B.IA.LEGAL

SCP 0413/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
19 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
54894-2023-110-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa, a la igualdad, a la presunción de inocencia y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones; así como, de los principios de legalidad, inmediación y contradicción; puesto que: a) El Fiscal de Materia hoy coaccionado cometió irregularidades en la ejecución de su aprehensión el 4 de enero de 2023, que devenía de la anulación de dos anteriores que fueron ejecutadas en época de vacación judicial; b) La Jueza ahora coaccionada, adelantó la audiencia de medidas cautelares del 5 de ese mes y año, llevándola a cabo antes de la hora señalada y negando la intervención de su abogado defensor de confianza y designando defensora de oficio, quien no conocía su caso; y, c) El Vocal hoy accionado mediante Auto de Vista 81 de 16 de febrero de 2023, en vez de corregir el procedimiento, en atención al art. 17 de la LOJ, ratificó las ilegalidades incurridas por la nombrada Jueza y el mencionado Fiscal de Materia, convalidando la indeterminación del hecho que derivan de diligencias investigativas sin vinculación con el objeto del proceso penal para cumplir el requisito del art. 233.1 del CPP, menos establecer la concurrencia de los riesgos procesales de los arts. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 17 de marzo de 2023, cursante de fs. 74 vta. a 82 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Obligación del Tribunal de alzada de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar
  2. III.2. El enfoque interseccional en el análisis de violencia hacia niñas y adolescentes mujeres
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0413/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 54894-2023-110-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución de 17 de marzo de 2023, cursante de fs. 74 vta. a 82 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por René Sausiri Choque y Luis Rene Alejandro Sausiri Urrelo en representación sin mandato de Anghelo Jesús Guzmán Sosa contra José Emerson Figueroa Morales, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del mismo departamento; y, José Luis Pérez Olivera, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de sus representantes sin mandato, por memorial presentado el 16 de marzo de 2023, cursante de fs. 32 a 39 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona -Anghelo Jesús Guzmán Sosa- por la presunta comisión del delito de violación agravada previsto y sancionado por el art. 308 con relación al art. 310 incs. l) y o), se cometieron una serie de irregularidades en su aprehensión, misma que se ejecutó por dos veces consecutivas en época de vacación judicial y el 4 de enero de 2023, por tercera vez, para luego ser imputado ante la Jueza hoy coaccionada, señalándose su audiencia para el 5 de ese mes y año, a las 9:30 horas; sin embargo, su celebración inició minutos antes, designándose a una defensora de oficio que no conocía de su caso, negándose la intervención de su abogado defensor, llegando finalmente a disponerse su detención preventiva, convalidando los actos ilegales del Ministerio Público, contrariamente a la Sentencia del caso López Albares vs. Honduras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual estableció que no es suficiente que la detención preventiva este enmarcada en la ley para su aplicación sino, se requiere que el juzgador realice un juicio de proporcionalidad entre aquella, los elementos de convicción para emitirla y los hechos que se investigan. Contra dicha determinación, formuló recurso de apelación; empero, el Vocal ahora accionado ratificó las ilegalidades incurridas por la Jueza hoy coaccionada, sin advertir que: a) Las diligencias investigativas no se encuentran vinculadas con el objeto procesal del proceso penal para llegar a la verdad histórica de los hechos, al implicar ello un desconocimiento de que los jueces no pueden realizar actos investigativos y los fiscales actos jurisdiccionales, conforme al art. 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP); b) Inobservó lo sentado por la SCP 0447/2019-S4 de 2 de julio, que establece que en los recursos de apelación contra la resolución de medidas cautelares, los Tribunales de alzada tienen la obligación de circunscribirse a los aspectos cuestionados del fallo impugnado, que si bien existen respuesta a los agravios, esos son generales, sin la debida fundamentación y motivación que exponga cuál el análisis mental que realizó la Jueza de la causa, que evidencia el incumplimiento del principio de proporcionalidad, en el marco de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0795/2014 de 25 de abril y 0495/2016-S3 de 27 de abril; c) Convalidó el análisis de la nombrada Jueza, en relación a la acreditación del requisito del art. 233.1 del CPP para fundar la autoría y respecto del peligro de fuga previsto por el art. 234.7 del mismo Código, la jurisprudencia constitucional entendió que también debe considerarse el grado de peligrosidad con un análisis integral del hecho y no solo respecto de los antecedentes judiciales, sin que los riesgos procesales puedan presumirse ni considerarse in abstracto, mucho menos con la mera cita de la disposición legal y presunciones de concurrencia; y, d) Sobre el art. 235.2 del CPP, no observó que los argumentos de la citada Jueza se amparan en suposiciones y sin sustento de cómo se va a influir sobre los mismos, qué elementos de convicción tiene para esa afirmación, limitándose a ratificar la determinación de la Jueza hoy coaccionada que adolecía de graves defectos, al no haber determinado cuál fue el hecho, cuándo, dónde, cómo y por quiénes fue ejecutado, incumpliendo con las exigencias de validez, pudiendo corregir procedimiento conforme a la facultad legal conferida por el art. 17 de la Ley Órgano Judicial (LOJ). Arrimando como análogo un caso resuelto por la SCP 0011/2018-S2 de 28 de febrero, en el que se concedió tutela solicitada.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa, a la igualdad, a la presunción de inocencia y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones; así como, de los principios de legalidad, inmediación y contradicción; citando al efecto los arts. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: “…la NULIDAD DEL AUTO DE VISTA, y que se Dicte Nueva Resolución, ANULANDO la audiencia de medidas cautelares y de inmediato se reinstale la audiencia de la imputación formal para poder ahí presentar nuestros incidentes para la NULIDAD DE LA RESOLUCION y MANDAMIENTO DE APREHENSION causa de la apresurada e infundada imputación que deberá ser reformulada con la debida fundamentación” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 17 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 66 a 74 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo, manifestó que: 1) En el proceso penal que se le instauró, el Vocal ahora accionado no subsanó el hecho de dejarlo en indefensión cuando a tiempo de celebrar la audiencia de aplicación de medidas cautelares, se la dejó en indefensión al haber sido nombrada una abogada de oficio que no conocía del caso, adelantándose la audiencia señalada a las 9:30 para las 9:11 horas y a pesar de estar presentes sus abogados de confianza, los expulsaron de la audiencia virtual, vulnerándose el principio de inmediación al privarles del contacto directo con el Fiscal de Materia ahora coaccionado y la víctima, afectándose su derecho a la defensa con vinculación con el derecho a la libertad, a pesar que por previsión del art. 17 de la LOJ, correspondía la revisión de oficio de los defectos absolutos; y, 2) Las irregularidades cometidas por el nombrado Fiscal de Materia y la Jueza ahora coaccionada no fueron subsanadas por el Tribunal de alzada, como la convalidación de que el hecho no se configuraría como delito, al no haberse acreditado el elemento de acceso carnal, intimidación y violencia; además, si hubiese existido tal hecho, se trataría de un acto consentido; ya que, por la edad se trata del delito de estupro, extremo no explicado por el Auto de Vista 81, pronunciado por el citado Vocal. Se amplío la acción de libertad por pronto despacho; debido a que, el Auto de Vista 81, no se emitió pese a trascurrir más de un mes, a pesar de pedirse copia del mismo; impidiendo con ello que puedan peticionar solicitud de cesación a su detención preventiva.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

José Emerson Figueroa Morales, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante informe presentado el 17 de marzo de 2023, cursante de fs. 60 a 63, manifestó que: i) El proceso del cual emerge la presentación de esta acción tutelar, fue radicado en su Sala en grado de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 5 de enero de ese año, dentro de una causa penal seguida por la madre de AA -víctima- de un presunto acto de violación perpetrado supuestamente por su primo hermano -accionante- que dispuso su detención preventiva con base en el requisito del art. 233.1 y los riegos procesales de los arts.; 234.7 y 235.2 del CPP; pronunciando el Auto de Vista 81 de 16 de febrero del citado año; por el que, declaró improcedente la impugnación referida, determinación devuelta recién el 16 de marzo de 2023; en razón a que, no contaba con personal en auxiliatura; ii) No es evidente lo expresado por el accionante, respecto a que no hubiese corregido defectos absolutos relativos a una ilegal aprehensión; puesto que, en su determinación, cumplió con el mandato del art. 398 del CPP, con relación a que su competencia solo está circunscrita a los aspectos cuestionados y cualquier reclamo relativo a dichos defectos previstos por el art. 169.3 del CPP, debieron plantearse ante la Jueza hoy coaccionada el día de la audiencia cautelar a través del incidente de nulidad, incluso por falta de fundamentación de la imputación formal; y, iii) En el Auto de Vista 81 que emitió, cumplió con la fundamentación y motivación requerida, desplegando una revisión integral de la resolución cuestionada, considerando los motivos de agravio fundamentados en el recurso de apelación incidental, los argumentos del contrario y el valor fundadamente de la pruebas que arrimadas, expresándose las circunstancias concretas de las cuales se presume fundadamente la existencia de probabilidad de autoría y en relación a los riegos procesales que sustentan la detención preventiva y la necesidad y razonabilidad de la imposición de la detención preventiva. Por todo lo expuesto, pide se deniegue la tutela solicitada. José Luis Pérez Olivera, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó que: a) La resolución de aprehensión que emitió, se apoyó en los elementos de prueba, conforme a los requisitos del art. 226 del CPP, determinación sustentada en la documentación y evidencia presentada, como el informe psicológico y social, valorándose tal cual prevé el art. 92 -en relación al art. 95- de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, a efectos de disponer la aprehensión del accionante; b) Respecto a que en audiencia de medidas cautelares se hubiese vulnerado su derecho a la defensa, ante el retiro de sus abogados de confianza de la audiencia virtual, en todo momento el sindicado fue asistido por “Cristina Poiti” -abogada de oficio-; además, que su abogado de confianza señaló a viva voz en dicho verificativo que tuvo problemas de conexión, sin que exista ninguna forma de malicia o intencionalidad de la Jueza ahora coaccionada; c) Sobre la presunta existencia de actividad procesal defectuosa, conforme prevé el art. 167.2 del CPP, el procesado tenía diez días para plantear incidentes; empero, al no haberlo utilizado, no puede ser subsanado mediante la acción de libertad; y, d) En el proceso investigativo penal, continuó realizando actos investigativos al tener seis meses para el efecto, estando pendiente la solicitud de cámara Gesell, informes solicitados sobre el Ácido Desoxirribonucleico (ADN) y de espermatozoides ante el Instituto De Investigaciones Forenses (IDIF) y otros actos sobre los cuales debe continuar con la investigación. Por lo expuesto, pidió se rechace la tutela solicitada y se mantengan las medidas cautelares dispuestas. Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza del Juzgado de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de esta acción de defensa, ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 45.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución de 17 de marzo de 2023, cursante de fs. 74 vta. a 82 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: 1) En la tramitación de la etapa investigativa del proceso penal por el Fiscal de Materia hasta la resolución de aprehensión, no se tiene vulneración de derechos constitucionales por parte de ese servidor público; 2) Respecto de la Jueza ahora coaccionada, a quien se acusa de haber llevado a cabo la audiencia de medidas cautelares quince minutos antes de la hora programada; así como, la expulsión de sus abogados defensores, dichas alegaciones debieron ser planteadas vía incidente en audiencia, conforme el art. 167.2 del CPP, y respecto del Auto Interlocutorio que emitió, no cursa en obrados al no ser remitido por el accionante ni por la autoridad judicial, no advirtiéndose vulneración de derecho alguno en su contra; 3) Respecto al Vocal hoy accionado, que emitió el Auto de Vista 81, al haber respondido a todos los puntos objeto de reclamación en el recurso de apelación incidental, se enmarcó en lo previsto por el art. 398 del CPP, desplegando su análisis: En relación al requisito del art. 233.1 del citado Código y en cuanto al art. 95 del mismo Código, basándose en los informes psicológico y social, un certificado médico forense, un informe psicológico ampliatorio por parte de la víctima y un informe pericial donde de manera fehaciente se habría acreditado la probabilidad de autoría del accionante en la comisión del delito de violación agravada. En cuanto al art. 234.7 del mismo Código, considerando la resolución de imputación del Fiscal de Materia ahora coaccionado respecto de la desigualdad de edad, siendo el denunciado mayor que la víctima y, que se estableció el riesgo procesal con base en la SCP 0076/2018-S2 -no precisa fecha-, que sostendría para la probabilidad de autoría, simplemente la existencia de evidencia física material que genere un mínimo de credibilidad al Juez y razonabilidad en que el imputado pueda ser autor o partícipe de la conducta, faltando además la pericia psicológica de cámara Gesell a la víctima; y, 4) Con respecto al art. 235.2 del CPP, señalando que se efectuó -en cumplimiento de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0074/2014 y 0394/2018- una valoración integral de los hechos con el mismo, deduciendo que el accionante se habría aprovechado de la víctima que incluso sería familiar y tendría cercanía con ella. Mediante memorial presentado el 20 de marzo de 2023, cursante a fs. 83 y vta., el accionante solicitó aclaración complementación y enmienda, alegando que: i) Se aclare la adecuación del Ministerio Público sobre el tipo penal previsto por el art. 308 del CP, a una relación consentida; ii) Pide se explique de qué manera se justifica si la audiencia de medidas cautelares fijada -virtual-, no fue presencial, fue adelantada para las 9:14 horas, con la designación de abogada de oficio, quien no conocía de su caso al no ser notificada con la imputación formal; y, iii) Señalar las razones de porqué se considera correcto al Auto de Vista 81 cuestionado en relación a no subsanar defectos absolutos, cuando toda autoridad en virtud del art. 17 de la LOJ, debe dar correcta aplicación a la ley, la Constitución Política del Estado y los principios pro actione y homine; además, al ser las normas procesales de orden público no se podrían pasar por alto. Mereciendo en respuesta el Auto 32/2023 de 22 de marzo, cursante a fs. 84 y vta., por el cual la Jueza de garantías resolvió no ha lugar a dicha solicitud, fundamentando que la pretensión no es viable en virtud a que el art. 13 del Código Proceso Constitucional (CPCo), define a la solicitud de aclaración, complementación y enmienda, como un medio para precisar preceptos oscuros, corregir errores materiales y subsanar omisiones de forma; y que, de los informes remitidos por las autoridades hoy accionadas, se evidencia la presentación de la documentación analizada y considerada en el fallo principal que emitió, coligiéndose que no existe error u omisión en la fundamentación de la Resolución de 17 de marzo de 2023.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de audiencia virtual de apelación de medida cautelar de 16 de febrero de 2023 en el proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión del de violación agravada contra Anghelo Jesús Guzmán Sosa -hoy accionante- en la que el nombrado fundamentó el recurso de apelación incidental que formuló, emitiéndose en el mismo acto procesal el Auto de Vista 81 de igual fecha, pronunciado por José Emerson Figueroa Morales, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora accionado-, cuya parte dispositiva resuelve declarar: “…IMPROCEDENTE LA APELACION INADMISIBLE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE IMPUTADA ANGHELO JESUS GUZMAN SOSA EN CONSECUENCIA, SE CONFIRMA EN SU TOTALIDAD LA RESOLUCIÓN DE FECHA 05 DE ENERO DEL 2023, DICTADO POR EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL 1° DE WARNES…” (sic [fs. 47 a 58 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa, a la igualdad, a la presunción de inocencia y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones; así como, de los principios de legalidad, inmediación y contradicción; puesto que: a) El Fiscal de Materia hoy coaccionado cometió irregularidades en la ejecución de su aprehensión el 4 de enero de 2023, que devenía de la anulación de dos anteriores que fueron ejecutadas en época de vacación judicial; b) La Jueza ahora coaccionada, adelantó la audiencia de medidas cautelares del 5 de ese mes y año, llevándola a cabo antes de la hora señalada y negando la intervención de su abogado defensor de confianza y designando defensora de oficio, quien no conocía su caso; y, c) El Vocal hoy accionado mediante Auto de Vista 81 de 16 de febrero de 2023, en vez de corregir el procedimiento, en atención al art. 17 de la LOJ, ratificó las ilegalidades incurridas por la nombrada Jueza y el mencionado Fiscal de Materia, convalidando la indeterminación del hecho que derivan de diligencias investigativas sin vinculación con el objeto del proceso penal para cumplir el requisito del art. 233.1 del CPP, menos establecer la concurrencia de los riesgos procesales de los arts. 234.1, 2 y 7; y, 235.2 del citado Código, efectuando un análisis general carente de la debida explicación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) Obligación del Tribunal de alzada de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar; 2) El enfoque interseccional en el análisis de violencia hacia niñas y adolescentes mujeres; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. Obligación del Tribunal de alzada de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar

La SCP 0875/2019-S1 de 12 de septiembre, reiterando lo sentado por la SCP 0450/2012 de 29 de junio, establece que: «“La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1998, p. 7)”. Por su parte, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, a tiempo de establecer la diferenciación existente entre fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, señala que: “…la fundamentación consiste en la justificación normativa de la decisión judicial, y la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto concreto que se trate, se encuentra, por una parte probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las cuales considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal -contexto de justificación-. Por consiguiente, no basta que en el derecho positivo exista un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino que es indispensable que se hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya que solo así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente; de esta forma, se entiende que la fundamentación debe ser específica al caso de que se trate y la motivación explícita”. En concordancia de los razonamientos jurisprudenciales precedentemente desarrollados, en temática de medidas cautelares de carácter personal, de igual manera se estableció la exigencia del Tribunal de apelación de fundamentar la resolución que disponga, modifique o mantenga la misma, así, la SCP 0025/2020-S3 de 12 de marzo, citando a la SCP 0339/2012 de 18 de junio, establece que: “De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP”» (las negrillas son nuestras).

III.2. El enfoque interseccional en el análisis de violencia hacia niñas y adolescentes mujeres

La Jurisprudencia constitucional, a partir de normativa constitucional inserta en los arts. 15.II y III y 60 de la CPE, aborda el enfoque interseccional dentro de casos referentes a actos de violencia generados contra niñas, niños y adolescentes mujeres, la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, efectuando una recopilación de estándares de protección del ámbito internacional, así como acervo jurídico internacional de protección de los niños, niñas y adolescentes, tanto de la convención American de Derechos Humanos como las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW) y el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a través de la Corte IDH, así también la normativa interna en el Código Niña, Niño y Adolescente, mediante Ley 548 de 17 de julio de 2014 y la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- con la implementación del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE), y las distintas modificaciones a la tipología del Código penal mediante la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, y en lo pertinente la Ley Orgánica del Ministerio Público, se estableció a través de la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, que: “…tanto las autoridades judiciales, como del Ministerio Público y la Policía Boliviana, deben tomar en cuenta el enfoque interseccional, cuando se trate de niñas o adolescentes víctimas de violencia, a efectos de actuar inmediatamente, con prioridad, adoptando las medidas de protección que sean necesarias, evitando todas aquellas acciones que se constituyan en revictimizadoras y no tomen en cuenta el interés superior de la niña o la adolescente. En ese sentido, el enfoque interseccional permite dar concreción al principio de igualdad, comprendido desde una perspectiva material; pues analiza las situaciones que colocaron a una persona, en el caso concreto, en mayores niveles de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver el caso aplicando medidas, cuando corresponda, que permitan reparar y transformar las situaciones de subordinación, discriminación o violencia, no solo de la víctima en concreto, sino también, de todas las personas que se encuentren en situación similar” (las negrillas nos corresponden).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa, a la igualdad, a la presunción de inocencia y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones; así como, de los principios de legalidad, inmediación y contradicción; puesto que: i) El Fiscal de Materia hoy coaccionado cometió irregularidades en la ejecución de su aprehensión el 4 de enero de 2023, que devenía de la anulación de dos anteriores que fueron ejecutadas en época de vacación judicial; ii) La Jueza ahora coaccionada, adelantó la audiencia de medidas cautelares del 5 de ese mes y año, llevándola a cabo antes de la hora señalada y negando la intervención de su abogado defensor de confianza y designando defensora de oficio, quien no conocía su caso; y, iii) El Vocal hoy accionado mediante Auto de Vista 81 de 16 de febrero de 2023, en vez de corregir el procedimiento, en atención al art. 17 de la LOJ, ratificó las ilegalidades incurridas por la nombrada Jueza y el mencionado Fiscal de Materia, convalidando la indeterminación del hecho que derivan de diligencias investigativas sin vinculación con el objeto del proceso penal para cumplir el requisito del art. 233.1 del CPP, menos establecer la concurrencia de los riesgos procesales de los arts. 234.1, 2 y 7; y, 235.2 del citado Código, efectuando un análisis general carente de la debida explicación.

Identificado el objeto procesal de la presente acción tutelar, sé tiene que su activación se origina en el proceso penal que sigue el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión del delito de violación agravada, en el que aparentemente se hubiesen cometido irregularidades desde la etapa investigativa llevada a cabo por el Fiscal de Materia hoy coaccionado que ordenó su aprehensión; así como, la Jueza ahora coaccionada al no haber subsanado las mismas, sino más bien, dictaminar su detención preventiva con base en su cumplimento del primer requisito del art. 233 del CPP; así como, la concurrencia de los riesgos procesales previstos por los arts. 234.7 y 235.2 del mismo Código, determinación que al haber sido objeto del recurso de apelación incidental, fue resuelta por el Vocal hoy accionado mediante el Auto de Vista 81, declarando “…INADMISIBLE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE IMPUTADA ANGHELO JESUS GUZMAN SOSA EN CONSECUENCIA, SE CONFIRMA EN SU TOTALIDAD LA RESOLUCIÓN DE FECHA 05 DE ENERO DEL 2023, DICTADO POR EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL 1° DE WARNES…” (sic [Conclusión II.1]). Antes de ingresar en materia de análisis, cabe aclarar que, en casos de medidas cautelares -cuando existe privación o restricción del derecho a la libertad física de un procesado-, las cuestiones relativas a su trámite; así como, la fundamentación en el fondo -siempre que fuese agotado el recurso en la jurisdicción ordinaria de acuerdo a la SCP 0037/2012 de 26 de marzo-, pueden ser analizados vía acción de libertad; en virtud a que, por su carácter temporal y su finalidad instrumental al proceso definen en el fondo si el procesado se defenderá en libertad o con detención. Bajo ese entendido, habiéndose en el caso sub judice denunciado las presuntas irregularidades realizadas tanto por el Fiscal de Materia ahora coaccionado en la investigación como por la Jueza hoy coaccionada al dictaminar el Auto Interlocutorio que dispuso la detención preventiva, resolución que mereció por parte del accionante recurso de apelación incidental; en razón a que, el Vocal ahora accionado encargado de la revisión, tenía la oportunidad de corregir, enmendar y/o anular las determinaciones dispuestas por las autoridades de menor jerarquía, tal cual entendió la jurisprudencia constitucional al sostener que “…las ilegalidades denunciadas oportunamente pueden ser revisadas y corregidas en el mismo proceso y sólo cuando éstas se hayan mantenido pese a las diferentes observaciones, habiendo agotado así todos los medios de impugnación, recién se abre la vía constitucional, siendo por ello la competencia de este Tribunal el analizar la última resolución emitida dentro del proceso…” (las negrillas y el subrayado nos pertenece [SCP 0431/2015-S1 de 4 de mayo]); por consiguiente, en cuanto a la nombrada Jueza y el Fiscal de Materia hoy coaccionados devine en la denegatoria de la tutela, debiendo efectuarse el examen a partir del Auto de Vista 81, verificando si el mismo se pronunció debidamente fundamentado, motivado y dentro de un marco de congruencia. Efectuada dicha aclaración, corresponde sintetizar los puntos cuestionados por el accionante en el acta de audiencia de fundamentación de agravios, con la finalidad de precisar y establecer si resultan evidentes las aseveraciones denunciadas por el nombrado: a) La imputación formal fue emitida el 4 de enero de 2023 y su declaración data del mismo día, denotando que no existía control jurisdiccional, invocando en consecuencia la aplicación del art. 17 de la LOJ, que prevé las causales de nulidad; b) Fue sometido a indefensión; debido a que, la audiencia de medidas cautelares fijada para las 9:30 horas del 5 de enero de 2023, fue iniciada a las 9:11 horas; además, de expulsar a sus abogados de confianza y habilitar una abogada de oficio, a quien no le notificaron con la imputación, que culminó con su detención preventiva; c) El Auto Interlocutorio -de 5 de enero de 2023- que dispuso su detención preventiva no observó que la imputación no acredita el ilícito de violación tipificado por el art. 308 del CP, cuyo primer elemento es que exista violencia física o psicológica, intimidación o alguna otra forma que hubiese concluido en acto sexual no consentido, o contacto sexual, sin estar acreditado por el art. 233.1 del CPP; d) Fue comprobado el arraigo natural al tener familia, estudio y ocupación o trabajo, no contando con antecedentes; pese a lo cual, se declaró la concurrencia del art. 234.7 del CPP; ya que, para su acreditación y que fuera peligro para la víctima, se debía fundamentar el sentido de la misma, que no es suficiente una mera suposición sin valoración tal cual prevén los arts. 171 y 173 del citado Código; y, e) Con relación al art. 235.2 del CPP, no fue acreditado por el Ministerio Público ni por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA), menos por la parte civil la forma, cómo, de qué manera o cuándo se hubiera influido en la declaración de los testigos o peritos en relación a los actos de la investigación, siendo por el contrario, que compareció junto a su abogado a realizar seguimiento a su caso, sin explicar por qué se considera que las medidas sustitutivas del art. 231 bis del CPP, no son suficientes para arraigarlo y que comparezca a los actos convocados por el Ministerio Público o la autoridad jurisdiccional. Ante los agravios alegados por el accionante, el Vocal hoy accionado resolvió el recurso de apelación incidental a través del Auto de Vista 81, con los siguientes fundamentos. 1) Respecto de la probabilidad de autoría previsto como requisito del art. 233.1 del CPP, señala que: “…las circunstancias que relataría posteriormente la víctima de cómo es que llega a encontrarse la presunta víctima con el presunto agresor a solas cuando la declarante señala de que lo habría enviado al imputado a su domicilio a traer unos huevos que necesitaba y como es que posteriormente en su declaración brindada por el informe psicológico posterior por parte de la víctima esta relata como ella se encontraba en su domicilio sola es en esas circunstancias que llega el presunto autor del hecho y aprovecha esa circunstancias de que se encontraba sola para proceder a cometer el ilícito aspectos estos que también se refuerzan en el informe psicológico complementario de fecha 28 de diciembre del 2022, que se traduce esencialmente de que la víctima si bien en el certificado médico forense no presentaba alguna lesión como si hubiera dado a entender de que había sido violentada por la fuerza física del procesado, pero en el relato que hace la víctima esta señala de que el procesado la habría agarrado cuando ella no estaba frente a él y habría procedido en primera instancia a manosearla y después haberla jalado, después incluso haberla querido besarla en el cuello y posteriormente bajarle sus prendas íntimas y proceder a penetrarla en su área vaginal aspectos que la víctima señala claramente que ella no da su consentimiento, en otras palabras no acepta lo que estaba haciendo el procesado y que ella se siente asustada empieza a sollozar no entendía lo que estaba pasando y posteriormente el procesado después que termina se aparta de ella y señala incluso en su contexto que ella emplea que es una persona religiosa que es una persona que se encontraba en su domicilio y que dentro del contexto de su religión no le estaba permitido realizar es tipo de accionar y señala no me defendí porque me quede paralizada, aspectos que se refuerzan también en la declaración ampliatoria a la cual hace referencia el Ministerio Público que presenta como elementos de convicción y revisando lo que señala el art. 308 Bis que se remite en sus aspectos generales al art. 308 del Código Penal habla de que la violencia no puede ser no solamente fisica sino que la violencia también puede ser psicológica y también señala los denominados actos de intimidación que también son actos que se encuentran referidos por la víctima cuando el procesado sin su fuerza y sin su voluntad y sin su consentimiento procede a tener el acceso carnal con ella aspectos que se consideran en este primer momento del proceso que estamos hablando de elementos de convicción e indicios como aspectos para establecer la probalidad de autoría porque no debemos olvidar lo que señala la jurisprudencia constitucional en la ya mencionada Sentencia Constitucional Plurinacional N° 276/2018-S2 cuando específicamente con relación a la probalidad de autoría simplemente exige de que exista evidencia física y material que genere un mínimo de credibilidad y que genere al Juez que permita razonablemente que el imputado pueda ser autor o partícipe de su conducta a esto obviamente hay que sumar el hecho de que en el contexto de la víctima se entendería de que es una persona que es muy apegada a su religión y que en otras palabras sentía vergüenza y un gran malestar de lo que estaba pasando y eso la paralizó…” (sic). 2) Sobre el riesgo procesal de peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, fundamenta “…en cuanto a la circunstancia del hecho es decir un hecho presunto de Violencia de género en contra de una víctima de 15 años que se encontraba en desventaja y en asimetría en relación al imputado y tomando en cuenta también la como interpreta la autoridad jurisdiccional, los aspectos relacionados al vínculo familiar de la víctima con esta persona con el imputado es decir que se trata de un primo hermano una persona muy cercana a ella y existiría una situación de riesgo para la víctima y de riesgo para la denunciante, porque es una persona que por su condición familiar puede acceder fácilmente a ella, a su domicilio a los lugares que frecuenta, el colegio u otro lugares otro lugares que frecuenta y por las características del hecho sucedido ocasionar algún peligro.

…por otro lado, se establece de que por las mismas circunstancias que se tiene entendemos que es una persona que habría actuado aprovechando que la víctima estaba sola, aprovechando de que en esa circunstancias de que estaba sola que era una persona menor a él y se encontraba sin la protección de sus seres queridos en ese momento habría procedido a cometer el ilícito como ya hemos dicho comprende no solamente siempre la violencia sino también el factor intimidación y el factor de Violencia Psicológica porque debemos también comprender de que en este caso no sería una situación particular nada normal el hecho que una persona familiar directa lo visite a uno en su casa para pedirle un insumo como el huevo y la vez proceder a realizar el presunto hecho delictivo que esta siendo procesado e investigado en el presente caso aspectos que también se valoran también a la jurisprudencia constitucional la Jueza cita la Sentencia Constitucional N° 394/2018-S2 que va también en sintonía a lo establecido en la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0070/2014 en cuanto a establecer básicamente el contexto, las circunstancias en el que se habrían dado los presuntos hechos, la obligación de la autoridad jurisdiccional de realizar una valoración integral de toda y cada una de estas circunstancias…” (sic); y, 3) Con relación al peligro procesal de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP, explicó que, “…la influencia negativa que la autoridad jurisdiccional en la audiencia de referencia evalúa y considera de que la victima es una persona adolescente es una persona que se encuadra dentro del grupo de vulnerabilidad mujer y adolescente que se encuentra en un grado de desigualdad frente al procesado que es varón mayor de edad familiar directo cercano con ascendencia sobre ella a través de su padre y de su madre que son también familiares directos de la presunta víctima, familiares directos de la denunciante y que obviamente esta situación genera el riesgo de que exista una obstaculización de la averiguación de la verdad para que la victima se comporte de forma reticente en el desarrollo del proceso e informe falsamente y como le ha señalado el Ministerio Público en esta audiencia que estarían pendientes todavía actos relativos a el anticipo de prueba, la Cámara Gesell, la pericia psicológica forense, la cual es imprescindible la víctima y a quien se puede influenciar negativamente como lo ha señalado y lo ha establecido la autoridad jurisdiccional adecuándose todos y cada uno de estos parámetros de argumentación y fundamentación de la autoridad jurisdiccional…” (sic).

Complementa con el análisis de proporcionalidad y ponderación, en virtud de la SCP 0340/2019- S3 del 24 de junio, precisando que: “…al existir un peligro efectivo para la víctima para la denunciante y para la sociedad en su conjunto tomando en cuenta la connotación de lo que habría sucedido en función al parámetro de peligro de obstaculización por influencia negativa la misma se entiende que la medida extrema de detención preventiva, pese a que esta el principio de retroactividad es la medida más conveniente a ser aplicada en el presente caso toda vez que no se dan los presupuestos para aplicar otras medidas cautelares personales menos gravosas de acuerdo a los parámetros en el art. 231 Bis del Código de Procedimiento Penal, es decir en este momento no hay otra medida cautelar personal, que pueda evitar razonablemente los riesgos procesales que ya hemos referido de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad entendiéndose también de que en el mismo sentido de que no habría otra medida en este caso mejor que la detención preventiva para prevenir estos riesgos procesales y tomándose en cuenta como ya hemos dicho el contexto y las circunstancias en las cuales había sido expuesto a derecho el procesado y también en función a que esta medida no resultaría ser una medida exagerada, tomando en cuenta que en este caso hay una ponderación de derecho que tiene la víctima a ser protegida de hostigamiento, amenaza o incluso situaciones que puedan ponerla en peligro y por el otro lado la ponderación que se hace sobre los derechos del procesado a la presunción de inocencia y que en este caso al ser la victima miembro de un grupo vulnerable mujer adolescente existe preminencia de esos sus derechos por sobre los del procesado siendo obviamente todos estos aspectos provisionales que se van a ir reforzando o disminuyendo a lo largo del proceso de acuerdo al avance de las investigaciones…” (sic). Extractados los fundamentos del Auto de Vista -81- cuestionado, se tiene que efectivamente se declaró la inadmisibilidad de las cuestiones planteadas en el recurso de apelación incidental, cuyo Auto de Vista es ahora cuestiono al no observar el debido proceso. Respecto de dicha garantía, la jurisprudencia constitucional estudiada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la instituyó como una obligación de todas las autoridades cuando emitan una decisión judicial y en particular en aquellas circunstancias donde se disponga, modifique o mantenga una medida cautelar de exponer las razones que sostengan la determinación que se pronuncia, estableciendo los criterios jurídicos con una exposición que permita conocer de manera clara los motivos que la sustentan, satisfaciendo todos los puntos demandados, si bien no precisamente con una ampulosa evocación de consideraciones y citas normativas, tampoco sujetarse a una mera relación de las piezas procesales o mención de los requerimientos de las partes, debiendo estar provista de una estructura y contenido de forma y de fondo en la que se expresen los criterios que determinen el respaldo de la decisión asumida. Bajo ese alcance jurisprudencial, en el caso que nos ocupa, respecto del primer y segundo punto donde se denuncia irregularidades en la investigación fiscal específicamente en la declaración del accionante, que derivó en la imputación formal, alegando la ausencia de control jurisdiccional; así como, sobre un presunto sometimiento a indefensión, al haberse llevado a cabo la audiencia de medidas cautelares antes de la hora programada y ante la expulsión de sus abogados de confianza de dicho acto procesal y habilitar una abogada de oficio, exigiendo aplicar la nulidad de actos prevista por el art. 17 de la LOJ; sin embargo, de la revisión desde los actos investigativos hasta emisión del Auto Interlocutorio que dispuso las medidas cautelares, no se tiene que dichos aspectos hubiesen sido objeto de reclamación en oportunidad por el accionante; puesto que, en el caso de ilegalidades cometidas por el Fiscal de Materia hoy coaccionado referentes a su aprehensión no fue cuestionada tal disposición; así también, en relación a la actuación de la Jueza ahora coaccionada, pese a reconocerse mecanismos idóneos como el previsto en el art. 167.2 del CPP, para reclamar cualquier irregularidad en esa fase del proceso y, de admitirse el conocimiento directo de aquellas imprevisiones en sede constitucional, se desconocería el rol y atribuciones de dichas instancias; consecuentemente, este Tribunal Constitucional Plurinacional, no puede efectuar revisión y consideración alguna sobre las mismas. Con relación al tercer punto, referente a que en la disposición de su detención preventiva no se hubiese observado que la imputación no acredita el ilícito de violación tipificado por el art. 308 del CP, cuyo primer elemento es que exista violencia física o psicológica, o intimidación o alguna otra forma que hubiera concluido en acto sexual no consentido o contacto sexual a objeto de cumplir con el requisito del art. 233.1 del CPP; del análisis del Auto de Vista 81, se tiene una extensa y pertinente explicación al respecto, sustentándose en la declaración y relato de los hechos por parte de la víctima de las circunstancias de encuentro con su presunto agresor inserto dentro del informe psicológico y su complementario emitido el 28 de diciembre del 2022, detallando la forma como procedió a cometer el ilícito, enfatizando en que ella no dio su consentimiento, efectuado una interpretación del tipo penal en relación a que la violencia no puede ser solamente física sino también psicológica con actos de intimidación, llegando a constituir en la convicción de la Jueza hoy coaccionada y compartido por el Vocal ahora accionado elementos e indicios para establecer la probabilidad de autoría; en ese sentido, dicho desligue argumentativo cumple con realizar una descripción exacta del hecho, al referir que se trata de la comisión del ilícito de violación cometida por el accionante, en circunstancias de haberse trasladado al domicilio de la víctima a recoger un mandado por parte de su tía, lugar en donde habría perpetrado el hecho, conforme al Informe Psicológico y el ampliatorio que resume la declaración de la víctima que describe la comisión de los hechos, generando con ello en las autoridades jurisdiccionales demandadas de forma razonable que el imputado pueda ser autor o partícipe de dicha conducta, teniéndose en consecuencia demostrado el lugar, el titular por el que fue cometido y la manera como se produjo, explicando de forma ordenada y coherente dichos elementos de convicción a objeto de fundar el requisito de la autoría previsto en el citado precepto procesal. Con relación al cuarto punto, donde alega que, pese a ser comprobado el arraigo natural con la acreditación de familia, estudio y ocupación o trabajo, y sin contar con antecedentes, fue declarada la concurrencia del art. 234.7 del CPP para fundar su detención preventiva, efectuando una mera suposición sin valoración como exigen los arts. 171 y 173 del citado Código, sin acreditar que fuera un peligro para la víctima; el Vocal hoy accionado, fundamentó realizando una contextualización del hecho ocurrido, arguyendo que se trataba de la comisión de un delito contra una víctima de quince años de edad que se encontraba en desventaja y asimetría en relación al imputado -su primo hermano-, cuya cercanía supondría una situación de riesgo para la víctima, incluso para su familia; ya que, por su condición familiar puede acceder fácilmente a ella y a su domicilio o lugares a los que frecuenta; además, se sustenta en la forma cómo fueron cometidos los hechos donde la víctima se encontraba sola. En ese entendido, dicho razonamiento y fundamento no solo responde al agravio que cuestiona el recurrente, sino, observa y se ajusta a los estándares y requisitos que la jurisprudencia sentó para la consideración de las medidas de protección de la mujer víctima de violencia, a las que están obligadas las autoridades judiciales debiendo considerar “…la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así, como las características del delito cuya autoría se le atribuye y la conducta exteriorizada por éste en contra de las víctimas…” (SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto). Así también, sobre ese punto, al tratarse el caso de una mujer víctima de violación y además menor de edad, y por ello situada dentro del grupo de vulnerabilidad y desventaja, ameritaba un análisis valorativo e integral desde un enfoque interseccional que refleje la ponderación de derechos de la víctima frente a las del imputado, a objeto de evidenciar la concurrencia de los motivos que fundaron la disposición de la detención preventiva del procesado, obligación instituida para todas las autoridades judiciales a tiempo de considerar la aplicación de medidas cautelares o su modificación, debiendo tomar en cuenta los derechos de la víctima en relación a la medida que se le imponga, cuyo Auto de Vista observa dichas directrices realizando tal ejercicio ponderativo, conforme los estándares desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2. precedente. Sobre el quinto punto, relativo a una presunta no acreditación por el Ministerio Público ni por la DNA, menos por la parte civil de la manera cómo, de qué forma o cuándo se hubiera influido en la declaración de los testigos o peritos en relación a los actos de la investigación para fundar el art. 235.2 del CPP y no explicar por qué se considera que las medidas sustitutivas del art. 231 Bis del CPP, no son suficientes para arraigarlo y que comparezca a los actos convocados por el Ministerio Público o la autoridad jurisdiccional. El Auto de Vista 81 se sustenta en la minoridad de la víctima y su pertenencia al grupo de vulnerabilidad por ser la víctima una mujer menor de edad, lo que refleja en un grado de desigualdad frente al procesado -accionante- que es varón mayor de edad y es su familiar directo cercano con ascendencia sobre ella a través de su padre y de su madre que son también familiares directos de la presunta víctima y de la denunciante, cuya situación genera el riesgo de que exista una obstaculización de la averiguación de la verdad en el desarrollo del proceso. Asimismo, se sostiene en que estarían pendientes actos investigativos como la cámara Gesell, la pericia psicológica forense; además, efectúa un análisis de proporcionalidad y ponderación, entre el peligro efectivo que representa el procesado en relación a la víctima y la sociedad, en consideración a la connotación del ilícito, cuya influencia negativa puede ser inminente, efectuando una valoración del derecho a la presunción de inocencia procesado y la víctima que es parte de un grupo vulnerable, concluyendo que no existiría otra medida que pueda evitar razonablemente los riesgos procesales de obstaculización para la averiguación de la verdad, infiriendo en la preeminencia de los derechos de esta última por sobre los del procesado, con lo que se responde adecuadamente al citado punto de agravio, aclarándole incluso del por qué no son suficientes las medidas cautelares personales que prevé el art. 231 Bis del CPP. Por último, también fue cuestionado el elemento de congruencia de las resoluciones, si bien sin precisar en qué medida converge dicha reclamación, se entiende de la pretensión de la acción ante la falta de respuesta a todos los agravios plateados, entendida por la jurisprudencia constitucional como aquella en la que toda autoridad jurisdiccional o administrativa en sus decisiones debe responder de manera pertinente a todos los aspectos peticionados en una demanda o un recurso; es decir, se trata de la correspondencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta, o impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales o administrativas (SC 0486/2010-R de 5 de julio); sin embargo, en el caso de autos, tal cual se tiene de lo contrastado ut supra, fueron absueltos todos los puntos cuestionados de manera coherente y razonable, guardando coincidencia entre los agravios y la decisión de alzada, exigencia cumplida en el marco del citado alcance jurisprudencial. Por todo lo expuesto, el Vocal ahora accionado al emitir el Auto de Vista 81, se enmarcó en la jurisprudencia glosada en los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y asumió su decisión acorde al orden constitucional, conteniendo una explicación pertinente y coherente desde la parte considerativa donde despliega una narración de los alegatos del recurrente, la intervención de las partes, considera la base normativa legal, constitucional y cita jurisprudencia referente al caso, sin contener inconsistencias relativas a los riesgo procesales que concurren, atendiendo todos los puntos objeto de reclamación en su análisis y contenido, sin advertirse la afectación del debido proceso en los componentes que se reclaman, resultando un análisis suficiente, ameritando la denegatoria de la tutela solicitada. Con relación a la presunta transgresión de los derechos a la libertad y presunción de inocencia, cabe precisar que, la privación de libertad del accionante responde al ejercicio de acción penal dentro de una causa penal instaurada en su contra, en la cual se determinó su detención preventiva de manera temporal hasta que se investigue un hecho con indicios de su comisión atribuidas a su persona, cuya restricción deviene del cumplimiento a una media cautelar; y, sobre los derechos a la defensa e igualdad, los argumentos vertidos por el nombrado no resultan suficientes para formar convicción y acreditar la manera en que se hubiesen transgredido, limitándose a ser mencionados. Así también, con relación a los principios de legalidad, inmediación y contradicción, si bien pueden ser considerados en su conexión con los derechos que considera vulnerados en sede constitucional, tampoco se estableció en el contenido de la acción tutelar dicha vinculación; por lo que, no es posible su consideración y análisis, correspondiendo la denegatoria de la tutela solicitada sobre las citadas prerrogativas y principios. Otras consideraciones

Con relación a la ampliación de la acción de libertad por pronto despacho peticionada por el accionante, exigiendo la remisión del Auto de Vista 81 emitido por el Vocal hoy accionado, al haber trascurrido más de un mes sin que sea devuelto, siguiendo el razonamiento de la SCP 0744/2013 de 7 de junio, no pueden ser admitidos “…otros hechos diferentes a los denunciados inicialmente; pues, en un inicio la demanda fue presentada contra los Jueces Técnicos del Tribunal Sexto de Sentencia Penal, Sustancias Controladas y Liquidador, por supuesta dilación indebida en la emisión del mandamiento de libertad; sin embrago, la ampliación está dirigida contra el Director del penal de “Palmasola” por un aparente incumplimiento en la efectivización del referido mandamiento; no pudiendo pronunciarse este Tribunal sobre tal denuncia, debido a que las autoridades que se presentaron en la audiencia asumieron su defensa respecto a los hechos denunciados en su contra, (…) por tanto, no se tienen elementos suficientes que permitan dilucidar si los hechos denunciados efectivamente son imputables a la autoridad demandada o no, para poder determinar si se debe conceder o no la tutela solicitada” (las negrillas y el subrayado nos corresponden); cuyo razonamiento, impide una posible ampliación cuando esta no guarde ninguna relación con la inicial denuncia planteada en la acción de libertad, como en el caso de autos, donde en el memorial de la acción de liberad se cuestionó el contenido del Auto de Vista 81, pretendiéndose modificar la base objeto de la demanda, en desmedro del derecho a la defensa del demandado referente a un cambio sustancial de los hechos o fundamentos que se presentan en la acción inicial; más aun, si en el caso, se tiene de los informe elaborados por Auxiliatura de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 64 y 65) la devolución efectivizada el 16 de febrero de 2023. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 17 de marzo de 2023, cursante de fs. 74 vta. a 82 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0413_2026-S1.pdf · páginas 1 a 20.

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