Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 10 de abril de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 367/2022 de 25 de septiembre, cursante de fs. 50 a 52 vta., pronunciada por la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0402/2026-S3 Sucre, 10 de abril de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 50605-2022-102-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 367/2022 de 25 de septiembre, cursante de fs. 50 a 52 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta Jhamil Gustavo Espinoza Arce, Olker Cristian Cossío Fernández y Mary Isabel Gutiérrez Gutiérrez en representación sin mandato de Mario Bilbao Arismendi contra Luis Fernando García Mamani, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital departamento de La Paz.
El accionante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, al debido proceso, a la defensa y al principio de legalidad, aduciendo que el Juez demandado a través del Auto Interlocutorio 249/2022 de 5 de septiembre, dispuso medidas cautelares de carácter personal, entre ellas la detención domiciliaria con custodio policial; sin embargo, el encargado del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, mediante informe señaló que no contaba con personal suficiente para cumplir dicha orden, por lo que, mediante memorial de 22 de septiembre de 2022, solicitó audiencia de modificación de la medida cautelar no ejecutada, a detención domiciliaria sin custodio, ello debido a que sufrió agresiones dentro del señalado Recinto que conllevó que se le otorgue seis días de incapacidad médico legal; sin embargo, esta solicitud no fue atendida, por la autoridad demandada quien en la misma fecha se declaró incompetente para conocer el proceso, por lo que, solicita se disponga su inmediata detención domiciliaria, o se ordene al Juez ahora demandado, instale audiencia en el plazo de veinticuatro horas. Luis Fernando García Mamani, Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 24 de septiembre de 2022, cursante de fs.45 a 46 vta., manifestó que, mediante Resolución 249/2022, dispuso detención domiciliaria del accionante con custodio, posteriormente, el 22 del mismo mes y año, se declaró incompetente por razón de territorio ordenando la remisión de antecedentes al Juzgado de Instrucción Penal Segundo de la zona Sur del referido departamento; el mismo día, el accionante solicitó modificación de medidas cautelares; sin embargo, al haber definido su incompetencia, decretó se esté al Auto de la fecha. La Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de La Paz, por Resolución 367/2022 de 25 de septiembre, cursante de fs. 50 a 52 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada, en el plazo de veinticuatro horas señale audiencia de consideración de modificación de medida cautelar de carácter personal, bajo el argumento de que si bien la autoridad demandada mediante Auto Interlocutorio de 22 de septiembre de 2022, se declaró incompetente; no existiendo constancia de la remisión de actuados al juzgado que se alega competente, la autoridad demandada tenía competencia para resolver tal solicitud, evidenciándose en consecuencia una dilación en cuando al señalamiento de audiencia, toda vez que, la solicitud de 22 de igual mes y año, no mereció respuesta conforme a procedimiento. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución, emergente de la cesación de cinco magistraturas, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, conforme al Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 008/2026 de 11 de marzo, en el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional estableció el uso obligatorio del Formato Corto de Resolución de Sentencias Constitucionales, aprobado en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, para todas las causas comprendidas en el referido Plan.
La jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que:
[…] toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza […]. Bajo ese razonamiento, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, precisó que con la acción de libertad traslativa o de pronto despacho “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son añadidas). Ahora bien, respecto a los casos de dilaciones indebidas en el señalamiento de medidas cautelares, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva o de solicitudes de modificación de medidas cautelares, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia;…» (énfasis añadido).
De los antecedentes relevantes traídos en revisión, se advierte que, el accionante se encontraba cumpliendo la medida cautelar de detención preventiva, por la supuesta comisión del delito de homicidio (fs. 7 a 17); en mérito a ello mediante Auto Interlocutorio 249/2022 de 5 de septiembre de 2022, se dispuso la cesación a la detención preventiva, disponiéndose medidas cautelares personales entre ellos la detención domiciliaria con custodio (fs. 18 a 25 vta.), en ese sentido mediante memorial presentado el 22 de igual mes y año, el impetrante de tutela reiteró su pedido de modificación de la medida cautelar de detención domiciliaria que había efectuado el 19 del indicado mes y año (fs. 31); sin embargo, el Juez demandado omitió pronunciarse al respecto y en lugar de ello, mediante Auto de 22 de septiembre del 2022, declinó competencia por razón de territorio, debido a que el hecho ocurrió en el municipio de Tirata, Provincia Murillo, Zona Sur de la ciudad de La Paz, ordenándose la remisión de obrados ante el Juzgado de Instrucción Penal Cautelar de la zona Sur del señalado departamento (fs. 33 y vta.); sin que exista constancia de la remisión de dicho expediente al Juzgado dispuesto por la autoridad demandada. Finalmente, el juez demandado -según señala en su informe presentado en esta acción de tutela-, dispuso que el solicitante este a lo dispuesto en dicha resolución, ya que en mérito a su declinatoria de competencia considera que ya no tiene competencia para pronunciarse sobre ese pedido. Ahora bien, conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la acción de libertad de pronto despacho es la vía constitucional idónea para la reparación de los derechos fundamentales ante las dilaciones indebidas en las que incurran las autoridades y funcionarios judiciales en la tramitación de solicitudes relativas a la definición de la situación jurídica de un privado de libertad, tales como la falta de señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva dentro del plazo legal de cuarenta y ocho horas que prevé el art. 239 del Código de Procedimiento Penal. Entendimiento que debe ser aplicado en el presente caso, toda vez que, la dilación en la que incurrió el Juez demandado, se produjo desde el momento en el que no se pronunció al primer pedido de modificación efectuado el 19 de septiembre del 2022; es decir, tres días antes de que formule su declinatoria; y ha persistido al no haber señalado la audiencia a pesar de la reiteración efectuada el 22 del indicado mes y año, sin que la declinatoria declarada en ese mismo día, constituya óbice para tal efecto, puesto que al no haberse remitido el expediente al Juzgado que la autoridad demandada consideraba competente, no existía impedimento para dar curso al pedido del hoy accionante, puesto que entre tanto no se produjo la radicatoria por el juzgado remitido, el Juez demandado mantenía su competencia para resolver sobre medidas cautelares y por lo mismo podía llevar a cabo dicha audiencia, considerando que el procesado penalmente, de ninguna manera puede encontrase sin control jurisdiccional correspondiente; y, tomando en cuenta además que por mandato del en el art. 49 del CPP los actos del juez incompetente por razón de territorio mantienen la validez. Consecuentemente, la denegatoria de señalamiento de audiencia bajo el argumento de ser incompetente en razón de territorio generó una dilación indebida que repercutió de forma directa en el derecho a la libertad del accionante, razón por la cual corresponde conceder la tutela solicitada.
En consecuencia, la Jueza de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 367/2022 de 25 de septiembre, cursante de fs. 50 a 52 vta., pronunciada por la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías y conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0402_2026-S3.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 346f62302ff2376d7b2eecb27f046b0667020bc9b081b4d69b542a9db8545e11
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →