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SCP 0426/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 5 de junio de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
5 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
45797-2022-92-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante, denunció la lesión del debido proceso en su elemento de celeridad y su derecho a la libertad; toda vez que, habiendo apelado la resolución emitida por el Juez demandado; por la que, concediéndole la cesación a la detención preventiva e imponiéndole medida cautelar de detención domiciliaria, estableció como uno de los requisitos para acceder a dicho beneficio, el pago de una fianza de Bs30 000.-, de imposible cumplimiento, extremo sobre el cual específicamente formuló la impugnación que no fue remitida al Tribunal superior dentro del plazo previsto en el art. 251 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tal extremo es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2022 de 7 de febrero, cursante de fs. 29 a 30 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías, y los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo que el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, de no haberlo hecho, remita en el día los antecedentes de la apelación incidental ante el Tribunal de alzada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de pronto despacho
  2. III.2. Trámite procesal de la apelación incidental de una medida cautelar
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0426/2023-S4 Sucre, 5 de junio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 45797-2022-92-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 07/2022 de 7 de febrero, cursante de fs. 29 a 30 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ricardo Peter Martínez Quispe contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 7 de febrero de 2022, cursante de fs. 1; y, 6 a 7; el accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, a instancia del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violación; a la conclusión de la audiencia de cesación a la detención preventiva el 1 de febrero de 2022, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz –ahora demandado–, dictó el Auto Interlocutorio 72/2022, disponiendo se dé curso a la cesación impetrada; empero, le impuso medidas sustitutivas, entre ellas, el pago de una fianza económica en la suma de Bs30 000.- (treinta mil bolivianos), que resulta de imposible cumplimiento debido a su insolvencia, que no obstante haber sido demostrada dicha circunstancias, no fue tomada en cuenta por la autoridad demandada. En tales circunstancias, en el mismo verificativo y al amparo del art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), se planteó recurso de apelación en impugnación de la decisión asumida por el Juez demandado, únicamente respecto al monto de la fianza; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad, el Auto Interlocutorio 72/2022, no se encontraba transcrita ni a la vista, así como los antecedentes tampoco fueron remitido ante el Tribunal superior, continuando los mismos en el despacho judicial, habiendo transcurrido más de seis días de que fue formulado el señalado recurso, sobrepasando de forma abundante el plazo previsto en la ley para su tramitación.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante, denunció la lesión del debido proceso en su elemento de celeridad y su derecho a la libertad, sin citar la norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia, se disponga la remisión del legajo de la apelación incidental y sus elementos de prueba, ante la instancia superior en grado de turno, atendiendo el mandato contenido en el art. 251 del adjetivo penal.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 7 de febrero de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 27 a 28, presentes el accionante asistido de su abogado defensor, y la autoridad demandada; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El impetrante de tutela, a través de su abogado defensor, en audiencia, ratificó íntegramente el contenido de su demanda de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Mario Helmer Laura Picabia, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, en audiencia, informó lo siguiente: a) Contra el accionante y otros se sustanció en su despacho judicial una proceso penal por la presunta comisión del delito de violación, siendo que, conforme se advierte de los antecedentes, el día de la audiencia de cesación a la detención preventiva, se encontraba presente únicamente el mismo y su defensa técnica, y ausentes el Ministerio Público y la víctima; razón por el cual, se dispuso se les notifique con la decisión asumida, en el marco del art. 112 del adjetivo penal; b) En la fecha de realización de la audiencia de acción de libertad, el impetrante de tutela no se ha apersonado al despacho judicial ni siquiera solicitó la emisión de oficios respecto a las medidas cautelares personales; por lo que, la dilación no les atribuible al juzgado sino al justiciable, que se puso en estado de indefensión al no cumplir las formalidades del señalado art. 112 del CPP, respecto a la provisión de fotocopias; c) Debe comprenderse que se procedió a notificar a la víctima con la decisión asumida, por lo que se debe necesariamente esperar una respuesta de su parte, antes de remitir la apelación; d) El Auto Interlocutorio 72/2022, se encontraría adosada al cuaderno procesal y lista para ser remitida ante la autoridad pertinente, aguardándose únicamente los formularios de notificación; y, e) Los vías intra procesales –sin señalar cuáles– no fueron agotadas; por todo lo manifestado, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Octavo del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 07/2022 de 7 de febrero, cursante de fs. 29 a 30 vta., concedió la tutela impetrada, disponiendo que en el día siguiente a primera hora, se remita a la Oficina Gestora de Procesos a efectos de la notificación con el presente fallo a la víctima que no se hizo presente a la audiencia de cesación a la detención preventiva; determinación asumida en base a los siguientes fundamentos: 1) Si bien el art. 251 del CPP, dispone que la remisión de la apelación de medidas cautelares debe realizarse en el plazo de veinticuatro horas, dicha normativa se enfocaría a la hipótesis de que todas las partes participaron en la referida audiencia, lo que no ocurrió en el presente caso; puesto que, no se hallaba presente la víctima que tiene interés legítimo y directo en el Auto Interlocutorio 72/2022, al haberse dispuesto la cesación a la detención preventiva del accionante; por ello, de cumplirse “a rajatabla” (sic), lo estipulado por dicha norma, se privaría a la víctima de su legítimo derecho a recurrir; de ahí que, la falta de notificación con la citada Resolución, a efectos de que pudiera formular apelación incidental, impediría en los hechos la remisión de los antecedentes ante el Tribunal superior como pretendería el impetrante de tutela; y, 2) Si bien existiría el Auto Interlocutorio 72/2022; empero, se advierte que no se halla costurada al cuaderno procesal, lo que deja en evidencia que el mismo, fue concluida en su transcripción el día de la audiencia de acción tutelar; extremo que, amerita se llame la atención a la autoridad demandada, pues corre bajo su responsabilidad el control del personal de apoyo jurisdiccional a su cargo, debiendo asegurarse que se cumplan por Secretaría de su despacho, las transcripciones, notificaciones a la víctima y finalmente la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada; en tal sentido y al no haber actuado de esa forma, la precitada autoridad, omitió considerar que en materia de medidas cautelares, directamente relacionadas con el derecho a la libertad de locomoción, rige el principio de celeridad en las actuaciones procesales, mismo que se halla protegido por la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, no pudiendo el juzgador deslindar sus responsabilidad de dirección a los funcionarios subalternos, siendo que en todo caso, ante la falta de transcripción de aludida Resolución, pudo haberla realizado el mismo a fin de que se efectivicen los plazos procesales y no se perjudique a las partes, concretamente al accionante.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial de 26 de enero de 2022, ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz –ahora demandado–; Ricardo Peter Martínez Quispe –hoy accionante–, solicitó cesación a su detención preventiva, y señalamiento de fecha y hora de audiencia; que mereciendo el decreto de 27 de igual mes y año, se fijó dicho verificativo de forma virtual para el 1 de febrero de “2021”, disponiendo se ponga en conocimiento de todas las partes (fs. 21 y vta.; y, 22). II.2. Instalado el acto procesal señalado el 1 de febrero de 2022, en presencia del impetrante de tutela y su defesa técnica, los coimputados, el Ministerio Público y víctima, se dictó el Auto Interlocutorio 72/2022 de la referida fecha; por el que, la autoridad demandada, dispuso la cesación a la detención preventiva del accionante, e imponiéndole medidas cautelares personales de detención domiciliaria, bajo el previo cumplimiento de los requisitos de: arraigo y prohibición de abandonar el país, debiendo oficiarse a Migración; fianza económica en la suma de Bs30 000.- a ser empozada ante el Consejo de la Magistratura; y, presentación los lunes de 8:00 a 10:00 ante el Ministerio Público a efectos de estampar su huella biométrico o en su defecto su firma para demostrar el cumplimiento de lo dispuesto; determinación que fue objeto de impugnación en la misma audiencia, específicamente respecto al monto de la fianza, aspecto sobre cuya imposibilidad de cumplimiento, fue presentada prueba documental de conocimiento de las partes; asimismo, se solicitó la remisión de obrados ante la Sala correspondiente dentro del plazo de veinticuatro horas (fs. 23 a 25; y, 26).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, denunció la lesión del debido proceso en su elemento de celeridad y su derecho a la libertad; toda vez que, habiendo apelado la resolución emitida por el Juez demandado; por la que, concediéndole la cesación a la detención preventiva e imponiéndole medida cautelar de detención domiciliaria, estableció como uno de los requisitos para acceder a dicho beneficio, el pago de una fianza de Bs30 000.-, de imposible cumplimiento, extremo sobre el cual específicamente formuló la impugnación que no fue remitida al Tribunal superior dentro del plazo previsto en el art. 251 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tal extremo es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de pronto despacho

Con relación a la acción de libertad de pronto despacho, la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, señaló que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesarias o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad, reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: ‘…La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…′ (art. 180.I); por ende, todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que solo generan perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas”. En cuanto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, estableció lo siguiente: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca a una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ʽ…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del calor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechosʼ. Además enfatizó que. ʽ…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)ʼ” (las negrillas nos pertenecen). Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada en líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Con base al entendimiento glosado en la jurisprudencia citada precedentemente, es posible concluir que esta acción tutelar se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que vulneran los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad; en ese contexto, la acción de libertad de pronto despacho persigue la efectividad de los principios constitucionales previstos en los arts. 178.I y 180.I de la CPE, en consonancia con el 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.

III.2. Trámite procesal de la apelación incidental de una medida cautelar

A través de la SCP 1907/2012 de 12 de octubre, este Tribunal, revisó el trámite procesal de la apelación incidental de una medida cautelar, señalando lo siguiente: “…el art. 251 del CPP vigente por el art. 15 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC) dispone que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares será apelable en el efecto no suspensivo en el término de setenta y dos horas, y que una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia -ahora Tribunal Departamental de justicia, en el término de veinticuatro horas. El tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior. En la SC 0213/2010-R de 24 de mayo, este Tribunal determinó que: ˋSe debe considerar que el Código de Procedimiento Penal, adopta el sistema oral acusatorio, que emplaza y orienta a lograr una oportuna y pronta administración de justicia, un proceso con las mismas igualdades tanto para el imputado como para la víctima y sin dilaciones que se desenvuelva y tramite en condiciones de normalidad dentro del tiempo requerido; y en el que las partes del proceso y los intereses litigiosos puedan recibir pronta satisfacción mediante un resultado que se encuentre dirimido y dictaminado en un tiempo razonable en el marco de la razonabilidad jurídica y el resguardo de los valores supremos y principios que constituyen la base esencial del Estado Social y democrático de derecho, en este caso, acordes a los principios de celeridad e inmediatez establecidos en la Constitución Política del Estado; consecuentemente, la apelación antes referida, tiene que seguir su trámite especifico sin que implique su interposición de forma escrita; y la notificación para dicho planteamiento debe estar acorde al Código de Procedimiento Penal…ˊ. La SC 0384/2011-R de 7 de abril, complementó las sub reglas establecidas en la SC 0078/2010-R de 3 de marzo, en sentido que se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, también cuando: ʽ(…) d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la leyʼ. En ese mismo orden, de manera acertada, interpretando las normas contenidas en el art. 251 del CPP referidas a la apelación incidental de las medidas cautelares, en la SC 0542/2010-R de 12 de julio, estableció que: ʽ…una vez interpuesto dentro del plazo legal el recurso de apelación incidental ante la autoridad jurisdiccional que conoce la causa, y si el cuaderno de apelación no es remitido en el plazo fijado por ley, dándoles una espera prudencial, para los casos de recargadas labores o suplencias etc., debidamente justificadas; sin embargo, este plazo no puede exceder de tres días; empero, si excede el plazo legal y la espera prudencial, el procedimiento se convierte en dilatorio, y por ende el recurso de apelación deja de ser un medio idóneo y eficaz…ʼ. En este trámite destaca la brevedad del plazo previsto, respecto al cual la SC 0612/2004-R de 22 de abril, señaló: ʽ… si bien es corto se justifica por la necesidad de que la situación procesal del imputado sea definida a la brevedad posible en caso de estar privado de libertad y para garantizar la celeridad en la aplicación de una medida cuando haya sido rechazada por el Juez de Instrucción, sin soslayar lo dispuesto por el primer párrafo del art. 130 del CPP en sentido de que los plazos son improrrogables y perentorios y que su incumplimiento incluso da lugar a la responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario negligente (art. 135 del CPP)ʼ” (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante, denunció la lesión del debido proceso en su elemento de celeridad y su derecho a la libertad; toda vez que, habiendo apelado la resolución emitida por el Juez demandado; por la que, concediéndole la cesación a la detención preventiva e imponiéndole medida cautelar de detención domiciliaria, estableció como uno de los requisitos para acceder a dicho beneficio, el pago de una fianza de Bs30 000.-, de imposible cumplimiento, extremo sobre el cual específicamente formuló la impugnación que no fue remitida al Tribunal superior dentro del plazo previsto en el art. 251 del CPP. Habiéndose identificado la problemática planteada, se tiene que Ricardo Peter Martínez Quispe –hoy accionante–, manifiesta que dentro del proceso penal que se sigue en su contra, a instancia del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violación; el 1 de febrero de 2022, en audiencia de cesación a la detención preventiva, en la que participaron todos los sujetos procesales, el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz –ahora demandado–, mediante Auto Interlocutorio 72/2022, concedió en su favor, medidas cautelares de carácter personal de detención domiciliaria, imponiéndole como uno de los requisitos para acceder a dicho beneficio, el pago de una fianza económica en la suma de Bs30 000.- que, al ser de imposible cumplimiento, fue impugnado en la misma audiencia a través del recurso de apelación regulado por el art. 251 del adjetivo penal; no obstante, el cuaderno de apelación no fue remitido al Tribunal superior para su revisión hasta la fecha de realización de la audiencia de acción de libertad; es decir, el 7 de febrero de 2022. Ahora bien, conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, la acción de libertad de pronto despacho tiene como objeto asegurar que cualquier solicitud vinculada con el derecho a la libertad, sea atendida sin dilaciones indebidas que vayan en menoscabo de la persona privada de libertad; puesto que, se busca la efectivización del principio de celeridad, en virtud a lo cual, es labor de las autoridades a cargo de la tramitación de los procesos no sólo observar los plazos procesales, sino cumplir de manera responsable con la potestad de impartir justicia con la debida diligencia, tramitando las causas con la mayor rapidez posible y dentro de los plazos legales, considerando que se encuentra en juego el derecho a la libertad física de las personas; dado que de no hacerlo, se provoca una restricción indebida del citado derecho. En el caso analizado, conforme se tiene señalado, el recurso de apelación formulado por el accionante, fue planteado en la audiencia de 1 de febrero de 2022 sin que se hubiera remitido ante el Tribunal de alzada hasta el 7 de igual mes y año, habiendo transcurrido desde el momento de su interposición seis días, inobservándose en consecuencia, el mandato contenido en el art. 251 del adjetivo penal que prevé a dicho efecto el término de veinticuatro horas para su envío, así como los razonamientos expuestos en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, pues correspondía la remisión de obrados ante el Tribunal superior, en el plazo máximo e inexcusable de veinticuatro horas, lo que no ocurrió, siendo que los justificativos brindados por la autoridad jurisdiccional ahora demandada, no excusan la dilación en la que incurrió, pues al margen de no hallarse contemplados los traslados con el recurso de apelación en la indicada normativa, tanto la decisión emitida por el juez de la causa así como la impugnación señalada, al haberse dictado y promovido, respectivamente, en la audiencia de cesación a la detención preventiva, en la que se encontraban presentes todos los sujetos procesales, fueron de conocimiento de ellos; consecuentemente, dicha justificación no resulta atendible para excusar la omisión de sus deberes que, en definitiva, van en desmedro de los derechos procesales del accionante; dado que, al tratarse de medidas personales impuestas en favor de este, se hallan directamente vinculadas a su libertad; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada, en aplicación de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que busca por una parte, acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas y se encuentra de por medio el derecho a la libertad y locomoción de las personas; tal como se tiene advertido en el presente caso, en el que el recurso de apelación no fue remitido ante el Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, realizó un correcto análisis de los antecedentes y de las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2022 de 7 de febrero, cursante de fs. 29 a 30 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo del departamento de La Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías, y los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo que el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, de no haberlo hecho, remita en el día los antecedentes de la apelación incidental ante el Tribunal de alzada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0426_2023-S4.pdf · páginas 1 a 10.

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