Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 30 de mayo de 2023
Concede en parte la tutela
Las accionantes denunciaron la vulneración de sus derechos al debido proceso en su componente de celeridad; en ese entendido, sostienen que fueron sometidas a un proceso penal dentro del marco previsto en por Ley 1008; en consecuencia, se emitió la Sentencia 13/2021 de 3 de marzo, por la comisión del delito de transporte de sustancias controladas. En ese contexto, al haber renunciado al recurso de apelación restringida solicitaron la ejecutoria de la citada Sentencia; sin embargo, la autoridad judicial ahora demandada no dio curso a su petición, bajo el argumento que el expediente fue remitido a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en razón de los recursos de apelación restringida formulados por los demás condenados. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 001/2022 de 21 de enero, cursante de fs. 321 a 326 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada por vulneración del derecho al debido proceso en su componente de celeridad; 2° DENEGAR la tutela respecto a la petición de remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura; toda vez que, la misma debió ser justificada en derecho; y,
3° Disponer que de manera inmediata; siempre que ello no hubiera ocurrido, la autoridad judicial demandada proceda con la ejecutoria de la Sentencia 13/2021 de 3 de marzo.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0414/2023-S2 Sucre, 30 de mayo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 45386-2022-91-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 001/2022 de 21 de enero, cursante de fs. 321 a 326 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Noemí Bernal Marca y Silvia Lazcano Valdez, contra Sofía Jhenny Almanza Camacho, Jueza de Sentencia Penal Novena de la Capital del Departamento de Cochabamba.
JURÍDICA
Por memorial presentado el 20 de enero de 2022, cursante de fs. 159 a 161 vta., las accionantes expresaron lo siguiente:
Dentro del marco de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-, se inició un proceso penal en su contra el 4 de diciembre de 2020, donde el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba dispuso su detención preventiva. Presentada la acusación formal y celebrado el juicio oral, la Jueza de Sentencia Penal Novena de la referida Capital, emitió la Sentencia 13/2021 de 3 de marzo, por la comisión del delito de trasporte de sustancias controladas; en dicho mérito, renunciaron al recurso de apelación restringida, solicitaron la ejecutoria de la sentencia y la remisión de actuados al juez de ejecución penal de turno, con el fin de someterse al beneficio de indulto. Dicha solicitud fue presentada en más de una oportunidad -22 de octubre y 4 de noviembre de 2021-; sin embargo, la autoridad judicial ahora demandada se negó a dar curso a la misma, bajo el argumento que no tenía en su poder los antecedentes del caso; toda vez que, producto de los recursos de apelación restringida interpuestos por otros condenados, el expediente principal fue remitido a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, para fines consiguientes.
Señalaron como lesionados sus derechos al debido proceso en su componente de celeridad; citando al efecto los arts. 115.II, 178.I y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitaron se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: a) Que en el día se ejecutorié la Sentencia 13/2021 de 3 de marzo, para beneficiarse con el indulto emitido por el Gobierno Nacional; y, b) La remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura con el objeto que se inicie proceso disciplinario contra la autoridad judicial demandada.
Celebrada la audiencia pública el 21 de enero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 319 a 320, se produjeron los siguientes actuados:
Las accionantes a través de su abogado, ratificaron in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar.
Sofía Jhenny Almanza Camacho, Jueza de Sentencia Penal Novena de la Capital del departamento de Cochabamba, remitió informe escrito de 21 de enero de 2022, cursante de fs. 197 a 199, mediante el que solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: 1) La SC 0044/2010-R de 20 de abril, establece que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar trámites judiciales y administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de una persona privada de libertad; 2) Acorde a lo previsto por la SC 0008/2010-R de 6 de abril y el art. 401 del Código de Procedimiento Penal (CPP), las accionantes contaban con el recurso de reposición para solicitar el restablecimiento de sus derechos y garantías constitucionales presuntamente vulnerados; 3) En el mismo orden, para que las autoridades de la jurisdicción constitucional ingresen a analizar supuestas infracciones del debido proceso vía acción de libertad, el acto lesivo denunciado debería estar vinculado con el derecho a la libertad física por operar como causa directa de su restricción y existir absoluto estado de indefensión; 4) Dichos presupuestos no concurrieron en el caso concreto; toda vez que, los decretos identificados por las impetrantes de tutela y la no ejecutoria de la sentencia no tenía vinculación directa con el derecho a la liberta física; respecto al segundo, no se advirtió un absoluto estado de indefensión, por cuanto las procesadas contaban con abogados defensores que presentaron memoriales ejerciendo su derecho a la defensa; 5) Por decreto de 9 de agosto de 2021, se ordenó que se fundamente la petición y las razones de la pretensión en aplicación del art. 397 del CPP, lo cual no fue respondido en el plazo otorgado; y, 6) No contaba con los antecedentes del legajo principal; en razón a que, fue remitido a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 001/2022 de 21 de enero, cursante de fs. 321 a 326 vta., denegó la tutela, conforme a los siguientes fundamentos: i) La línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional Plurinacional establece que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar trámites administrativos o judiciales, cuando existen dilaciones indebidas que no permiten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad; ii) De igual forma, para la restitución del derecho a la libertad física o personal, deberían ser utilizados previamente los medios o mecanismos de impugnación previstos en la vía ordinaria; solo en caso de no lograr ese efecto, recién podría acudirse a la jurisdicción constitucional; iii) Según lo establecido por la SCP 0471/2019-S3 de 26 de agosto, previamente a la interposición de la acción de libertad, deben agotarse los recursos establecidos en el Código de Procedimiento Penal; de no restituirse los derechos supuestamente vulnerados, se puede acudir a la jurisdicción constitucional; en el presente caso, las accionantes no cumplieron con la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; iv) Se observó que la autoridad judicial ahora demandada, respondió los distintos memoriales presentados por las impetrantes de tutela dentro de los plazos establecidos por ley; v) No se acreditó la concurrencia de los dos presupuestos para la tutela del debido proceso vía acción de libertad; es decir, los actos lesivos denunciados no constituían causa directa de la restricción del derecho a la libertad física y no fueron puestas en estado de indefensión absoluta, tal cual lo exige la jurisprudencia constitucional; vi) Por Auto Interlocutorio de 9 de diciembre de 2020, las demandantes de tutela fueron beneficiadas con medidas sustitutivas a la detención preventiva; sin embargo, las mismas no fueron cumplidas por las condenadas, lo cual demostró que su situación de privación de libertad se dio a partir de su propia voluntad; vii) No se observó determinación judicial atribuible a la autoridad demandada, que haya restringido el derecho a la libertad de las solicitantes de tutela; y, viii) “…las ahora accionantes deben cumplir la sentencia condenatoria determinada por la autoridad judicial, toda vez que asimismo la posibilidad de beneficiarse con el indulto tampoco constituiría una causa directa de restricción a la libertad física por resultar ser un beneficio expectantico que se encuentra sujeto al trámite administrativo y posterior judicial, que deba realizarse a objeto de concederse o denegarse el mismo” (sic). Acorde a lo previsto en el art. 36.9 del CPCo, la Representante del Ministerio Público solicitó aclaración y enmienda, en el entendido que debió darse curso a lo solicitado y declarar la ejecutoria de la Sentencia 13/2021; petición a la que se adhirió la parte accionante. En ese orden, las autoridades de la Sala Constitucional del referido Tribunal, sostuvieron que su decisión se encontraba debidamente fundamentada y motivada, que era congruente con los argumentos contenidos en la acción de libertad, por cuanto responde a cada uno de los puntos de manera clara y precisa. En el mismo sentido, alegaron que no podían manifestarse sobre la interpretación de la normativa ordinaria procesal; finalmente, señalaron que por un lapsus involuntario hubo una confusión con el término “reposición” por el de revocatoria; sin embargo, la disposición legal a la que se hacía referencia era la contenida en el art. 401 del CPP; razón por la cual, se declaró no ha lugar la petición de explicación y enmienda.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Sentencia 13/2021 de 3 de marzo, la Jueza de Sentencia Penal Novena de la Capital del departamento de Cochabamba, condenó a Noemí Bernal Marca, Silvia Lazcano Valdez -ahora accionantes- y otros, por la comisión del delito de transporte de sustancias controladas previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley 1008 (fs. 225 a 242). II.2. A través del memorial de 10 de junio de 2021, Noemí Bernal Marca, renunció al recurso de apelación restringida y solicitó a la Jueza de Sentencia Penal Novena del citado departamento la ejecutoria de la Sentencia 13/2021 de 3 de marzo; petición que fue atendida de manera negativa mediante proveído de 14 de junio del mismo año. Dicha solicitud fue reiterada por escrito de 8 de julio de igual año, obteniendo similar resultado (fs. 172 a 173; y, 267 a 268). II.3. Por escrito de 22 de octubre de 2021, la precitada impetrante de tutela nuevamente solicitó a la autoridad judicial demandada, la ejecutoria de la referida Sentencia 13/2021. Petición que fue respondida mediante proveído de 25 del mismo mes y año, que dispuso: “Estese al decreto de 22 de septiembre de 2021, el cual ordena la remisión ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia y a la nota de remisión de 25 de octubre del año en curso” (sic [fs. 143 a 145]). II.4. Dicha solicitud fue reiterada por las prenombradas demandantes de tutela, a través del memorial de 11 de noviembre de 2021, y fue respondida de forma negativa por proveído de 12 de igual data (fs. 152 a 153). II.5. El 12 de octubre del señalado año, Silvia Lazcano Valdez, nuevamente pidió la ejecutoria a la Jueza ahora demandada. En consecuencia, mediante decreto de 13 de mismo mes y año, se ordenó: “Estese a los antecedentes del proceso, toda vez que los acusados Juan Carlos Sandoval Arispe, Ana María Colque Lucana y Pedro Cardozo Bravo interpusieron recurso de apelación restringida” (sic [fs. 303 a 304]). II.6. Por memorial de 17 de noviembre de 2021, una vez más, Silvia Lazcano Valdez, solicitó la ejecutoria de la Sentencia 13/2021; en ese orden, la referida autoridad judicial determinó: “Estese al decreto de 25 de octubre de 2021, por cuanto el proceso principal fue remitido a la Sala Penal Primera…” (sic [fs. 216 a 217]).
Las accionantes denunciaron la vulneración de sus derechos al debido proceso en su componente de celeridad; en ese entendido, sostienen que fueron sometidas a un proceso penal dentro del marco previsto en por Ley 1008; en consecuencia, se emitió la Sentencia 13/2021 de 3 de marzo, por la comisión del delito de transporte de sustancias controladas. En ese contexto, al haber renunciado al recurso de apelación restringida solicitaron la ejecutoria de la citada Sentencia; sin embargo, la autoridad judicial ahora demandada no dio curso a su petición, bajo el argumento que el expediente fue remitido a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en razón de los recursos de apelación restringida formulados por los demás condenados. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 1012/2016-S3 de 26 de septiembre, refiere que: “La naturaleza jurídica de esta acción tutelar se encuentra establecida en el art. 125 de la CPE, disposición constitucional que instituye los alcances de esta garantía procesal jurisdiccional constitucional destinada a proteger y/o restablecer los derechos a la libertad física o humana y a la vida, teniendo como fin restablecer las formalidades legales, ordenar el cese de la persecución indebida o en su caso se restituya el derecho a la libertad física, y la protección de la vida. En ese mismo sentido, el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé que esta acción de defensa, tiene por objeto el proteger, garantizar o tutelar los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad personal y a la libertad de circulación de aquel que considere que se encuentra indebida o ilegalmente perseguido, detenido, procesado, preso o que su vida o integridad física está en peligro. Dentro de ese contexto, la SC 0011/2010-R de 6 de abril, estableció que: 'La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, (…) sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE''”.
Sobre la naturaleza jurídica, características, connotaciones y elementos esenciales de este tipo de acción de libertad, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, dispone que: “Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R), o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, pese a que el imputado ha cumplido con las medidas sustitutivas impuestas (SSCC 1477/2004-R, 046/2007-R, entre otras)”.
Con similar sentido la SCP 0369/2012 de 22 de junio, establece que: “El Estado Plurinacional de Bolivia, de conformidad a lo establecido en los arts. 8.II y 180.I de la CPE, se sustenta entre otros valores en el de libertad, así como también en principios procesales específicos en los cuales se cimienta la jurisdicción ordinaria y entre los que se encuentra la celeridad, postulados constitucionales de donde se desprende el contenido del art. 178.I de la Ley Fundamental y que prescribe que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de seguridad jurídica, celeridad y el respeto a los derechos, entre otros no menos importantes y para cuya concreción el constituyente ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, máxime tratándose de derechos fundamentales. (…) Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’ e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)”. En este orden de ideas, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho resulta el medio idóneo y efectivo para ordenar la realización de trámites judiciales o administrativos cuya dilación no permite que se resuelva la situación jurídica de una persona privada de su libertad física.
Las accionantes alegaron la lesión de sus derechos al debido proceso en su componente de celeridad; a partir de ello, manifestaron que fueron sometidas a un proceso penal conforme a lo establecido por la Ley 1008; en ese orden, se dictó la Sentencia 13/2021 de 3 de marzo, por la comisión del delito de transporte de sustancia controladas. Posteriormente, y al haber renunciado al recurso de apelación restringida, solicitaron a la autoridad judicial ahora demandada la ejecutoria de la Sentencia dictada; no obstante, no se dio curso a la petición, argumentando que el expediente original había sido remitido a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en consideración a las apelaciones formuladas por los demás condenados.
Evidentemente, en antecedentes (Conclusión II.1) se advierte que Nohemí Bernal Marca y Silvia Lazcano Valdez -ahora impetrantes de tutela- fueron condenadas por la Jueza de Sentencia Penal Novena de la Capital del departamento de Cochabamba mediante Sentencia 13/2021, por la comisión del delito de transporte de sustancia controladas. La documental adjunta al expediente constitucional demuestra que las accionantes renunciaron al recurso de apelación restringida previsto en el art. 407 del CPP; y que posteriormente, solicitaron la ejecutoria de la Sentencia 13/2021 con el fin de someterse al beneficio de indulto, sin obtener una respuesta positiva por parte de la autoridad judicial demandada. En efecto, dichas peticiones fueron realizadas mediante los escritos de 10 de junio, 8 de julio, 12 y 22 de octubre, 11 y 17 de noviembre de 2021; los cuales no fueron atendidos motivadamente por la Jueza de Sentencia Penal Novena de la citada Capital; por el contrario, la precitada demandada se limitó a señalar que el expediente había sido remitido a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba a efectos que se resuelva los recursos de apelación restringida formulados por los otros condenados; cuando dicho extremo, no vinculaba a las impetrantes de tutela. En este contexto, se observa que el accionar de la autoridad judicial demandada no tomó en cuenta que la Constitución Política del Estado y la Ley del Órgano Judicial proscriben demoras ilegales indebidas en el desarrollo de las actividades jurisdiccionales; evidentemente, el art. 180 de la CPE dispone que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio de celeridad; entre otros, lo cual no es otra cosa que el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. Con el mismo sentido, se desconoció que la jurisprudencia constitucional establece de manera uniforme que se debe observar el principio de celeridad en la tramitación de solicitudes vinculadas al derecho a la libertad y que las mismas deben ser atendidas y resueltas de forma célere. Contrariamente a lo manifestado, la Jueza demandada ejerció una labor sistemática de dilación indebida al no dar curso a la solicitud realizada por la parte demandante de tutela, amparándose sin justificación alguna en que el expediente original había sido remitido a la Sala Penal Primera del referido Tribunal, a efectos de resolver los recursos de apelación restringida planteados (por otros condenados), cuestión que de ningún modo vinculaba a las condenadas que renunciaron al citado medio de impugnación, y que con base en ello impetraron la inmediata remisión de los antecedentes al juez de ejecución penal de turno para fines consiguientes. En todo caso, sí ese era el argumento para no dar curso a la petición, correspondía que la Jueza de Sentencia Penal Novena de la citada Capital, mediante un ejercicio oportuno de sus labores, solicite copias legalizadas a la indicada Sala Penal Primera con el fin de disponer la ejecutoria de la Sentencia 13/2021. Acorde a lo previsto por el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho constituye un medio idóneo y efectivo para la realización de trámites administrativos y judiciales cuya dilación no permite que se resuelva la situación jurídica de una persona privada de libertad; en la especie, la dilación indebida en la que incurrió la autoridad judicial demandada no permitió que se resuelva la situación jurídica de personas condenadas actualmente privadas de libertad, que buscan el beneficio del indulto dispuesto por el Gobierno Nacional. En tal sentido, el hecho de no ordenar la ejecutoria de la Sentencia 13/2021 con el argumento de no contar con el legajo procesal, constituye una dilación indebida que vulnera el debido proceso en su elemento de celeridad, accionar contrario a lo previsto en el art. 180 de la CPE y que merece ser tutelado mediante la presente acción de libertad de pronto despacho. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela, actuó de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 001/2022 de 21 de enero, cursante de fs. 321 a 326 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada por vulneración del derecho al debido proceso en su componente de celeridad; 2° DENEGAR la tutela respecto a la petición de remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura; toda vez que, la misma debió ser justificada en derecho; y,
3° Disponer que de manera inmediata; siempre que ello no hubiera ocurrido, la autoridad judicial demandada proceda con la ejecutoria de la Sentencia 13/2021 de 3 de marzo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0414_2023-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): a157da9289854ae1178b41aea133969a2a50bed32195b7cf3b169e39ba6148e8
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