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SCP 0423/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 8 de mayo de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
8 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
52030-2022-105-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El impetrante de tutela denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos celeridad e “inmediatez” vinculado con su libertad, en virtud a que la autoridad jurisdiccional demandada, hasta el momento de interposición de la presente acción de libertad –16 de marzo de 2022– no resuelve su solicitud de cesación a la detención preventiva, misma que fue impetrada el 20 de enero, y reiterada el 18 de febrero ambos del 2022. En consecuencia, corresponde verificar en revisión, si lo alegado es evidente y en su caso, si amerita conceder o no la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 01/2022 de 17 de marzo, cursante de fs. 19 a 21, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Séptima del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en la modalidad innovativa, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Principio de celeridad y acción de libertad traslativa
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0423/2025-S4 Sucre, 8 de mayo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 52030-2022-105-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución de 01/2022 de 17 de marzo, cursante de fs. 19 a 21, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Silvia Eugenia Urquieta Villarroel en representación sin mandato de Bagner Pinto Rojas contra María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Décima Cuarta del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de marzo de 2022, cursante de fs. 8 a 10 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Investigado por la presunta comisión del delito de robo agravado, el 20 de septiembre de 2017 se dispuso en su contra detención preventiva y siendo que la duración de su detención preventiva excedió el mínimo legal dispuesto para la pena del referido ilícito, en aplicación del art. 239.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el 20 de enero de 2022, solicitó a la autoridad jurisdiccional hoy demandada, cesación a la detención preventiva, dado que el transcurso de esta medida de carácter personal en su caso supera los cuatro años y cinco meses. Empero, recién el 10 de febrero de 2022, se notificó a las partes para que éstas respondan a la pretensión; sin que exista pronunciamiento sobre su petición, el 18 del mismo mes y año, solicitó se imponga celeridad a su trámite procesal, solicitud que fue reiterada nuevamente el 15 de marzo de 2022, y siendo que hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar han transcurrido veinticinco días sin que se haya resuelto su situación jurídica, denunció una dilación indebida que lesiona su derecho a la libertad.

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerado

El impetrante de tutela denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos celeridad e “inmediatez” vinculado con su libertad, citando al efecto los arts. 22 y 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se ordene a la autoridad jurisdiccional demandada, resuelva su solicitud de cesación a la detención preventiva impetrada, en aplicación del art. 239.3 del CPP.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 17 de marzo de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 17 a 18; presente la parte accionante y ausente la autoridad jurisdiccional demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte accionante, ratificó de manera íntegra su memorial de acción de libertad, haciendo énfasis en que, la última vez que reiteró su solicitud de que se resuelva su situación jurídica fue el 18 de febrero de 2022, y hasta el 15 de marzo del mismo año, no existía ninguna prueba que el expediente hubiera salido de Despacho con una resolución, y que ahora la autoridad jurisdiccional demandada, señala que resolvió su pretensión el 21 de febrero de 2022, empero, dicha decisión jamás le fue comunicada.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Décima Cuarta del departamento de Santa Cruz, pese a su notificación cursante a fs. 13, no remitió informe alguno; no obstante, Yobana Quispe Soto, Secretaria del Juzgado de garantías, sostuvo en audiencia tutelar, que dicha autoridad jurisdiccional hoy demandada, remitió el Auto Interlocutorio de 21 de febrero de 2022.

I.2.3. Resolución de la Jueza de garantías

La Jueza de Sentencia Penal Séptima del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución de 01/2022 de 17 de marzo, cursante de fs. 19 a 21, denegó la tutela solicitada con base en los siguientes fundamentos: a) Según disponen los arts. 125 de la CPE; y, 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la acción de libertad, procede cuando cualquier persona creyere que su vida está en peligro, cuando se encuentra ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o indebidamente privada de su libertad personal; b) Si bien es cierto, que la parte accionante acompañó a su pretensión, documentos que prueban que efectuó su solicitud de cesación a la detención preventiva el 20 de enero de 2022, reiterando que se resuelva la misma el 18 de febrero del mismo año; no es menos cierto, que la autoridad jurisdiccional demandada acompañó Auto Interlocutorio de 21 de febrero de 2022, mediante el cual dispone otras medidas menos gravosas, es decir, disponiendo la cesación a la detención preventiva del hoy impetrante de tutela; y, c) En tal sentido la no existir motivos para establecer la lesión de derechos, pues lo pretendido ya fue cumplido por la Jueza demandada, corresponde denegar la tutela.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 20 de enero de 2022, al Juzgado de Instrucción Penal Décimo Cuarto del departamento de Santa Cruz, Silvia Eugenia Urquieta Villarroel a nombre de Bagner Pinto Rojas, solicitó la cesación a la detención preventiva de éste último, en aplicación del art. 239.3 del CPP (fs. 5). II.2. Mediante memorial presentado el 18 de febrero de 2022, al Juzgado de Instrucción Penal Décimo Cuarto del departamento de Santa Cruz, Silvia Eugenia Urquieta Villarroel a nombre de Bagner Pinto Rojas, solicitó se resuelva su solicitud de cesación a la detención preventiva de éste último; misma que, fue impetrada el 20 de enero del mismo año (fs. 4). II.3. Cursa Auto Interlocutorio 128 de 21 de febrero de 2022, firmado por María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Décima Cuarta del departamento de Santa Cruz, quien, en análisis de la solicitud impetrada por el accionante, dispuso “…la cesación a la detención preventiva del imputado Bagner Pinto Rojas imponiéndole las siguientes medidas sustitutivas. 1.- arraigo a nivel nacional para lo cual por secretaria se ordena la emisión del correspondiente oficio y/o mandamiento. 2.- presentación del imputado cada 15 días ante el señor representante del ministerio público. 3.- se dispone que el imputado constituya un domicilio legal y este mismo deberá ser acreditado mediante una verificación por personal subalterno del juzgado” (sic [fs. 15 a 16]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos celeridad e “inmediatez” vinculado con su libertad, en virtud a que la autoridad jurisdiccional demandada, hasta el momento de interposición de la presente acción de libertad –16 de marzo de 2022– no resuelve su solicitud de cesación a la detención preventiva, misma que fue impetrada el 20 de enero, y reiterada el 18 de febrero ambos del 2022. En consecuencia, corresponde verificar en revisión, si lo alegado es evidente y en su caso, si amerita conceder o no la tutela solicitada.

III.1. Principio de celeridad y acción de libertad traslativa

Conforme disponen los arts. 178 y 180 de la CPE, “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos” (el resaltado nos pertenece); así como, “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez” (el resaltado nos pertenece), en interpretación de lo referido se tiene que la función jurisdiccional, no puede desmarcarse de los principios constitucionales, de celeridad, eficacia y eficiencia, pues de hacerlo se estará incumpliendo la materialización de la Norma Fundamental. En relación al principio de celeridad aplicable en la jurisdicción ordinaria, la SCP 0023/2013 de 4 de enero, asumió que: “El principio de celeridad, persigue como principal objetivo que el proceso se concrete a las etapas esenciales y que cada una de ellas se cumpla dentro de los plazos dispuestos por la norma legal, razonamiento del cual puede inferirse que a partir de la observancia de este principio, no es posible concebir la adición de términos de manera unilateral a una determinada etapa del proceso… (…) En este contexto, es preciso mencionar que el principio de celeridad se encuentra relacionado con los principios procesales de eficacia y eficiencia como componentes de la seguridad jurídica, toda vez que, conforme razonó el Tribunal Constitucional mediante la SC 0010/2010-R de 6 de abril, la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos” (el resaltado nos pertenece). En referencia a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, en conexión con el principio de celeridad sostuvo que: “(…) toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud” (el resaltado nos pertenece). En correlación a lo descrito la SC 0044/2010-R de 20 de abril, sostuvo que: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante alegó como lesionados los derechos invocados, en virtud a que pese a haber solicitado la cesación a su detención preventiva, en aplicación del art. 239.3 del CPP, el 20 de enero de 2022 y reiterada dicha solitud del 18 de febrero del mismo año, hasta el momento de activación de este mecanismo de defensa, su situación jurídica no ha sido resuelta por la autoridad jurisdiccional demandada.

En ese marco, del Antecedente I.1.1 y de las Conclusiones II.1 y II.2 de este fallo constitucional, se tiene que, Bagner Pinto Rojas en mérito a una investigación en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado, guarda detención preventiva desde el 20 de septiembre de 2017; empero, el 20 de enero de 2022, siendo que la duración de su detención preventiva excedió el mínimo legal dispuesto para la pena del referido ilícito, en aplicación del art. 239.3 del CPP, solicitó cesación a la medida restrictiva de su libertad a la autoridad jurisdiccional demandada; no teniendo respuesta a su pretensión, mediante memorial presentado el 18 de febrero del mismo año, impetró celeridad a su solicitud, es decir que se resuelva su situación jurídica.

En consideración a lo manifestado, del Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; se tiene que, rige y se aplica, entre otros, en la jurisdicción ordinaria los principios de celeridad, eficacia y eficiencia, mismos que obligan a las autoridades jurisdiccionales a resolver las solicitudes de las partes en los plazos establecidos por la norma, de manera pronta y oportuna, respetando de ese modo la seguridad jurídica del proceso que se encuentra en su competencia, máxime si se trata de solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad; ya que cuando existen dilaciones innecesarias en la resolución de estas pretensiones –vinculadas con la libertad–, se incumple el espíritu de justicia expuesto en la Norma Suprema; por lo cual, la jurisprudencia constitucional ha creado la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, misma que se activa con el fin de acelerar los trámites procesales vinculados con el derecho a la libertad. En ese marco, el art. 239.3 del CPP, establecen que la detención preventiva cesará, cuando la duración de esta medida exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; en tal sentido, y acudiendo al procesamiento para el trámite de esta solicitud, planteada la cesación a la detención preventiva, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes. En análisis del presente caso, se tiene que, el hoy accionante presentó su solicitud de cesación a la detención preventiva, el 20 de enero de 2022, conforme al procedimiento expuesto, la notificación a las partes debió efectuarse en veinticuatro horas; no obstante, el impetrante de tutela sostiene que dicha notificación fue realizada recién el 10 de febrero del mismo año; es decir, veintiún días después, generándose con ella una primera dilación en el cumplimiento de los plazos expuestos; por otro lado, siendo que la notificación fue efectuada el 10 de febrero de 2022, y concluido el plazo de cuarenta y ocho horas para que las partes respondan, la autoridad jurisdiccional demandada, debió resolver la pretensión –sin necesidad de audiencia– en el plazo máximo de cuatro días, es decir, como plazo máximo hasta el 15 de febrero de 2022; no habiendo resuelto en los plazos establecidos la solicitud del impetrante de tutela, que se encuentra vinculado con su derecho a la libertad, corresponde a priori conceder la tutela en la modalidad traslativa, dada una dilación innecesaria e ilegal en la resolución de su situación jurídica. Sin embargo, siendo que de la Conclusión III.3 de este fallo constitucional, se advierte que la solicitud de cesación a la detención preventiva hubiere sido resuelta de manera positiva el 21 de febrero de 2022, resulta pertinente establecer: 1) La existencia de dilación en la tramitación de la cesación a la detención preventiva como bien se expuso ut supra; y, 2) Que el accionante no fue notificado con dicha decisión jurisdiccional, y no siendo así, los efectos jurídicos del Auto Interlocutorio 128 de 21 de febrero de 2022 (Conclusión II.3), no beneficiaron a éste, aspecto que son de responsabilidad de la autoridad demandada, y aun cuando los actos lesivos hubieren cesado con la emisión del referido Auto y el conocimiento del mismo pero en audiencia tutelar, verificada la dilación innecesaria e ilegal en la tramitación de su solicitud corresponde conceder la tutela impetrada en la modalidad innovativa, misma que “…tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional” (SCP 2075/2013 de 18 de noviembre [le resaltado nos pertenece]). En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela solicitada, no compulsó de manera adecuada los antecedentes, la legislación y la jurisprudencia constitucional aplicable al caso.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 01/2022 de 17 de marzo, cursante de fs. 19 a 21, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Séptima del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada en la modalidad innovativa, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0423_2025-S4.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 4f17e45309a2640e1fb65179f58ad13f88253396d685d9d65e6d7b11a9f3d686

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