B.IA.LEGAL

SCP 0401/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 19 de marzo de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
19 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
55585-2023-112-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de los derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de celeridad y a la defensa; puesto que: 1) Los Vocales ahora accionados no resolvieron durante un año, desde que se realizó la remisión, la apelación restringida planteada por el Fiscal de Materia, contra la Sentencia de 7 de enero de 2022 -que lo condenó a la pena de tres años de reclusión en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz-; y, 2) Cuando realizaba el seguimiento a la impugnación referida, fue objeto de maltrato psicológico y un trato vulgar por parte del Auxiliar hoy coaccionado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) La acción de libertad innovativa; iii) Respecto de la naturaleza de la acción de libertad; y, iv) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 18/2023 de 18 de mayo, cursante de fs. 27 a 29, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, respecto a Silvia Maritza Portugal Espinoza y Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz con referencia al derecho al debido proceso en su elemento de celeridad en relación al derecho a la libertad, en la modalidad de acción de libertad innovativa, al haberse ya emitido el Auto de Vista 10/2023 de 3 de marzo. 2º DENEGAR la tutela solicitada, con referencia a Vladimir Machicado Quispe Auxiliar de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. La acción de libertad innovativa
  3. III.3. Respecto a la naturaleza de la acción de libertad
  4. III.4. Analisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0401/2026-S1 Sucre, 19 de marzo de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 55585-2023-112-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 18/2023 de 18 de mayo, cursante de fs. 27 a 29, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Miguel Perez Valdez en representación sin mandato de Richard Aldo Torrez Menacho contra Silvia Maritza Portugal Espinoza y Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Vladimir Machicado Quispe, Auxiliar de la citada Sala Penal.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representan sin mandato, mediante memorial presentado el 17 de mayo de 2023, cursante de fs. 5 a 8, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal que sigue el Ministerio Público contra su persona Richard Aldo Torrez Menacho y “otros”, por la presunta comisión del delito de feminicidio y violación previsto y sancionado por los arts. 252 bis. Núm 5) y 7) y 308 del Código Penal (CP), se encuentra con detención domiciliaria sin salida laboral, donde se dictó Sentencia condenatoria de 7 de enero de 2022, imponiéndole la pena privativa de libertad de tres años de reclusión en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, determinación que fue apelada por el Fiscal de Materia, la cual fue observada conforme al art. 399 del Código de Procedimiento Penal, siendo notificada dicha observación en noviembre de 2022, a efectos que pueda ser corregida en el plazo perentorio de tres días hábiles, plazo que no fue cumplido incluso transcurrió un plazo abismal. Impugnación a la cual hicieron seguimiento a través de su defensa, respecto al sorteo y a la emisión del respectivo Auto de Vista 10/2023 de 3 de marzo, para lo que presentaron escritos solicitando dichos extremos, circunstancia en la que ocurrió maltrato psicológico por parte del auxiliar ahora coaccionado, quien de manera abrupta, vulgar, tosca y con falta de respeto le refirió que: “ya iba a salir la resolución, que vuelva en la tarde, que no sabia revisar el libro e incluso le insultó …” (sic), lo que vulnera el principio de calidez humana y armonía laboral. Es necesario señalar que, transcurrió un año desde la remisión del recurso de apelación sin que hubiese el presente se hubiera emitido el Auto de Vista 10/2023 correspondiente y mucho menos se remitió al juzgado de origen.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representan sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de celeridad y a la defensa; citando la efecto los arts. 8, 115 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutelá; en consecuencia, se disponga: a) En el día se emita el Auto de Vista resolviendo el recurso de apelación que fue observada de acuerdo al art. 399 del CPP con relación a la Sentencia 04/2022 de 7 de enero; b) Se remitan antecedentes al Juzgado disciplinario a efectos de poder iniciar los procesos correspondientes por el maltrato recibido por parte del Auxiliar hoy coaccionado y a los Vocales ahora accionados por no ejercer el control respectivo y correcto; c) Se remita copia del Disco Compacto (CD) y copia legalizada ante el Consejo de la Magistratura a efectos de iniciar el proceso correspondiente; y, d) Se remitan antecedentes del Disco Compacto (CD) a ser considerado a cabo y el Auto de Vista 10/2023, ante el control social del Consejo de la Magistratura a efecto de velar por el control educativo, laboral y forma de atención al público litigante lo cual es omitido por los Vocales ahora accionados.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 18 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 26 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante no se hizo presente en audiencia, pese a su citación cursante a fs. 12.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas y del funcionario de apoyo jurisdiccional

Silvia Maritza Portugal Espinoza y Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 18 de mayo de 2023, cursante de fs. 20 y vta., manifestaron que: 1) Les extraña la mención sobre el trato que recibieron por parte de los funcionarios de apoyo jurisdiccional de dicha Sala; 2) El accionante no señala por cúal causal de procedencia de la acción de libertad prevista en la Constitución Política del Estado o en el Código Procesal Constitucional interpuso esta acción de defensa, lo cual amerita la denegatoria de la tutela solicitada, más aun cuando no existe una pretensión correctamente planteada; 3) No se señala en la acción de libertad que la vida del accionante estuviera en peligro, siendo la única forma que se tiene para superar la subsidiariedad; 4) El accionante se encuentra siendo procesado en un proceso penal donde es el imputado; 5) No basta con señalar que es una acción de libertad de pronto despacho, debe estar debidamente fundamentada; y, 6) En el proceso penal de referencia se emitió el Auto de Vista 10/2023 de 3 de marzo, el mismao que fue notificada a las partes procesales y se encuentra en termino de plazo, por lo que solicita se deniegue la tutela solicitada. Vladimir Machicado Quispe, Auxiliar de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 18 de mayo de 2023, cursante de fs. 15 a 17, manifestó que: i) El accionante no señala por cúal causal de procedencia de la acción de libertad previsto en la Constitución Política del Estado o en el Código Procesal Constitucional interpuso esta acción de defensa; además, su pretensión no es congruente al no estar correctamente planteada; ii) No menciona la lesión al derecho a la vida, única forma de superar la barrera de la subsidiariedad; iii) El nombrado realizó una enumeración de artículos de la Constitución Política del Estado que estarían siendo vulnerados; sin embargo, no explica de qué manera los accionados incurrieron en esa lesión, no explica el nexo causal al realizar una mención demasiado general; iv) Se hace referencia a una dilación; empero, no explica cual es la norma jurídica que determina esa dilación, cual es la norma jurídica que determina el plazo que se tiene para devolver antecedentes; v) Se debe tener en cuenta que esa Sala recepciona una multiplicidad de apelaciones tanto cautelares como incidentales todos los días; vi) Los supuestos maltratos a los que hace referencia el accionante no son ciertos, siendo que no maltrató ni refirió que tuviera amigos y que sus denuncias no serían viables, siendo esas afirmaciones falsas; además, no refiere día y hora en la que se realizaron los supuestos maltratos; vii) No se tiene ningún memorial dirigido a los Vocales ahora accionados donde se denuncien los supuestos maltratos realizados por sus personas, lo que demuestra que no son verdaderos, por tanto se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 18/2023 de 18 de mayo, cursante de fs. 27 a 29, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) De la revisión de antecedentes del presente caso, se tiene que efectivamente se emitió en contra del accionante Sentencia condenatoria el 7 de enero de 2022, por el delito de homicidio culposo, determinación contra la cual el Ministerio Público interpuso apelación restringida que, una vez remitida a la Sala Penal Primera, la misma fue observada a efectos que pueda ser corregida en el plazo perentorio de tres días hábiles conforme el art. 399 del CPP; empero, el accionante no presenta ningún antecedente para verificar el incumplimiento de plazos y términos en los registros de recepción del legajo de apelación, el registro de la devolución al juzgado de origen, la nueva remisión, como tampoco la fecha de registro del libro de sorteo para considerar la apelación restringida por parte de los Vocales hoy accionados; por lo que, se hace imposible determinar la existencia de dilaciones indebidas o establecer la retardación en el trámite de la apelación; b) Se encuentra cumpliendo detención domiciliaria; por lo que, no existe razón para activar la jurisdicción constitucional para la reparación de derechos que hubieran sido vulnerados; c) En el caso de ser ciertas y evidentes las denuncias formuladas en la presente acción de libertad, el accionante previo a interponer esta acción tutelar, tenía la alternativa y posibilidad de acudir previamente a la queja ante las autoridades superiores de la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, d) Sobre el trato recibido por parte del Auxiliar ahora coaccionado se debió pedir explicaciones a la Secretaria de Sala , quien es el inmediato superior llamado por ley a corregir actuaciones negligentes o inapropiadas del personal a su cargo, y en caso de recibir respuestas negativas o evasivas recién podía acudir ante las propias autoridades de la Sala Penal Primera de mencionado Tribunal Departamental de Justicia de dicho departamento; empero, aquello nunca ocurrió, por lo que esta acción de libertad adolece del incumplimiento del principio de subsidiariedad, al no haber utilizado todos los recursos que no solo el CPP sino la Ley del Órgano judicial establecen, para los casos de supuestos malos tratos e incumplimiento de funciones.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, ser dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Por Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución, de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados los cuales se encontraban pendientes de resolución, a Comisión de admisión, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto de Vista 10/2023 de 3 de marzo, Silvia Maritza Portugal Espinoza y Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora accionados- declararon inadmisible el recurso de apelación restringida formulado por parte de la Fiscal de Materia y en aplicación del art. 399 del CPP este Tribunal Constitucional Plurinacional no pasará a analizar el fondo del mismo (fs. 21 vta. a 25).

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de los derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de celeridad y a la defensa; puesto que: 1) Los Vocales ahora accionados no resolvieron durante un año, desde que se realizó la remisión, la apelación restringida planteada por el Fiscal de Materia, contra la Sentencia de 7 de enero de 2022 -que lo condenó a la pena de tres años de reclusión en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz-; y, 2) Cuando realizaba el seguimiento a la impugnación referida, fue objeto de maltrato psicológico y un trato vulgar por parte del Auxiliar hoy coaccionado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) La acción de libertad innovativa; iii) Respecto de la naturaleza de la acción de libertad; y, iv) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, establece que: “La Constitución Política del Estado en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse;

o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circnstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad” (las negrillas son nuestras).

III.2. La acción de libertad innovativa

La SCP 0970/2019-S2 de 21 de octubre, señala al respecto que: “Es una acción tutelar, cuyo propósito es proteger, restablecer y/o restituir el derecho a la libertad física o de locomoción, así como el derecho a la vida, cuando se hallan en peligro como consecuencia de la supresión o restricción a la libertad personal; disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma. En este marco, la línea jurisprudencial sobre la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado la restricción del derecho a la libertad física, conocida en la doctrina como recurso de hábeas corpus innovativo, tiene el siguiente desarrollo jurisprudencial: El Tribunal Constitucional, en la SC 92/02-R de 24 de enero de 2002, sostuvo que era posible el planteamiento del hábeas corpus -ahora acción de libertad- cuando el accionante ya había sido liberado, pues dicha liberación ʽ…no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…ʼ, de forma que en tales casos, se evitaba la reiteración de la conducta; es decir, que el interés en la resolución de la temática, trascendía del caso particular para convertirse en uno de interés general. Posteriormente, sin modificarse oficialmente aquella línea, la SC 1489/2003-R de 20 de octubre estableció que promovido el recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción. A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en los que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010. Con la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se recondujo el entendimiento jurisprudencial al anterior contenido en la SC 1489/2003-R, estableciendo que cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado; lo cual fue confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0201/2012 de 24 de mayo, entre otras. La SC 0895/2010-R de 10 de agosto, complementó el entendimiento previamente asumido y señaló que cuando sea imposible plantear la acción de libertad por situaciones debidamente justificadas durante la privación de libertad, es posible su interposición inmediatamente después de haber cesado la misma. La jurisprudencia glosada fue reconducida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre; en la que, sobre la base de la SC 0327/2004-R, dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. En efecto, la SCP 2491/2012 consagra la acción de libertad denominada innovativa; entendimiento que fue seguido de manera uniforme por este Órgano encargado del control de constitucionalidad, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0640/2013 de 28 de mayo y 2075/2013 de 18 de noviembre, entre otras. Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. En ese marco, corresponde la aplicación de la SCP 2491/2012, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, establece: …de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos. En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales ”(las negrillas son nuestras).

III.3. Respecto a la naturaleza de la acción de libertad

Sobre la naturaleza jurídica de la acción de libertad, la SCP 0507/2018-S2 de 14 de septiembre, establece que: “La Constitución Política del Estado vigente desde el 7 de febrero de 2009, estipula en su art. 125, que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’ (las negrillas fueron añadidas). Constituyéndose un medio de defensa extraordinario, inmediato, eficaz y sumarísimo que tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales a la libertad física y de locomoción, y el derecho a la vida, para que el accionante logre la tutela a su vida, cese la persecución indebida, se establezcan las formalidades o se restituya el derecho a la libertad; por lo que, se dispone los siguientes supuestos para su activación: a) Cuando la vida se encuentre en peligro; b) Cuando exista persecución ilegal o indebida; c) Cuando exista procesamiento ilegal o indebida; y, d) Cuando exista privación de libertad indebidamente; en esa comprensión, se resalta las siguientes características de esta acción tutelar: el informalismo que se traduce en la ausencia de requisitos formales para su presentación, inclusive a través de su formulación oral; la inmediatez como respuesta a la urgencia en la protección de los derechos que resguarda; la sumariedad que se manifiesta en el desarrollo de un trámite marcado por su celeridad; la generalidad reflejado en que no reconoce ningún tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa contra quien debe demandarse; y la inmediación por cuanto para la resolución del problema planteado, la autoridad judicial en ejercicio de la jurisdicción constitucional requiere tener contacto con la persona presuntamente afectada en sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, hasta acudir inmediatamente incluso al lugar de detención y celebrar la audiencia en el mismo. En esa comprensión, se enfatiza la naturaleza no subsidiaria de esta acción de defensa, porque no requiere el agotamiento previo de los medios o recursos para acudir a la jurisdicción constitucional en procura de la protección de los derechos a la libertad física y/o locomoción y la vida misma, cuando son objeto de afectación a través de una amenaza, restricción o supresión; salvo los supuestos que la jurisprudencia constitucional a previsto expresamente en merito a criterios de coordinación para evitar intromisiones perniciosas entre las jurisdicciones ordinaria y la constitucional; empero, es la jurisprudencia constitucional la que fue desarrollando la clasificación de los tipos de acciones de libertad antes habeas corpus, de acuerdo a la lesión consumada, a los actos que representan una amenaza y otros actos o aspectos procesales que se encuentran vinculados con estos derechos. En ese marco, la jurisprudencia constitucional expresada en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una lesión a producirse o correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, el que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del que se encuentra el hábeas corpus instructivo, que se admite cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado con el derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos; debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa otorgar o dar curso a la petición en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, por cuanto la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud efectuada con la adecuada celeridad” (las negrillas son nuestras).

III.4. Analisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de los derechos a la libertad, al debido proceso en su elemento de celeridad y a la defensa; puesto que: 1) Los Vocales ahora accionados no resolvieron durante un año, desde que se realizó la remisión, la apelación restringida planteada por el Fiscal de Materia, contra la Sentencia de 7 de enero de 2022 -que lo condenó a la pena de tres años de reclusión en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz-; y, 2) Cuando realizaba el seguimiento a la impugnación referida, fue objeto de maltrato psicológico y un trato vulgar por parte del Auxiliar hoy coaccionado.

La pretensión del accionante, a través de esta acción de defensa, es que los Vocales ahora accionados emitan en el día Auto de Vista 10/2023, resolviendo la apelación interpuesta por el Ministerio Público contra la Sentencia 04/2022; es así que, se tiene del contenido de dicho Auto de Vista (Conclusión II.1.) que, la referida apelación restringida fue interpuesta el 2 de marzo de 2022 y fue contestada por los acusadores particulares el 4 de abril de citado año, y por Auto de 18 de noviembre de 2022, se observó el recurso de apelación restringida, concediendo el plazo de tres días para que se amplíe o corrija el recurso interpuesto bajo apercibimiento de ser rechazado, siendo notificada dicha obervación el 1 de diciembre de igual año, corriendo por ello el plazo de tres días del 2 al 6 de diciembre de 2022. Dicho trámite concluyó con la emisión del Auto de Vista 10/2023, por parte de los Vocales ahora accionados, quienes declararon inadmisible el recurso de apelación restringida interpuesto por parte del Ministerio Público y, en aplicación del art. 399 del CPP determinaron que no pasarían a analizar el fondo de ese recurso, de lo que se colige que, si se emitió la resolución extrañada por el accionante; sin embargo, el trámite del recurso no fue realizado conforme a los plazos legales ni con la celeridad debida, siendo que, luego de haberse corrido en traslado la apelación restringida a las partes procesales para que los mismos contesten, extremo que hicieron los acusadores particulares el 4 de abril de 2022, los actuados fueron remitidos ante los Vocales hoy accionados en su calidad de Tribunal de alzada, se entiende en el término de tres días de vencido el plazo de la contestación conforme el art. 409 del CPP; es decir, alrededor del 8 del mismo mes y año, término que al no haber sido cuestionado o controvertido por los nombrados en el informe emitido como efecto de esta acción de defensa, se tiene por evidente; puesto que, los Vocales ahora accionados deben desvirtuar la denuncia realizada en su contra con la prueba necesaria. Es así que, los nombrados, al amparo del art. 399 del CPP, recién el 18 de noviembre de 2022 emitieron un Auto observando el recurso de apelación restringida, concediendo el plazo de tres días para que se amplie o corrija el recurso interpuesto, bajo apercibimiento de ser rechazado, observación realizada luego de más de siete meses, misma que debió ser corregida hasta el 6 de diciembre de 2022, plazo que no fue cumplido por parte del Ministerio Público -de acuerdo al contenido de la Resolución 10/2023-; por lo que, los Vocales hoy accionados decidieron rechazar el recurso interpuesto sin ingresar al análisis de fondo de la apelación, decisión asumida el 3 de marzo de 2023, cuando el plazo para la subsanación venció el 6 de diciembre de 2022; es decir, luego de casi tres meses, cuando el recurso fue rechazado “…en cumplimiento al parágrafo II del Art. 399 del Código de Procedimiento Penal…” (sic) lo que se entiende implica que fue rechazado por ser inadmisible; por tanto, debió ser rechazado inmediatamente.

Lo que demuestra que existió en el Auto de Vista 10/2023 del recurso de apelación restringida una demora indebida exagerada, que se extendió del 2 de marzo de 2022 (fecha de interposición del recurso de apelación restringida) al 3 de marzo de 2023 (fecha de emisión de la Resolución que resolvió el citado recurso); por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada por el accionante por la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de celeridad, relacionado con el derecho a la libertad del nombrado, quien se encuentra con detención domiciliaria, siendo que, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, todo trámite administrativo o judicial en el que se encuentre involucrado la definición de la situación jurídica de una persona, tiene que ser tramitado con la mayor celeridad posible o dentro de un plazo razonable; empero, al haberse, en este caso, ya resuelto el recurso de apelación restringida extrañado por el accionante, corresponde la aplicación de la acción de libertad innovativa, que tiene la finalidad de que la conducta dilatoria en la que se incurrió no vuelva a repetirse en el futuro por parte de los Vocales ahora accionados (Fundamento Jurídico III.2.). Ahora bien, respecto al presunto trato otorgado por el Auxiliar hoy coaccionado a la parte accionante, referido a maltrato psicológico y falta de respeto, que señala el nombrado va en contra del principio de calidez humana y armonía laboral, no se enmarca en ninguno de los supuestos para la activación de la acción de libertad, debido a que la problemática denunciada no amenaza ni limita el derecho a la libertad física o de locomoción del accionante, ni afecta o pone en peligro su vida, como tampoco se advierte que le origine una persecución o procesamiento ilegal o indebido; por consiguiente, no guarda relación directa con los presupuestos que protege y que hacen a la naturaleza jurídica de la acción de libertad; por lo que, corresponde, denegar la tutela solicitada con relación al Auxiliar hoy coaccionado. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 18/2023 de 18 de mayo, cursante de fs. 27 a 29, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, respecto a Silvia Maritza Portugal Espinoza y Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz con referencia al derecho al debido proceso en su elemento de celeridad en relación al derecho a la libertad, en la modalidad de acción de libertad innovativa, al haberse ya emitido el Auto de Vista 10/2023 de 3 de marzo. 2º DENEGAR la tutela solicitada, con referencia a Vladimir Machicado Quispe Auxiliar de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0401_2026-S1.pdf · páginas 1 a 13.

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