Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 15 de mayo de 2025
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y la garantía al debido proceso en su componente principio de celeridad; alegando que, encontrándose cumpliendo pena privativa de libertad en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, por la comisión del delito de violencia familiar, el 22 de junio de 2022, solicitó a la Jueza accionada audiencia para considerar la aplicación de sanciones alternativas a la privación de libertad, en el marco de lo dispuesto en el art. 76 de la Ley 348; sin embargo, dicha autoridad no señaló dicho acto procesal, incumpliendo los arts. 132.1 y 328.II del CPP. La parte accionada no remitió informe alguno respecto a la indicada denuncia. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 14/2022 de 12 de julio, cursante de fs. 13 a 15, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada; y, 2° Disponer que la Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, de forma inmediata señale audiencia de consideración de aplicación de sanciones alternativas, salvo que por el transcurso del tiempo dicho acto procesal ya se hubiese realizado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0419/2025-S2 Sucre, 15 de mayo de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 52028-2022-105-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 14/2022 de 12 de julio, cursante de fs. 13 a 15, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jaime Daniel Campos Villanueva, abogado del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), en representación sin mandato de Tonio Sandro Arias Zurita contra María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 11 de julio de 2022, cursante a fs. 1; y, 6 a 7 vta., el accionante a través de su representante sin mandato manifiesta lo siguiente:
Se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, cumpliendo una pena de tres años de privación de libertad por la comisión del delito de violencia familiar; en esas circunstancias, el 22 de junio de 2022, amparado en el art. 76 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, solicitó a la Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, señalamiento de audiencia -para considerar la aplicación de sanciones alternativas-; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad, dicha autoridad no fijó el acto procesal requerido, incumpliendo de esa forma, los plazos procesales establecidos en los arts. 132.1 y 328.II del Código de Procedimiento Penal (CPP); este último, modificado por el art. 12 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-.
El accionante alega la lesión de su derecho a la libertad y la garantía al debido proceso en su componente principio de celeridad, a ese efecto cita los arts. 22 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, ordenando al Juez demandado, emita decreto de señalamiento de audiencia dentro del plazo señalado en el art. 328.II del CPP; y, de oficio realice las diligencias de notificación a los sujetos procesales.
Celebrada la audiencia pública el 12 de julio de 2022, según consta en acta cursante a fs. 12 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato, ratificó el tenor íntegro de la demanda tutelar y complementando la misma en audiencia, manifestó que toda vez que la autoridad judicial accionada omitió su obligación de presentar informe respecto a la acción de libertad interpuesta, se presume la veracidad de los hechos denunciados; debiendo en consecuencia, concederse la tutela impetrada.
María Alejandra Menacho Melgar, Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su citación legal cursante a fs. 9.
La Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 14/2022 de 12 de julio, cursante de fs. 13 a 15, denegó la tutela solicitada, con base al siguiente fundamento: Si bien el accionante, acreditó que el 26 de junio de 2022, impetró a la Jueza ahora accionada audiencia de “salida alternativa”; sin embargo, no presentó prueba alguna que acredite la vulneración del art. 328.II del CPP por parte de la indicada autoridad. En la misma audiencia, la parte accionante, vía “complementación” pidió a la Jueza de garantías, explique porqué la denegatoria de tutela, se sustentó en la falta de presentación del decreto de “señalamiento de audiencia” de sanciones alternativas, cuando precisamente denunció que la autoridad demandada omitió emitir el indicado decreto; además, se pronuncie respecto a la aplicación de la presunción de veracidad debido a la falta de informe de la Jueza accionada. Contestando a dicha solicitud, la Jueza de garantías manifestó que la parte accionante tiene la carga de la prueba para acreditar la vulneración de sus derechos; por lo que, al no existir el decreto de señalamiento de la audiencia solicitada, debió presentar la fotocopia del libro diario, para acreditar dicha omisión.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 22 de junio de 2022, Jaime Daniel Campos Villanueva, abogado del SEPDEP, por Tonio Sandro Arias Zurita -accionante- solicitó a la Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, amparado en el art. 76 de la Ley 348, “AUDIENCIA DE SALIDA ALTERNATIVA” (sic), a señalarse en el plazo establecido en el art. 328.II del CPP (fs. 3 y vta.).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y la garantía al debido proceso en su componente principio de celeridad; alegando que, encontrándose cumpliendo pena privativa de libertad en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, por la comisión del delito de violencia familiar, el 22 de junio de 2022, solicitó a la Jueza accionada audiencia para considerar la aplicación de sanciones alternativas a la privación de libertad, en el marco de lo dispuesto en el art. 76 de la Ley 348; sin embargo, dicha autoridad no señaló dicho acto procesal, incumpliendo los arts. 132.1 y 328.II del CPP. La parte accionada no remitió informe alguno respecto a la indicada denuncia. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0494/2018-S1 de 11 de septiembre, citando a la SCP 0791/2015-S3 de 10 de junio y su similar 0132/2017-S3 de 6 de marzo, precisó: «“El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’. Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)”» (las negrillas nos corresponden).
El accionante interpone acción de libertad, alegando que se encuentra privado de libertad en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, cumpliendo pena de reclusión de tres años por la comisión del delito de violencia familiar; por lo que, con la finalidad de beneficiarse con la aplicación de sanciones alternativas a la privación de libertad, el 26 de junio de 2022, solicitó a la Jueza accionada audiencia para dicho cometido (Conclusión II.1); en ese contexto, acude a la justicia constitucional, denunciando que la indicada autoridad incumplió los plazos procesales señalados en los arts. 132.1 y 328.II del CCP, porque no fijó dicho acto procesal. Inicialmente es importante hacer notar que, la autoridad judicial accionada, a pesar haber sido citada con la acción de tutela, no presentó informe alguno ni asistió a la audiencia de garantías para desvirtuar la omisión denunciada como lesiva a los derechos del impetrante de tutela; en ese sentido, al no existir argumentos que rebatan la denuncia del prenombrado, corresponde presumir la veracidad de la misma; toda vez que, la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, estableció que “se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparece a la audiencia ni presten su informe de ley”. Asimismo, cabe señalar que la aplicación de sanciones alternativas a la privación de libertad en delitos de violencia hacia las mujeres, se encuentra regulado en los arts. 76 al 82 de la Ley 348, que consiste en remplazar la pena de reclusión por otras menos gravosas, como la multa, detención de fin de semana, trabajo comunitario, medidas de seguridad, inhabilitación y cumplimiento de instrucciones; siempre y cuando la pena impuesta al beneficiario no supere los tres años de privación de libertad; en ese sentido, se trata de una especie de beneficio penitenciario, que está vinculado directamente con el derecho a la libertad; toda vez que, tiene la finalidad de modificar la situación jurídica de personas recluidas por la comisión de delitos de violencia hacia las mujeres, permitiendo la aplicación de sanciones que no impliquen la restricción del indicado derecho; por lo mismo, su tramitación debe sujetarse al establecido en el art. 328.II del CPP, por ser el más ágil para su resolución. Ahora bien, de las alegaciones efectuadas por el peticionante de tutela y la documentación aparejada al expediente constitucional, se tiene que, al momento de solicitar la aplicación de sanciones alternativas -22 de junio de 2022-, el accionante se encontraba cumpliendo pena privativa de libertad en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, por la comisión del delito de violencia familiar (Conclusión II.1); asimismo, constituyéndose dicha petición una forma de beneficio penitenciario, como se dijo precedentemente, inevitablemente está vinculado directamente con el derecho a la libertad del prenombrado, pues tiene la finalidad de modificar su situación jurídico procesal, con la imposición de sanciones que no impliquen necesariamente esa restricción; razón por la que, la Jueza accionada debía atender su solicitud, con la mayor prontitud y dentro los plazos señalados en los arts. 132.1 y 328.II del CPP. En ese sentido, la autoridad judicial accionada, conforme establece el art. 132.1 del adjetivo penal, dentro el plazo de veinticuatro horas de efectuada la indicada petición, debió emitir la providencia de señalamiento de audiencia para resolver la misma en el término de cuarenta y ocho horas, incluso con la habilitación de horas y días inhábiles, conforme prescribe el art. 328.II del citado Código; sin embargo, la señalada autoridad omitió dicha obligación legal, incurriendo en una dilación indebida, por mantener en suspenso indefinido la activación de un beneficio ex carcelario vinculado al derecho a la libertad del impetrante de tutela; lesionando de esa manera sus derechos a la libertad y al debido proceso vinculado al principio de celeridad.
Consiguientemente, corresponde conceder la tutela impetrada bajo la tipología de pronto despacho, que conforme definió la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, tiene el objeto de acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen retardaciones ilegales para resolver la situación jurídica de quien ha sido despojado de su libertad por orden judicial; puesto que, la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio procesal de celeridad, previsto en el art. 180.I de la CPE. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 14/2022 de 12 de julio, cursante de fs. 13 a 15, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada; y, 2° Disponer que la Jueza de Instrucción Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, de forma inmediata señale audiencia de consideración de aplicación de sanciones alternativas, salvo que por el transcurso del tiempo dicho acto procesal ya se hubiese realizado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0419_2025-S2.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): a7e5d9304dc0708d4428ae3b6cf5eb26d6134f4c1571fc6cacf8355adf326108
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