Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 31 de mayo de 2023
Concede la tutela
La accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, al estar privada de libertad en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, con Sentencia 019/2021 de 19 de agosto, y habiendo renunciado al recurso de apelación a esa Resolución, se declaró ejecutoriada la misma, lesión de derechos originada por la falta de remisión del legajo al juez de ejecución penal de turno desde esa fecha; es decir, hace más de cinco meses, pese a que en la misma Sentencia se ordenó dicha remisión, por ese motivo no puede acceder a los beneficios penitenciarios que establece la Ley de Ejecución Penal y Supervisión. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2022 de 4 de febrero, cursante de fs. 10 a 12 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Noveno; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos del Juez de garantías y conforme a los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0425/2023-S2 Sucre, 31 de mayo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 45677-2022-92-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 10/2022 de 4 de febrero, cursante de fs. 10 a 12 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Martha Chuquimia Corine, Defensora Pública del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) en representación sin mandato de Elizabeth Condori Zeballos contra Josseline Joana Cortez Cahuana, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 4 de febrero de 2022, cursante de fs. 2 a 3 vta., la accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:
El 19 de agosto de 2021, se desarrolló audiencia de procedimiento abreviado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de suministro de sustancias controladas, con Código Único de Denuncia (CUD) 201102012001786, radicado en el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, emitiéndose la Sentencia 019/2021 de igual data, aceptando el procedimiento abreviado, imponiéndole la pena privativa de libertad de ocho años a cumplir en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, más Bs1000.- (un mil bolivianos) de multa, habiendo renunciado al recurso de apelación, declarándose ejecutoriada la Sentencia y ordenándose la remisión del legajo al juzgado de ejecución penal de turno. Habiendo reiterado en varias oportunidades, a la demandada, la remisión correspondiente, dicha funcionaria no remitió obrados al respectivo juzgado de ejecución penal. El 26 de enero de 2022, habiendo transcurrido cinco meses desde la audiencia de procedimiento abreviado -19 de agosto de 2021-, la Secretaria demandada no dio cumplimiento efectivo a lo dispuesto por el “Juez Presidente”, incurriendo en incumplimiento de deberes y abandono de funciones, vulnerando derechos y garantías que se conceden en ejecución de sentencia, por lo que no pudo acceder a los beneficios penitenciarios de acuerdo a la Ley de Ejecución Penal y Supervisión.
Señaló como lesionados sus derechos a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, citando al efecto los arts. 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar el pronto despacho para resolver su situación jurídica como privada de libertad y la remisión en el día del legajo del proceso al juzgado de ejecución.
Celebrada la audiencia el 4 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 9 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; y, en audiencia con el informe de la Secretaria demandada, en el entendido que la accionante estaba conectada, pero sin retorno de audio, por lo que el Juez de garantías dispuso que no se puede suspender la audiencia, ordenando se de lectura al memorial de acción de libertad. La demandante de tutela hizo uso de la palabra añadiendo que le “acaban” de notificar con la acción de libertad y que se encuentra en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, con su hijo de un año de edad.
Josseline Joana Cortez Cahuana, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, no compareció a la audiencia ni presentó informe escrito alguno, pese a su legal notificación cursante a fs. 8.
El Juez de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Noveno, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 10/2022 de 4 de febrero, cursante de fs. 10 a 12 vta. concedió la tutela impetrada disponiendo que, en el plazo de veinticuatro horas, la funcionaria demandada remita el legajo del proceso al juzgado de ejecución penal correspondiente, bajo alternativa de remitir antecedentes a las instancias disciplinarias respectivas, con los siguientes fundamentos: a) Citando la SCP 0098/2018-S3 de 9 de abril, señaló que esa acción de defensa puede ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial, inclusive administrativo; es decir, plena legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones, relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas y si no es reconducido por la autoridad judicial, correspondiendo establecer responsabilidad a ambos funcionarios; b) La carga de la prueba en una acción de libertad concierne a la parte demandada, que tiene la obligación de desmentir, negar los hechos establecidos por la accionante con informe a ser remitido, adjuntado prueba o alegar en forma oral en audiencia, exigencia prevista en la SCP 1512/2012 de 24 de septiembre, y de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos; c) Las atribuciones específicas de los funcionarios de apoyo jurisdiccional se encuentran establecidas en el art. “91” -siendo lo correcto 94- de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y estas obligaciones de la Secretaria, relativas a la remisión de antecedentes de las causas ante el juzgado de ejecución penal de turno, debió ser cumplida con la celeridad debida, en el presente caso, se denota que la Secretaria demandada desde el 19 de agosto de 2021, no remitió el legajo de fotocopias legalizadas al juez de ejecución penal de turno, habiendo pasado cinco meses sin cumplir la orden del Juez del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, sin una explicación coherente de las razones para no remitir esos antecedentes, situación que afectó jurídicamente a la ahora impetrante de tutela; d) Se lesionó su derecho a la libertad, porque no accedió a los beneficios penitenciarios conforme la Ley de Ejecución Penal y Supervisión; es decir, no puede plantearlos para que el juez de ejecución penal competente pueda resolver; y, e) La Secretaria demandada no presentó ninguna prueba en contrario, menos se hizo presente a la audiencia para elevar informe, en ese sentido tomaron en cuenta el principio de presunción de veracidad, correspondiendo la viabilidad de la tutela solicitada más aun cuando se trata de una persona privada de libertad.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. La presente acción de libertad fue interpuesta el 4 de febrero de 2022 a horas 12:25, conforme el Formulario del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ) y demanda tutelar de la misma fecha (fs. 1 a 3 vta.). II.2. Cursa diligencia de notificación procesal a horas 13:50 de 4 de febrero de 2022, a Josseline Joana Cortez Cahuana, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz -ahora demandada-, con la acción constitucional y Auto de Admisión 09/2022 de igual data, notificado vía WhatsApp al “62383705” (fs. 8).
La accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, al estar privada de libertad en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, con Sentencia 019/2021 de 19 de agosto, y habiendo renunciado al recurso de apelación a esa Resolución, se declaró ejecutoriada la misma, lesión de derechos originada por la falta de remisión del legajo al juez de ejecución penal de turno desde esa fecha; es decir, hace más de cinco meses, pese a que en la misma Sentencia se ordenó dicha remisión, por ese motivo no puede acceder a los beneficios penitenciarios que establece la Ley de Ejecución Penal y Supervisión. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SCP 0135/2019-S2 de 17 de abril, respecto a dicha tipología, indica lo siguiente; “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando se denuncian dilaciones indebidas, en los trámites donde se debe resolver la situación jurídica de una persona. Esta tipología de acción de libertad, tiene su sustento jurídico en el art. 180.I de la CPE, que establece los principios sobre los cuales se fundamenta la jurisdicción ordinaria, encontrándose entre ellos la celeridad, asimismo, en relación con la citada norma constitucional, el art. 178.I de la Norma Suprema, prevé que: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos’. En ese contexto, la SCP 0465/2010-R de 5 de julio, sobre el particular señaló que: ‘Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrolló en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. Asimismo, el Tribunal Constitucional, mediante la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, reiterada por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto, definió lo siguiente: ‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’. En consecuencia, de los preceptos y jurisprudencia constitucional desarrollada se colige que el mecanismo constitucional idóneo para todo acto u omisión que tenga como resultado una dilación procesal y esté vinculado a la libertad del accionante, es la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; razón por la que, toda autoridad judicial o administrativa esta impelida de actuar con la mayor diligencia o dentro de los plazos señalados, en aquellos casos en los que se encuentra de por medio la libertad del encausado, dado que de no hacerlo lesiona los derechos fundamentales señalados” (las negrillas fueron añadidas).
En ese orden, se tiene que la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, partiendo de la naturaleza jurídica de la acción de libertad, así como de los principios que la rigen, precisó que: “…se debe tener claramente establecido que la legitimación pasiva recae sobre toda persona cuya acción u omisión se constituya en causal para la vulneración o amenaza en la integridad y eficacia de los derechos tutelados por la presente acción de defensa; más aún, si el texto constitucional deja abierta la posibilidad de dirigir la demanda inclusive contra personas particulares; por consiguiente, en virtud al principio de generalidad, la presente acción de defensa no reconocen fueros, privilegios ni inmunidades, por lo que es plenamente viable dirigir contra toda persona, indistintamente si es particular o servidor público, sea este jurisdiccional o de apoyo judicial, e incluso de orden administrativo, cual podrían ser funcionarios policiales o del régimen penitenciario, solo a manera de ejemplo. En consecuencia, con lo manifestado líneas arriba, es posible afirmar que, las vulneraciones y las amenazas de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción, no necesariamente deben ser originadas como consecuencia del ejercicio de actos puramente jurisdiccionales, sino que, las acciones y omisiones de carácter administrativo, también tienen o pueden tener la misma cualidad para lesionar tales derechos. En este sentido, de acuerdo a la Ley del Órgano Judicial, los servidores de apoyo judicial son: la conciliadora o el conciliador, la secretaria o el secretario, la o el auxiliar, y, la o el oficial de diligencias, cuyas funciones y, particularmente sus obligaciones se encuentran disciplinadas en los arts. 83 al 106 de la LOJ. Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional” (las negrillas y subrayado nos corresponden). Conforme a lo expuesto supra, resulta claro que, a partir del cambio de la línea jurisprudencial asumido en la SCP 0427/2015-S2, los funcionarios de apoyo jurisdiccional tienen legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de libertad, a fin de establecer su responsabilidad si correspondiere; tomando en cuenta que, el acto ilegal denunciado puede no ser necesariamente resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino de omisiones de carácter administrativo emergentes del desarrollo de las labores de dichos funcionarios, que repercutan en la lesión de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los justiciables, debiendo considerarse; sin embargo, que lo afirmado no deslinda de responsabilidad a la autoridad judicial titular del juzgado respectivo, quien está obligada a impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y efectuar el seguimiento respectivo de las causas de su despacho; de no obrar en dicho sentido, asume también responsabilidad de las vulneraciones cometidas en desmedro de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes; teniendo cada autoridad o servidor público, el deber de desempeñar sus funciones y labores en el marco de lo regulado para el ejercicio de las mismas.
Lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos precedentes y considerando que la accionante por Sentencia 019/2021 de 19 de agosto, debidamente ejecutoriada, fue condenada a la pena privativa de libertad de ocho años a cumplir en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, la Secretaria demandada del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, no remitió el legajo de su caso al juez de ejecución penal de turno desde esa fecha, impidiendo y/o restringiendo que pueda acceder a los beneficios penitenciarios conforme a la Ley de Ejecución Penal y Supervisión. En ese marco, de los antecedentes de la acción de libertad interpuesta, la accionante señaló que se sometió a un procedimiento abreviado, emergente del cual el Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del mismo departamento, emitió la Sentencia 019/2021, en el mismo acto, renunció al recurso de apelación a la Sentencia impuesta, por lo que se ejecutorió el precitado fallo, ordenando el citado Tribunal la remisión del legajo al juzgado de ejecución penal de turno, envío a cargo de la Secretaria de ese Juzgado conforme la obligación prevista a las funciones de la indicada funcionaria en el art. 94 de la LOJ. Según la impetrante de tutela, solicitó en varias oportunidades a la Secretaria demandada, la remisión de los antecedentes al juez de ejecución penal, para acceder a los beneficios de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, sin resultado alguno, aspecto que la motivó a interponer la acción de libertad de pronto despacho. Ahora bien, la audiencia en la cual se dictó la Sentencia 019/2021 es de 19 de agosto de 2021, y la orden de remisión del legajo al juez de ejecución penal de turno, de la misma fecha, resultando que, a la fecha de la presentación de la demanda tutelar de 4 de febrero de 2022, (Conclusión II.1) transcurrieron más de cinco meses sin que exista evidencia o descargo idóneo que acredite o desvirtúe la acción de libertad interpuesta. Al Respecto la Secretaria demandada, fue citada con la acción tutelar en igual fecha a horas 13:50 vía WhatsApp a su número de celular (Conclusión II.2), sin haber adjuntado informe, prueba de descargo, mucho menos presentó informe oral en la audiencia señalada, así se tiene del acta de audiencia descrita que dio lugar a la Resolución 10/2022 de 4 de febrero, del Juez de garantías que concedió la tutela impetrada. Conforme a lo descrito y considerando que la acción de libertad fue interpuesta el 4 de febrero de 2022 (Conclusión II.1), resulta evidente que la Secretaria demandada del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Caranavi del departamento de La Paz, inobservó el principio de celeridad previsto en los arts. 178.I y 180.I de la CPE, en la remisión del legajo de antecedentes del proceso penal que se le siguió a la ahora demandante de tutela y la Sentencia 019/2021, debidamente ejecutoriada, al juez de ejecución penal de turno, autoridad que tiene la función de garantizar a través de un permanente control jurisdiccional, la observancia estricta de los derechos y garantías que consagra la Constitución Política del Estado, los tratados y convenios internacionales y las leyes, a favor de toda persona privada de libertad; es decir, al omitir remitir el legajo citado al juez de ejecución penal de turno, se restringió derechos de la ahora solicitante de tutela, dejándola en indefensión; por otra parte, se denota el incumplimiento de deberes que la ley le asigna a la Secretaria como personal de apoyo jurisdiccional. Obviamente, al no haber presentado informe ni descargo a su favor en la audiencia de acción de libertad, hacen evidente la dilación en la remisión de los antecedentes del procedimiento abreviado y la Sentencia 019/2021 ejecutoriada, así fue entendida por lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, lesionando la garantía constitucional prevista en el principio de celeridad; además, se encuentra perfectamente dirigida la acción de libertad contra la Secretaria demandada, teniendo legitimación pasiva conforme estableció la SCP 0427/2015-S2, al omitir sus funciones y deberes, mereciendo en su caso responsabilidad. En ese orden, el principio de celeridad, constriñe a quienes administren justicia, eviten retardaciones o diligencias indebidas e innecesarias, en una correcta administración de justicia, debido proceso y cumplimiento de los principios constitucionales en la actividad judicial, inherentes al Estado Constitucional de Derecho; debiendo las autoridades judiciales, ejercer al efecto una función activa en la dirección judicial de los procesos a su cargo. Además, justificativo alguno para la no remisión del legajo de un proceso penal concluido con sentencia ejecutoriada, para que otra autoridad jurisdiccional con otra competencia, garantice los derechos de una persona privada de libertad conforme a la Constitución Política del Estado y la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, como es el juez de ejecución penal de turno, que hasta la fecha de la audiencia de acción de libertad, era incierta su determinación, correspondiendo conceder la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2022 de 4 de febrero, cursante de fs. 10 a 12 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Noveno; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos del Juez de garantías y conforme a los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0425_2023-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 113ddc076326ffedbbc4392e7e4efe89faab5e08487506467cb1c0c9b72c8ede
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