B.IA.LEGAL

SCP 0425/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 16 de agosto de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
16 de agosto de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
48982-2022-98-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El impetrante de tutela denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia; toda vez que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Celestino Padilla Acarapi y otro, en su contra y otros, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves previsto y sancionado por el art. 271 del CP; el 12 de julio de 2022, en su condición de privado de libertad, intentó presentar memoriales solicitando la renovación de un requerimiento fiscal para la otorgación de actas de garantías a favor de las víctimas, ante el Fiscal de Materia de Quime del departamento de La Paz; para posteriormente, solicitar la cesación de su detención preventiva; sin embargo, el Fiscal de Materia de Sica Sica en suplencia legal de su similar de Quime -ahora demandado- se negó a recibir el indicado memorial, argumentando que la Fiscalía se encuentra en inventario, por la asignación de un nuevo Fiscal de Materia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará los siguiente: a) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad respecto de vulneraciones al debido proceso atribuidas al Ministerio Público y la Policía; y, b) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 55/2022 de 14 de julio, cursante de fs. 41 a 42, pronunciada por Juez de Sentencia Penal Octavo en suplencia legal de su similar Séptimo, de la capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad respecto de vulneraciones al debido proceso atribuidas al Ministerio Público y la Policía.
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0425/2024-S1 Sucre, 16 de agosto de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 48982-2022-98-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución de 55/2022 de 14 de julio, cursante de fs. 41 a 42, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Michael Adolfo Riveros Revollo en representación sin mandato de Juan Padilla Acarapi contra Wilbert David Ergueta Machaca, Fiscal de Materia de Sica Sica, en suplencia legal de su similar de Quime, del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de julio de 2022, cursante de fs. 26 a 28 vta., la accionante a través de su representante sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Celestino Padilla Acarapi y otro, contra Alberto Padilla Matías, Juan Padilla Acarapi -ahora accionante- y otros, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves previsto y sancionado por el art. 271 del Código Penal (CP), por Resolución 28/2022-P de 14 de abril, el Juez Público Mixto Civil y Comercial de familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Quime del departamento de La Paz, dispuso la detención preventiva del ahora accionante por el plazo de cinco meses en el Recinto Penitenciario de San Pedro, argumentando la necesidad de generar actos investigativos, por la concurrencia del riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP); la misma que fue apelada, siendo ratificada por Auto de Vista de 26 de abril de igual año, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. En ejercicio de su derecho a la defensa, el 12 de julio de 2022, intentó presentar memoriales ante el Fiscal de Materia de Quime del departamento de La Paz -cuya suplencia legal fue ejercida por el Fiscal de Materia del señalado departamento ahora demandado-, solicitando la renovación de un requerimiento fiscal para la otorgación de actas de garantías a favor de las víctimas; y con ello, solicitar la cesación de su detención preventiva; sin embargo, la autoridad Fiscal -ahora demanda- se negó a recibir el memorial del privado de libertad -ahora accionante-argumentando que la Fiscalía se encuentra en inventario, que llegaría otro Fiscal de Materia, y que su persona ya no sería el Fiscal asignado a ese asiento Fiscal. No obstante, la señalada autoridad en suplencia legal, después de ese día, participó en audiencias ante el señalado Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Quime del departamento de La Paz.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante aducen la vulneración de sus derechos a la libertad y a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia; citando al efecto, los arts. 22; 23.I y III; 24; 115; 116; 117; y, 119 de la Constitución Política del Estado (CPE), 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene la recepción del memorial físico o digital y la respuesta inmediata, más la emisión del requerimiento fiscal impetrado.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad se realizó el 14 de julio de 2022, según consta en acta cursante de fs. 37 a 40; produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolos señaló que: a) La SC 0337/2012-R, en cuanto a la naturaleza jurídica de la acción de libertad señaló que el habeas corpus traslativo o de pronto despacho, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad, cuando esté relacionado a la libertad y devenga de denegaciones indebidas, que retarde o eviten resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, teniendo la obligación de tramitarla con celeridad; b) El Fiscal de Materia en suplencia legal -ahora demandado-, provocó dilación indebida sobre la petición realizada por el ahora accionante, ya que no recibió el memorial en el cual solicitó la renovación del requerimiento fiscal, para conseguir elementos de prueba y solicitar una cesación a la detención preventiva; c) Por Resolución 28/2022-P de 14 de abril, el ahora accionante fue detenido preventivamente, por la existencia de peligro de fuga y obstaculización, entre ellos no acreditó domicilio, actividad, las facilidades para salir del país o permanecer oculto, peligro efectivo para la víctima y generar actos de obstaculización respecto a testigos y peritos; en ese entendido, para obtener elementos de prueba para enervar el riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP, solicitaron al Fiscal de Materia ahora demandado -en suplencia legal-, la renovación de un requerimiento fiscal para tramitar mediante el Director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto del departamento de La Paz, una petición para otorgar garantías por la División de Actas y Garantías de la FELCC de la señalada ciudad, pero la negativa de la misma, generó perjuicio al privado de libertad y provocó una dilación indebida; y, d) No podrá obtener la cesación a la detención preventiva, ya que la dilación que realizó el Fiscal de Materia ahora demandado, vulnera el debido proceso, seguridad jurídica pero principalmente la libertad, ya que su conducta mal intencionada en contra del privado de libertad pone en riesgo su procesamiento penal, limitando el derecho de acceso a la justicia, por lo que solicita se conceda la tutela impetrada.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Wilbert David Ergueta Machaca, Fiscal de Materia de Sica Sica, en suplencia legal de su similar de Quime, del departamento de La Paz, presente en audiencia, informó que: 1) El día viernes 8 de julio de 2022, fue notificado con el Memorando de la misma fecha, en el cual el Fiscal Departamental de La Paz, le instruyó asumir funciones en la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales de la zona central de la Fiscalía Departamental señalada; asimismo, en cumplimiento del instructivo emitido por la Fiscalía General del Estado 260/2020, que otorga el plazo de cuarenta y ocho horas para elevar un informe ante el indicado Fiscal Departamental, envió informe de los casos que se encontraban asignados hasta la fecha; es decir, hasta el 8 de julio de 2022; en ese entendido, se establece que será otro el Fiscal de Materia que ocupará el despacho, por lo que a partir de la notificación con el referido memorando, dejó de tener conocimiento y resolución de los casos que se encuentran dentro del despacho fiscal de Quime, que se dejó bajo responsabilidad; 2) Se mencionó que estaba en audiencia, pero el mismo accionante señaló que él es suplente, por lo que se establece también que es Fiscal de Materia en Sica Sica, donde existen Juzgados de Instrucción Penal de Patacamaya de Sica Sica, eso significa que, no se encuentra impedido de asistir a audiencias en otras jurisdicciones, ya que el titular en ese entonces, fue Javier Huanca, Fiscal de Materia de Quime; y en cumplimiento del indicado memorando cuando los cuadernos de investigación ya están foliados, registrados y suscritos, ya no se puede recibir memoriales, ya que en esa circunstancia no constituye su despacho; y si bien es cierto que, existe el principio de unidad, no es menos cierto que también existe el principio de jerarquía; en ese entendido, claramente se establece que no tenía la idoneidad y capacidad para recepcionar memoriales en ese asiento fiscal -de Quime-, menos para emitir requerimientos fiscales, más aún si debe estar en la ciudad de La Paz; 3) En el caso analizado, el 12 y 13 de julio de 2022 se presentó el control jurisdiccional a cargo del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Quime del departamento de La Paz, conforme el art. 54.1 del CPP, por lo que se establece que no agotó la vía; 4) Se solicitó informe sobre la asistencia del Fiscal de Materia -ahora demandado- a la audiencia de 12 de julio de 2022; sin embargo, por informe del Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Quime del departamento de La Paz, se tiene que se tuvo programada una audiencia para ese día, a horas 16:30, sobre la situación jurídica del imputado que estaba detenido, donde se encontraba ausente el Ministerio Público, por lo que la misma se suspendió, bajo ese parámetro se puede establecer que no asistió a ninguna audiencia en el referido Juzgado, por lo que el mismo no tiene capacidad o legitimación pasiva en la presente acción tutelar, porque no se encuentra en la Fiscalía de Quime, lo cual se demuestra con el memorándum presentado como prueba, por lo que solicita se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Octavo en suplencia legal de su similar Séptimo, de la capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante la Resolución de 55/2022 de 14 de julio de 2022, cursante de fs. 41 a 42, denegó la tutela impetrada, en base a los siguientes fundamentos: i) En cuanto a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, el legislador ha previsto una autoridad judicial propia para el control del cumplimiento y observancia plena de derechos y garantías dentro del proceso penal, puntualmente en la etapa investigativa, por cuanto la misma en sus dos fases, tanto en la etapa preliminar como en la etapa investigativa propiamente dicha, se encuentra bajo la dirección del Ministerio Público, que es la autoridad encargada de dirigir la etapa investigativa; por otra parte, en materia penal la jurisdicción ordinaria controla que se cumplan todos los derechos y garantías de los sometidos a proceso penal, es así que tomando en cuenta lo previsto por el art. 54.1 del CPP, se señala que los Jueces de instrucción son competentes para el control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos por ley; en ese entendido, la jurisdicción constitucional estableció que no es posible acudir directamente a dicha jurisdicción, cuando existe una autoridad creada por ley y que de forma oportuna, puede hacer el control del cumplimiento de derechos y garantías por parte de las autoridades que dirigen y ejecutan los actos investigativos, como son el Ministerio Público y los funcionarios policiales o investigadores; ii) El Juzgado con asiento en la localidad de Quime es la autoridad llama por ley a reparar la vulneración de derechos y garantías en la etapa investigativa, por lo que tiene la obligación de controlar el cumplimiento y la vigencia de los mismos, en todos los casos sometidos a su competencia; iii) No es posible acudir directamente a la jurisdicción constitucional, ya que en el presente caso el ahora accionante, debe acudir previamente a la autoridad prevista por Ley, en este caso al Juez con asiento en la localidad de Quime, quien tiene las facultades previstas por ley para poder controlar y efectivizar lo que reclama la parte accionante; es decir, que se reciba y se responda, de forma pronta y oportuna a las solicitudes del ahora accionante, que se encuentra privado de libertad dentro del proceso penal, por lo que la tutela solicitada debe ser negada, siendo aplicable la causal de excepción de subsidiariedad.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones: II.1. Por Resolución 28/2022-P de 14 de abril, el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Quime del departamento de La Paz, dispuso la detención preventiva de Juan Padilla Acarapi -ahora accionante-, por el plazo de cinco meses en el Recinto Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz. (fs. 12 a 14 vta.). II.2. Cursa memorial de solicitud de salida judicial, de 6 de julio de 2022, presentado por el ahora accionante, ante el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Quime del departamento de La Paz, donde se verifica el Código “201502022202258”, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Celestino Padilla Acarapi y otro, contra Alberto Padilla Matías, Juan Padilla Acarapi -ahora accionante- y otros, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves previsto y sancionado por el art. 271 del CP (fs. 20 y vta.)

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia; toda vez que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Celestino Padilla Acarapi y otro, en su contra y otros, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves previsto y sancionado por el art. 271 del CP; el 12 de julio de 2022, en su condición de privado de libertad, intentó presentar memoriales solicitando la renovación de un requerimiento fiscal para la otorgación de actas de garantías a favor de las víctimas, ante el Fiscal de Materia de Quime del departamento de La Paz; para posteriormente, solicitar la cesación de su detención preventiva; sin embargo, el Fiscal de Materia de Sica Sica en suplencia legal de su similar de Quime -ahora demandado- se negó a recibir el indicado memorial, argumentando que la Fiscalía se encuentra en inventario, por la asignación de un nuevo Fiscal de Materia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará los siguiente: a) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad respecto de vulneraciones al debido proceso atribuidas al Ministerio Público y la Policía; y, b) Análisis del caso concreto.

III.1. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad respecto de vulneraciones al debido proceso atribuidas al Ministerio Público y la Policía.

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0077/2018-S2 de 23 de marzo, complementada por el Voto Disidente de la SCP 0262/2018-S2 de 18 de junio y la SCP 0441/2018-S2 de 27 de agosto, desarrolló el siguiente razonamiento: El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben impugnar 1El FJ III.1.2, señala: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.

En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria. (…)

Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus” (el subrayado es nuestro). 2El FJ III.2, establece: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución penal ante el juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional. Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el juez de instrucción penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo sistematizó tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad para los casos en los que, en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones. penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de los jurisdiccionales ordinarios aludidos”. 3El FJ III.3, señala: “Queda establecido entonces, que ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera- sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa”. 4El FJ III.4, determina:

“Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.

Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.

Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar” (las negrillas son introducidas).

Más tarde, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo sostuvo que si la acción de libertad está fundada en la restricción del derecho a la libertad personal, por causa de haberse restringido la misma, al margen de los casos y formas establecidas por ley y no esté vinculado a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción de libertad puede ser presentada de manera directa. Posteriormente, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.2, sistematizó las reglas de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, conforme a lo siguiente:

1.- Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley.

2.- Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional.

3.- Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad.

4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que, por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada.

5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar. Finalmente, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre moduló la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la SCP 0482/2013 antes citada, señalando que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: a) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o, b) Cuando existiendo dicha vinculación, no se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal; último supuesto, que de ninguna manera, implica que ante restricciones del derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley, no sea posible la presentación de la acción de libertad en forma directa, antes de haber transcurrido los plazos establecidos en la norma procesal penal. En síntesis, es posible la presentación directa de la acción de libertad, en el primer supuesto señalado en la SCP 0482/2013, cuando: 1) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito;2) Cuando existiendo dicha vinculación: 2.i) No se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal, o cuando: 2.ii) No habiendo transcurrido dichos plazos, se hubiere restringido el derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley. De conformidad a la sistematización de la línea jurisprudencial anotada, el juez de instrucción penal es la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, siendo también, llamada por ley para atender cualquier denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales durante esta etapa.

III.2. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad y a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia; toda vez que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Celestino Padilla Acarapi y otro, en su contra y otros, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves previsto y sancionado por el art. 271 del CP; el 12 de julio de 2022, en su condición de privado de libertad, intentó presentar memoriales solicitando la renovación de un requerimiento fiscal para la otorgación de actas de garantías a favor de las víctimas, ante el Fiscal de Materia de Quime del departamento de La Paz; para posteriormente, solicitar la cesación de su detención preventiva; sin embargo, el Fiscal de Materia de Sica Sica en suplencia legal de su similar de Quime -ahora demandado- se negó a recibir el indicado memorial, argumentando que la Fiscalía se encuentra en inventario, por la asignación de un nuevo Fiscal de Materia. De acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la cual establece que, los actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los órganos de persecución penal -fiscales y policías-, que impliquen actividad procesal defectuosa que afecten derechos y garantías fundamentales durante la etapa preparatoria, previamente deben ser denunciados al Juez de Instrucción Penal, a través de los mecanismos de defensa expresos, efectivos, idóneos y oportunos, como son los incidentes de actividad procesal defectuosa. De la revisión de los antecedentes y conclusiones del legajo constitucional, se tiene que por Resolución 28/2022-P de 14 de abril, el Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Quime del departamento de La Paz, dispuso la detención preventiva de Juan Padilla Acarapi -ahora accionante-, por el plazo de cinco meses en el Recinto Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Celestino Padilla Acarapi y otro, contra Alberto Padilla Matías, Juan Padilla Acarapi -ahora accionante- y otros, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves previsto y sancionado por el art. 271 del CP (Conclusión II.1.); da partir de lo señalado, se evidencia que el proceso penal referido, se encuentra en etapa preparatoria, con Código de proceso “201502022202258” y el mismo, radica ante el Juzgado previamente referido (Conclusión II.2.); es decir, se verifica que la causa se encuentra bajo control jurisdiccional. El art. 54.1 del CPP, establece que el Juez de Instrucción Penal es el encargado de controlar la investigación; por lo que, cualquier denuncia sobre la lesión a derechos constitucionales como emergencia del proceso de investigación debe efectuarse ante dicha autoridad; consecuentemente, la denuncia interpuesta contra el Fiscal de Materia -ahora demandado-, debió ser presentada previamente ante el Juez Público Mixto Civil y Comercial de familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Quime del departamento de La Paz, a objeto de que se pronuncie acerca de las supuestas lesiones a sus derechos fundamentales, ya que la mencionada autoridad judicial es la que tiene atribuciones para ejercer el control jurisdiccional del proceso; lo que implica evaluar si la negativa de recibir el memorial de solicitud de renovación de un requerimiento fiscal, para la otorgación de actas de garantías a favor de las víctimas, implican o no procesamiento indebido. CORRESPODE A LA SCP 0425/2024-S1 (viene de la pág. 10).

Por ello, resulta que al no haber agotado la vía ordinaria a través del mecanismo intraprocesal que tienen a su alcance, no es posible que los accionantes acudan directamente a la jurisdicción constitucional; razón por la cual, la presente acción de libertad resulta improcedente por subsidiariedad excepcional, en cuyo mérito corresponde denegar la tutela sin examinar el fondo de la denuncia. En consecuencia, el Jueza garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 55/2022 de 14 de julio, cursante de fs. 41 a 42, pronunciada por Juez de Sentencia Penal Octavo en suplencia legal de su similar Séptimo, de la capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

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Notas al pie

5 El FJ III.2, cita: “En este orden, en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad. (...) Queda establecido que cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción es directa contra las autoridades que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley”.

6 El FJ III.2, señala: “Ahora bien, con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica, es necesario modular la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la Sentencia Constitucional Plurinacional antes glosada y, en ese sentido, debe señalarse que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0425_2024-S1.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 2f156f0b65f769459382bbac96587838d6ce48e776af02df5e5b4349170054eb

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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