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SCP 0427/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 24 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
24 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
53036-2023-107-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

La accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la impugnación; de la garantía del debido proceso en su componente derecho a la defensa; y, del principio de legalidad; alegando que, la parte demandada no remitió dentro de plazo, el recurso de apelación incidental que en su condición de víctima formuló en audiencia de medidas cautelares contra el Auto Interlocutorio 608/2022, que dispuso la aplicación de medidas cautelares personales distintas a la detención preventiva de la imputada. Ante ello, la parte demandada negó el contexto de lesividad denunciado; refiriendo que: i) El abogado de la peticionante de tutela se negó a sacar las fotocopias de las piezas procesales necesarias para armar el cuaderno de apelación para su respectiva remisión; ii) No se determinó el envío en el plazo de veinticuatro horas, debido a que, no se había dispuesto la detención preventiva de la imputada, extremo que hubiera ameritado la tramitación urgente de esas impugnaciones; disposición que no fue reclamada por ninguna de las partes; y, iii) El legajo de apelación fue remitido el 5 de enero de 2023 a costa del peculio de la Secretaria codemandada. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 003/2023 de 5 de enero, cursante de fs. 34 a 38, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0427/2026-S2 Sucre, 24 de marzo de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 53036-2023-107-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 003/2023 de 5 de enero, cursante de fs. 34 a 38, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María Isabel Quispe Salazar en representación sin mandato de Rina Cáceres Mendoza contra Virginia Regina Santa Cruz Silva, Jueza y Lizeth Jhuma Quispe Ochoa, Secretaria, ambas del Juzgado de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 4 de enero de 2023, cursante a fs. 1 y 3 a 4 vta., la accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de lesiones, la Jueza y la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz -hoy demandadas-trasgredieron el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); puesto que incumplieron su deber de remitir los antecedentes del recurso de apelación incidental formulado por las partes, sin considerar que dicha remisión debió efectuarse en el plazo de veinticuatro horas. Pese al superabundante tiempo transcurrido la Jueza demandada no ejerció su autoridad al interior de su Juzgado, ya que debió ordenar la remisión de antecedentes, incluso antes de ingresar en vacaciones judiciales, toda vez que tenía actos pendientes que realizar; es así que, ante la demora en la remisión, al apersonarse al Juzgado de Instrucción Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz el 4 de enero de 2023, pudo evidenciar que el recurso de apelación incidental no había sido remitido, sin que exista informe o representación que explique las razones de dicha omisión, lo cual vulnera indebidamente la legalidad y el debido proceso, el principio pro actione, así como el derecho a la impugnación en su calidad de víctima.

I.1.2. Derecho, garantía y principio supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la impugnación y la garantía del debido proceso en su componente derecho a la defensa, así como el principio de legalidad, citando al efecto los arts. 15, 23, 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia: a) Se ordene a la parte demandada que remita el cuaderno de control jurisdiccional con Código Único de Denuncia (CUD) 201102012204351 “…en custodia del juzgado noveno de instrucción en lo penal y cautelar…” (sic); y, b) Remitir antecedentes al Ministerio Público por la presunta comisión del delito incumplimiento de deberes establecido en el art. 154 del Código Penal (CP) en cuanto a la Secretaria codemandada.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 5 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 27 a 33, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad y ampliando en audiencia, refirió que: 1) Presentó la acción de libertad reparadora y de pronto despacho ante la existencia de indebido proceso; 2) Formuló recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 608/2022 de 15 de noviembre; sin embargo, y a pesar de haberse dispuesto la remisión ante el superior en grado en el plazo de veinticuatro horas conforme establece el art. 251 del CPP, la Secretaria codemandada, omitió ese deber dentro de término, condicionando dicha obligación a que se cubra con los gastos para la obtención de fotocopias del expediente, siendo esa una obligación normativa que no corresponde extenderla a las partes y menos a la víctima; 3) “…existe una falsedad ideológica que han introducido documentos falsos, con fechas falsas las autoridades ahora accionadas (…) en fecha 4 de enero se encontró a revisar el proceso y no ha visto ningún informe y esto es reflejado en el libro de litigantes que claramente hemos hechos la observación que no existiría ningún informe…” (sic); y, 4) Tuvo que interponer la acción de libertad para que la Jueza demandada tome acciones; debido a esto, al margen de conceder la tutela impetrada, pidió se remitan antecedentes al Ministerio Público por incumplimiento de deberes.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Virginia Regina Santa Cruz Silva, Jueza de Instrucción Penal Novena de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia de garantías manifestó que: i) En la audiencia de medidas cautelares de 15 de noviembre de 2022, la abogada de la accionante al igual que la parte imputada, interpusieron recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 608/2022; de manera que se ordenó a la Secretaria codemandada, la remisión del cuaderno de apelación. Como Jueza pidió igualmente a los recurrentes apersonarse para obtener las fotocopias necesarias para armar el referido cuaderno; no obstante, aclaró “…que no determinó que tal envió sea en el plazo de veinticuatro horas, debido a que, no se había dispuesto la detención preventiva de la imputada, extremo que hubiera ameritado la tramitación urgente de esas impugnaciones…” (sic) determinación que en su oportunidad no fue cuestionada por la peticionante de tutela; ii) La Secretaria codemandada debió informarle “…al tercer o cuarto día…” (sic) de la referida audiencia, sobre el incumplimiento de las partes, pero no lo hizo, debido a la sobre carga laboral, además que tuvieron que asistir a las “jornadas de descongestionamiento” ordenado por disposición institucional mediante Circular “34/2022”; ii) En el periodo comprendido entre el 23 de noviembre al 5 de diciembre de 2022, no contaban con oficina; y, iv) El recurso de apelación incidental fue remitido a primera hora del 5 de enero -se entiende de 2023-. Lizeth Jhuma Quispe Ochoa, Secretaria del citado Juzgado, por informe cursante a fs. 17 y vta., ratificado en audiencia puntualizó que: a) El 4 de enero de 2023, se apersonó al Juzgado una persona, aduciendo ser abogado de la accionante, pero no portaba su credencial, pese a eso, le informó que no se había remitido el legajo; en razón a que ninguna de las partes se había apersonado para cumplir los recaudos procesales. Inmediatamente dicho abogado reclamó de manera prepotente la falta de remisión del recurso en cuestión ante la Sala Penal; en ese sentido, le explicó que las fotocopias de las piezas pertinentes eran necesarias para dicho envió, pero persistió en su reclamó y se negó a proveer lo requerido, pidiendo de inmediato el libro del litigante; y, b) Pese al maltrato recibido, efectuó el informe respetivo y procedió al armado del cuaderno de apelación, pagó de su “bolsillo” y lo remitió a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de La Paz. En la audiencia de garantías añadió que se encuentra con un embarazo a término; no obstante, no usa su derecho de licencia prenatal ante la sobre carga laboral.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 003/2023 de 5 de enero, cursante de fs. 34 a fs. 38, denegó la tutela solicitada, con base en el siguiente fundamento: La accionante pretende la restitución de sus derechos lesionados a través de la acción de libertad; cuando su libertad nunca estuvo en riesgo y menos su vida; debiendo en todo caso activar la acción de amparo constitucional, que se constituye en la vía idónea para denunciar la vulneración del derecho al debido proceso vinculado a la libertad. En vía de aclaración, complementación y enmienda la impetrante de tutela a través de su abogado solicitó pronunciamiento respecto a la aplicación de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0112/2021-S3 de 26 de abril y 011/2014 de 3 de enero, y si la prenombrada, es considerada parte del proceso y tiene el derecho o no de activar dicho mecanismo de defensa. Ante ello el Juez de garantías estableció “…esta autoridad no ha ingresado a considerar aspectos de fondo considerando que no se han cumplido con los requisitos de procedibilidad para activar la acción de libertad y que han sido expresados a lo largo de los fundamentos ya señalados…” (sic).

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso que los expedientes y causas sorteadas a los mismos, sean devueltas a Comisión de Admisión, para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 43 a 45); en cumplimiento a dicha determinación, el presente fallo constitucional es emitido dentro del plazo establecido por ley.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 608/2022 de 15 de noviembre, emitido por Virginia Regina Santa Cruz Silva, Jueza Instrucción Penal Novena de la Capital del departamento de La Paz -hoy demandada-, del cual se advierte que las partes formularon recurso de apelación incidental contra el citado Auto Interlocutorio (fs. 21 a 26 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la impugnación; de la garantía del debido proceso en su componente derecho a la defensa; y, del principio de legalidad; alegando que, la parte demandada no remitió dentro de plazo, el recurso de apelación incidental que en su condición de víctima formuló en audiencia de medidas cautelares contra el Auto Interlocutorio 608/2022, que dispuso la aplicación de medidas cautelares personales distintas a la detención preventiva de la imputada. Ante ello, la parte demandada negó el contexto de lesividad denunciado; refiriendo que: i) El abogado de la peticionante de tutela se negó a sacar las fotocopias de las piezas procesales necesarias para armar el cuaderno de apelación para su respectiva remisión; ii) No se determinó el envío en el plazo de veinticuatro horas, debido a que, no se había dispuesto la detención preventiva de la imputada, extremo que hubiera ameritado la tramitación urgente de esas impugnaciones; disposición que no fue reclamada por ninguna de las partes; y, iii) El legajo de apelación fue remitido el 5 de enero de 2023 a costa del peculio de la Secretaria codemandada. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad y presupuestos de activación

La SCP 0037/2012 de 26 de marzo, desarrolló el entendimiento en relación al tópico, estableciendo que: “Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’ … (…) …el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida” (las negrillas nos corresponden).

A partir de dicho entendimiento asumido en base a la norma constitucional, la viabilidad de apertura y consecuente concesión de tutela de esta acción de defensa, emergen de la verificación material de la existencia de un acto ilegal u omisión indebida, en el marco de uno o más de los presupuestos referidos.

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia como acto lesivo la falta de remisión del cuaderno de apelación dentro de plazo y en el marco de lo dispuesto por el art. 251 del CPP, omisión que asume como principal fundamento para invocar tutela y pedir sanción a la parte demandada. En ese marco, revisados los antecedentes del proceso, especialmente el acta de audiencia y el Auto Interlocutorio 608/2022 de 15 de noviembre de consideración de medidas cautelares, se evidencia lo siguiente: a) La Jueza demandada dispuso medidas cautelares de carácter personal no privativas de libertad por lo que la accionante en su condición de víctima, formuló recurso de apelación incidental de manera oral en audiencia; y, b) La autoridad demandada dispuso la remisión del cuaderno procesal al superior en grado y materia para la tramitación de dicho recurso (Conclusión II.1). Sobre el particular, corresponde señalar que la acción de libertad constituye una garantía constitucional de carácter extraordinario, inmediato y sumarísimo, cuyo objeto se encuentra estrictamente delimitado por el art. 125 de la CPE; ahora bien, conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, su tutela únicamente procede cuando el acto u omisión denunciado se adecúe a alguno de sus presupuestos de activación, consistentes en: i) Atentados contra el derecho a la vida; ii) Afectación de la libertad física o de locomoción; iii) Procesamiento indebido; y, iv) Persecución indebida. En este sentido el acto denunciado como acto lesivo se produce dentro del procedimiento de recurso de apelación incidental, en donde claramente no estuvo restringido ni en riesgo, el derecho a la libertad de la víctima hoy accionante. La audiencia de medidas cautelares se produjo para resolver la situación jurídica de Paulina Virginia Arteaga Aruquipa y no así de la impetrante de tutela, de manera que ni esa resolución, ni la omisión de remisión denunciada se vinculan con la libertad de la nombrada. Por lo tanto, no podría asumirse como causa directa para la otorgación de tutela. Debe tenerse presente que no toda actuación jurisdiccional desarrollada dentro de un proceso penal puede ser revisada mediante la acción de libertad; pues, cuando la controversia no se adecua a los presupuestos de activación previstos por el art. 125 del CPE, corresponde que sea reclamada a través de los mecanismos procesales ordinarios o, de ser el caso, mediante la acción de amparo constitucional, ya que admitir lo contrario implicaría desnaturalizar el objeto de esta garantía constitucional. En consecuencia, al no advertiste que los hechos denunciados por la impetrante de tutela, se adecuen a alguno de los presupuestos de activación establecidos por la citada jurisprudencia constitucional, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 003/2023 de 5 de enero, cursante de fs. 34 a 38, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0427_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): e8c49edec4c593350b7edc6ab1a3b67e3819a9ac548046b5883aa9a0b8ebe737

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