Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 30 de mayo de 2023
Deniega la tutela
El peticionante de tutela a través de su representante, interpuso la presente acción de libertad en su modalidad de pronto despacho, denunciando la lesión de sus derechos a la libertad y al principio de celeridad; debido a que, dentro del proceso penal seguido en su contra, remitieron el cuaderno procesal al Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de La Paz, sin que hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar, la Gestora de Procesos 4 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz procediera a la notificación a las partes, con ninguna actuación procesal jurídica, menos la acusación ni la prueba, ocasionando una dilación indebida, que le impide efectuar actos procesales para modificar su situación de privado de libertad. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 03/2022 de 21 de enero, cursante de fs. 12. a 13 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0417/2023-S2 Sucre, 30 de mayo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 45442-2022-91-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 03/2022 de 21 de enero, cursante de fs. 12. a 13 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Héctor Choque Mamani en representación sin mandato de Marcelo Daniel Viscarra Capriles contra Rosario Mendoza Villca, Coordinadora de Gestión de Audiencias de la Oficina Gestora de Procesos 4 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 20 de enero de 2022, cursante a fs. 4 y vta., el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:
Se encuentra detenido preventivamente a la espera de su juicio oral, público y contradictorio, caso que fue signado con el número ZSR1901396 y con el Número de Registro Judicial (NUREJ) 20287141, cuyos antecedentes fueron remitidos al Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de La Paz -no indicó fecha-, para la apertura de juicio, empero hasta la data de formulación de esta acción tutelar, no notificaron con la acusación ni las pruebas a las partes, lo cual impide aplicar una medida cautelar diferente a la detención preventiva al no tener el decreto de radicatoria hasta la fecha. Es así que el proceso en cuestión se encontraría paralizado por la Oficina Gestora de Procesos 4 a cargo de la demandada, quien se niega a realizar las diligencias, a pesar de haber provisto los recaudos a efectos de dar cumplimiento a esas notificaciones.
Por lo expuesto señala que, existe una vulneración directa al principio de celeridad y al debido proceso en su vertiente a la defensa, por lo cual interpuso esta acción de defensa de carácter traslativo y de pronto despacho.
Señaló como lesionados sus derechos al debido proceso en su vertiente a la defensa y al principio de celeridad, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: “…A LOS FUNCIONARIOS DE LA GESTORA EN CUESTIÓN A REALIZAR LAS NOTIFICACIONES EN EL DÍA DE TODO LO PENDIENTE DENTRO DEL PROCESO DEL CUAL CURSAN ANTECEDENTES EN SU PODER” (sic).
Celebrada la audiencia pública el 21 de enero de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 11 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, con el uso de la palabra en audiencia y respondiendo a las interrogantes efectuadas por el Juez de garantías, manifestó que: a) Su abogado no se encontraba presente y no conoce a la persona que presentó la acción de libertad, en razón a que su defensa técnica estaba constituida por “Alfredo Betancur” y “Ricardo Rodríguez”; y, b) No tiene conocimiento ni está al tanto de la presente acción de libertad, tampoco conoce a Héctor Choque Mamani, por lo que sin su abogado de confianza se siente en estado de indefensión.
Rosario Mendoza Villca, Coordinadora de Gestión de Audiencias de la Oficina Gestora de Procesos 4 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito remitido el 21 de enero de 2022, cursante a fs. 10 y vta., solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes fundamentos: 1) Los hechos detallados en la acción de libertad hicieron referencia a diligencias remitidas por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del indicado departamento, mismas que hasta la fecha “…supuestamente (…) se habría negado en dar cumplimiento con la notificación respectiva…” (sic) indicando con argumentos falaces que le otorgaron “RECAUDOS” para su cumplimiento; 2) Las diligencias referidas fueron remitidas a la precitada Oficina de Gestora de Procesos, el 10 de enero de 2022 a horas 16:15, conforme a la copia del reporte que adjuntó, contando únicamente dicha Oficina con tres Gestores desde el inicio de año, debido a que el personal a contrato (dos Gestoras)
recién se reincorporaron el 13 de igual mes y año, en mérito al contagio masivo de COVID-19 entre los funcionarios del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pues se presentaron bajas médicas de la gran parte de su personal, es así que por el momento únicamente cuenta con la disponibilidad de dos Gestores, mismos que están abarcando diligencias relativas a notificaciones de audiencias (tanto a domicilios reales como notificaciones vía telemática) de carácter urgente; 3) Dicho hechos son de conocimiento del Encargado Departamental de las Oficinas Gestoras de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, razón por la cual, estarían priorizando diligencias de carácter urgente como las notificaciones de las audiencias, al encontrarse con bastante carga de trabajo, atendiendo a siete juzgados; 4) Es evidente que los abogados de Héctor Choque Mamani se constituyeron en la Oficina Gestora de Procesos a su cargo a quienes les manifestó los mismos extremos, pues se encontraría con poco personal; sin embargo, el prenombrado jamás se apersonó en dicha repartición, desconociendo a que “recaudos” se refirió haber dejado; toda vez que, nunca solicitó ningún tipo de recurso económico; y, 5) Es así que la precitada Oficina Gestora no dejó de lado sus funciones, sin embargo al no contar con el recurso humano disponible para la debida efectivización, se complicó el desarrollo habitual en el diligenciamiento de esas notificaciones.
El Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 03/2022 de 21 de enero, cursante de fs. 12 a 13 vta., concedió la tutela solicitada por Marcelo Daniel Viscarra Capriles, disponiendo que en el día la Oficina de Gestora de Procesos 4 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a cargo de la demandada efectivice las notificaciones dentro del proceso penal que involucra al accionante, bajo su responsabilidad. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) Concierne establecer si se abre la tutela prevista por el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), para el peticionante de tutela, debido a que no realizaron las diligencias de notificación en su proceso penal radicado en el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del citado departamento, quien se encontraría privado de libertad y en función al cumplimiento de dicha diligencia recién podría solicitar alguna modificación respecto a su situación jurídica; ii) Asimismo, corresponde establecer si lo referido por el demandante de tutela puede ser atendido a través de la presente acción de libertad “sin mandato” formulada por Héctor Choque Mamani, a quien el impetrante de tutela refirió que no conoce y por ende no tiene conocimiento sobre la presentación de esta acción; sobre el particular, al encontrarse el impetrante de tutela privado de libertad, es considerado como parte de un grupo vulnerable, pues no ejerce sus derechos como lo haría una persona en libertad, de ahí que los privados de libertad, en la mayoría de los casos, aún no tengan conocimiento de la interposición de las acciones de libertad en su favor, ello no reviste de mayor formalidad, pues la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional, hacen prevalecer el derecho a la libertad, y en este caso, no puede ser exigible que el aludido conozca necesariamente de la presentación de una acción a libertad, por cuanto se entiende, que este mecanismo está siendo activado en su favor y no en su contra; iii) Es por ello que, corresponde tomar en cuenta el hecho que el peticionante de tutela se encuentra privado de libertad y si bien desconoce de la acción constitucional; empero, al estar activado en su favor, lo cual no fue descartado por el accionante, y menos aún por la funcionaria demandada quién se allanó a los extremos denunciados reconociendo en su informe que no cumplieron con las diligencias omitidas y son reclamadas en la acción de libertad, atinge resolver el fondo de lo denunciado; v) Si bien no cuenta con los antecedentes del expediente radicado en el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto; sin embargo, de lo señalado por Rosario Mendoza Villca -ahora demandada-, se evidenció que existen diligencias de notificación pendientes de realizar en la Oficina Gestora de Procesos 4; así como existe un proceso que originó la privación de libertad del accionante dentro del cual se demoró la realización de diligencias debido a falta de personal por la pandemia por el COVID-19; vi) Los casos donde existe un privado de libertad, deben ser tratados con prioridad en las reparticiones estatales, a objeto de acelerar el trámite, lo cual debió acontecer con las diligencias a realizarse, pues de su cumplimiento depende que el acusado haga el uso de algún mecanismo para revertir esa condición, como por ejemplo, una cesación de la detención preventiva o modificación de medidas cautelares; vi) En ese sentido, dio prioridad al caso pues existe un privado de libertad, no siendo posible soslayar el incumplimiento de tales gestiones con el argumento de falta de personal o problemas de orden administrativo, si fue justamente la demandada que refirió, la priorización de casos, siendo este uno que merece mayor atención, al estar de por medio una persona privada de su libertad, no siendo atendibles los argumentos esgrimidos por la prenombrada, debiendo, cumplir con sus obligaciones y realizar el diligenciamiento de estas notificaciones pendientes dentro de este proceso penal, del cual tuvo conocimiento, conforme lo informado; y, vii) Con tales argumentos, además de la pandemia por el COVID-19 y que el accionante pese a no conocer de esta acción, es un privado de su libertad, en mérito a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incumbe dar prioridad respecto de los privados de libertad, siendo viable la tutela prevista por el art. 125 de la CPE.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Del informe presentado por Rosario Mendoza Villca, Coordinadora de Gestión de Audiencias de la Oficina de Gestora de Procesos 4 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandada- el 21 de enero de 2022, se advierte la existencia de las diligencias pendientes de notificación a las partes, dentro del proceso penal seguido contra Marcelo Daniel Viscarra Capriles -hoy accionante-, quien se encuentra privado de libertad (fs. 10 y vta.). II.2. Cursa igualmente el reporte, de “Diligencias”, sobre -Notificaciones Generadas Derivadas a la Oficina Gestora- el 10 de enero de 2022, del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de La Paz, en el que se encuentra consignado en los numerales 16 y 17 del listado, el caso con NUREJ 20287141, del que deben efectuarse dos notificaciones a Andrea Fressia Moreiyra Ampuero y Amanda Cortez (fs. 9).
El peticionante de tutela a través de su representante, interpuso la presente acción de libertad en su modalidad de pronto despacho, denunciando la lesión de sus derechos a la libertad y al principio de celeridad; debido a que, dentro del proceso penal seguido en su contra, remitieron el cuaderno procesal al Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de La Paz, sin que hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar, la Gestora de Procesos 4 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz procediera a la notificación a las partes, con ninguna actuación procesal jurídica, menos la acusación ni la prueba, ocasionando una dilación indebida, que le impide efectuar actos procesales para modificar su situación de privado de libertad. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Jurisprudencia reiterada
La SC 0044/2010-R de 20 de abril, respecto al hábeas corpus -hoy acción de libertad- traslativo o de pronto despacho, señaló: “…a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R…)”. Bajo esta línea de entendimiento, la misma jurisprudencia constitucional ha recogido el desarrollo doctrinal sobre los tipos de acciones de libertad introduciendo precisamente como un componente de los alcances de la tutela que brinda la misma, en su modalidad traslativa, la cual se encuentra reconocida implícitamente por el art. 125 de la Norma Suprema. En el orden señalado, la SCP 0112/2012 de 27 de abril, reiterando la línea jurisprudencial sobre el deber de tramitar todas las cuestiones vinculadas con la libertad personal con la celeridad necesaria recordó que: “La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva”. La SCP 0571/2012 de 20 de julio, refirió: “…el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: ‘…el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’”. En ese mismo sentido, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, de igual manera puntualizó: “...la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad" (las negrillas son nuestras). Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, sostuvo que: “...la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”.
Descritos los fundamentos jurídicos aplicables al caso concreto, se tiene al respecto que conforme la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas vinculados de manera directa al derecho a la libertad del encausado; lo denunciado a través de esta acción tutelar, relativo a la realización de las diligencias de notificación a las partes por parte de Rosario Mendoza Villca, Coordinadora de Gestión de Audiencias de la Oficina de Gestora de Procesos 4 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido contra el impetrante de tutela, quien se encuentra privado de libertad, cuyo proceso radica en el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de dicho departamento. En ese contexto jurisprudencial, ingresando al análisis de la acción de tutelar que nos ocupa, se tiene que, dentro del proceso penal seguido contra Marcelo Daniel Viscarra Capriles, signado con el número ZSR1901396 y NUREJ 20287141, el caso fue remitido al Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de La Paz para la apertura de juicio; sin embargo, no se notificó a las partes con la acusación ni las pruebas, impidiendo la aplicación de una medida cautelar diferente a la detención preventiva, proceso que se encuentra paralizado por la Coordinadora de Gestión de Audiencias de la Oficina de Gestora de Procesos 4 ahora demandada. Ahora bien, de acuerdo a lo informado por la prenombrada funcionaria (Conclusión II.1), el 10 de enero de 2022, se remitieron del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto del departamento de La Paz las diligencias a esa Gestora, actuados que debido a la falta de personal y recargadas labores no se pudo realizar, como consecuencia del número reducido de Gestores por las bajas reportadas por el COVID-19, entre otros; priorizando aquellos casos en los que existían audiencias; es así que no pudieron efectivizarse dichas diligencias, añadiendo a ello que no recibió ningún tipo de “recaudo” lo cual no es solicitado a ninguna de las partes; aseveraciones que se encuentran corroboradas por el reporte que adjuntó al informe de 21 de igual mes y año, que da cuenta de la remisión del precitado Tribunal de Sentencia Penal de las aludidas diligencias a ejecutar, entre las que se encuentra las referidas al caso en cuestión (Conclusión II.2). No obstante el desconocimiento por parte del encausado -ahora peticionante de tutela- de la presentación de la acción de libertad en su favor, conforme se colige de lo manifestado en la audiencia de garantías; si bien dicha dilación involucra a una persona privada de libertad, ello no guarda directa relación con el derecho a la libertad del procesado; vale decir, no existe una vinculación directa entre el hecho alegado de lesivo y el derecho a la libertad del impetrante de tutela, presupuesto que hace viable la tutela a través de la acción de libertad de pronto despacho. Por lo expuesto, ante la inconcurrencia del precitado presupuesto establecido para la consideración de supuestas lesiones mediante la presente acción de defensa y en aplicación del Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, corresponde denegar la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela solicitada, actuó de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 03/2022 de 21 de enero, cursante de fs. 12. a 13 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0417_2023-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): d00658a46856f9d261955067466b45e168f430e3734e5caefb8bc720cd7f5773
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