencia al presentar hechos parciales incompletos o inexactos; y, b) Las manifestaciones realizadas por una persona, conlleve expresiones insultantes, difamatorias, groseras y desproporcionadas respecto del hecho que se quiere comunicar. Asimismo, estas limitaciones serán analizadas a partir de un caso concreto, mediante valoraciones objetivas y neutrales, las cuales también serán extensibles al ámbito de internet y las redes sociales, por cuanto a través de estas, los usuarios también se expresan, amparados en la libertad de expresiónʼ . En base a este desarrollo, y considerando que: ʽLa libertad es una facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actosʼ (Real Academia Española); queda claro que, el derecho a la libertad de expresión, misma que tiene su base de sustento en la Constitución Política del Estado y la Ley de Imprenta que garantizan su ejercicio, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y convenios internacionales vigentes, es un derecho humano, que debe ser ejercido racional, consciente y responsablemente sobre los propios cursos de acción y pensamiento, donde las personas se hagan cargo de las consecuencias de sus acciones; por lo que, en ese contexto ya efectos de su efectividad, dicho derecho enfrenta limitaciones, cuando afecta el otro que tienen las personas a la protección contra las injerencias o ataques a las que puedan ser sometidas a través de las opiniones o informaciones que vayan a ser difundidas por cualquier medio de comunicación y que llegue hasta la frontera de la dignidad, la intimidad, la honra y el buen nombre de los demás” (las negrillas nos corresponden).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la intimidad, honra, reputación, imagen, privacidad y dignidad; puesto que, el hoy accionado sin ningún justificativo y de manera ilegal a través de su cuenta de Facebook, Instagram y “otras”, la tachó falsamente de “MENTIROSA Y ESTAFADORA” y publicó su fotografía con el rótulo “SE BUSCA” como si se tratara de una “vulgar y vil delincuente”; puesto que, aún en el supuesto no consentido de cobrar anticréticos por adelantado y no devolverlos, nadie tiene derecho a publicar su foto y efectuar calificativos en su contra; más aun, cuando en el presente caso, es el ahora accionado y su esposa quienes incumplieron el acuerdo verbal al que llegaron, apareciendo recién después de dos años, sin comunicarse formalmente para reunirse, buscar una solución o conciliar, siendo su persona la perjudicada al no poder vender o dar en anticrético su bien inmueble a personas realmente interesadas.
Ingresando al examen del caso, en atención a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, corresponde abstraer a la accionante de la exigencia de cumplir con el principio de subsidiariedad, por cuanto si bien no existe una instancia para efectuar un reclamo administrativo previo, en su memorial de acción de proteccion de privacidad señaló, sin precisar de qué manera: “…requerí se elimine la información errónea contenida en la base de datos del señor RONALD FERNANDO DE LAS HERAS CANEDO…” (sic); por lo que, al tener la presente acción de defensa un sentido eminentemente cautelar ante una presunta vulneración de los derechos de la accionante y con la finalidad de evitar daños y perjuicios irreparables, se abre la competencia de esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional para ingresar a analizar la problemática planteada.
De acuerdo con el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, para que una acción de protección de privacidad sea procedente, requiere la concurrencia de dos presupuestos: 1) La existencia de un banco de datos, que puede ser público o privado, físico, electrónico, magnético, informático, que tengan como finalidad proveer informes; y, 2) Que ese banco de datos contenga información vinculada a derechos protegidos por dicha acción como es la privacidad, intimidad, propia imagen, honra y reputación; en ese sentido, de los antecedentes aparejados al cuaderno procesal se advierte impresiones de las publicaciones realizadas en Facebook por el usuario hoy accionado, solictando ayuda para ubicar a la persona de la fotografía, quien refiere le pidió un “…adelanto de anticrético y no devuelve el dinero, tenemos pruebas, recibos, fotos del dinero entregado…” (sic), indicando: “SE BUSCA MENTIROSA Y DEUDORA MOROSA” (sic) “ARLEI VILLEGAS GIACOMAN” A CUALQUIER AVISTAMIENTO RECUERDE QUE ES DEUDORA MOROS” (sic), publicación que fue compartida cincuenta y dos veces por distintos usuarios (Conclusión II.1.), la que fue resposteada doce veces por otros usuarios y enviada a cuentas de WhatsApp (Conclusión II.2.), siendo compartida a la accionante por sus amistades al estar circulando en Facebook (Conclusión II.3.).
En ese sentido, si bien el hoy accionado en la audiencia virtual manifestó: “Lo que yo deseo es hacer notar de que en este momento no hay ningún tipo de publicaciones que estén circulando, si bien he recurrido a ese modo de poder ubicar a la señora. Ha sido porque me he visto atado de pies y manos porque el tiempo que nosotros le hemos dado a la señora para que ya pueda devolver el dinero que se le ha entregado como adelanto de un anticrético que son Sus. 10.000.- por una casa que ella no podía haberlo puesto en anticrético, porque estaría incurriendo en un delito porque la casa tenía una anotación en el banco…” (sic [fs. 60 vta.]); admitiendo con ello que fue el hoy accionado, quien realizó las publicaciones que vulneraron los derechos a la intimidad, honra, reputación, imagen, privacidad y dignidad de la accionante, las cuales según expresa ya no estarían circulando, ante la referida afirmación no corresponde resolver la problemática planteada aplicando la sustracción de materia; ya que, conforme a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0053/2018-S4 de 14 de marzo, 0128/2019-S2 de 17 de abril, 0799/2020-S2 de 15 de abril, entre otras, para que la mencionada situación se origine es necesario probar que los efectos del acto reclamado cesaron antes de la notificación con la acción tutelar, debiendo tener los actos que sirvieron para corregir o enmendar la vulneración, la misma efectividad que tuvieron los actos denunciados, de tal manera que restituyan la situación fáctica al estado en que se encontraba antes de cometerse los actos ilegales que determinaron la interposición de esta acción de defensa; en consecuencia, a pesar de afirmar el hoy accionado en audiencia, que esas publicaciones ya fueron eliminadas, admitiendo con ello la transgresión a los derechos denunciados como vulnerados por la accionante conforme al entendimiento respecto de cada uno de ellos, expresado en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional; no existe prueba cierta que evidencie que las publicaciones hubiesen sido eliminadas mucho antes, inclusive de ser citado con esta acción tutelar o la realización de esa audiencia; más aun, si se considera que las publicaciones en la red social Facebook se propagan o viralizan rápidamente (Fundamento Jurídico III.4.), siendo necesario garantizar la supresión o eliminación efectiva de dichas publicaciones y los comentarios que merecieron, por cuanto en la audiencia suspendida, que se encontraba desarrollando el 29 de enero de 2025, la accionante a través de su abogado señaló: “…no contento con ello este señor el día de ayer cuando se le notificaba la presente acción tutelar empieza a realizar nuevamente publicaciones y las voy a compartir ante vuestra autoridad, publicaciones en Facebook hace 3 min esto ha sido realizado el día de ayer al momento cuando ha sido notificado este señor vuestra autoridad va a poder evidenciar nuevamente realiza un sinfín de publicaciones el día de ayer…” (sic [fs. 58]), audiencia que si bien fue suspendida ante el informe del propietario de la casa donde se practicaron las notificaciones, quien informó que el ahora accionado no vivía, ni convivía en la misma y tampoco fue su pariente, al haberla adquirido cinco años atrás, situación que determinó la suspensión de ese acto procesal para un día después, tal cual sucedió. De lo referido resulta ser evidentemente la vulneración de derechos a la intimidad, honra, reputación, imagen, privacidad y dignidad denunciados como vulnerados por la accionante; por lo que, corresponde en consecuencia brindar la protección solicitada por la nombrada a esta jurisidicción constitucional; ya que, los datos consignados en la publicación efectuada por el hoy accionado, tal cual lo reconoció, son datos que al ingresar al tráfico de internet, afectaron su esfera personal y privada que deben ser discutidos, aclarados y remediados en otro ámbito y si el nombrado se siente “estafado”, por cuanto tiene un recibo “…firmado por la señora cuando ha recibido tengo las copias de los dólares que se le ha entregado (…) todos los chats el que he recibido de ella indicándome que me va a pagar que está pidiendo su préstamo del banco, reconociendo en todo momento la deuda con nosotros (…) esta acción no ha podido concluir porque tengo que tenía que complementar con documentación que me he ido muniendo porque la señora ha decidido eliminarnos del WhatsApp, eliminarnos del Facebook, no contestar las llamadas son 3 años (…) la señora ha desaparecido comprenderá; yo tengo 5 hijos, tengo obligaciones que cumplir a raíz de que ella no ha podido no ha podido realizar la entrega del domicilio y la devolución del dinero que se le ha dado yo me veo en la obligación de vivir en alquiler, pago Bs. 6 000 .- de alquiler, entonces yo me encuentro en una situación económica completamente precaria a raíz del problema que me ha ocasionado la señora. En ninguna Notaria han aceptado que quiera presentar ese documento de anticresis porque en su casa estaba con una anotación con el banco. Actualmente, nosotros tenemos la documentación la casa se encuentra con un anuncio de embargo, entonces ella estaría incurriendo en un delito de estelionato y no podía haber ofrecido ese inmueble, inclusive el inquilino que está en su casa, actualmente, le ha iniciado un proceso, estos son los procesos que tiene la Sra. Arlei de los cuales hemos podido porque esto está a la vista para la gente y en ejercicio debido de la profesión, tiene estafa, tiene apropiación indebida. Entonces, yo tenía que ver la forma de poder recuperar mi dinero (…), y no he utilizado otra cosa que no crea yo que en ley y en justicia pueda agarrar y cobrar” (sic [fs. 60 vta.]); esta en todo su derecho de acudir ante la instancia respectiva competente, sea civil o penal, a efectos de hacer valer sus derechos y reclamarlos, sin que sea la jurisdicción constitucional la instancia encargada de resolver los conflictos particulares generados entre ambos. Con relación a la solicitud de la accionante respecto a la determinación de daños y perjuicios, corresponde señalar que la jurisprudencia constitucional ya se pronunció al respecto, señalando que la concesión de la tutela permite su disposición en la vía ordinaria; así lo establece la SCP 0319/2013 de 18 de marzo que dispuso: “… al pretender una calificación de daños y perjuicios, como emergencia de las vías de hecho denunciadas corresponde a la parte accionante acuda a la vía ordinaria pues conforme el AC 0006/2004-CDP de 18 de febrero, ʽ…el lucro cesante o daño emergente que dispone el Código civil, pues no corresponde dicha determinación a la jurisdicción constitucional debido a dos razones, la primera, que la finalidad del amparo constitucional es otorgar tutela efectiva al recurrente restituyendo su lesionado y, la segunda, porque la determinación del lucro cesante y daño emergente requiere de un proceso controversial en el que las partes puedan sustentar y probar sus pretensiones, ello es una demanda ordinariaʼ” ; en esa orden, la accionante debe acudir a la jurisdicción ordinaria al efecto pretendido. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especilializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 31/2025 de 30 de enero, cursante de fs. 62 a 65, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a la intimidad, honra, reputación, imagen, privacidad y dignidad, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
a) Disponer que Ronald Fernando de Las Heras Canedo, elimine de sus redes sociales Facebook, Instagram y “otras”, las publicaciones cuestionadas en contra de Arlei Edlyn Villegas Giacoman, debiendo en lo sucesivo, abstenerse de efectuar acciones similares; y, 2º DENEGAR la tutela solicitada, respecto al pago de daños y perjuicios, debiendo Arlei Edlyn Villegas Giacoman acudir a la vía ordinaria, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0429_2026-S1.pdf · páginas 1 a 22.
Huella digital del PDF (SHA-256): b33fcb3d31c69b63f0240b640dba76aadf75ff7608c69818d4231b25f244fd0b
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