B.IA.LEGAL

SCP 0427/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 9 de mayo de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
9 de mayo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
44957-2022-90-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante alega la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, solicitó audiencia de aplicación de sanciones alternativas, misma que no se desarrolló hasta la presentación de la acción de libertad, debido a que la primera audiencia señalada para el 21 de diciembre de 2021, la suspendieron injustificadamente y la segunda audiencia fijada para el 23 del mismo mes y año no se instaló debido a la falta de notificación de los sujetos procesales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y las dilaciones indebidas; ii) La legitimación pasiva de las servidoras y servidores de apoyo judicial; y, iii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 19/2021 de 28 de diciembre, cursante de fs. 70 a 73., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispositivos del Tribunal de garantías y conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.; y, 2º Llamar la atención severamente al Juez, Secretario y Auxiliar demandados por la dilación ocasionada en la tramitación de la solicitud de aplicación de sanciones alternativas impetrada, por el ahora accionante, con la advertencia de que en caso de reiterarse la dilación se remitirá antecedentes ante el Consejo de la Magistratura.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y las dilaciones indebidas
  2. III.2. La legitimación pasiva de las servidoras y servidores de apoyo judicial
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0427/2023-S1 Sucre, 9 de mayo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 44957-2022-90-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 19/2021 de 28 de diciembre, cursante de fs. 70 a 73, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jacobo Rodríguez Sulamayo y Mario Díaz Bernal, en representación sin mandato de Jorge Alberto Saucedo contra Franz Álvaro Gutiérrez Cabrera, Juez; Eliceo Ismael Quispe Cruz, Secretario; y Otto Adam Arteaga Bauer, auxiliar; todos del Juzgado de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 27 de diciembre de 2021, cursante de fs. 8 a 9, el accionante, por intermedio de sus representantes sin mandato, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y otros, por la comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se sometió a procedimiento abreviado, imponiéndosele una pena de 3 años. Mediante escrito presentado el 9 de diciembre de 2021 solicitó se señale audiencia a efectos de que se apliquen sanciones alternativas; sin embargo, el Juez demandado señaló la audiencia para el 21 del mismo mes y año. La audiencia señalada se suspendió injustificadamente para el 23 de diciembre de 2021, con el argumento que tenían programada otra audiencia cautelar con detenido; en esa oportunidad el secretario y el auxiliar aseguraron que no se suspendería esa audiencia; pero ni siquiera se instaló y ni se habrían realizado las notificaciones, por lo que a la fecha permanece detenido y sin fecha de audiencia.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El accionante señala como vulnerado su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 9, 116.I, 119 y 225 de la Constitución Política del Estado (CPE); arts. 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y arts. 7, 10 y 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada ordenando su libertad y remitiendo antecedentes al Ministerio Público.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Realizada la audiencia pública el 28 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante a fs. 68 a 69, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, a través de sus representantes sin mandato ratificó los términos de su demanda tutelar.

I.2.2. Informe de la autoridad y funcionarios judiciales demandados

Franz Álvaro Gutiérrez Cabrera, Juez del Juzgado de Instrucción Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito ni asistió a la audiencia tutelar fijada; pese a su legal notificación cursante a fs.19. Eliceo Ismael Quispe Cruz, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz por informe escrito cursante a fs. 67, refiere que se tiene señalada audiencia para considerar una sanción alternativa para el 27 de diciembre de 2021, a horas 8:00 sin que pueda cumplir con las diligencias encomendadas por su recargada labor, al encontrarse de turno en las vacaciones judiciales, hizo conocer que el Juez hoy accionado se encuentra con aislamiento por haber contraído la enfermedad del coronavirus -COVID-19- sin que se diera a conocer respecto a la suplencia legal. Otto Adam Arteaga Bauer, auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Décimo Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito ni asistió a la audiencia tutelar fijada; pese a su legal notificación cursante a fs. 20.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Juez de garantías, por Resolución 19/2021 de 28 de diciembre, cursante de fs. 70 a 73, concedió la tutela solicitada, disponiendo que se oficie al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz a efecto que se designe al Juzgado de Instrucción Penal en suplencia legal quien en el plazo de cuarenta y ocho horas deberá señalar día y hora de audiencia para conocer y resolver la petición invocada por el ahora accionante bajo los siguientes fundamentos: a) Toda solicitud vinculada a la libertad de las personas debe tramitarse con la debida celeridad; y, b) Si bien se adjuntó al informe del secretario, la literal de prueba positiva para COVID-19 de Franz Álvaro Gutiérrez Cabrera –ahora autoridad jurisdiccional accionada- de 23 de diciembre de 2021, sin embargo, no cursa baja médica, ni solicitud de designación de Juez suplente.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 9 de diciembre de 2021 por José Alberto Saucedo- accionante dirigido al Juez de Instrucción Penal Decimoquinto, por el cual solicita se señale día y hora de audiencia de aplicación de sanciones alternativas; al cual se adjunta decreto de 13 de diciembre de 2021, que señala audiencia para el 21 de similar mes y año (fs. 51 a 52) II.2. Consta acta de suspensión de audiencia de 21 de diciembre de 2021, en el cual consta que el secretario informó el cumplimiento de las formalidades y se encuentran en sala las partes; empero el Juez demandado suspendió la audiencia debido a que se encontraba celebrando otra audiencia con aprehendido sumado a las tres audiencias desde horas 8:00 reprogramándola para el 23 del mismo mes y año a horas 10:30 (fs. 64) II.3. Por informe de 23 de diciembre de 2021, suscrito por el Secretario – demandado se informa que por su recargada carga procesal no cumplió con los oficios a régimen penitenciario a los fines de desarrollar la audiencia programada; se adjunta providencia de la misma fecha, reprogramándose la citada audiencia para el 27 de igual mes y año a horas 8:00 (fs. 65 a 66). II.4. Cursa resultado positivo de prueba rápida de COVID-19 efectuada al paciente Franz Álvaro Gutiérrez Cabrera – Juez ahora codemandado- de 23 de diciembre de 2021 (fs. 21).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante alega la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, solicitó audiencia de aplicación de sanciones alternativas, misma que no se desarrolló hasta la presentación de la acción de libertad, debido a que la primera audiencia señalada para el 21 de diciembre de 2021, la suspendieron injustificadamente y la segunda audiencia fijada para el 23 del mismo mes y año no se instaló debido a la falta de notificación de los sujetos procesales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y las dilaciones indebidas; ii) La legitimación pasiva de las servidoras y servidores de apoyo judicial; y, iii) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y las dilaciones indebidas

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0816/2019-S2 de 11 de septiembre asumió el siguiente razonamiento: El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-“…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

Sin embargo, es pertinente señalar que antes de la citada SC 0044/2010-R, la jurisprudencia constitucional hizo referencia al principio de celeridad en la tramitación de las solicitudes vinculadas a la libertad física o personal; así, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero estableció que toda autoridad que conozca de una solicitud relacionada con ese derecho, debe tramitarla con la mayor celeridad posible, caso contrario, provocaría una restricción indebida del citado derecho; asimismo, la SC 0570/2006-R de 19 de junio, indicó que el juez encargado del control jurisdiccional debe fijar la audiencia con la mayor prontitud. En la misma línea jurisprudencial de la SC 0044/2010-R, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, señaló que el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho -ahora acción de libertad- se constituye en el mecanismo procesal idóneo frente a dilaciones indebidas en la resolución de la situación jurídica de las personas privadas de libertad. Asimismo, la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, en el marco de una interpretación plural, estableció que las autoridades judiciales, en virtud al principio ético-moral del ama qhilla -no seas flojo- tienen el deber procesal de dirigir y resolver, sin dilaciones indebidas las solicitudes de cesación de las detenciones preventivas. Conforme a lo anotado, la jurisprudencia constitucional fue uniforme al referir que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca reparar las dilaciones indebidas vinculadas con la libertad, que evitan resolver de manera inmediata la situación jurídica de las personas que se encuentran privadas de libertad, tal como lo expresa la SCP 2115/2012 de 8 de noviembre, entre otras.

III.2. La legitimación pasiva de las servidoras y servidores de apoyo judicial

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0037/2018-S2 de 6 de marzo, asumió el siguiente razonamiento:

Sobre la legitimación pasiva de los servidores públicos de apoyo judicial, que comprende a la conciliadora o el conciliador; la secretaria o el secretario; la o el auxiliar; y, la o el oficial de diligencias, de acuerdo a lo descrito en el art. 83 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre, pronunciada dentro de una acción de amparo constitucional, establece inicialmente que dicho personal, carece por medio el derecho a la libertad, con la mayor celeridad posible, con la finalidad de que la situación jurídica de las personas, dado el derecho primario que se encuentra amenazado o restringido, pueda ser definida sin dilaciones indebidas”. 3El FJ III.4, señala: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrolló en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. 4El FJ III.3, establece: “Bajo los entendimientos jurisprudenciales señalados es posible concluir, que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca reparar las dilaciones indebidas vinculadas con la libertad, que evitan resolver de manera inmediata la situación jurídica de las personas que se encuentran privadas de libertad”. 5El FJ III.2, expresa que: “… los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”.

de legitimación pasiva, excepto si estos hubieran incurrido en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial. En el mismo sentido, la SC 1093/2010-R de 27 de agosto, determina que si la autoridad judicial conoce el acto vulneratorio y no hace nada; es decir, convalida el procedimiento por omisión, se deslinda de responsabilidad al personal subalterno.

Finalmente, modificando los entendimiento descritos anteriormente, la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, dentro de una acción de libertad, definió que los servidores de apoyo jurisdiccional cuentan con legitimación pasiva para ser demandados, entendiendo que el acto lesivo puede derivar de actuaciones meramente administrativas como el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares y otras obligaciones; empero, la autoridad judicial por las facultades de supervisión que ejerce sobre este personal, no deja de asumir responsabilidad sobre el juzgado.

III.3. Análisis del caso concreto

La problemática traída en revisión se focaliza en que el hoy impetrante de tutela solicitó audiencia de aplicación de sanciones alternativas, misma que no se celebró hasta la presentación de la acción de libertad, debido a que la primera que fue fijada para el 21 de diciembre de 2021, la suspendieron injustificadamente y la segunda audiencia señalada para el 23 del mismo mes y año no se instaló, suspendiéndose por el incumplimiento de realización de las diligencias correspondientes. Del análisis de todo lo obrado y referido en Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se evidencia que Jorge Alberto Saucedo Escobar -hoy accionante- mediante memorial presentado el 9 de diciembre de 2021 solicitó se señale audiencia de aplicación de sanciones alternativas, señalando que cumple con los requisitos establecidos en el 6El FJ III.5, refiere que: “… la responsabilidad del personal subalterno de los juzgados y salas de las Cortes Superiores de Distrito, no reúnen esa calidad o coincidencia para ser demandados, dado que son funcionarios que se encuentran sometidos a órdenes o instrucciones impartidas por la autoridad judicial; empero, establece la jurisprudencia que pueden ser demandados en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales. Así también dicho entendimiento fue ampliado en sentido que si la autoridad judicial, conocedora el acto vulneratorio de derechos o garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno”. 7El FJ III.2, determina: “…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable…” (las negritas nos corresponden).

art. 76 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, en tal virtud, el Juez ahora codemandado mediante providencia de 13 de diciembre de 2021 señaló audiencia para el 21 del mismo mes y año (Conclusión II.1.). En la citada audiencia, se informó por secretaría que se cumplió con las formalidades legales y se encontraban en Sala las partes; empero, el Juez demandado resuelve suspender la audiencia, con el argumento que están llevando otra audiencia con aprehendido y que hubieran llevado tres audiencias desde horas 8:00, por lo que reprogramó la audiencia para el 23 de similar mes y año a horas 10:30 (Conclusión II.2). Luego, en la indicada fecha, el Secretario del referido despacho judicial – hoy codemandado- presentó informe en el que señala que no se efectuó los oficios correspondientes a régimen penitenciario por su recargada labor, ante lo cual, el titular del referido Juzgado por proveído de la misma fecha señaló audiencia para el 27 de diciembre de 2021 (Conclusión II.3). Ahora bien, del informe presentado por el referido funcionario de apoyo jurisdiccional en la presente acción tutelar se observa que para esa fecha no se cumplieron con las diligencias respectivas bajo el justificativo de la recargada labor al encontrarse de turno en las vacaciones, pero además que el Juez hoy accionado se encontraba en aislamiento por haber contraído el COVID-19 conforme al resultado de prueba rápida efectuada al Juez demandado de 23 de diciembre de 2021 (Conclusión II.4). De conformidad con lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, toda autoridad que conozca de una solicitud relacionada con el derecho a la libertad, debe tramitarla con la mayor celeridad posible, caso contrario, provocaría una restricción indebida del citado derecho y la concesión de tutela de una acción de libertad traslativa o de pronto despacho no implica que se deba resolver de determinada forma, sino que sólo busca acelerar la tramitación y resolución de la solicitud En el caso objeto de análisis, la solicitud efectuada por el ahora accionante está directamente relacionada con el derecho a la libertad, ya que conforme al art. 76 de la Ley 348, en delitos de violencia hacia las mujeres, es posible aplicar sanciones alternativas a la privación de libertad, cuando cumple los requisitos establecidos. En ese contexto, habiéndose presentado la petición el 9 de diciembre de 2021 y siendo que la solicitud no se resolvió hasta la fecha de la audiencia de acción de libertad; es decir, hasta el 28 de igual mes y año, se evidencia la existencia de dilación indebida por haber transcurrido casi veinte días desde su petición. La dilación expuesta precedentemente es atribuible tanto al Juez como al personal de apoyo jurisdiccional; ya que, en relación a la autoridad jurisdiccional se providenció el memorial de solicitud de señalamiento de audiencia más allá de las 24 horas establecidas en el art. 130 del Código de Procedimiento Penal (CPP) señalando audiencia para el 21 de diciembre de 2021 que una vez instalada, pese a que no existía causal justificada para su suspensión procedió en ese sentido con la justificación que tenía otra audiencia con aprehendido sin considerar que la audiencia convocada para definir la situación del hoy accionante estaba igualmente vinculada al derecho a la libertad. Omisión que se intensificó respecto a la audiencia que debía desarrollarse el 23 de diciembre de 2021 que sin instalarse se procedió a suspenderla por los motivos expuestos por el Secretario de Juzgado, sin asumir ninguna medida al respecto a efectos de que no se reitere la referida falta, pese que se encuentra a su cargo el control del cumplimiento de las responsabilidades por parte del personal de apoyo jurisdiccional. Acorde a lo glosado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional; los funcionarios de apoyo jurisdiccional pueden ser demandados cuando el acto lesivo deriva de actuaciones meramente administrativas como el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares y otras obligaciones. Por otra parte, si bien el Secretario en los informes aludidos ut supra señala que no se cumplió con la remisión de los oficios a Régimen Penitenciario por sus recargadas labores y por otro lado, en la segunda audiencia suspendida no pudo realizar las diligencias por su recargada labor, resulta que la responsabilidad en el cumplimiento de las actuaciones administrativas como son los oficios a Régimen Penitenciario y notificaciones a las partes recae también en el auxiliar demandado; todo conforme lo establecen los arts. 94.I y 101.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ). Cabe señalar además que, si el Juez demandado se encontraba con algún impedimento, el secretario demandado debió acudir inmediatamente al siguiente juez, según el orden de suplencias legales establecidas en el art. 68 de Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010- o en su defecto o imposibilidad, debió informar inmediatamente al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. En consecuencia, a lo descrito corresponderá conceder la tutela impetrada por el accionante, con la expresa aclaración que no es posible disponer de forma directa su libertad como solicita; pues solo se está concediendo la tutela por la dilación que existió en la tramitación de su solicitud y el fondo de su petición debe ser considerada y resuelta en la vía ordinaria.

Finalmente, en relación a la solicitud de remisión de antecedentes al Ministerio Publico, no corresponde, considerando que a partir del 23 de diciembre de 2021, el Juez demandado se encontraba delicado de salud y al haberse fundamentado debidamente, pero si corresponderá llamar la atención a todos los demandados a efectos de que no vuelvan a incurrir en dilaciones indebidas.

En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 19/2021 de 28 de diciembre, cursante de fs. 70 a 73., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispositivos del Tribunal de garantías y conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.; y, 2º Llamar la atención severamente al Juez, Secretario y Auxiliar demandados por la dilación ocasionada en la tramitación de la solicitud de aplicación de sanciones alternativas impetrada, por el ahora accionante, con la advertencia de que en caso de reiterarse la dilación se remitirá antecedentes ante el Consejo de la Magistratura. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1, establece: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud”. 2El FJ III.2, refiere: “…para resolver y compulsar cualquier solicitud que se encuentre vinculada con el derecho a la libertad, el juez encargado del control jurisdiccional o el juez o tribunal del juicio, deberá fijar la audiencia con la prontitud que el caso aconseja, o en su caso, dadas las circunstancias que puedan presentarse, dentro de un plazo razonable. En ese contexto, tanto autoridades judiciales, fiscales u otras autoridades administrativas, deben atender las solicitudes y trámites en los que esté de

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