Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 8 de mayo de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad de locomoción, en mérito a que, ante la existencia de un Mandamiento de Apremio en su contra por incumplimiento de asistencia familiar, habiendo pagado el monto adeudado: 1) La autoridad jurisdiccional demandada pese a la solicitud y la prueba presentada de haber cumplido con el pago, no dejó sin efecto la orden judicial; y, 2) Pese haberle explicado al funcionario policial demandado que se pagó la asistencia familiar, éste intenta reiteradamente ejecutar el Mandamiento de Apremio en su contra. En consecuencia, corresponde verificar en revisión, si lo alegado es evidente y en su caso, si amerita conceder o no la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 08/2022 de 19 de noviembre, cursante de fs. 31 a 44 vta., pronunciada por la Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Entre Ríos del departamento de Tarija “en suplencia legal”; en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela en la modalidad traslativa, en relación a la autoridad jurisdiccional demandada y la indebida dilación en la resolución de la solicitud del accionante, sin imposición de costas, disponiendo dejar sin efecto el Mandamiento de Apremio de 4 de noviembre de 2022 emitido contra el accionante; y, 2º DENEGAR la tutela solicitada, en relación al funcionario policial demandado, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0422/2025-S4 Sucre, 8 de mayo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 52019-2022-105-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución de 08/2022 de 19 de noviembre, cursante de fs. 31 a 44 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Fernando Vargas Guzmán contra Norma Noemí Mejía Copa, Jueza Pública de Familia Segunda de Yacuiba; y, Juan Félix García, Jefe Provincial de la Policía Nacional de Entre Ríos, ambos del departamento de Tarija.
Por memorial presentado el 18 de noviembre de 2022, cursante de fs. 12 a 13 vta., el accionante, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso de asistencia familiar que le sigue la madre de su hija, se emitió Sentencia el 20 de enero de 2022, mediante al cual se le obliga a pagar una asistencia familiar de Bs750.- (setecientos cincuenta bolivianos); en virtud a ello, la madre de la menor, solicitó la liquidación de asistencia familiar, la cual fue declarada probada, debiendo pagar una deuda de Bs5 250.- (cinco mil doscientos cincuenta bolivianos) por concepto de asistencia familiar; para el cumplimiento de la obligación, la autoridad jurisdiccional hoy demandada, el 9 de noviembre de 2022, libró en su contra Mandamiento de Apremio; empero, con el objeto de evitar la ejecución de esta orden judicial, el accionante por medio de Carolina Reynolds Soruco, depositó el 16 del mismo mes y año en la cuenta de asistencia familiar del Banco Unión el monto antes referido, cumpliendo con el pago total de la liquidación.
En ese marco, por memorial presentado un día después –17 de noviembre de 2022–, acompañó el comprobante del depósito bancario; informó a la autoridad jurisdiccional accionada, el cumplimiento del pago la asistencia familiar, solicitando además se deje sin efecto el Mandamiento de Apremio librado en su contra; no obstante, el 18 de igual mes y año, tres policías comandados por el hoy funcionario policial demandado –Juan Félix García–, se presentaron en su oficina y con golpes y empujones a la puerta, intentaron ejecutar el Mandamiento de Apremio, que según señala se encuentra “cancelada”; actos que considera lesivos a sus derechos, no existiendo razón alguna para que intenten restringirle su libertad.
Denunció la lesión de su derecho a la libertad de locomoción, citando al efecto el art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se deje sin efecto el Mandamiento de Apremio que se encuentra en poder de Juan Félix García –demandado–.
Celebrada la audiencia virtual el 19 de noviembre de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 29 a 30; presente la parte accionante y el funcionario policial demandado; y, ausente la autoridad jurisdiccional accionada, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante, ratificó de manera íntegra su memorial de acción de libertad, haciendo énfasis en la audiencia tutelar que: a) Es obligación de la Jueza de Familia, dejar sin efecto el Mandamiento de Apremio, ante el cumplimiento del pago de la asistencia familiar; y, b) El funcionario policial demandado, efectuó actos de una persecución ilegal, debido a que incluso en horas de la noche se hizo presente en su domicilio, pese a que se le explicó que ya se había cumplido con el pago de la asistencia familiar y cumplimiento que puso en conocimiento de la autoridad competente.
Norma Noemí Mejía Copa, Jueza Pública de Familia Segunda de Yacuiba del departamento de Tarija, por memorial de “20 de noviembre de 2022” –sin fecha de presentación–, cursante a fs. 28 y vta., informó que: 1) Ante el incumplimiento del pago de asistencia familiar, libró en contra del hoy accionante Mandamiento de Apremio; 2) El memorial por el cual el impetrante de tutela sostiene haber cumplido el pago de la asistencia familiar, ingresó a su juzgado a horas 15:00 del 17 de noviembre de 2022, y fue registrado por su secretaria en el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ) el 18 del mismo mes y año; 3) Siendo el 18 de noviembre de 2022, se encontraba declarada en comisión para participar del tercer curso de formación y especialización judicial del área ordinaria de la Escuela de Jueces, el memorial presentado por Fernando Vargas Guzmán –hoy accionante–, fue resuelto por su suplente legal, el Juez Mario Villca Zambrana; y, 4) No conoció el memorial ni haber resuelto nada al respecto, no cuenta con legitimación pasiva en la acción de libertad, por lo que solicitó se deniegue la tutela impetrada. Juan Félix García, Jefe Provincial de la Policía Nacional de Entre Ríos del departamento de Tarija, mediante memorial de 18 de noviembre de 2022 –sin fecha de presentación– cursante a fs. 23 y vta., informó que: i) El 15 de noviembre de 2022, recepcionó el Mandamiento de Apremio contra el hoy accionante, mismo que contaba con facultades de allanamiento en horas hábiles, y fue diligenciado a los funcionarios policiales subalternos, quienes intentaron cumplir con la orden judicial, aclarando que no participó en ningún operativo con dicho fin; ii) Por informes de los funcionarios policiales a su cargo, se tiene que el Mandamiento de Apremio no se ejecutó ante la negativa del impetrante de tutela de colaborar, argumentado éste que ya hubiere solucionado el problema jurídico, pero sin mostrar ninguna prueba que lo demuestre; y, iii) Hasta el 18 de noviembre de 2022, no recibió información que el Mandamiento de Apremio se dejó sin efecto. En audiencia tutelar virtual, expuso los mismos argumentos descritos en su informe.
La Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Entre Ríos del departamento de Tarija “en suplencia legal”, mediante Resolución 08/2022 de 19 de noviembre, cursante de fs. 31 a 44 vta., concedió la tutela con costas en relación a la autoridad jurisdiccional demandada, dejando sin efecto el Mandamiento de Apremio en contra del accionante; y, denegó la tutela en relación al funcionario policial demandado; decisión que, fue asumida en base a los siguientes argumentos: a) Por normativa constitucional y procesal constitucional, la acción de libertad puede ser activada ante la restricción de la libertad, la amenaza contra la vida, y persecuciones ilegales, las mismas que resultan de una persecución al margen de la Ley; b) Constituye una persecución ilegal cuando una autoridad pública pretende ejecutar una orden de restricción de libertad emitida al margen de la Ley o con vicios jurídicos que constituyen una amenaza indebida; c) Cuando una determinación de restringir la libertad de una persona, se funda en un acto legal, pero ante la modificación de la situación jurídica del procesado, la figura cambia y corresponde emitir otra determinación cesando la amenaza contra la libertad, se debe actuar con la premura suficiente, es decir en los plazos establecidos en la norma, para lo cual la jurisprudencia constitucional ha establecido que la acción idónea para acelerar esos trámites en la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; d) Tomando en cuenta que el Juez, es la autoridad rectora de un Juzgado, los funcionarios subalternos se deben a lo que dispone ésta, contando con la legitimación pasiva cuando algún actuado no fue diligenciado de manera oportuna, ya que la responsabilidad recae en él; por otro lado, cuando una persona denuncia la lesión de sus derechos contra un juzgado o tribunal, la legitimación pasiva recae contra el represente del juzgado o tribunal, aun cuando se encuentren en suplencia legal; e) De la documentación remitida por el accionante, se advierte la Sentencia de asistencia familiar de 20 de enero de 2022; la solicitud de liquidación de asistencia familiar, aprobada por decreto de 10 de agosto del mismo año; el depósito bancario de 16 de noviembre de 2022, por la suma de Bs5 250.- (cinco mil doscientos cincuenta bolivianos), efectuada por una tercera persona en favor de la madre de la menor; y, memorial presentado por el accionante el 17 del mismo mes y año, por el cual solicitó se deje sin efecto el Mandamiento de Apremio en su contra; f) De la documentación remitida por la autoridad jurisdiccional demandada, se tiene la Resolución de Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija por la cual se declaró en comisión a dicha autoridad para asistir a un evento académico el 18 de noviembre de 2022, en la ciudad de Tarija, así como la designación en suplencia del Juez Público de Familia Primero de Yacuiba; y, depósito bancario de 16 de noviembre de 2022 que acredita el pago de la asistencia familiar devengada; g) Siendo que el hoy accionante mediante memorial presentado el 17 de noviembre de 2022, acompañando el depósito bancario, solicitó que se deje sin efecto el Mandamiento de Apremio en su contra, y tomando en cuenta que el mismo se encontraba supeditado en su ejecución al pago de la asistencia familiar, una vez cumplida esta obligación, la autoridad jurisdiccional sea titular o en suplencia, debió dejar sin efecto esta orden de restricción de la libertad, omitiendo este deber se amenaza de manera indebida e ilegal la libertad del impetrante de tutela; y, h) Con relación al funcionario policial demandado, éste únicamente cumplía órdenes judiciales, y cuando el accionante le dijo que había solucionado su conflicto jurídico pagando la asistencia familiar, éste no uso la fuerza para apremiar al hoy accionante, por lo cual no lesionó ninguno de sus derechos.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 25 de abril de 2022, Luz Yely León, solicitó a la Jueza Pública de Familia Segunda de Yacuiba, liquidación de asistencia familiar, impetrando que Fernando Vargas Guzmán cumpla con el pago de Bs5 250.- (cinco mil doscientos cincuenta bolivianos), por asistencia familiar devengada (fs. 7 y vta.); lo que mereció proveído de 10 de agosto del mismo año, firmado por Norma Noemí Mejía Copa, Jueza Pública de Familia Segunda de Yacuiba, mediante el cual intimó al prenombrado a pagar las pensiones devengadas dentro de tercer día de su legal notificación, según el monto peticionado por la demandante (fs. 8). II.2. Cursa Mandamiento de Apremio 105/22 de 4 de noviembre de 2022 emitido por Norma Noemí Mejía Copa, Jueza Pública de Familia Segunda de Yacuiba, ordenado a cualquier autoridad pública proceda al apremio de Fernando Vargas Guzmán, “Y sea conducido al Centro de Readaptación Productiva el Palmar, hasta que cancele el monto adeudado de Bs. 5.250 (CINCO MIL DOCIENTOS CINCUENTA BOLIVIANOS 00/100), por concepto de pensiones devengadas” (sic [fs. 18]). II.3. Cursa depósito bancario efectuado por Carolina Reynolds Soruco a la cuenta de Luz Yely León de Banco Unión, por la suma de Bs5 250.- (cinco mil doscientos cincuenta bolivianos) (fs. 9). II.4. Por memorial presentado el 17 de noviembre de 2022, al Juzgado Público de Familia Segundo de Yacuiba, Fernando Vargas Guzmán, hoy accionante, adjuntando comprobante de depósito en la cuenta de Luz Yely León de Banco Unión que corresponde a Bs5 250.- (cinco mil doscientos cincuenta bolivianos), solicitó se deje sin efecto el Mandamiento de Apremio emitido en su contra, en virtud a haber pagado la asistencia familiar devengada (fs. 9 a 10). II.2. Cursa nota escrita remitida a la Secretaria de Presidencia del Tribuna Departamental de Justicia de Tarija, mediante la cual se hace conocer la resolución de Sala Plena De 588, por la cual se declaró en comisión, entre otras, a Norma Noemí Mejía Copa, Jueza Pública de Familia Segunda de Yacuiba, para el 18 de noviembre de 2022, debiendo asistir a, taller del Módulo I: Bases para la función jurisdiccional en la ciudad de Tarija (fs. 24 y vta.); A tal efecto, Ernesto Felix Mur, Decano del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, designó en suplencia legal al Juez Público de Familia Primero de Yacuiba (fs. 25).
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad de locomoción, en mérito a que, ante la existencia de un Mandamiento de Apremio en su contra por incumplimiento de asistencia familiar, habiendo pagado el monto adeudado: 1) La autoridad jurisdiccional demandada pese a la solicitud y la prueba presentada de haber cumplido con el pago, no dejó sin efecto la orden judicial; y, 2) Pese haberle explicado al funcionario policial demandado que se pagó la asistencia familiar, éste intenta reiteradamente ejecutar el Mandamiento de Apremio en su contra. En consecuencia, corresponde verificar en revisión, si lo alegado es evidente y en su caso, si amerita conceder o no la tutela solicitada.
Conforme disponen los arts. 178 y 180 de la CPE, “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos” (el resaltado nos pertenece); así como, “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez” (el resaltado nos pertenece), en interpretación de lo referido se tiene que la función jurisdiccional, no puede desmarcarse de los principios constitucionales, de celeridad, eficacia y eficiencia, pues de hacerlo se estará incumpliendo la materialización de la Norma Fundamental. En relación al principio de celeridad aplicable en la jurisdicción ordinaria, la SCP 0023/2013 de 4 de enero, asumió que: “El principio de celeridad, persigue como principal objetivo que el proceso se concrete a las etapas esenciales y que cada una de ellas se cumpla dentro de los plazos dispuestos por la norma legal, razonamiento del cual puede inferirse que a partir de la observancia de este principio, no es posible concebir la adición de términos de manera unilateral a una determinada etapa del proceso… (…) En este contexto, es preciso mencionar que el principio de celeridad se encuentra relacionado con los principios procesales de eficacia y eficiencia como componentes de la seguridad jurídica, toda vez que, conforme razonó el Tribunal Constitucional mediante la SC 0010/2010-R de 6 de abril, la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos…” (el resaltado nos pertenece) En referencia a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, en conexión con el principio de celeridad sostuvo que: “(…) toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud” (el resaltado nos pertenece). En correlación a lo descrito la SC 0044/2010-R de 20 de abril, sostuvo que: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).
El accionante denuncia como lesionado su derecho a la libertad de locomoción, en merito a que la autoridad jurisdiccional demandada, no dejó sin efecto el Mandamiento de Apremio que libró en su contra, pese a que mediante documentación presentada el 17 de noviembre de 2022, acreditó haber cumplido con el pago de la asistencia familiar; y que, pese a informarle al funcionario policial demandado sobre el cumplimiento de la obligación familiar, éste pretende ejecutar el aludido Mandamiento de Apremio. En ese marco, de la Conclusión II.1. de este fallo constitucional, se tiene que, el 25 de abril de 2022, Luz Yely León, mediante memorial presentado al Juzgado Público de Familia Segundo de Yacuiba, solicitó liquidación de asistencia familiar, con el fin que Fernando Vargas Guzmán –hoy accionante– cumpla con el pago devengado de asistencia familiar por el monto de Bs5 250.- (cinco mil doscientos cincuenta bolivianos), pretensión que fue aceptada por la autoridad jurisdiccional hoy demandada, quien mediante proveído de 10 de agosto del mismo año, intimó al hoy impetrante de tutela, el cumplimiento de la asistencia familiar antes mencionada; ante el incumplimiento de esta orden judicial, libró en su contra Mandamiento de Apremio 105/22 el 4 de noviembre de 2022, por el cual se ordenó a cualquier autoridad pública apremiar al hoy accionante, y consecuentemente la restricción de su libertad hasta el pago de Bs5 250.- (cinco mil doscientos cincuenta bolivianos) por concepto de asistencia familiar (Conclusión II.2.).
En conocimiento de la orden judicial, a través de Carolina Reynolds Soruco, Fernando Vargas Guzmán –hoy solicitante de tutela–, depositó en la cuenta bancaria de Luz Yely León, Bs5 250.- (cinco mil doscientos cincuenta bolivianos); y, acompañando este documento transaccional, por memorial presentado el 17 de noviembre de 2022 y argumentando haber cumplido con el pago de la asistencia familiar, solicitó a la autoridad jurisdiccional demandada, deje sin efecto el Mandamiento de Apremio librado en su contra (Conclusiones II.3. y II.4.); sin embargo, hasta el momento de la interposición de la presente acción tutelar, la Jueza Pública de Familia Segunda de Yacuiba, no respondió a su solicitud. Tomando en cuenta lo analizado, del Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, se tiene que, entre otros, rige en la jurisdiccional ordinaria los principios de celeridad, eficacia y eficiencia, mismos que obligan a las autoridades jurisdiccionales a resolver las solitudes de las partes en los plazos establecidos por la norma de manera pronta y en oportunidad, respetando de ese modo la seguridad jurídica del proceso que se encuentra en su competencia, máxime si se trata de solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad; ya que cuando existen dilaciones innecesarias en la resolución de estas pretensiones – vinculadas con la libertad–, se incumple el espíritu de justicia inserto en la Norma Suprema, por lo cual la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se activa con el fin de acelerar los trámites procesales vinculados con el derecho a la libertad. En el presente caso, se verifica que, el 16 de noviembre de 2022, se efectuó una transferencia a la cuenta de la madre de la beneficiaria por un monto de Bs5 250.- (cinco mil doscientos cincuenta bolivianos); el 17 del mismo mes y año, Fernando Vargas Guzmán –hoy accionante–, acompañando la documentación que acredita la trasferencia, solicitó a la autoridad jurisdiccional demandada, deje sin efecto el Mandamiento de Apremio librado en su cuenta, argumentado el pago del monto fijado por orden judicial y que ordenaba la restricción de su libertad, solicitud que no fue resuelta hasta el día de la presentación de ésta acción de libertad, tampoco hasta el día de la celebración de la audiencia tutelar – 19 de noviembre de 2022–. En ese contexto, considerando que, el art. 23 de la CPE, dispone que, “Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley…” (el resaltado nos pertenece); y que en virtud a dicha normativa el legislador ha determinado que una causal de restricción de la libertad (apremio corporal), se da cuando un obligado incumple con el pago de la asistencia familiar dispuesta por autoridad jurisdiccional competente, en ese entendido el art. 27.II del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) ha establecido que, “Cuando la o el obligado haya incumplido el pago de la asistencia familiar, a petición de parte, la autoridad judicial ordenará el apremio corporal hasta seis meses” (el resaltado nos pertenece); por otro lado, conforme establece el parágrafo tercero del mismo artículo, “El apremio corporal podrá suspenderse si la o el deudor ofrece el pago en el plazo que se acuerde entre las partes…” (el resaltado nos pertenece); generándose con ello la lógica conclusión de que, ante el pago total del monto adeudado por asistencia familiar, la autoridad jurisdiccional competente deberá de manera inmediata procesar la solicitud del obligado, y de ser necesario dejar sin efecto el Mandamiento de Apremio que aún no fue ejecutado, o librar el Mandamiento de Libertad cuando este ya haya sido ejecutado. Ahora bien, es evidente que la determinación de dejar sin efecto el Mandamiento de Apremio, no operará de manera directa, sino previo análisis de la documentación acompañada por el obligado que acredite que, efectivamente se ha cumplido con el pago; no obstante, la autoridad jurisdiccional demandada, deberá resolver de forma inmediata la solicitud vinculada a la pretensión; es decir, decidir dejar o no sin efecto el Mandamiento de Apremio por cumplimiento de la asistencia familiar, fundada esta decisión en la documentación presentada, o librar el Mandamiento de Libertad cuando este se haya ejecutado. En el presente caso, se observa que la solicitud del accionante fue presentada el 17 de noviembre de 2022, y hasta el 19 del mismo mes y año, la autoridad demandada no se pronunció al respecto, generando una dilación innecesaria e indebida para resolver la situación jurídica del hoy accionante, quien se encuentra amenazado con la restricción de su libertad, pese a sostener que hubiere cumplido con el pago de su obligación, por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada en la modalidad traslativa o de pronto despacho, aclarando que la concesión de tutela únicamente incumbe a que la autoridad jurisdiccional demandada, no resolvió la solicitud del impetrante de tutela, mas no incumbe a determinar como cumplida la obligación, aspecto que deberá ser verificado por la autoridad competente según los datos que cursa en el proceso familiar, tampoco se impone costas. Sin perjuicio de lo resuelto, corresponde aclarar que, si bien la autoridad jurisdiccional demandada, señaló que el Juez en suplencia legal resolvió la solicitud del hoy accionante, no existe elemento alguno para determinar dicha situación, ya que no se acompañó en el expediente tutelar, resolución alguna que acredite lo afirmado por ésta, máxime si se observa que la situación del impetrante de tutela no ha sido modificada con dicha presunta resolución, y que tampoco Fernando Vargas Guzmán haya asentido que su solicitud haya sido respondida.
Ahora bien, con relación a una supuesta persecución ilegal efectuada por el funcionario policial demandado, se advierte que éste hubiere intentado ejecutar el Mandamiento de Apremio, en cumplimiento de las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de la Policía Nacional (LOPN), que en su art. 7 establece que, son atribuciones de la Policía Nacional (…) Cumplir y ejecutar las disposiciones y órdenes del Supremo Gobierno y de las autoridades competentes, con arreglo a la Constitución Política del Estado y demás disposiciones legales”. Con lo cual y en cumplimento de la ejecución de la referida orden judicial, no se advierte lesión de derecho alguno, más aún si, éste negó haber participado en la ejecución del Mandamiento y que no existen pruebas para que se establezca reiteradas intensiones de ejecutar la aludida orden judicial; con lo cual respecto a éste, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías al conceder en parte la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 08/2022 de 19 de noviembre, cursante de fs. 31 a 44 vta., pronunciada por la Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia Penal Primero, Juzgado Público de Familia, Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Entre Ríos del departamento de Tarija “en suplencia legal”; en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela en la modalidad traslativa, en relación a la autoridad jurisdiccional demandada y la indebida dilación en la resolución de la solicitud del accionante, sin imposición de costas, disponiendo dejar sin efecto el Mandamiento de Apremio de 4 de noviembre de 2022 emitido contra el accionante; y, 2º DENEGAR la tutela solicitada, en relación al funcionario policial demandado, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Isidora Jiménez Castro René Yván Espada Navía
MAGISTRADA MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0422_2025-S4.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 87c40186a98f02967aad0d63e69d2aadc4834197a4368667df958a797a251d81
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